La corrupción no solo es una de las lacras más enraizadas en la cultura guatemalteca, sino que a la vez se hace acompañar de otras prácticas deleznables como el abuso de poder, la discrecionalidad y hasta la soberbia de considerarse intocable, características que retratan a la mayoría de políticos nacionales.

Es así como muchos funcionarios pierden con facilidad la dimensión del cargo que ocupan y se creen con el derecho de incurrir en abusos, que lejos de ser invisibilizados por la impunidad, terminan convirtiéndose en verdaderos escándalos, con el consiguiente desgaste para las instituciones.

El más reciente ejemplo de este proceder retorcido es el caso del exalcalde de Barberena, Santa Rosa, Rubelio Recinos, quien después de 16 años en el cargo intentaba buscar un nuevo período, pero al carecer de finiquito, el TSE le cerró el paso al no inscribirlo como candidato, con lo cual a partir del 15 de enero cesaba en sus funciones.

Sin embargo, el señor Recinos se aferró al puesto y para hacerlo necesitó del auxilio del juez Noé Rivas, del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Cuilapa, Santa Rosa, quien le otorgó un amparo provisional, a todas luces improcedente pues obviamente el exalcalde, al no haber participado en comicios, carecía de derecho alguno para continuar en el cargo. El juzgador sin duda reparó en el yerro y dio marcha atrás en tan desatinada decisión, lo cual permitió que asumiera el nuevo concejo.

Si bien ya fue descartado el extraño amparo, el proceder de este funcionario judicial debe ser puesto bajo la lupa, ya que no es la primera vez que el fallo de una judicatura de provincia favorece a cuestionados personajes y en este caso estaba incurriendo en una de las mayores aberraciones jurídicas.

Ya sea por falta de atención o bien por algún interés subyacente, su acción había favorecido a una persona que ni siquiera había participado en los comicios y que es señalada en redes sociales de tener copadas por allegados suyos varias instancias en su municipio, incluidas el MP y la PDH.

La osadía de Recinos no solo deja maltrecho al sistema judicial, sino que sirve de advertencia para las autoridades del OJ, en donde se debe hacer una profunda investigación para documentar y sancionar de manera ejemplar a quien a todas luces ha incurrido en serias deficiencias en su cargo, para favorecer a un político que a su vez le ha hecho un enorme daño al sistema.

Por si fuera poco el intento de permanecer en un puesto para el cual no fue electo, el jueves se cometió un acto repudiable en contra de la libertad de expresión y del derecho a la información de los guatemaltecos, cuando un individuo armado tomó todos los ejemplares de Prensa Libre que estaban destinados a Santa Rosa, con la clara intención de que los vecinos no tuvieran acceso a la nota que exponía la situación del exalcalde Recinos, quien señaló a terceros de querer dañar su imagen.

Estos funcionarios deben entender que en plena revolución digital, intentar coartar el derecho a la información es como soplar una fogata para apagarla, pero esta solo se aviva.