equivalente a sentencia de muerte. En los años ochenta hubo una serie de acciones del Ejército y patrulleros civiles contra la población civil, entre ellas varias masacres, que en total significaron el asesinato de unos 500 indígenas maya-achí, entre niños, mujeres y ancianos.

EL LLENADO DE LA REPRESA de Chixoy comenzó en 1983, coincidiendo con la última matanza de habitantes de Río Negro, lo que deparó la inundación de esa área y el éxodo de los sobrevivientes, que fueron obligados a irse a Pacux, donde tuvieron que integrarse en patrullas civiles. Esa megaobra fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que hicieron oídos sordos a las injusticias que se cometían contra la población en aras del progreso. Fue hasta en 1993 cuando sobrevivientes de Río Negro empezaron su lucha para lograr justicia y el resarcimiento a las víctimas de la hidroeléctrica Chixoy.

A PARTIR DE ENTONCES los sucesivos gobiernos prometieron y prometieron resolver el reclamo de reparación, pero poco se avanzó. En el 2005, la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (Cocaich) logró que el Environmental Defender Law Center (EDLC) contactara al bufete estadounidense Holland & Knight, que los comenzó a representar en el proceso. El EDLC considera que el trabajo de ese equipo legal es el mayor esfuerzo en la historia estadounidense a favor de clientes de un país subdesarrollado como Guatemala. En el 2008 se logró cuantificar en US$150 millones los daños y pérdidas de la comunidad de Río Negro, que comprende la construcción de cientos de viviendas, la mejora de caminos, sistemas de agua y alcantarillado y otras obras de infraestructura.

EN EL 2011, EL CONGRESO APROBÓ un monto inicial de US$10 millones para la indemnización, pero tampoco hubo mayor avance. La última noticia que existe sobre este reclamo la acaba de dar el Gobierno de EE. UU., que condiciona cualquier ayuda financiera y militar a Guatemala hasta que cumpla con el resarcimiento a las víctimas de Río Negro. Ahora se entiende la labor del bufete Holland & Knight y por qué el castigo contra el Estado guatemalteco incluye la asistencia al Ejército por las masacres que cometió contra indígenas maya-achí. Con el auxilio de EE. UU. la justicia ha llegado, 40 años tarde, pero ha llegado, y hoy el Estado guatemalteco no puede ignorar este reclamo porque de por medio está la credibilidad internacional del país, que pasa por nuevas inversiones.

Twitter: @hshetemul