Solo en el 2014 se registraron 201 ataques contra unidades del transporte urbano, todos ellos ligados a las incontrolables extorsiones, lo cual dejó un saldo de 88 personas muertas, 56 de las cuales eran pilotos, pero también murieron en forma trágica 20 pasajeros, simplemente por haber abordado una de esas unidades que se han convertido en el blanco de terror de las pandillas, cuyo accionar se concentra en el departamento de Guatemala, donde se reportó el 62 por ciento de los hechos que ocurrieron ese año.

Esta semana ese fantasma volvió a sembrar la zozobra entre los vecinos de varias colonias de la zona 7 capitalina, ya que los pilotos de las rutas que cubren ese populoso sector se negaron a prestar el servicio, por la desprotección con que laboran ante las constantes amenazas de los pandilleros, quienes los tienen bajo un acoso permanente para que les entreguen elevadas sumas de dinero por cada unidad de transporte, ya que, de no hacerlo, corren el riego de pagar con su vida.

Los frecuentes ataques contra pilotos y usuarios del transporte urbano se han convertido en la triste evidencia del fracaso gubernamental para garantizarle seguridad a la población, no solo porque son demasiadas las víctimas mortales de esos atentados, sino porque estas fechorías están estrechamente ligadas a otras acciones criminales que tampoco se han podido frenar. Una de ellas es el altísimo porcentaje de estructuras delictivas que son dirigidas desde las principales cárceles del país, donde también ha sido palpable la incapacidad para detener el ingreso de teléfonos celulares.

Por eso es que hace pocos días, cuando las empresas de telefonía celular dieron a conocer que los bloqueadores en los centros de detención estaban instalados en su totalidad, también planteaban la exigencia de que las autoridades cumplan a su vez con la obligación de frenar ese tráfico ilícito que persiste en los penales, pues ningún tipo de tecnología podrá eliminar el pillaje si tampoco existen garantías de que no ingresarán más esos dispositivos o que los equipos no serán saboteados o desconectados por empleados del Sistema Penitenciario.

Es intolerable que en un servicio esencial como es el transporte público continúen registrándose hechos tan deplorables, cuyas estadísticas patentizan el enorme reto que afrontan las autoridades, pero eso no va a mejorar con un discurso que solo apunta a la descalificación o a justificar las causas de la elevada tasa de homicidios. No se debe soslayar que estas redes criminales actúan con demasiada libertad y a estas alturas de la actual administración ya deberían verse mejores resultados sobre la inseguridad.