Lo ocurrido esta semana a los niños Óscar Armando Top Cotzajay, de 11 años, y Carlos Daniel Xiquín, de 10, oriundos de San Juan Sacatepéquez, quienes fueron secuestrados y brutalmente asesinados, es un hecho que enluta a Guatemala y revela los altos grados de violencia y crueldad que están asechando al país.

De estos humildes niños se habla poco en los medios. Hasta hoy no he encontrado ningún pronunciamiento de Jimmy Morales al respecto, tampoco creo que haya asistido al funeral, y seguramente nadie irá a manifestar a la Plaza Central para reclamar indignado por esa terrible violencia e injusticia que se cometió contra esos dos pobres niños inocentes.

Pero si fueran hijos de una familia conocida o con recursos económicos, seguramente la noticia ocuparía los titulares de todos los medios y ya las autoridades hubieran resuelto el caso. Es triste que la justicia no sea igual para todos, y que la vida de un ser humano, sobre todo la de un niño, para ser resguardada y ponderada dependa de su clase social, cultural o de las influencias familiares.

Los casos de las muertes y extorsiones de los pilotos de autobuses son un problema que lleva varios años. Todos los días se ven noticias al respecto y a las autoridades les da lo mismo. Hasta aquí no se ve ningún caso resuelto. Es más, hasta pareciera ser un distractor mediático, es toda una guerra psicológica.

En lo que va del 2017 hasta hoy, van 29 víctimas de asesinato, de personas que laboran en el trasporte público. Y ahora han empezado con el gremio de los taxistas. Tan solo en un día —14 de febrero— asesinaron a cinco pilotos de taxi.

Crueldad y salvajismo de niveles indescriptibles son el menú que tenemos cada día en Guatemala. Aquí la vida no vale nada, debido a que la integridad física de los habitantes “NO es prioridad para el Estado”, que falla en su primera obligación, “proveer seguridad y justicia”.

¡Ah… pero somos un país avanzado!, aquí encuentra usted muchos malls tipo Miami, construidos al exuberante estilo Dubái, con glamurosas tiendas donde usted podrá encontrar los más exquisitos atuendos a exorbitantes precios en dólares.

Hemos llegado a este catastrófico panorama por la corrupción de los gobernantes y la indiferencia e ignorancia de la población, que no alza su voz, que está aterrada, cohibida, que tiene miedo de gritar, de exigir justicia y de manifestar a todo pulmón.

Aquí los delincuentes saben que pueden cometer cualquier delito y saldrán de la cárcel una y otra vez. Por esta razón es necesario aplicar la pena de muerte, contemplada en nuestra legislación vigente.

Guatemala ha caído, sin duda alguna, en los niveles más bajos de violencia, asesinatos y crueldad observados a nivel mundial.

Aquí encuentra usted restos humanos tirados en la calle, en costales, y eso ya parece normal.

Las cifras son alarmantes y revelan un repunte de hechos violentos en el país. Según publicación de Prensa Libre, en el mes de enero se reportaron 465 muertes generadas por hechos violentos.

Es necesario que la administración del presidente Morales establezca una estrategia de Estado que incluya a todas las instancias responsables de la seguridad y que se fortalezcan las acciones del Ministerio de Gobernación.

La aplicación de justicia debe ser igual para todos los guatemaltecos, sin importar si son ladinos o indígenas, y esto implica equidad en los derechos y obligaciones de las personas, con el fin de fortalecer las leyes del país y no debilitarlas por divisiones de cualquier tipo, que en lugar incluir, excluyen. No hay que olvidar que la justicia se basa en cuatro valores fundamentales: el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad.

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