Ese perverso modelo de gestión tiene años de estar arraigado en nuestra cultura política, cuyos dirigentes, lejos de contrarrestar los devastadores efectos de la corrupción, han contribuido en buena medida a que este se vuelva un mal endémico que cada vez parece más difícil de erradicar. Justamente a inicios de este siglo se estableció en el país una comisión delegada por la ONU para combatir a grupos criminales enquistados dentro del Estado, porque ya se vislumbraba lo difícil que resultaría su combate si este se produjera con los recursos de un Estado debilitado y a la vez infiltrado por las mafias.

Todo esto hizo que la Comisión contra la Impunidad en Guatemala llegara a adquirir gran relevancia, a lo que se sumaba una debilidad institucional que coadyuvó a que en nuestro país cobrara un papel protagónico la comunidad internacional, que de hecho debió interponer sus mejores intenciones para apoyar financieramente el esfuerzo para establecer un equipo de fuerzas combinadas, nacionales e internacionales, para desarticular grupos criminales que en buena medida han entorpecido el avance nacional.

Es así como desde su surgimiento, la Cicig no le ha costado prácticamente un centavo al país porque en un alto porcentaje su funcionamiento se ha debido a los aportes de países amigos que a su vez tienen un amplio conocimiento de cómo funciona el crimen, algo que se ratifica una vez más en esta edición con las declaraciones del recién nombrado embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, quien considera que su nación puede seguir colaborando financieramente con ese esfuerzo.

Dos realidades demoledoras refuerzan la postura de la diplomacia, que consideran todavía necesitamos ayuda. Por un lado, las demoledoras evidencias de los estragos que la corrupción hace en la consolidación de nuestro modelo; y por el otro, la constatación a su vez de que el aparato de justicia no está preparado para asumir ese reto, por más que existan recursos humanos calificados para emprenderlo, sino más bien porque son otros los grupos de poder que ejercen presiones repudiables para que el sistema no funcione.

Por eso es que resultan oportunas las declaraciones del embajador Robinson, porque ciertamente los niveles de corrupción se han vuelto intolerables, al punto de que ya el mismo Gobierno se ha dado a la tarea de enderezar denuncias contra sus propios funcionarios por considerar que existen anomalías en varias dependencias, lo cual se vio reforzado por el diplomático al recordarnos el daño que la corrupción le hace a los sectores más desprotegidos, a los que les roban literalmente oportunidades de bienestar y desarrollo.