Guatemala tiene que erradicar esa cultura de reaccionar ante cada desastre, ya que eso solo conduce a elevar la siniestralidad, porque se dedican pocos esfuerzos y recursos a lo preventivo, que debiera ser lo primordial. También se debe considerar que esa formar de actuar solo complica las cosas y encarece cualquier solución, como se constata con la tragedia que estremeció a los habitantes de El Cambray 2, donde cientos de personas participan en las labores de rescate.

De esto son responsables muchas personas e instituciones, como quienes autorizan esos asentamientos, que deben advertir de manera inconfundible sobre esa imposibilidad, y las autoridades locales, que lejos de evitar esas irregularidades se vuelven cómplices de esa negligencia, que no puede terminar sino en dantescos cuadros. No se puede tolerar que eventos de tal magnitud registren víctimas por centenares, al punto que ni siquiera se pueda saber con exactitud a cuánto asciende el número de víctimas del deslave.

Muchos expertos denuncian el aprovechamiento de esa precariedad, pues primero se beneficia quien vende esos terrenos; incurre también en irresponsabilidad el comprador de una propiedad bajo esos riesgos y, por supuesto, las autoridades, que privilegian el cobro de tributos o tasas que ingresan en las arcas municipales, sin miramientos de lo vulnerables que son quienes hacen esos pagos. Mucho de esto empieza porque tampoco se cuenta con una genuina política habitacional.

Un gran aporte para observar los niveles de vulnerabilidad que tiene este país lo brinda el gigante cibernético Google, que a través de su producto Earth permite virtualmente sobrevolar cualquier ciudad, y cuando se hace ese ejercicio sobre la capital guatemalteca, se puede ver el enorme riesgo en el que viven miles de pobladores, que literalmente están montados sobre el lomo de los cerros o a los lados de pendientes en los barrancos, que abundan en la metrópoli. Son imágenes que permiten comprender el enorme riesgo de que ocurran más tragedias como las de El Cambray 2.

Esta situación debería empezar de manera inmediata a corregirse, ya que de no tomar acciones, se seguirá en una criticable actitud de extender la mano para solucionar problemas a los que los políticos le dan la espalda. Hay que resolver el enorme déficit habitacional y, a la vez, iniciar el rescate de quienes viven al borde de la muerte. Pero también la justicia debe procesar a los responsables de fomentar o permitir esos desatinos.

Desde distintos foros internacionales se insiste sobre la vulnerabilidad de nuestro territorio ante cualquier variación climática, y por ello constantemente se renueva el llamado a que desde los distintos niveles del poder, empezando por el local, se emprenda con mayor responsabilidad la tarea de ayudar a salir de esa situación a miles de personas en riesgo.

Cualquier medida que solo contenga prohibiciones también estará condenada al fracaso, si no se emprenden acciones realistas para la construcción de soluciones habitacionales dignas y que fomenten lo preventivo.