Hace más de un mes fueron vilmente asesinados los periodistas Danilo López, corresponsal de este diario; Federico Salazar y Armando Villatoro Ramos, en Suchitepéquez, pero la verdad no ha salido a luz pública, como debiera ser, no obstante el enjuiciamiento que tramitan los tribunales contra cuatro presuntos asesinos. Incluidos en esta secuela están los colegas Marvin Túnchez, herido de bala, y amenazas contra Ángel Ruiz, de Canal Óptimo 23, y Fredy Rodas, corresponsal de Radio Cadena Sonora, baleado también en el 2013.

Urgen medidas estrictas y urgentes de protección a los comunicadores sociales y a la ciudadanía en general, golpeada a diario por la inseguridad generalizada que ha cobrado miles de víctimas, en buena mayoría inocentes, honradas y trabajadoras, cuyo único propósito era vivir en paz y contribuir al desarrollo y bienestar del país. También han sido sacrificados muchos delincuentes que no aman su vida, mucho menos la de los demás, expuestos y decididos a todo en su mundo tenebroso, oscuro y sin futuro alguno.

La necesidad de proteger a los periodistas ha tomado fuerza ante los trágicos hechos registrados en ese departamento; no hay que desmayar, hay que mantener una lucha digna y valiente, y rechazar a los enemigos de la paz, la democracia y las libertades, quienes hacen la tradicional alharaca, mientras corre el tiempo y todo queda en el olvido. El gremio periodístico y el pueblo necesitan saber los resultados de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, tribunales y Policía, lo cual conviene a las propias autoridades.

El momento debe ser aprovechado también para que los colegas denuncien de inmediato cualquier intimidación pasada o presente por parte de funcionarios, jefes ediles, políticos y “poderosos”, acostumbrados al irrespeto humano y a las leyes que nos rigen como sociedad supuestamente civilizada; al abuso de poder, al abundante dinero y a la capa delictiva que los rodea para alcanzar macabros propósitos. Debería analizarse la posibilidad de un seguro de vida para los periodistas, particularmente los de provincia, sujetos a extrema vulnerabilidad.

Gracias a los protocolos de seguridad establecidos, al trabajo efectivo del Conservatorio de los Periodistas de Cerigua, a cargo de la colega Ileana Alamilla, a valiosas gestiones nacionales e internacionales, entre estas la Sociedad Interamericana de Periodistas (SIP), a los medios de comunicación y posiblemente a la llevada y traída, así como discutida, Unidad para proteger a los periodistas, con participación gubernamental. La fiscal general, Thelma Aldana, fiel a su deber denunció lentitud judicial en Suchitepéquez, logrando que la Corte Suprema de Justicia ordenara que estos procesos sean tramitados en un tribunal de Alto Riesgo en esta capital, para resguardar a fiscales, testigos, ya amenazados, así como a investigadores y, por supuesto, a los propios implicados.

No cabe duda de que hay personajes protegidos, pero la justicia debe ser aplicada pronta y cumplida, a costa de cualquier sacrificio. Entonces, ¿quiénes son y dónde están lo asesinos intelectuales?