Todo iba bien con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP). Todo iba bien con el comisionado Iván Velásquez y la Fiscal General, Thelma Aldana. Ante el destape nacional e internacional de casos de corrupción —de La Línea en adelante—, algunos políticos de todos los partidos, presidentes de los tres poderes, algunos alcaldes, empresarios, analistas, académicos, jueces y magistrados preguntaban ¿dónde firmo? Hasta que los casos no fueron de “otros”, sino empezaron a tocar a muchos de ellos, sus familias, sus compañeros de clase, sus correligionarios de partido, su forma de vida.

Entonces perdimos de vista que el problema real que nos ocupaba era la impunidad de un Estado secuestrado por décadas alrededor de un pacto de corrupción, y empezamos a engancharnos con distractores que fueron surgiendo para impedir que la justicia avanzara. Y terminamos debatiendo sobre cosas importantes pero no urgentes como los catecismos ideológicos de derecha e izquierda, la prisión preventiva, la consulta popular sobre Belice, y más. Bajo esta superficie, seguía latente el miedo de muchos a perder privilegios, a terminar en prisión o perder el reconocimiento social. Hasta que volvimos al revuelo provocado por los anteojos del presidente, a la (otra vez) vergonzosa actuación de la actual canciller guatemalteca ante Naciones Unidas en un nuevo intento por sacar a Velásquez y proteger el statu quo, y al proceso de elección de la junta directiva del actual Congreso de la República, definido justo desde ese miedo de los corruptos acostumbrados a pactar.

Hoy, la Fiscal General y el comisionado de la Cicig son, para ese miedo de tantos, LA amenaza que quieren sacarse de encima. Y resulta que Aldana y Velásquez son los culpables de que la inversión no llegue al país —no los niveles de corrupción—; los culpables de que tanta gente “buena” esté pasando un mal momento —no la mala costumbre de esta gente buena de robar y evadir la justicia—; los culpables de que estemos polarizados —no la Guatemala violenta e injusta, con una profunda brecha entre riqueza y pobreza—; los culpables de exponer públicamente a las personas ligadas a proceso esposadas en el oscuro pasillo de tribunales —no el mismo gobierno que tendría la obligación de evitarlo—. Hasta resultan siendo los culpables del mal estado de las carreteras —y no es chiste, así lo sugirió un representante de la “intelgentzia” política actual—.

La impunidad cierra filas desde muchas partes. Hay también intentos desde el actual Ministerio de Gobernación de intervenir directamente en la coordinación para la ejecución de órdenes de captura y allanamientos. Hasta ahora, para evitar fugas de información, los policías que apoyaban los operativos de MP-Cicig, desconocían qué tipo de caso era hasta el momento del operativo. En esa línea, en la misma noticia publicada por elPeriódico (03-02-2018), el juez Miguel Ángel Gálvez instruye al Ministro sobre la necesidad de ofrecer seguridad a colaboradores eficaces en casos de corrupción.

En otro sentido, altos representantes del gobierno de Estados Unidos, así como del Sistema de Naciones Unidas, expresaron su apoyo irrestricto a la Cicig y al MP. Y llegan noticias sobre un rompimiento internacional de vínculos comerciales con empresas asociadas a la corrupción y la evasión, a violaciones de derechos humanos y medioambientales (http://www.startribune.com/cargill-takes-rare-step-of-cutting-business-with-guatemalan-palm-oil-supplier/467456473/ y http://www.excelsior.com.mx/global/2018/02/06/1218568).

En medio de tanta tensión, la impunidad sigue allí. Es nuestro frente común. Como lo son las estructuras criminales incrustadas en el Estado, los niveles de exclusión, y la corrupción. Somos muchos/as quienes queremos presentes y futuros más dignos para millones de personas en Guatemala. Somos más los que decimos sin falsos moralismos #YoNoSoyImpunidad.

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