La imagen fue captada el 30 de abril, y según una fuente policial, solo la pudo haber tomado una de las personas que participaron en la captura. En la oficina de Comunicación Social del Ministerio de Gobernación se informó que el “objetivo primordial” era Marta Julia.
“No identificaron a nadie más que estuviera en los alrededores”, dijo la fuente, que prefirió no ser citada. Agregó que el protocolo para aprehender a los extraditables que pide EE. UU. ordena salir inmediatamente del lugar para evitar atentados, y que “el operativo se realizó de manera conjunta con personeros de la embajada de EE. UU., e iba dirigido a esta mujer. En ningún momento identificaron a la otra persona que aparece en la fotografía”, dijo.
La sede diplomática estadounidense informó, de manera extraoficial, que no se pronunciaba sobre la aplicación de la ley en el país. De Ovaldino Lorenzana se sabe que no tenía orden de captura, al menos hasta enero de 2019. Las autoridades no suelen confirmar la existencia de órdenes de captura sin ejecutar. Sin embargo, un oficial de la PNC reveló, también de manera extraoficial, que en las mismas filas policiales había sorpresa porque no fue capturado Ovaldino en el mismo operativo.
Los hermanos Lorenzana Cordón aparecen en un cartel del Departamento del Tesoro estadounidense como miembros de la red de negocios Lorenzana, vinculada con narcotráfico y lavado de dinero. En 2010, la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (Ofac, en inglés), de ese departamento, designó a Eliú, Waldemar y Haroldo Lorenzana Cordón, y al padre, Waldemar Lorenzana Lima, como narcotraficantes, según el acta de designación de capos extranjeros del narcotráfico, también conocida como la Lista Clinton. En 2012, la Ofac agregó a Ovaldino y a Marta Julia.
En 2009, el Departamento de Justicia había acusado formalmente a los primeros cuatro designados —capturados entre el 2011 y el 2019—, por conspirar para traficar cocaína a EE. UU., y la embajada de ese país solicitó las cuatro capturas. El cable diplomático del 30 de junio de 2009 -09GUATEMALA732- que WikiLeaks filtró revela que las cuatro órdenes de captura se gestionaron en “menos de 12 horas”. Es decir, contrario a abril pasado, cuando, según asegura la PNC, tenían la orden de capturar solo a Marta Julia, aunque su hermano Ovaldino se encontraba en el mismo lugar.
Hace 12 años, en 2009, las autoridades se proponían ejecutar las cuatro órdenes de captura el 21 de junio, en La Reforma, Zacapa, después de allanar cinco propiedades de los Lorenzana. Pero todas fallaron. Durante el operativo, durante el cual se desató una balacera, una bala rozó un brazo de Ovaldino, el único que, como Marta Julia, no tenía orden de captura ese día. Un médico estadounidense lo auxilió antes de que les dijera a los periodistas en el lugar que los soldados abrieron la puerta de su casa a patadas, sin mostrarle una orden de allanamiento.
El cable de 2009 señala que “había grandes cantidades de armas de fuego y dinero en efectivo en el lugar, pero no se incautaron porque las órdenes de allanamiento solo eran para la ubicación y captura de ciertos individuos”. El documento, firmado por el entonces embajador Stephen McFarland, agrega que, “según la DEA, el juez que firmó las órdenes se rehusó a autorizar allanamientos con otro objetivo que no fueran los individuos en la lista, pese a que nuestras notas diplomáticas también solicitaban la incautación y entrega de cualquier evidencia encontrada”.
Filtraciones
El entonces presidente, Álvaro Colom, dijo que el fracaso de la operación no obedeció a filtraciones de información, sino a inteligencia errónea, según el documento diplomático.
Eso contradecía el análisis de la embajada estadounidense. “Creemos que se infringió la confidencialidad en la Cancillería o en las cortes”, señala el cable.
En el documento, la Embajada reconoce: “Trabajar con las autoridades guatemaltecas representa una vulnerabilidad permanente”.
En marzo pasado, un informe del Departamento de Estado estadounidense subrayó que la corrupción institucional todavía es un problema. “La corrupción endémica seguirá facilitando el narcotráfico en Guatemala hasta que el Gobierno haga los cambios estructurales necesarios en sus entidades”, señala el informe. “La ley guatemalteca contempla castigos contra la corrupción —en instituciones estatales—, pero funcionarios públicos involucrados en acciones corruptas han evadido la justicia, debido a la debilidad institucional, desfases legales y la influencia de ciertos operadores en el sector justicia”, dice.
Así registraba de antemano su desacuerdo con el presidente Alejandro Giammattei, cuando tres meses después, durante la visita de la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, dijo que la corrupción es causada por el narcotráfico.
El cable de 2009 también observaba que varios funcionarios gubernamentales de Guatemala “claramente trataron de distanciarse del operativo en Zacapa, al identificarlo como ‘una acción de la DEA’”, aunque fue una acción conjunta con la PNC y el Ejército, y al “asegurar que no tenían información de los Lorenzana”. La Embajada subrayó que estas afirmaciones demostraban la falta de voluntad política para combatir a los narcotraficantes, o un genuino temor a represalias de la organización de narcotráfico en cuestión.
Congreso, Ejecutivo y sector privado
Para el operativo de 2009, entre las autoridades que llegaron a Zacapa en dos helicópteros Chinook y cinco Blackhawks, había fiscales, policías y militares guatemaltecos, asesores militares estadounidenses y agentes de la DEA.
Ese día “la DEA informó de las órdenes de captura al jefe de Defensa”, señala el documento, que no lo identifica por nombre, pero se presume que es el entonces ministro de la Defensa Abraham Valenzuela González.
El cable agrega que el “jefe de Defensa” se sorprendió al escuchar los nombres en las órdenes de captura y comentó que “la familia Lorenzana tenía conexiones muy fuertes en el Congreso”.
En febrero de 2011, Valenzuela sería identificado como una de las dos personas a quienes el narcotraficante Juan Alberto Ortiz López, alias Chamalé, telefoneó después e que la PNC lo capturó en Quetzaltenango, a pedido de EE. UU., por trasiego de drogas. Y logró llamarlo porque los agentes policiales que lo capturaron no le quitaron el celular, según el entonces ministro de Gobernación, Carlos Menocal. Valenzuela no fue detenido ni acusado en relación con este caso, y fue separado del cargo hasta siete meses después. Ortiz López fue condenado en una corte de Florida y saldrá de prisión en 2029, según el Buró Federal de Prisiones estadounidense.
El cable de 2009 señaló, además, que los Lorenzana también tenían contactos en el Ejecutivo y en el sector privado, y concluía que “su influencia y alcance en el país no se podía subestimar”.
Las capturas
En mayo de 2011, un mes después de la captura de Lorenzana Lima, varios familiares —incluidos Ovaldino y Marta Julia— ofrecieron una conferencia de prensa para protestar contra la detención del padre, con el argumento de su estado de salud precario. Ovaldino fue el único que habló. Era la primera vez que Marta Julia Lorenzana era vista en un evento público afuera de Zacapa. El mismo día la entonces fiscal general, Claudia Paz y Paz, reiteró que la captura era legal.
En junio de 2013, Hans Breiner Lemus Lorenzana, uno de los hijos de Marta Julia, fue capturado junto a cinco personas más y 15 kilos de cocaína, en San Marcos. Lemus, de 17 años, fue beneficiado con prisión domiciliaria y eventualmente quedó en libertad. En 2018 los extraditados hermanos Waldemar y Eliú fueron condenados a cadena perpetua. En 2020 el padre fue condenado a 23 años de cárcel y murió un año después.
El funeral y sepelio del patriarca de los Lorenzana, en La Reforma, Zacapa, el 1 y 2 de abril últimos, fue masivo. Marta Julia y Ovaldino aparecen en casi todos los videos que circularon en Facebook. Solo 28 días después, la PNC captura a Marta Julia, mientras su hermano Ovaldino resultó intocable. Ahora ella pelea su extradición, auxiliada por un abogado a quien EE. UU. revocó la visa en 2003 por supuestos vínculos con el narcotráfico, el exdiputado Fernando Linares Beltranena. En la audiencia, cuando rechazaron la extradición, Linares dijo que su clienta era víctima de su apellido, dadas las capturas y extradiciones de sus hermanos y padre.
Vinculación elusiva
Las autoridades de EE. UU. asocian a Marta Julia Lorenzana con el narcotráfico de 2008 a 2019, según la PNC. En 2013, el Departamento del Tesoro de EE. UU. la vinculó con el exsocio de los Zetas Jairo Orellana Morales, quien fue capturado en mayo de 2014, a pedido de ese país, y Marta Julia lo acompañó en su primera declaración. Dos semanas después se casaron en el cuartel de Matamoros, donde él guardaba prisión. Para 2015, este extraditable había traspasado seis de sus 15 propiedades a su esposa, aunque luego colaboró con la justicia estadounidense. Ahora —seis años después de haber sido extraditado— esperaba sentencia.
Es imposible confirmar todavía si la captura de Marta Julia se sustentó más en su vínculo con Orellana que con sus hermanos. No aparece un expediente con su nombre en los registros electrónicos de las cortes estadounidenses, señal de que su acceso público está restringido.
En el expediente de sus hermanos, en Washington, su nombre solo aparece porque el agente de la DEA, Ronald Johnson, declaró que en octubre de 2006 ella llegó al consulado de EE. UU. a solicitar visa para su hijo de 5 años.
Johnson aprovechó el contacto para pedir a los Lorenzana ayuda para ubicar al narcotraficante guatemalteco Otto Herrera García, fugado de una cárcel mexicana un año antes. Aunque Herrera fue intermediario entre los Lorenzana y el cartel de Cali, no lo ubicaron. Cuando sospechaban que estaba en Quiché apareció en Bogotá, Colombia, donde fue recapturado en 2007.
Ovaldino
- El único que queda libre de los hermanos Lorenzana, a quienes EE. UU. identificó como narcotraficantes en 2012, es Ovaldino. Su nombre aparece en el expediente del caso así: una captura en 1999 en Retalhuleu, cuando la PNC le incautó, junto a Eliú, un fusil M16 y un Galil. Salieron libres cuando el padre pagó US$40 mil, según un testigo.
