Los expertos analizan y hacen algunas sugerencias que podrían sanear los mecanismos para la integración de las referidas cortes, cuyos funcionarios debieron asumir los cargos el 13 de octubre del 2019.

Hilda Morales fue procuradora adjunta de  los Derechos Humanos. Tiene trayectoria en la defensa de los derechos de las  mujeres y se desempeñó como gerente del Organismo Judicial.

A su criterio, hay muchas cosas que deben cambiar para una elección sana de magistrados para las altas cortes.

¿Cuál es la lección principal para romper el círculo vicioso que hay en la  elección de magistrados?

En primer lugar, se tiene que apelar a la independencia judicial y al respeto de la Constitución Política de la República. Se ha visto intervenciones espurias que han provocado este caos en el cual se encuentran las cortes actualmente y que ataca la independencia judicial, porque quienes han intervenido han tenido como objetivo cooptar a las cortes y utilizarlas para su beneficio.

¿Quiénes deben respetar la independencia judicial?

El Estado y la sociedad. Pero hemos visto  que hay  una componenda desde la sociedad civil para beneficiar a quienes han infringido la ley y tener la garantía de que no van a ser juzgados imparcialmente, sino a su favor. Eso viene desde la sociedad civil en connivencia con algunos funcionarios públicos.

Hemos visto cómo en el Congreso de la República se ha manipulado siempre estas elecciones y se ha hecho caso omiso de las comisiones de postulación, de las que se esperaba imparcialidad y respeto a la meritocracia, honestidad y honorabilidad de quienes salieran electos. Sin embargo, las comisiones han sido un pretexto para no obedecer las calificaciones académicas, trayectoria, del ejercicio profesional, de los jueces, y por el contrario, dan una opinión y pasan su veredicto al Congreso.

La elección en el Congreso es política. ¿Se puede cambiar eso?

Eso no puede ser así, porque entonces no tendremos nunca jueces imparciales, capaces, que no estén cooptados, que no estén amenazados. Porque si Fulano me nombró, yo no voy a poder resolver de tal manera en contra de quien me nombró.

Pero esta vez el retraso es de un año.

Es exagerado. Recuerdo que en un principio había retraso para elegir presidente de la Corte —Suprema de Justicia—. Hubo una vez hasta 40 sesiones, y eso fue un escándalo. Pero ahora son las cortes las que están en esta situación, y quienes siguen en el cargo están en una inestabilidad.

¿Cómo se puede superar esta situación?

Es importante que se respeten las decisiones de la máxima corte en cuanto a interpretación de la Constitución, pero hemos visto desde el gobierno anterior cómo se han desobedecido estas órdenes, cómo los funcionarios han estado más allá de la ley. Esa sería una salida, como la tuvimos en el caso del autogolpe de Serrano Elías, donde toda la sociedad y el Estado, los que se quedaron, obedecieron la decisión de la Corte de Constitucionalidad, que fue una decisión de carácter político, pero para salvaguardar el estado de Derecho, y ese estado de Derecho es el que no se ha respetado ahora. Vemos una descomposición que va y viene, que dicen ‘yo no obedezco esas órdenes porque son ilegales’, pero quien interpreta la Constitución es la Corte, no los diputados ni otros funcionarios. Lamentablemente, estamos en esa situación, que pareciera un golpe de Estado, porque es en contra de uno de los tres organismos —el Judicial— que está en esta situación de inestabilidad, de indecisión, de mirar a futuro sin saber cuándo va a llegar  la elección.

En cuanto a la evaluación acelerada de candidatos, ¿qué se puede mejorar?

Ya hay un reglamento, y tendría que aplicarse para que no suceda lo que de esta última oportunidad, ese retraso. Lo que hay que resolver es el respeto a la meritocracia en las postuladoras y en el Congreso, para que haya estado de Derecho.

¿Deben integrar los magistrados las postuladoras?

Creo que hay que hacer una reforma, porque hay un conflicto de intereses muy claro. Tiene que ver no solamente con la independencia misma de quién va a elegir, sino que subjetivamente influye, porque si me están eligiendo, pues yo voy a elegir a quienes votaron por mí; es decir, regresan el favor.

¿Cómo debe ser el modo de elegir a los magistrados?

Si queremos que lleguen los más idóneos, y si la comisión de postulación cumplió con las máximas calificaciones, es inaudito que no lleguen los mejores a la magistratura.

En los intentos que hubo esta vez, por ejemplo, en el primero, fue una mujer la que obtuvo cien puntos, y en la segunda vuelta le bajaron la calificación y no la incluyeron en la lista que enviaron al Congreso.

El paso al Legislativo es un segundo filtro para que lleguen los mejores. No estoy en contra de que los diputados escojan, pero debe hacerse bien.

Luis Fernández Molina fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en la Cámara de Amparos y Antejuicios, en el período 2004-2009. Tiene una amplia trayectoria en Derecho Laboral.

De acuerdo con su perspectiva, el entuerto que hay en la elección de magistrados tiene su origen en el sistema electoral del país.

¿Qué hay que aprender para que la elección de magistrados no se deteriore más?

Todo el sistema de justicia está vinculado con el sistema electoral, lamentablemente, porque la justicia debería ser un segmento independiente, autónomo y lejos de cualquier ley.

Sin embargo, en la medida en que la elección final para las cortes, tanto de la Suprema como de Apelaciones, dependa del Congreso de la República, en esa medida estamos contaminando, como el Lago de Amatitlán, politizando el proceso.

En tanto no quitemos del Congreso ese proceso, vamos a seguir hablando de lo mismo que con la Constitución de 1985, con la reforma del 94, que de hecho fue la principal motivación; luego, en el proceso del 99, el del 2004 y el del 2009, con la ley de comisiones de postulación, y seguimos hablando de eso todo el tiempo. Es una repetición de los mismos quejidos y señalamientos, y no avanzamos en ninguna dirección.

¿Por dónde empezar?

Por el sistema electoral, porque a través de este se determinan las curules del Congreso de la República y la Presidencia. En ese momento, los grupos de poder político, los grupos de interés, quisieran también manejar jueces, y ellos lo van a querer modificar, van a querer tener siempre la sartén por el mango, para poderlo manejar con esa garantía de que al final el que elige es el Congreso.

Entonces, si vamos a escarbar realmente a fondo, no solo lo superficial, debemos ir a la ley electoral, dar un poco más de amplitud, para que no sean solo los mismos partidos o grupos de interés o los partidos de conveniencia o los grupos que se han formado para elección. Una vez oxigenado el sistema, podemos determinar una elección de magistrados meritocrática.

¿Cuáles son esos grupos que están interesados en elegir magistrados?

Hay varios. No podemos perder de vista a los grupos empresariales fuertes. También los sectores de abogados que en sus  bufetes venden la buena relación que mantienen con los juzgados, porque les conviene vender esa imagen; son los que más mantienen el sistema.

¿Hay otro problema en el proceso?

El segundo gran problema del proceso es la evaluación de los candidatos. No hay un verdadero sistema de evaluación para los aspirantes a una magistratura.

Puede haber abogados de oficina, de la calle, como les dicen, y abogados que ejercen la judicatura, y cada quien tiene un segmento, una función y una forma diferente de calificarlos.

Hay un sistema de calificación en la Ley de la Carrera Judicial, pero no se realiza. Debe haber una evaluación más técnica para quienes están dentro de la carrera judicial y para los abogados de afuera.

Por ejemplo, habría que revisar cuántas sentencias emite cada juez o tribunal, cuántas demandas o expedientes recibe en un mes, cuántas resuelve, qué opinión tienen sobre su desempeño los mismos trabajadores y los usuarios de los juzgados o tribunales; cuántas sentencias o decisiones se apelan y cuántas de estas se modifican, porque si el 80 por ciento se las modifica una apelación; entonces, para qué lo queremos ahí. Además, en materia de apelación en salas hay que determinar cuántas son materia de amparo, y de estos, cuántos proceden y cuántos no.

De igual manera, hay que evaluar al abogado, cuántas escrituras hizo, cuántas demandas presentó con su firma. De qué me sirve un abogado en el Organismo Judicial que nunca ha presentado un expediente en el sistema de justicia; debe tener jurisprudencia.

Si es un académico, pues revisar cuántas clases imparte, en qué universidades, entre otros. Deben ser métodos más confiables de evaluación, y la calificación debe estar lista al menos seis meses antes de la elección, porque a la carrera no ha funcionado.

¿Cuál podría ser el método idóneo para elegir magistrados?

El sorteo después de recibir la nómina. En el Congreso existe una tómbola. Este procedimiento no debe asustar, pues ya han tenido maestría para usarla. La forma más elevada de la justicia en Guatemala se integra por sorteo. Cuando hay que integrar la CSJ, hay cinco magistrados de base y dos son por sorteo. Este método evita los padrinos, el compromiso con ese grupo que ayudó a colar a los funcionarios a la Corte.

La última decisión o paso sería para el destino, la suerte, o algún dios, para los que somos creyentes. Incluso, para que haya más especialización en las salas se podría designar por ramo, porque un civilista termina en lo penal; ha habido desorden en ese sentido.

Christa Walters es politóloga de la Universidad Francisco Marroquín y analista política del Movimiento Cívico Nacional.

Según su forma de ver el proceso de elección de magistrados, hay que hacer algunas reformas legales para cambiar el mecanismo que ya ha afectado el desarrollo del país.

¿Cómo ha visto el proceso reciente de elección de magistrados?

Aunque haya fases o partes del proceso que se quisieron arreglar o enmendar, es preocupante que vamos a cumplir casi un año desde que debían de haber tomado posesión nuevos magistrados.

Creo que tenemos que aprender, no solo ciudadanía, sino también los actores involucrados en este proceso, que de seguir muchas interrupciones, violación de plazos constitucionales, principios como alternabilidad al poder, vamos a crear condiciones jurídicas no favorables para el desarrollo. Me refiero a que esta incertidumbre ha causado  falta de certeza jurídica para el país.

¿Cuál fue el error de origen de este retraso?

Considero que hay varios, porque el proceso en sí ha sido interrumpido cuatro veces, tres en el 2019 y una en este año. Primero, con una convocatoria prematura; después, con el amparo que ordena que se inicie de nuevo con las evaluaciones, y ahora con el amparo al Ministerio Público con el caso de Comisiones Paralelas. El origen exacto, no lo sé, pero se ha ido atrasando cada vez más.

¿Qué se podría cambiar para mejorar el proceso?

El modelo de comisiones de postulación se había pensado para que no fuera tan político, pero vemos que se ha vuelto bastante político.

Pensar en un modelo ideal es difícil.

Yo diría que son necesarias ciertas reformas  en el sector justicia. Por ejemplo, en la Ley de Comisiones de postulación nos habla de que se deben de convocar con cuatro meses de anticipación  a que termine el plazo constitucional para el que son electos los funcionarios y que las comisiones tienen que estar integradas como mínimo dos meses de anticipación a la toma de posesión de esos funcionarios. En esta ocasión me di cuenta de que esta ventana de tiempo para integrar comisiones y que hagan su trabajo es muy corto. Se omitieron distintos instrumentos de evaluación, no se hicieron entrevistas ni se hicieron pruebas psicométricas a los aspirantes y por eso creo que por ahí iba la intención del presidente de la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia, al proponer en agosto un cronograma que terminaba en diciembre.

Con la experiencia que había tenido el padre Serrano de haber sido presidente en otra comisión de postulación en el pasado vemos que probablemente esos dos meses de anticipación no es suficiente para el trabajo que realizan.

Otra cosa es que  las comisiones de postulación deben prestarle mucha atención no solo a que los candidatos o los aspirantes cumplan los requisitos mínimos que establece la ley, sino que se utilicen las herramientas como el perfil o la tabla de gradación que evalúa a los candidatos o a los aspirantes para revisar la idoneidad y la honorabilidad de las personas que luego van a ser magistrados.

¿Debería modificarse la forma de integrar las postuladoras?

Me parece bien la presencia de la academia, como había sido el objetivo principal de balancear o que fuera menos política la elección. Por otro lado, la presencia de representantes de magistrados se vuelve un conflicto de interés, porque pueden ser comisionados y postularse en la otra comisión. El famoso tú me eliges, yo te elijo. Si los magistrados van a a dar su expediente a la otra comisión, preferiblemente no deberían integrar las comisiones.

¿Cómo hacer que se escuche la opinión pública sobre los candidatos?

La ciudadanía no tiene mucho peso, no tiene voz ni voto en este modelo, porque es distinto a como se elige al presidente, diputados y alcaldes.

Considero que los comisionados deben escuchar más los señalamientos de la sociedad civil, y esta vez no aceptaron ninguna. Se debe buscar que los aspirantes sean honorables, ahí se ve también la independencia, no son solo las resoluciones, sino la apariencia que dan y con eso los comisionados no se vuelven jueces.

¿Cómo evitar la influencia política en el Congreso en la elección?

La dinámica en el Legislativo es eminentemente política, pero podría haber un mecanismo para evitarlo. Por ejemplo, las nóminas de las postuladoras con las notas deberían someterse a un sorteo y no a una elección como se ha hecho hasta ahora, para que las comisiones sean el filtro para que lleguen a la lista solo los mejores candidatos.

Creo que así se evitaría el trueque de favores o que los candidatos tengan que hacer lobby con ciertos diputados para que estos los elijan y entonces le deban su puesto a alguien.