Senabed: Q473 millones ha costado el mantenimiento de bienes embargados

Las fortunas se encuentran embargadas, lo que impide la venta de lo mismos y solamente se pueden dar en alquiler a personas con alto perfil económico

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Bienes en extinción de dominio
Lujosas propiedades han sido extinguidas y dadas en administración a la Senabed, quien debe velar por la seguridad y mantenimiento. (Foto Prensa Libre: MP)

Atacar la fuente económica de las agrupaciones ilegales es una de las estrategias para debilitarlas, pero a la vez se convierte en un desafío para el Estado la administración de todo tipo de bien que ha sido inmovilizado a diversas estructuras, por el nivel de lujo de las propiedades y el mantenimiento específico que requieren.

De acuerdo con los registros de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), se han destinado unos Q473.9 millones en los últimos 11 años para el mantenimiento y administración de esas riquezas despojadas.

El mantenimiento, por ahora, se paga de los intereses que generan unos Q500 millones que tiene Senabed bajo su administración e invierte en dos bancos del sistema bancario nacional.

Es dinero que todavía no se extingue porque está en proceso y que la ley nos manda a invertirlo, —pero— por la sobre liquidez que hay en la banca actual, no hay muchos bancos que quieras participar”, explicó Jorge Andrino, jefe de la Senabed.

Andrino agregó que la inversión de este capital es una especie de oferta abierta que se realiza por medio de plan anual de inversión aprobado por el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed).

El mantenimiento de todo tipo de bienes, desde residencias, casas de descanso, vehículos, hasta caballos y joyas son responsabilidad de la Senabed, mientras los procesos de extinción no concluyen. No obstante, esta entidad reconoce que no cuenta con fondos propios para hacerse cargo de los gastos y muchos bienes comienzan a deteriorarse.

 

Extensas pesquisas

Andrino, el jefe de la Senabed, informó que la mayoría de los procesos penales para la extinción de estos bienes llevan entre 5 y 9 años en investigación, por lo que ahora ha decidido pedir la autorización de ventas anticipadas de algunos artículos porque comienzan a deteriorarse. Aquí se encuentran vehículos de alta gama y lotes de algunas joyas de oro y plata, procesos que subasta que se realizarán en los próximos meses.

Los inmuebles bajo la administración de la Senabed están en renta, sin embargo, por el nivel de lujo de las propiedades los precios son altos y no muchas personas están dispuestas a pagarlos. Algunas propiedades son rentadas por instituciones públicas, sin embargo, esto no representa ninguna ventaja para la administración y mantenimiento de todos los bienes de la Senabed.

Andrino también reconoció que algunos bienes “no se pueden vender, y en algunos casos no se pueden administrar fincas porque están invadidas”, lo que también imposibilita que alguna institución estatal autorizada pueda hacer uso de las instalaciones.

Entre los artículos que Senabed por ley debe administrar están vehículos acuáticos, incluso avionetas. “No tenemos donde guardarlos y todo se queda en el Ministerio de la Defensa”, dijo Andrino. En el caso de los caballos de pura sangre, algunos ya tienen entre 17 y 19 años, lo que complica la venta en las subastas por su avanzada edad.

El presupuesto anual para el funcionamiento de la Senabed es de Q 11 millones, monto que “ha sido el mismo en los últimos seis años y el Consejo no nos autoriza más presupuesto”, expuso Andrino. La Senabed cuenta con 180 empleados, de estos la mitad es personal de seguridad distribuido en los 29 puestos habilitados en el territorio nacional.

Mientras que La Fiscalía de Extinción de Dominio está integrada por 12 agencias fiscales y ocho investigadores.

Procesos deben ser ágiles

De acuerdo con Javier Monterroso, exsecretario privado del MP, los procesos de extinción de domino “deben ser más ágiles y es algo que no se contempló al momento de aprobar la ley, pero los procesos deben estar fortalecidos con investigaciones”. Agregó que es un reto para el Estado la administración y mantenimiento de todo tipo de bienes, porque no existe la certeza total del dominio de estos.

Monterroso indicó que se ha evidenciado que “la duración de los procesos judiciales, lejos de disminuir han aumentado en los últimos años”, lo que significa dificultades para la administración de los recursos, porque existe “un problema para todo el sistema de justicia, y es que no se previó en su momento lo tardado de los procesos judiciales” y algunos superan los seis  años en investigación y “no hay certeza total sobre si los bienes inmovilizados van a pasar al Estado, o bien, si van a devolverse”.


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