No faltó mucho para que las cosas regresaran a su cauce, y movimientos internos en las organizaciones políticas mostraron afinidad al partido gobernante, y se aliaron para mantener  mayoría que, a la vez, gana poder con diputados que no siguen los lineamientos de sus bancadas.

En la 9a. avenida y  9a. calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, se conserva una joya de la arquitectura. Se trata del Palacio Legislativo, edificación inaugurada en 1934 durante la administración de Jorge Ubico, y que resguarda otra de las joyas nacionales: la democracia.

Este imponente edificio es el punto de encuentro para todas las fuerzas políticas del país electas mediante voto popular. Es la sede en la que se reúne el Congreso de la República, con el objetivo de legislar a favor de la sociedad, olvidando el interés de partidos y particulares a cambio del beneficio común.

Lo anterior es teoría. Una buena intención.

En años recientes las acciones de algunos diputados han servido para opacar el recinto parlamentario y para que la sociedad crea cada vez menos en la política, convirtiendo a este poder del Estado en uno de los menos confiables.

Cada generación de diputados se esfuerza por mantener presente ese opaco concepto de qué es la política, la democracia y el Congreso. Ejemplos como Estuardo Galdámez —señalado de corrupción en el caso Asalto al Ministerio de Salud—, Armando Escribá —ligado por cuatro delitos en el caso Construcción y Corrupción—, Gudy Rivera —sentenciado en el 2016 por soborno— y Julio Juárez —procesado por asesinato de un periodista—, son parte de un puñado de exdiputados que tienen cuentas pendientes con la ley.

El año pasado hubo una luz de esperanza. Las puertas de ese palacio se abrieron para recibir a 160 diputados, más de cien eran nuevos, pero ese brillo se desvaneció muy pronto.

Durante la primera sesión plenaria, hubo acusaciones de compra de voluntades para que legisladores prácticamente vendieran su voto a favor de la planilla encabezada por Allan Rodríguez, quien representa al partido oficialista. En el transcurso de su primer año, los señalamientos continuaron.

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Unión y fuerza

La bancada de gobierno, Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), está integrada por 17 congresistas, pero sus dirigentes políticos se las han ingeniado para conseguir un apoyo que muchos comparan con el de una aplanadora, cuyo objetivo es aplastar las propuestas de la oposición y dejar el camino libre para los intereses que vienen desde el Ejecutivo y de sus mismos aliados.

Esa estrategia reúne a cerca de 91 diputados de los bloques Vamos, Unión del Cambio Nacional (UCN), Valor, Visión con Valores (Viva), Prosperidad Ciudadana, FCN-Nación y los únicos dos diputados independientes.

En contraste, existe una oposición que aglutina a 48 diputados, entre ellos Movimiento Semilla, Winaq, URNG–Maíz, Victoria y MLP. El resto de bancadas tiene posturas dividas entre sus diputados.

Muchos corren el riesgo de votar en contra de los lineamientos de sus bases políticas con tal de quedar bien con los oficialistas, aunque esto les pueda costar procesos de separación o expulsión.

El caso más evidente se da en la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que pelea un puesto en la Junta Directiva, al afirmar que su representante, Santiago Nájera, fue separado del bloque por no haber respetado las instrucciones de votación.

Otro de los grupos en que ha habido fricciones es Todos. Felipe Alejos giró la instrucción de no apoyar uno de los estados de Calamidad, pero  Boris España hasta defendió durante el pleno la manera en que el Ejecutivo atendió la crisis por las tormentas. Eso le costó ser separado como subjefe de bancada. Al mismo tiempo, el Partido Unionista se fue alejando de la fuerza oficialista.

Entre las filas de Bienestar Nacional (Bien), Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Compromiso, Renovación y Orden (Creo), también se aprecian distintas direcciones en los eventos de votación, sin que tengan una postura conjunta.

Control oficialista

El año pasado no fue el mejor para el Congreso, para sus diputados y para la sociedad, que salió a protestar contra sus funcionarios y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad el 21 y 28 de noviembre.

La razón del descontento fue por la manera en que se aprobó el presupuesto del 2021: apresuradamente y de madrugada, pero antes de eso ya se había acumulado resentimiento por la también apresurada reelección de Directiva.

Los oficialistas alcanzaron todo lo anterior gracias a sus operadores políticos que, según analistas, pueden destacar con facilidad al diputado Allan Rodríguez, presidente del Congreso, quien sin tener mayor experiencia jugó bien sus cartas para seguir en la silla presidencial.

Expertos también ven como figura clave al diputado Luis Rosales, a quien no han visto que falte a ninguna de las sesiones del 2020. Siempre se le apreció desde su puesto como segundo vicepresidente del Parlamento.

Él no lleva un rol protagónico, por el contrario, sospechan que prefiere caminar lejos de los reflectores, sin llamar la atención, pero logrando que otros diputados les apoyen en decisiones clave.

“Se fortalece esa alianza. No se ve por dónde se pudiera debilitar, se ve que se acomodaron muy bien, me refiero a los partidos que apoyan a la Junta Directiva y que llevará a un Congreso, donde no vemos muchos cambios, todos estos movimientos que andamos, la elección de un magistrado para la CC que solo estará cuatro meses, se puede pensar que dentro del Congreso hay grupos que están como apoyando, no veo que encontramos muchas diferencias al año pasado, por el contrario, la alianza se puede consolidar”, señaló Hans Quevedo, politólogo y docente universitario.

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Agenda estancada

Las llaves del Congreso están en los bolsillos de la alianza oficial, es decir, que depende de esta directiva y de sus allegados abrir los espacios de discusión política, que permitan resolver todas esas tareas pendientes que tiene el Congreso, por ejemplo, la elección de magistrados de las cortes.

Phillip Chicola, analista político de Fundación Libertad y Desarrollo, destaca que todo ese apoyo oficial depende de qué tanto puedan ganar los diputados a cambio de dar sus votos.

“El Congreso estará en manos de una alianza oficialista, afín al partido Vamos, que le va a permitir alcanzar consensos para la repartición de cuotas de poder, concretamente presidencias en comisiones legislativas, posiblemente para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y eventualmente de la Corte Suprema de Justicia”, dijo.

La forma de trabajo que ha demostrado el Congreso no es nueva, según Marcio Palacios, analista independiente. “El año pasado, que fue el primero de gobierno, el peso y contrapeso se vio absolutizado por la aplanadora oficial, vinculada al denominado Pacto de Corruptos; también hay diputados que han claudicado a la fafa —soborno— que se ha dado desde el Pacto de Corruptos. Para muestra un botón: el presupuesto. Con esta aprobación hubo grandes descontentos de algunas bancadas”, dijo.

Expectativas

Aunque apenas comienza el año, los temas a resolver por el  Congreso son amplios. Para el diputado Manuel Conde, jefe de bancada del PAN, se debe priorizar la reactivación económica, garantizar un acceso universal para las vacunas contra el covid-19, elegir las cortes y, sobre todo, abrir el diálogo dentro del hemiciclo.

“Uno de los grandes retos que tiene —el presidente  Rodríguez— es generar un diálogo político más intenso, más dinámico, más hábil entre los distintos bloques para llegar a consensos y poder avanzar”, señaló.

Por su parte, Rudio Lecsan Mérida, jefe de bloque de Partido Humanista, aseguró que hay temas clave para este año, y que la Junta Directiva impulsó la agenda el año pasado a medida que la crisis sanitaria lo permitió.

“Lo que espero es que se entren a conocer temas fundamentales para el país, que tengan efectos positivos para los ciudadanos, como la ley de competitividad, vivienda, seguridad alimentaria, etcétera. Y que se tenga la convocatoria para mantener quorum suficiente para producir resultados. Terminar interpelaciones y elegir los magistrados de las Cortes”, explicó.

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El rol social

Por la forma en que está integrada la Junta Directiva para este año, la oposición considera que habrá poco espacio para impulsar una agenda política de país. Bernardo Arévalo, jefe de bloque del Movimiento Semilla, pronostica poca apertura, como ocurrió el año pasado.

Évelyn Morataya, diputada de Bien, resaltó que, además de seguir con el trabajo de fiscalización desde el Congreso, es necesario que la sociedad siga despierta, para que en conjunto se puedan impulsar los cambios necesarios.

“La oposición no llega a 81 votos. No vamos a lograr aprobar enmiendas o iniciativas; pero afuera, la población es más. Necesitamos que la gente siga saliendo a las plazas a manifestar, que siga haciendo una auditoría social”, dijo la congresista.

Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), aseguró que el papel de la sociedad es fundamental.

“El trabajo de la sociedad civil es continuar ejerciendo presión, demandando transparencia, que el trabajo legislativo se cumpla; sobre todo, mantenerse, crecer, formarse, conocer más del Estado y las funciones del gobierno”, precisó.