Con la elección, que deberá anunciar antes del 18 de mayo, el presidente guatemalteco también pondrá en juego el termómetro de la tensión que ha existido con EE. UU. durante la administración de Joe Biden, y una reelección de Porras, podría hacerlo subir a niveles no alcanzados.
Porras no es bien vista por la Casa Blanca, cuyo Departamento de Estado la incluyó en septiembre pasado en un listado de personajes corruptos y responsables de debilitar los sistemas democráticos. Pero a pesar del grave señalamiento la actual fiscal general fue incluida en la nómina final solo después de la intervención de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Consecuencias
Analistas opinan que, sin duda, EE. UU. sigue atento el proceso y podría tomar medidas adicionales si Giammattei finalmente decide reelegir a Porras, quien hace cuatro años fue puesta al frente de la fiscalía general por el expresidente Jimmy Morales.
Giammattei no ha ocultado su simpatía por Porras. En 2020 la llamó “amiga” y ha puesto poco interés a los señalamientos que Washington ha hecho a la fiscal general que han llevado a que corte su asistencia al MP.
El exvicecanciller y exembajador de Guatemala en las Naciones Unidas, Luis Padilla, considera que las relaciones entre ambos gobiernos se tensarán más si al final de cuentas Porras es reelecta, y aunque no se atreve a adelantar opinión respecto a cómo puede responder EE. UU. recuerda que este país “cuando quiere actuar, actúa”.
“Mire lo de Rusia, ahí EE. UU. se ha ido con todo en cuanto a sanciones económicas”, subrayó Padilla, quien cree que de momento Washington no ha actuado con drasticidad en contra de Nicaragua, El Salvador o Guatemala, probablemente porque tiene toda su atención centrada en el conflicto en Ucrania.
“Cuando volteen a ver, habrá que tener mucho cuidado. Los impactos pueden ser desastrosos”, agregó.
El también profesor universitario cree que Giammattei puede evitarse una crisis mayor si optara por designar al próximo fiscal general a través de un sorteo, mecanismo que no prohíbe la ley y que garantizaría que el próximo jefe del MP no tenga a quien agradecer su nominación más que a la suerte.
Más drasticidad
Lisa Haugaard, codirectora del Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG, en inglés), organización estadounidense que promueve políticas justas de EE. UU. hacia Latinoamérica, expuso que si Consuelo Porras es reelegida o cualquier otro candidato al servicio de redes de corrupción sería una mala señal para el gobierno norteamericano.
Washington podría tomar acciones más contundentes a las ya aplicadas en contra de Porras, a quien se le incluyó en la lista Engel y no tiene permitido el ingreso a ese país puesto que se le retiró la visa.
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Estas acciones, a juicio de Haugaard, podrían ser: congelar fondos en los bancos estadounidenses que tengan sospechas de ser producto de la corrupción o ampliar las sanciones impuestas a la fiscal general hacia otros funcionarios guatemaltecos e incluso del sector privado.
Además, la Casa Blanca podría congelar o redirigir su cooperación destinada a Guatemala y evaluar la continuidad de los préstamos e inversiones de instituciones multilaterales al país hasta que estén seguros de que no financiarán regímenes considerados corruptos.
Poder blando
En contraparte, otros analistas opinan que toda vez siga el Partido Demócrata en el poder las medidas a tomar no serán tan fuertes como ha sido su característica en la historia reciente.
El internacionalista y docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, Pablo Rangel, expuso que las consecuencias podrían verse en más “llamadas de atención” del gobierno de EE. UU. o la ampliación de los listados de personajes señalados de corrupción, así como recortes en programas de apoyo al sector justicia.
Estas acciones son parte de una “estrategia de poder blando” que suele poner en práctica el Partido Demócrata, afirma Rangel, quien no ve próximo la imposición de sanciones, aunque Porras fuera reelecta. Para sustentar su teoría, dice que ni El Salvador o Nicaragua han sido sancionados, y en esos países la democracia puede que este igual o peor que en Guatemala.
Consecuencias que tiendan, como en Honduras, a la extradición de altos funcionarios después de que se consoliden casos en su contra con más “complejas” de que se produzcan, en primer lugar, porque esos escenarios dependerán de quien tenga el control político en Guatemala.
La lupa de EE. UU. siempre estará sobre los mandatarios y políticos de la región, enfatizó Rangel. Mientras tanto es probable que se den algunas “lógicas de fomento a las protestas” poniendo al descubierto casos de corrupción, como pasó con la primavera árabe en 2011 o con la revolución naranja de Ucrania, en su episodio del 2014.
Para Jorge Aguilar Wong, analista político en temas internacionales, EE. UU. vería con mucha preocupación una reelección de Porras puesto que eso pondría en duda la lucha contra la corrupción y ese país quiere asegurarse de que los fondos que otorga a Guatemala tengan un efecto positivo en la reducción de la migración y narcotráfico.
Añadió que el presidente Giammattei tiene en sus manos evitar una crisis mayor y elegir a otro candidato para dirigir al MP. “Yo esperaría que lo esté pensando. Él todavía puede reconsiderar y cambiar su decisión en base a los posibles problemas que nombrar a Porras le traerá en el futuro”.
El politólogo Werner Castillo considera que el país se encuentra en un momento “álgido, en función de la consolidación y el avance de la democracia” y que la reelección de Porras significaría “un retroceso en cuanto a la gobernanza y el Estado de Derecho”.
Deterioro
Desde hace años los países centroamericanos experimentan sucesos que han hecho pensar a EE. UU. de que sus democracias van en franco deterioro. Honduras, con la llegada al poder de Xiomara Castro, parece que ha tomado un respiro y Washington está a la expectativa de qué va a suceder, al punto que esta semana la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos Uzra Zeya y el ministro de Relaciones Exteriores hondureño Enrique Reina presentaron en Washington D. C. el Diálogo Estratégico entre Estados Unidos y Honduras. El objetivo es un acercamiento estratégico con el país centroamericano, donde se busca darle prioridad a acciones conjuntas en las áreas de recuperación económica, promoción de la buena gobernanza y acciones contra la corrupción, refuerzo de las protecciones de derechos humanos y reducción de la violencia de género; y el aseguramiento de una gestión humana de la migración irregular, al tiempo que se abordan sus causas fundamentales.
El Salvador, con Nayib Bukele, y Nicaragua con Daniel Ortega han incurrido en prácticas que han sido censuradas por EE. UU., sin que hasta el momento las palabas hayan trascendido a acciones más contundentes y sin que hayan causado el efecto deseado por la administración demócrata.
En el caso de Guatemala, diversos analistas coinciden en que, si bien no hay dictadura alrededor de una figura o caudillo, como en el caso de los otros dos países, existe una alianza en el poder que poco a poco ha copado los espacios en los tres poderes del Estado, con el fin de que no se produzcan cambios.
“Guatemala es uno de los países en el liderazgo del debilitamiento de la democracia y la destrucción del Estado de Derecho en América Latina. El hecho de que jueces y fiscales honestos han tenido que huir del país es un fuerte símbolo del deterioro”, señaló Haugaard del LAWG.
Rangel dijo que Guatemala nunca ha podido consolidar una democracia profunda y más bien es simbólica y superficial, sin embargo, hoy en día se han revitalizado estructuras del Estado que antes se han dedicado a espiar, hostigar y vedar derechos, así como “ataques” del poder Ejecutivo y sus aliados a instituciones democráticas.
Castillo coincidió en que el país está “en camino” a una democracia, pero en la práctica, ni en sus instituciones, burocracia o en la vida civil se ha llegado a eso.
