Esta semana, el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral fue citado a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso.

Las preguntas que rondan en torno a las imprevistas reformas son: ¿Por qué fueron planteadas en este momento? ¿Cómo cambiarían el panorama electoral para el próximo proceso? ¿Quiénes están detrás de estos eventuales cambios? ¿Son viables de aprobar en este contexto?

Antecedentes

Desde 1987, la Ley Electoral ha sido modificada cuatro veces, en las que se hicieron 432 cambios, según un recuento del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Las reformas se dieron luego de inconformidades o falta de claridad en la normativa.

“La Ley Electoral es fundamental porque es a través de ella que la población autoriza a determinadas personas para que gobiernen el país. Según la Constitución, la soberanía radica en el pueblo, que a su vez la delega a los tres organismos del Estado. ¿Cómo lo hace? Con el voto”, explica Francisco Quezada, investigador del Cien, al referirse a la importancia que tienen estas discusiones en la vida ciudadana.

La propuesta que presentó el TSE en las últimas semanas incluye reformas a 46 artículos, los cuales se discutirán en la Comisión de Asuntos Electorales. Se proponen cambios en las áreas de transfuguismo, financiamiento de las organizaciones políticas, régimen sancionatorio y fiscalización, entre otros aspectos.

Reformas

Los magistrados del TSE justificaron que sus propuestas nacen de las discusiones que se hicieron en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came) en 2019, en las que participaron 77 organizaciones sociales, académicas y políticas

La Came se incluyó en la Lepp en 2016. Según el artículo 256 bis, es una instancia que se instala después de cada proceso eleccionario, donde cada organización puede presentar sus apreciaciones y propuestas para mejorar el régimen electoral.

Una de las sugerencias más discutidas fue la necesidad de aclarar la prohibición del transfuguismo. Ya que tal como está redactada actualmente en el artículo 205 ter, es confuso, coincidieron las organizaciones.

En el resumen ejecutivo de la Came, que elaboró el TSE, consta que cinco organizaciones se pronunciaron sobre este tema, aunque solo el partido Todos y otra entidad denominada Instituto de Servicios a la Nación solicitaron suprimir la prohibición del transfuguismo en la Lepp.

A partir de ello, el TSE propuso modificar la ley para que los diputados cuyo partido político haya sido cancelado por haber infringido la Lepp puedan incorporarse a otro.

Para la politóloga Marielos Chang, esta iniciativa nuevamente abre la puerta para que los diputados, al tener diferencias con sus bancadas, puedan transitar a otro partido.  Esto implica una traición a la ciudadanía que votó por el congresista y el proyecto político que representaba, explica Chang.

“Actualmente, la prohibición del transfuguismo no permite que los diputados que se separen de sus partidos puedan ocupar cargos en junta directiva. Pero con esta iniciativa los congresistas podrán renunciar de sus partidos y aún así mantener puestos de poder”, dice Chang.

La iniciativa del TSE llegó al Congreso poco después de que un grupo de diputados de la alianza oficialista pretendió cambiar la Ley Orgánica del Congreso para permitir que legisladores sin partido político pudieran ocupar puestos clave en la Junta Directiva.

La ruta que queda es que la Comisión analice la propuesta enviada por el Tribunal Supremo Electoral, emita un dictamen y que se incluya en la agenda de aprobaciones.

“Desconfianza y apatía”

Entre las propuestas de reforma se incluyen otros beneficios para las organizaciones partidarias como reducir las multas a candidatos y partidos que infrinjan la Lepp. Actualmente, estas van de US$50 mil a US$250 mil, pero los cambios proponen disminuirlas a un máximo de 200 salarios mínimos.

Se propone otorgar un financiamiento de 10 centavos de dólar a quienes lleguen a la segunda vuelta presidencial, y se atribuye a la Contraloría General de Cuentas —cuyas capacidades son cuestionadas— la función de fiscalizar a los secretarios generales nacionales, departamentales y municipales, así como los fondos provenientes de la deuda política.

Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, considera que estas propuestas no garantizan a la ciudadanía una política apegada a principios éticos. Esto permite que los partidos se conviertan en vehículos para intereses particulares y dejen a un lado su responsabilidad de representar a sectores poblacionales.

“Si la ley no procura la militancia partidaria, entonces se promueve el mercantilismo en los partidos. Esto genera desconfianza y apatía hacia el sistema. En la medida en que la ley no aspire a velar por los intereses de la mayoría, no será posible rescatar el sistema partidario”, afirma Hidalgo.