Dichas pugnas han sido recogidas en las nueve constituciones, incluida la de la Federación Centroamericana de 1824. Estos grandes pactos políticos y sociales relatan con elocuencia los modelos políticos y económicos en los que ha descansado el país en función de quienes lo han gobernado: conservadores, liberales, revolucionarios, contrarrevolucionarios y, recientemente, civiles.
Historiadores y politólogos consultados coinciden en que Guatemala tiene cinco momentos: los primeros cincuenta años después de la firma de la independencia, cuando las corrientes liberales y conservadoras gobernaron la nación, la época liberal; entre 1871 y 1944, el periodo de la Revolución; de 1944 a 1954, la posrevolución, contextualizada en un cruento conflicto armado interno, y la era democrática.
Los expertos coinciden en que para entender el sistema político de la denominada era democrática es necesario repasar los modelos a lo largo de la historia, pues todos estos tienen alguna implicación contemporánea.
Por ejemplo, el modelo agroexportador del café tiene sus orígenes en los gobiernos liberales, así como la creación del Estado laico. La república es un legado de los conservadores, tras su fundación en 1847, y la legislación en materia laboral es herencia del periodo de la Revolución.
Primeros años
Mauricio Chaulón Vélez, historiador y antropólogo del instituto de investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, asegura que la historia política del país está fundada en “pactos entre las élites” y que la proclamación de la independencia no es la excepción.
Si bien el movimiento de la independencia fue un acuerdo entre criollos para dejar de tributar al reino de España, a juicio de Aníbal Chajón, historiador egresado de la Universidad Francisco Marroquín y docente de la Universidad Galileo, este pacto tuvo entre sus virtudes que se propició sin derramamientos de sangre.
El historiador explica que, después de la independencia hubo un fallido intento para que la Federación Centroamericana se anexara a México. Anota que fue el 1 de julio de 1823 cuando las provincias de Centro América se declararon libres de España, México y de otras naciones.
Gustavo García Fong, investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que la anexión a México no fructificó debido al desinterés de las fuerzas políticas de aquel momento que “estaban configurándose”.
Luego del fallido intento por unificar el territorio con ese país, en 1824 se promulga la Constitución de la República Federal de Centro América.
Chajón indica que los esfuerzos por mantener la paz en la Federación Centroamericana duraron poco, pues años después se produce la sangrienta guerra civil Centroamericana, entre 1827 y 1829, con Francisco Morazán, un político y militar hondureño, como actor preponderante, quien presidió la República Federal de Centroamérica.
“Ahí hubo mucho derramamiento de sangre. Fue algo dramático y terrible. La firma de la independencia se logra sin muertos, pero estos aparecen después”, indica.
Dicho conflicto bélico se propició fundamentalmente por el golpe de Estado en Honduras de 1827 y las posteriores invasiones de las tropas de Morazán a Guatemala y El Salvador, lo que llevó a los liberales al poder. Tras el triunfo de los liberales, Mariano Gálvez llega a la jefatura del Estado de Guatemala en 1831. A él se le atribuyen grandes logros en materia educativa y la fundación de la Biblioteca Nacional.
“Mariano Gálvez ha sido el mejor proyecto de nación que hemos tenido, tuvo ideas muy adelantadas a su época. Tomó el liderazgo en materia educativa”, asegura Jorge Ortega, coronel en retiro y doctor en políticas públicas.
Durante el gobierno de Gálvez se produjo una epidemia de cólera morbus en 1837, la cual fue aprovechada por los conservadores, quienes señalaron al régimen de envenenar los ríos. El 31 de enero de 1838, las tropas de Rafael Carrera derrotaron al régimen y asumieron el poder.
Un conservador al poder
En 1844, Rafael Carrera llegó a la jefatura del Estado de Guatemala, y tres años después fundó la república. “Se establecen nuevas normativas jurídicas que duran hasta la muerte de Carrera”. explica Ortega.
Carrera, quien fue nombrado presidente vitalicio y gobernó hasta su muerte, le devolvió el poder perdido a la Iglesia Católica y, a diferencia de los liberales, mantuvo apoyo y respeto a los pueblos originarios. “Las leyes del gobierno de Carrera no tratan de perjudicar a los indígenas, se resguardan sus idiomas y sus trajes”, refiere Chajón.
García Fong considera que la prolongación de Carrera en el poder marca el punto de partida para que muchos de sus sucesores se mantuvieran por periodos muy largos en el Gobierno. “A partir de ahí empezó a repetirse con relativa frecuencia que la dirigencia del poder político fuera asumida por algunos personajes durante demasiado tiempo”.
Liberales y el modelo exportador
La revolución liberal del 30 de junio de 1871 conllevó cambios políticos y económicos. “Fue un modelo económico de 73 años (1871-1944) de tipo libre mercado, con gobiernos liberales y de mano dura”, refiere José Molina Calderón, economista y miembro de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala.
“Los liberales protegen industrias, protegen empresas textiles”, refiere Chajón. En 1873 Justo Rufino Barrios asumió la presidencia. “Es una figura polémica, lo aman los liberales porque les regaló tierras a sus amigos, las que les quitó a las comunidades indígenas. Gobernó como emperador, trató de destruir las culturas indígenas y las empobreció. Arruinó la economía porque le quitó a la población la capacidad de compra interna”.
A su juicio, mucha de la riqueza que ostentan algunas familias en la actualidad proviene de ese modelo económico.
La Constitución liberal de 1878 mantiene un criterio excluyente hacia los pobres y los indígenas, pues reconoce la ciudadanía solo para aquellos mayores de 18 años que tienen un oficio y medios de subsistencia, lo que claramente excluye a los pueblos originarios.
Chaulón Vélez indica que el régimen liberal, que aprobó un reglamento de jornaleros en 1877, previo a la Constitución, configura las relaciones sociales de producción hasta 1944. “Se creó el sujeto trabajador de la finca y la figura de mozo colono”. A su criterio el régimen implementado fue racista y excluyente.
“Durante la época liberal se establecieron leyes que obligaron al trabajo forzoso y que resultaron injustas”, añade Molina Calderón.
Por su parte, Ortega asegura que este tipo de políticas “no son responsabilidad del Gobierno Liberal, pues se trata de una herencia que viene de la conquista, no es invento de liberales o conservadores, es una escala social que se impone a partir de la colonia. Esto también fue un problema que tuvieron los originarios conquistados por naciones anglosajonas”.
Para Ortega, el gobierno liberal implementó un modelo económico que le permitió al país exportar a todo el mundo, pues antes solo era posible hacerlo a España o mediante esta nación. “El café fue un producto que se puso de moda, nos dio fortaleza económica para tener un Estado que pudo ponerse al día con las comunicaciones, surge el telégrafo, el tren, se impulsa la educación gratuita, obligatoria y laica como política pública”, dice.
La Constitución liberal separó la política de la Iglesia, definió al Estado como laico y a raíz de eso se realizaron una serie de expropiaciones a la Iglesia Católica.
“Los liberales mantienen el poder hasta 1944. Lo que ocurre es que se convierten en un liberalismo autoritario”, refiere Chaulón Vélez con Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico como máximos exponentes. El primero gobernó el país por 22 años (1898-1920).
“Historias de este gobierno hay muchísimas, incluso su mandato inspiro la obra literaria El Señor Presidente, escrita por Miguel Ángel Asturias”, refiere García Fong. Esa novela describe las dos décadas de represión y dictadura de aquel régimen.
Once años más tarde asumió Jorge Ubico, “es recordado por muchos como un dictador, aunque otros destacan el manejo que hizo del presupuesto, porque entregó cuentas claras y en su periodo se desarrolló mucha arquitectura civil”, refiere.
“Ubico suprimió las deudas de los campesinos, las anuló por decreto y obligó a los finqueros a pagarle a la población. Esto les da a las personas la capacidad de manejar su dinero y hace que la economía se recupere. Incluso de los efectos de la gran depresión mundial” -1929 y los 30-.
Las medidas respondieron al temor de un levantamiento popular, como el ocurrido en El Salvador en 1932. “No las toma porque haya sido buena gente, sino para evitar las sublevaciones que habían ocurrido en El Salvador cuando Maximiliano Hernández Martínez masacró a los indígenas para evitar levantamientos”, refiere Chajón.
Para Molina Calderón, Ubico ha sido el presidente que ha manejado el presupuesto de ingresos y egresos de mejor forma. “Logró detener el déficit fiscal para convertirlo en superávit durante la gran depresión”, refirió.
La Revolución
Ubico dejó el poder en julio de 1944 tras una serie de movilizaciones sociales, incluida la de los maestros el 25 de junio de ese año, día que murió la maestra María Chinchilla, razón por la cual se celebra el Día del Maestro en Guatemala. A raíz de la salida de Ubico, Francisco Ponce Vaides asumió provisionalmente la presidencia, pero es derrocado durante un movimiento cívico y militar conocido como la Revolución de Octubre.
Tras la convocatoria a elecciones y el triunfo de Juan José Arévalo Bermejo, Guatemala modificó su Constitución en 1945, instrumento considerado progresista para su época. Dicha Carta Magna incorpora por primera vez el voto de la mujer alfabeta y derechos de los indígenas. Además, contempla aspectos laborales, que sirvieron de sustento para elaborar el Código de Trabajo de 1946, en vigor.
Al gobierno de Arévalo le sucedió Jacobo Árbenz Guzmán, quien implementó una reforma agraria -Decreto 900- que impulsaba la expropiación de tierras ociosas, muchas en poder de la United Fruit Company (Ufco), compañía estadounidense dedicada a la producción bananera.
Esta medida fue la ruina del régimen revolucionario, pues propició una intervención auspiciada por el Gobierno de Estados Unidos, que acusó a Árbenz de comunista. En julio de 1954 las tropas del autodenominado Ejército de la Liberación Nacional, al frente de Carlos Castillo Armas, invadió el país y se dan por finalizados los 10 años del Gobierno de la Revolución, a los que se le atribuye la construcción de la carretera al Atlántico y la creación del Seguro Social, entre otras cosas.
“Árbenz seguramente no había leído Maquiavelo –Nicolás-. Él decía que alguien se puede pelear con todos, pero no al mismo tiempo, los propietarios de muchas fincas se unieron para expulsar con el apoyo de la CIA -Agencia Central de Inteligencia de EE. UU.- a Árbenz. Si la reforma agraria no hubiera tocado a la Ufco, hubiese tenido más posibilidades de éxito”, explica Chajón.
“La intervención de Estados Unidos la motiva un problema de carácter económico y de empresa. Los proyectos de Árbenz no eran comunistas. “La intervención no era necesaria. Vemos con tristeza que mediante una guerra psicológica se contrata a milicianos armados”, reconoce Ortega, quien asegura que el movimiento del 44 no era de izquierdas, pero que históricamente “estos grupos se lo han querido atribuir”.
La Contrarrevolución
Tras la caída del Gobierno de la Revolución se promulgan las constituciones de 1956 y 1965 que prohibían la ideología comunista y la formación de partidos con vinculaciones internacionales. Ricardo Saénz de Tejada, antropólogo e historiador, asegura que, a partir de 1963, tras el golpe de Estado de Enrique Peralta Azurdia aparece la figura “del alto mando militar lo que difiere con los regímenes liberales caracterizados por la figura del presidente”.
“De 1963 a 1982 son los altos mandos del Ejército los que asumen el control, ellos controlan qué partido político se puede legalizar para participar en elecciones, moldean de alguna manera los resultados electorales a partir de 1970. Establecen un acuerdo de facto para que el ministro de la Defensa del periodo anterior se convierta en el próximo presidente. Acá empieza a consumarse el fraude electoral con Kjell -Eugenio Laugerud- en 1974. El historiador Edgar Ruano Najarro define esta época como el generalato”, el que a su juicio se prolongó hasta 1982.
Ortega discrepa, pues a su juicio “por doctrina, un Gobierno militar se da cuando los militares salen de los cuarteles para fungir en la administración pública, pero en Guatemala fueron los políticos quienes buscaron a un general para ejercer el poder. Si revisa la conformación de los gabinetes de Gobierno de esa época encontrará con suerte a uno o dos militares en instituciones públicas”.
Camino a la democracia
Sáenz de Tejada explica que desde finales de los 70 hasta la primera parte de la de 1983 el país fue violentamente reprimido. Es en ese momento cuando se radicaliza la guerra de guerrillas, el asesinato de líderes sociales y opositores. Chajón considera que a partir de 1962 la insurgencia toma un tinte comunista, inspirada en el triunfo de la revolución cubana en 1959, lo que favorece una “cacería de brujas” a militantes de esta ideología.
Bajo el régimen de Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982 muchos opositores y estudiantes fueron asesinados. Entre las víctimas figuraron el exalcalde y político opositor Manuel Colom Argueta, el líder estudiantil Oliverio Castañeda y Alberto Fuentes Mohr, dirigente del Partido Socialista Democrático, entre otros.
Ortega refiere que sin Lucas grandes obras como la hidroeléctrica Chixoy, la Franja Transversal del Norte y el Puerto Quetzal no se hubieran desarrollado.
Durante el gobierno de Lucas se perpetró la quema de la Embajada de España, donde 37 personas murieron. Por este hecho fue señalado el otrora ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz, por quien pesa una orden de captura internacional y de quien se desconoce su paradero.
El 23 de marzo de 1983, Lucas García es depuesto y llega el general Efraín Ríos Montt, un polémico militar cuya condena de 80 años de prisión por genocidio emitida el 10 de mayo del 2013 fue anulada por la Corte de Constitucionalidad. Se le atribuye el exterminio sistemático de la población ixil en Quiché. Falleció el 1 de abril de 2018.
Ríos Montt fue derrocado el 8 de marzo de 1983 por Óscar Humberto Mejía Víctores, un general que inició la transición a la democracia. En su periodo se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para la promulgación de una nueva Constitución.
El 1 de julio de 1984 se convocó a la ciudadanía para elegir a los 88 miembros de la referida Asamblea y el 14 de enero de 1986 entró en vigor la Constitución actual.
Sobre esta Carta Magna descansa el actual sistema político. Buscaba un cese definitivo al fuego para caminar hacia un país más representativo, con enfoque de derechos humanos y protección de las garantías individuales.
La Constitución creó las figuras del procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, como garante del cumplimiento de la misma, y universalizó el sufragio para todos los mayores de 18 años, entre otros.
El 14 de enero de 1986 asume el primer presidente de la nueva era democrática: Marco Vinicio Cerezo Arévalo, quien ganó las elecciones con el partido Democracia Cristiana. García Fong refiere que en esta primera gestión se perdió “una valiosa oportunidad, pues de Cerezo se esperaba no solo el retorno a la democracia, sino mayor empoderamiento de la ciudadanía, formalmente lo primero se logró porque se concluyó un proceso de elecciones, pero los ciudadanos no se involucraron”.
Chajón coincide en que Cerezo no dio la talla pues en su gestión se ventilaron “escandalosos casos de corrupción” que le restaron legitimidad a su mandato y evitaron el impuso de reformas fiscales.
El 25 de mayo de 1993 el entonces presidente Jorge Serrano Elías suspendió la Constitución, pero fue restaurada el 5 de junio siguiente, lo que motivó su salida de la presidencia y su posterior exilio a Panamá.
Sáenz de Tejada recuerda que durante los primeros años de la democracia continuaron las operaciones contrainsurgentes de carácter militar y se dan desapariciones y asesinatos de figuras como Myrna Mack, antropóloga y activista social, y monseñor Juan José Gerardi.
Se cree que este asesinato estuvo directamente vinculado con el involucramiento de Gerardi en el proyecto de investigación de la Recuperación de la Memoria Histórica que describía las atrocidades de la guerra y responsabilizaba mayoritariamente al Ejército.
Ortega considera que el documento está sesgado. “Los informes fueron parciales, no se escuchó a la otra parte. Los abusos de la guerrilla nunca salieron a la luz. Hubo una manipulación detrás de todo eso, porque el único obstáculo que tuvo la guerrilla para llegar al poder fue el Ejército, entonces por eso se convirtió en objetivo estratégico”, comenta.
El 29 de diciembre de 1996, en el gobierno de Álvaro Arzú, se firma la paz en Guatemala. Chajón indica que el definitivo cese al fuego se enmarca en la caída internacional de los precios del café y de una contracción de la economía nacional. Asegura que había presión internacional. “O se firma la paz o no hay ayuda económica. En enero de 1997 empieza a venir el dinero para organizaciones no gubernamentales, para la cooperación, préstamos y después se vienen las privatizaciones de Guatel y la Empresa Eléctrica”.
García Fong encuentra en este momento histórico otra oportunidad perdida. “El gobierno de Arzú tuvo la oportunidad de retomar el camino a la democracia, el país tuvo los ojos del mundo cooperante puestos, se implementaron proyectos y programas de asistencia técnica, pero pasaron los años y el sueño de la paz se volvió a desvanecer”, anota.
En diciembre de 2006 se firma un convenio con las Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. El objetivo de esa entidad era coadyuvar a la persecución de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. “La presencia de este organismo fue importante para empezar a retomar el rumbo de la democracia, pero ya sabemos cómo terminó la cosa”, lamentó García Fong.
¿Cómo reformar el sistema político?
Los analistas consultados consideran que el actual sistema es político partidista y funciona mediante acuerdos entre los partidos y algunas élites económicas que responden a los intereses de los financistas y no a los de la población.
Sáenz de Tejada refiere que este modelo está capturado por estructuras criminales y que la ley electoral “no garantiza una participación igualitaria ni competencia”. Ve necesario “prohibir el financiamiento político privado, pues el coste es mucho más alto”, indica.
“La única forma de contrarrestar esa cooptación es con una refundación del Estado, lo que implica cambiar la Constitución, la ley electoral y retomar una reforma educativa”, añade García Fong, quien considera que el sistema actual responde a intereses particulares de la clase política y de algunos sectores de la clase económica, porque hay empresarios con vocación democrática”.
En ese contexto el especialista ve que la gobernabilidad atraviesa por una crisis de “legitimidad en el ejercicio del poder”, pero indica que esta se gana y no la pueden dar las leyes. Solo es posible cuando las autoridades se apegan a conductas enmarcadas en la legalidad”.
Sáenz de Tejada ve la necesidad de construir una ruta democrática que permita hacer los cambios necesarios, cita el ejemplo chileno que convocó a una Asamblea Nacional Constituyente de forma democrática con la participación de los pueblos indígenas y todos los actores.
No obstante, García Fong cree que ese análisis y esa ruta representan un “riesgo muy alto en la actual coyuntura” debido a que “el perfil de los actuales congresistas, salvo excepciones, no es el idóneo para abordar este tema”.
Chaulón Vélez afirma que es imperativo reformar la Constitución y establecer una Asamblea Nacional Constituyente popular y plurinacional. “Este modelo de Estado entró en una crisis imparable, está podrido, no es paritario desde las perspectivas de género, étnicas y de clases. Hay que plantear un proceso de articulación que venga de los movimientos sociales, populares, campesinos e indígenas organizados”, puntualizó.
Ortega difiere. “Estamos en un proceso de madurez. Tenemos apenas 200 años de vida independiente, no podemos compararnos con Francia, Dinamarca o Suecia. Somos un país joven que necesita fortalecer su parte política. A la Constitución no hay que cambiarla, hay que conocerla y utilizarla en buena lid, asumiendo derechos y obligaciones”.
