La estrategia se ha vuelto recurrente, al grado que distintos líderes de opinión se han visto en la necesidad de recordarle a políticos que el Estado no promociona ningún credo en particular, pues convenios internacionales establecen la libertad de conciencia y de religión.
Aunque la Constitución Política de la República de Guatemala no afirma en ninguna parte que el Estado es laico, el artículo 36 sí reconoce el derecho de toda persona a practicar cualquier religión o creencia sin más límite que el orden público y el respeto a otras creencias.
Lo anterior significa en Guatemala no hay una religión oficial y, por lo tanto, no debería promoverse ninguna por parte de funcionarios en el ejercicio de su cargo, afirman expertos.
No obstante, en los últimos meses cada vez se ha vuelto más recurrente observar a servidores públicos que participan en campañas religiosas y las promueven en las redes sociales institucionales. También se ha visto cómo autoridades de gobierno o congresistas aluden a Dios en sus discursos y se excusan con el hecho que Guatemala es un país donde predomina la población creyente.
No obstante, según profesionales del derecho, el promover un credo por encima de otro podría vulnerar la libertad de las personas que no lo profesan.
