El veredicto de culpabilidad emitido el martes contra la madre de un adolescente de Míchigan que asesinó a cuatro estudiantes en 2021 en el tiroteo escolar más mortífero del estado probablemente tenga repercusiones en el panorama legal del país a medida que los fiscales evalúan una nueva forma de buscar justicia en tiroteos masivos.
Pero, a decir de los expertos legales, no hay que esperar una ola de casos similares.
“He escuchado a muchas personas decir que piensan que un veredicto de culpabilidad en este caso abrirá las compuertas para este tipo de procesos en el futuro”, dijo Eve Brensike Primus, profesora de derecho en la Universidad de Míchigan. “Para ser sincera, no estoy convencida de que eso sea cierto”.
Eso se debe a que los fiscales en Míchigan tenían pruebas especialmente convincentes contra la madre, Jennifer Crumbley, entre ellas mensajes de texto y los relatos de una reunión con funcionarios escolares solo horas antes del tiroteo en la Oxford High School el 30 de noviembre de 2021 y que los jurados sintieron que probaban que ella debía haber conocido el estado mental de su hijo, Ethan Crumbley, que tenía 15 años en ese momento.
Ethan se declaró culpable en 2022 y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Crumbley fue condenada por cuatro cargos de homicidio involuntario, uno por cada estudiante que su hijo mató. Enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión y la sentencia está programada para el 9 de abril.
El esposo de Crumbley, James Crumbley, de 47 años, será juzgado por separado en marzo.
“¿Es posible que más fiscales presenten cargos, animados por este tipo de fallo y el veredicto?”, preguntó Primus. “Seguro. ¿Creo que tendrán éxito en todo el país logrando que los cargos se sostengan si no cuentan con los hechos requeridos que puedan demostrar conocimiento real? No”.
Sin embargo, Primus y otros juristas que han seguido el caso dicen que el éxito del juicio de Crumbley, de 45 años, proporciona una plantilla para que los fiscales de todo el país procesen casos similares.
“Creo que, de muchas maneras, este caso ciertamente hará que los fiscales vean su trabajo un poco diferente cuando se trata de padres que son negligentes, en términos de cómo manejan las armas en el hogar, poniendo armas a disposición de sus hijos”, dijo George Gascón, el fiscal de distrito de Los Ángeles.
El tema de la responsabilidad parental por los delitos de los hijos es algo que Gascón ha considerado anteriormente, con un caso reciente que involucraba a un menor acusado de homicidio vehicular.
“Consideré con mucha fuerza la necesidad de ir tras el padre” dijo. “Al final me aconsejaron en contra y no lo hicimos. Hubiera sido muy novedoso. Pensé que había mucha responsabilidad parental allí”.
Tras tiroteos masivos perpetrados por adolescentes y adultos jóvenes, el escrutinio a menudo cae sobre los padres, tanto para evaluar las circunstancias específicas del crimen como para aprender algo capaz de prevenir el próximo tiroteo en algún lugar de Estados Unidos.
“La discusión ha sido, ¿qué podemos hacer al respecto?”, dijo Lewis Langham Jr., profesor emérito en la Escuela de Derecho Cooley en Lansing, Míchigan. “Los padres deberían haber hecho algo. Pero nunca llegó al punto en que los padres fueran realmente acusados y ahora condenados, al menos uno de los padres aquí en Míchigan. Esa es la singularidad del caso”.
Los expertos prevén que los fiscales de todo el país considerarán presentar cargos similares en tiroteos masivos. Pero algunos dijeron que también estaban preocupados de que la táctica pudiera aplicarse a muchas otras circunstancias y, en el proceso, se profundicen las disparidades raciales en el sistema de justicia penal.
Evan Bernick, profesor de derecho en la Universidad Northern Illinois, dijo que el caso Crumbley era “horroroso”. Pero agregó: “Nadie que esté seriamente interesado en reducir la encarcelación masiva debería celebrar ninguna ampliación de la responsabilidad penal, y mucho menos una que facilita a los fiscales poner a los padres en prisión por los delitos de sus hijos”.
Bernick se refirió a ejemplos pasados donde la vigilancia dirigida a los padres resultó en desigualdades raciales, como con las leyes de inasistencia escolar, que permitían a los fiscales enjuiciar a los padres por las ausencias escolares de sus hijos. Ahora se preocupa por riesgos mayores a raíz del caso Crumbley.
“Si tenemos chicos que están en riesgo de caer en la actividad de pandillas y sus padres simplemente no vieron las señales y algo terrible sucede, no creo que podamos confiar en las restricciones de los fiscales para mantener el límite solo en situaciones tan horribles como esta”, dijo Bernick.
Los expertos legales también dicen que les preocupa que el caso se convierta en un modo para que los fiscales obliguen a los padres a aceptar acuerdos de culpabilidad, lejos de la atención nacional que suscitó el caso Crumbley.
“Contar con esta herramienta como forma de amenazar, advertir, coaccionar o empujar a los padres a aceptar acuerdos de culpabilidad, como ocurre con gran parte del derecho penal, me temo que va a consumir vidas bastante fuera de la vista”, dijo Ekow Yankah, profesor de derecho en la Universidad de Míchigan.
Añadió que el caso Crumbley trastocó uno de los principios más básicos del derecho penal que enseña a sus estudiantes de primer año: “Uno no es responsable por las acciones de otro”.
El juicio, sus implicaciones para la ley y la decisión del jurado, suscitaron sesudas conversaciones entre los colegas de Yankah en las últimas semanas.
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“Para ser sinceros, estábamos divididos”, dijo. “Algunas personas pensaban que sí, otras que no. Intelectualmente pensé que podría ir en cualquier dirección. Pero voy a reconocer, aunque lo diga, que cuando vi que a ella de verdad le dieron un veredicto de culpabilidad, la primera palabra que salió de mi boca fue, ‘Guau’”.
