Se conducía en una camioneta tipo agrícola a lo largo de la Avenida Hincapié. De repente, en un sector cercano a la colonia Santa Fe, zona 13, un grupo armado lo emboscó y empezó una terrible balacera.

Ese 31 de diciembre de 1977 murieron sus dos guardaespaldas —Toribio Canahuí Pérez y Carlos Humberto Castañeda Burgos—.

¿El móvil del ataque? Secuestrar a don Roberto, quien fue diputado constituyente y, durante el Gobierno de Carlos Arana Osorio, vicepresidente del Consejo de Estado, miembro de la Comisión Nacional de Asuntos de Belice, canciller y ministro de Gobernación.

Al poco tiempo se supo que el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) se lo había llevado.

Los medios de comunicación de esa época hicieron eco a la noticia. “Facciosos plagiaron al Dr. Roberto Herrera I.”, tituló en su portada Prensa Libre el 4 de enero de 1978 —hasta esos días se reanudaron las actividades de la Redacción de este periódico, tras el receso de fin de año—.

Herrera Ibargüen, aparte de haber sido un prominente terrateniente y dueño de exitosas empresas —el ingenio Pantaleón entre ellas—, también fue un político activo.

Cuando fue ministro de Relaciones Exteriores estuvo involucrado en las negociaciones para resolver el problema de Belice. Uno de sus discursos inolvidables fue el que pronunció el 30 de septiembre de 1971 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dijo: “(…) El Parlamento Centroamericano declaró que el territorio de Belice, histórica y geográficamente, es parte integrante de Guatemala (…) Se insta a los gobiernos a que se nieguen a reconocer cualquier estatus jurídico-político de Belice, mientras no se resuelva dicha reclamación”.

Pero eso no tenía nada que ver con su secuestro. Los motivos, eso sí, fueron multicausales.

Guatemala, en esa época, estaba sumida en un fuerte deterioro económico, lo cual redundó en más pobreza y marginación. Además, apenas estaba saliendo de la destrucción ocasionada por el terremoto de 1976.

Todo esto lo aprovechó la guerrilla para desarrollar propaganda armada. A la vez, reinició la práctica del secuestro para canjear a sus víctimas y para obtener dinero. Tales acciones iban dirigidas contra los que ellos denominaban “burgueses burocráticos”. De esa cuenta, Roberto Herrera Ibargüen se convirtió en un blanco.

Mediante un boletín, el EGP se atribuyó el secuestro del empresario y también se adjudicó la muerte de Luis Canella, otro prominente industrial.

Para que Herrera Ibargüen no corriera con la misma suerte, el EGP formuló varias exigencias, entre ellas que la familia, mediante campos pagados, publicara el boletín que ellos habían redactado. Además, exigían que se les pagara una cuantiosa suma de dinero —entre Q2 millones y Q3.5 millones; en esos días, el quetzal estaba equiparado al dólar estadounidense—.

El EGP, a través de su boletín, acusaba a Herrera Ibargüen de ser uno de los creadores del escuadrón de la muerte y de ser responsable del asesinato y lanzamiento al mar de nueve dirigentes revolucionarios en 1972, así como de reprimir la huelga magisterial en 1973 y de efectuar cuatro mil capturas. Sin embargo, jamás presentaron pruebas.

Herrera Ibargüen junto a su esposa, Carol Cole, en una imagen de 1977 (Foto Hemeroteca PL).

El 17 de enero de 1978, las autoridades efectuaron un operativo para buscar al empresario, entre San Bernardino y Mazatenango, Suchitepéquez. Las fuerzas de seguridad y la guerrilla se enfrentaron a tiros. Varios guerrilleros quedaron heridos, entre ellos el comandante Genaro, quien fue capturado y atendido en un hospital.

El EGP aprovechó que tenía a Herrera Ibargüen para añadir una exigencia más: que liberaran a ese faccioso y que lo entregaran a Costa Rica, a lo cual se accedió.

“Los argumentos de carácter político vertidos por la dirigencia del EGP, no justifican de ninguna manera estos crímenes contra la vida y la libertad de las personas”, consigna el documento Guatemala Memoria del Silencio, del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Liberación

Las exigencias del EGP fueron cumplidas, por lo cual, la mañana del 30 de enero de 1978, tras permanecer un mes secuestrado, se le liberó en el km 70 de la carretera Interamericana, en Patzicía, Chimaltenango. Una ambulancia de la Cruz Roja Guatemalteca lo condujo hasta la capital.

Unos días después dio declaraciones a la Prensa. Dijo que conversó con sus captores pocas veces y que en cierta ocasión le expresaron que “estaban en contra del régimen” de esa época y que “buscaban destruir las estructuras sociales para establecer una similar a la de Vietnam”. Agregaron que “estaban en contra del gobierno, de la burguesía, del Ejército y de todos los sistemas del país”.

Sobre eso, Herrera Ibargüen expresó que el EGP tenía una filosofía nihilista —que niega todo principio religioso, político y social—.

Después de aquel lamentable suceso, este ínclito guatemalteco continuó con sus actividades empresariales y políticas —aunque en esto último cada vez menos, pero siempre demostrándose comprometido con su patria—.

Murió el 2 de enero del 2015, a los 93 años. Quienes lo conocieron afirman que su carrera política la pasó sin una sola mancha.

• Condecoración. El 25 de marzo de este año, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), instituyó la orden empresarial “Roberto Herrera Ibargüen”, en memoria de ese “guatemalteco ejemplar y hombre de Estado, que puso en alto el nombre del país”, según se lee en un comunicado de esa institución.