Guatemala tiene un potencial en el desarrollo de proyectos bajo la sombra de alianzas publico privada (APP), pero una de las desventajas es que no se cuentan con la experiencia y la falta de certeza jurídica para poder implementar estos programas económicos.

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Esta fue una de las reflexiones que abordó el ministro de Finanzas, Víctor Manuel Martínez, con empresarios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), que expuso los programas de inversión en infraestructura previsto en el proyecto del presupuesto 2020.

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El funcionario reiteró que el portafolio de inversión en APP es de unos US$1 mil 500 millones (unos Q11 mil 600 millones), que ya están identificados, pero por ley, es el Congreso que deberá de ratificarlos.

En el proyecto del presupuesto se encuentra un capítulo definido que aborda seis obras.

Hay interés, pero con dudas

Los participantes mostraron interés en los programas presentados y que existen oportunidades en el área de infraestructura, sobre todo porque se identificó que existe déficit, pero a la vez necesidades, es un apalancamiento productivo del país y puede convertirse en un compensador social sobre todo en la generación de empleo.

Fernando López, directivo de Fundesa, afirmó que se necesitan dos elementos importantes para activar estos proyectos APP: generar un mejor clima de inversión y certeza jurídica para los inversionistas.

“Cuando uno revisa los potenciales de rendimientos para las inversiones a escala global son relativamente bajos y en ese sentido puede significar para el país atraer capitales, siempre y cuando exista certeza”, aseguró el directivo.

Lamentó que no exista un “buen historial” en el tema, pero se debe recuperar la confianza a los inversionistas tanto extranjeros como locales, y garantizar que la formación del capital bruto pase del 11% al 25%, que puede ser por medio de la inversión.

La importancia de la formación del capital bruto dijo López, es que la economía nacional está dependiendo del envío de las remesas familiares, y que estas sostienen el consumo en la economía.

“Hay proyectos de inversión grandes, que van a tener efectos importantes en la economía, pero es una tarea pendiente”, aseguró el directivo de Fundesa.

Sin historial

López afirmó que, en Guatemala, aún no se ha aprobado un solo proyecto de APP (a pesar de que ya existe uno que está pendiente de aprobación en Congreso) y mientras no exista un ejemplo de éxito “estará difícil” vender los demás proyectos de infraestructura.

“Guatemala no tiene historial de APP y los inversionistas preguntan “¿qué han hecho?”, “¿qué han realizado?, y la respuesta es “nada”, porque está sujeto a una aprobación”, aseguró.

El proyecto que esta pendiente de su aprobación (por ley) es la autopista de Escuintla hacia Puerto Quetzal, y según el directivo, es el único que está “a la mano”.

Cambio de modalidad

El ministro Martínez, confirmó que a raíz de la experiencia del proyecto de APP que fue presentado en agosto del 2018, decidieron hacer un cambio en la metodología para los proyectos.

Se ha discutido que en el caso de los proyectos de alianza público-privada se aprueben por el Congreso y luego se realicen las licitaciones, para que el proceso sea más expedito.

“En un consenso político ahora se cambiará la metodología y determinar qué proyectos aprueba el Legislativo y luego se hace la licitación”, afirmó el ministro.

El viceministro Kildare Enríquez dijo que también se analizará hacer modificaciones a la ley de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), para incluir una estructuración de financiamiento que no está bien desarrollada y solo cuenta con un fondo de inversión.

La ley solo está brindando una estructuración financiera de los proyectos, pero se deben estructurar, licitar y lo conveniente es que cuenten con su propio financiamiento.

Dijo que, dependiendo la estructuración del proyecto, el Estado también puede participar aportando capital y cuando se licite y adjudiquen las bases del contrato estarán las especificaciones para conocer cuales serán las participaciones del Estado.

Citó como ejemplo que el proyecto del Centro de Administrativo del Estado (CAE) no cuenta con una participación inicial y se financiará por el pago de obras, pero todo dependerá como quedará el contrato.

Enríquez afirmó que en su momento se plantearán esos cambios a ley de Anadie, que va a requerir ajustes con el avance de su ejecución.

El viceministro añadió que las principales dudas que tienen los diputados sobre los proyectos de APP son sobre su conocimiento, cómo funciona cada uno, la definición y su funcionamiento.

Lecciones aprendidas

Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, hay una curva de aprendizaje con la primera APP, y afirmó que hay hacer mejoras al sistema actual.

Indicó que algunas de las desventajas son que cada proyecto de APP debe ir al Congreso cuando ya fue adjudicado, lo cual podría fomentar actos de corrupción.

El segundo aspecto es no que existe capacidad para tener propuestas solicitadas, y el tercer punto apunta a la mezcla de bienes públicos de uso común con servicios, lo cual complica la priorización de proyectos.

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Las propuestas de mejora son la aprobación de la iniciativa de Ley General de Infraestructura Vial; el punto dos es que el Congreso apruebe previamente los proyectos planteados por Anadie antes de licitar y finalmente generar un marco de jurisdicción que fortalezca a la autoridad metropolitana.

Cartera de proyectos

Los proyectos planteados en el proyecto del presupuesto 2020 son: el metro riel, modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora, el Sistema de Transporte Público Masivo, Centro Administrativo del Estado. También, Vía Exprés Nororiente y el Puerto Intermodal Tecún Umán II en San Marcos.

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“Queremos dar la más cordial bienvenida a nuestros nuevos clientes, comerciantes y microempresarios, por lo que ponemos a su disposición para consultas o dudas, la red de agencias, o el PBX 2420 5555”, agrega el desplegado.

Esta es la primera adquisición que se realiza en el sistema financiero por parte de las entidades financieras en Guatemala.

Por el momento se desconocen los detalles de la transacción.

Las microfinanzas es una división especializada en el fomento de la pequeña y mediana empresa.

La adquisición de la cartera es un proceso que está regulado en la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Según la Ley, las entidades deberán de informar de la adquisición a la Superintendencia de Bancos (SIB).

Nuevo enfoque de trabajo

El 3 de enero pasado Prensa Libre informó que la división de microfinanzas del banco G&T Continental sería la primera tarea de reorganización profunda por parte de la nueva administración gerencial de la institución.

“Queremos hacerla más eficiente y rentable, y estamos trabajando en esos lineamientos”, señaló en esa ocasión Enrique Rodríguez Mahr, gerente general del banco G&T Continental.

El ejecutivo confirmó que la cartera ha despertado el interés de otros grupos financieros en adquirirla, pero en ese entonces seguirán atendiéndola con normalidad.

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La cartera de microfinanzas, en enero alcanzaba unos Q400 millones en colocaciones.

Rodríguez Marh comentó que ahora ofrecen un enfoque distinto.

La estrategia del banco G&T Continental este año es competir en el segmento de consumo personal y se implementarán nuevas estrategias para desarrollar ese segmento de mercado.

“Somos un banco corporativo que ahora también quiere incursionar en el segmento de consumo individual —de una forma— más fuerte”, afirmó.

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Esto significa que los bancos y financieras deberán mantener control sobre activos y pasivos.

El indicador, según la resolución 113-2015, no deberá ser mayor del 40% en moneda extranjera, y cuando sea positiva no deberá pasar del 10%, según el método de cálculo.

En la actualidad, los rubros eran de 50% y 15%, respectivamente.

Los rubros incluyen los activos netos con el total de las obligaciones de los bancos y entidades financieras, compromisos futuros y contingencias del patrimonio computable.

Eso significa que la Superintendencia de Bancos (SIB) ejercerá un mayor control sobre el patrimonio de los bancos y entidades financieras del sistema nacional.

La resolución entrará en vigencia el 1 de julio del próximo año, confirmó la SIB.