Nineth Montenegro, jefa da la bancada EG, realizó este jueves la presentación de la ejecución presupuestaria y en uno de los apartados se refirió a las compras que realizó el Gobierno por el estado de Calamidad decretado por la emergencia en el Volcán de Fuego.

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Montenegro señaló que la auditoria que realizaron lograron determinar que el Fondo de Desarrollo Social (Fodes), adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), adjudicó 22 eventos que suman poco más de Q36 millones.

La congresista señaló que ninguno de estos eventos tiene contrato ni fianzas “solamente tiene una aprobación de la oferta, documento o procedimiento que no existe en la Ley de Contrataciones”.

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Señaló que no hay claridad sobre quienes serán los beneficiados por esas compras y “puede existir sobrevaloración” esta conclusión se llegó debido a que la bancada hizo un cruce de datos de los productos adquiridos.

Los productos que pueden tener alguna sobrevaloración son el piedrín que fue adjudicado a Q265 el metro cúbico y el precio de referencia de la cámara de la construcción es de Q200, la arena de río fue adjudicada a Q120 el metro cúbico y el precio de referencias es Q100.20.

Otros productos con sobrevaloración podrían ser las láminas acanaladas que tienen fueron adquiridas a Q125 cada una y el precio de referencia es de Q115, las costaneras fueron compradas a Q125 la unidad y el precio de referencia es de Q95 cada una.

Montenegro señaló que además los precios consultados en otras ferreterías dan cuenta que pudo haber existido más ahorro en las compras por lo que estiman que en el piedrín hay una sobrevaloración de Q1 millón; arena de río; Q683 mil; láminas, Q503 mil y costaneras, Q261 mil, lo que junto suma más de Q2 millones 447 mil.

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La congresista indicó que es urgente que la Contraloría General de Cuentas verifique las compras realizadas por todas las entidades del Estado, pero principalmente por las del Fodes y no descartó que pueda interponer alguna acción penal más adelante.

Otros puntos

Los parlamentarios de EG también señalaron que durante el periodo de estado de Calamidad se anularon 82 eventos “por falta de transparencia, porque no se ajusta a la calamidad, por ineficiencia en bases o en procesos administrativos”.

#BancadaEG realiza conferencia sobre la Ejecución presupuestaria 2018.@NineMontenegro@doriantaracena pic.twitter.com/S8B2fz2Hj8

— Encuentro por Guate (@EncuentroGuate) July 19, 2018

La entidad que más eventos anuló fue el Ministerio de Salud con 25; seguido de la cartera de Agricultura, 22 y el de Desarrollo Social con 19.

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Resalta un evento de la  Municipalidad de Escuintla que buscaba bajo la figura de calamidad construir tres canchas sintéticas que no tienen nada que ver con la emergencia.

Por último indicaron que hasta el 12 de julio, se tiene asignados Q387.5 millones para atender el estado de Calamidad Pública, pero que al Ministerio de Salud no se le ha asignado presupuesto aún.

Mientras que el Ministerio de Comunicaciones ha adjudicado eventos por Q558.9 millones pero solo tiene presupuesto de Q255.4 millones,  por lo que probablemente solicitará un aumento presupuestrio de Q303.4 millones o hará transferencias internas.

Sin postura

Prensa Libre consultó al ministro de Desarrollo Social Carlos Vásquez Monge, para obtener una versión sobre el señalamiento en contra del Fodes.

El ministro respondió al mensaje e indicó que quien debía responder sobre el señalamiento era “el director del Fodes”; sin embargo, en este momento no hay director por lo que Velásquez Monge dijo que quien debería responder es el subdirector administrativo.

Se buscó tener comunicación con el encargado interino del Fodes, pero la Dirección de Comunicación Social del Mides informó que: “Aún no hay nombramiento oficial de autoridad en Fodes, para emitir una postura al respecto”.

El miércoles pasado trascendió que Luis Gabriel Calderón fue destituido como director del Fodes por razones administrativas. Hasta el momento no hay información de quién será el sustituto de Calderón.

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Primero porque ha tenido problemas en los procesos de compra y segundo porque las autoridades ejecutivas aún no han trasladado los fondos que el Congreso autorizó para la institución.
 

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El ministro explicó que lo que procede es que las instituciones hagan una planificación especificando a que renglones presupuestarios asignarán el dinero y posteriormente la cartera de Finanzas hará los trámites para trasladar el dinero.
 
“El Insivumeh tiene que hacer su formulación ante el Ministerio de Comunicaciones, el ministerio lo traslada a Finanzas y esta carretera publicará un acuerdo gubernativo ampliando el presupuesto de las instituciones”, señaló el ministro.
 
Estrada agregó que hoy enviaron unas cartas a las instituciones que fueron beneficiadas con la ampliación para aclararles cómo será el proceso.

Eventos fallidos

En el portal guatecompras.gt hay dos concursos para la adquisición por lotes de equipo meteorológico, sismológico e hidrológico para el fortalecimiento del Insivumeh para cubrir la emergencia del Volcán de Fuego.
 
Lo que buscaba adquirir el Instituto son dos cámaras térmicas fijas, una cámara de video a control remoto, una estación sísmica de banda ancha con infrasonido, una estación meteorológica y otra hidrológica, ambas automáticas, ambos eventos fueron prescindidos.

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El primero con el  Número de Operación Guatecompras (NOG) 8440042, se anuló el 28 de junio pasado debido a que al momento de crear el evento el sistema “no reconoció la asociación del evento al Estado de Calamidad”.
 
Mientras que el evento con NOG 8450684, entraron a concursar dos instituciones Corporación Radio Electrónica, Sociedad Anónima y Laboratorio de Comunicaciones, Sociedad Anónima, pero este también fue anulado el 2 de julio último porque no se cumplió con “los requisitos fundamentales establecidos en las bases de licitación”.
 
En guatecompras.gt no figura otro evento para la compra de equipo técnico para monitorear el Volcán de Fuego.

Difícil proceso

Gustavo Chigna, de la sección de Vulcanología del Insivumeh, explicó que a largo plazo el Insivumeh buscará adquirir estaciones sísmicas de banda ancha, cámaras infrarrojas, detectores de gases volcánicas y estaciones pluviométricas.

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El experto indicó que en este momento no es posible dar el número preciso de equipo que se necesitará adquirir para el monitoreo del volcán debido a que se realizan análisis pues necesitan ubicar los mejores sitios para colocar el equipo.
 
“Uno tendría que ser en el área de la barranca de las Lajas, otro podría ser en la comunidad Sangre de Cristo, La trinidad y Rochela”, indicó Chigna.
 
El experto indicó que no hay un tiempo específico para poner a funcionar el equipo ya que esto depende de las compras.
 
“Teniendo el equipo nosotros lo instalaríamos, pero esto va a tardar. Tengo entendido que esto podría tardar incluso meses ya que el equipo tiene que ser importado de Estados Unidos porque en el mercado local no hay”, señaló.

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De acuerdo con el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras), desde el 14 de enero del 2012 hasta mediados del presente mes, el Gobierno ha hecho compras con 12 submodalidades por excepción, y el renglón de supuesta “necesidad y urgencia” ha sido la más utilizada.

Los estados de Calamidad por diversos motivos fueron prorrogados constantemente, lo que permitió hacer más compras por excepción.

En una revisión a las adquisiciones hechas en los últimos años son notorias otras irregularidades. En la categoría de “sin submodalidad” aparecen desde contratación de abogados, arrendamiento de inmuebles y compra de artículos de limpieza, hasta adquisición de cupones de combustible y supervisión de obras del Ministerio de Comunicaciones, cuando esas compras tienen sus propios rubros.

En este año en la submodalidad de “Protección del territorio nacional” aparece la adjudicación por Q120 mil por “servicios técnicos profesionales en la asesoría para la oficina de comunicación social de la Dirección General de Migración”, cuando este tipo de contrataciones se ubican en “servicios profesionales individuales”.

El exceso de compras por excepción junto con ampliación de estados de calamidad.

La sobrevaloración en adquisición de insumos y contratación de servicios.

Recientemente se descubrió un fraude en la PNC, en el que dinero para remodelar comisarías fue desviado.

Imperio de dudas

Los más de Q4 mil    251 millones son solo de compras por excepción y se desconoce la cuantificación total de los contratos dudosos y compras sobrevaloradas.

Por aparte está pendiente de establecerse las “cifras de la corrupción” por los casos revelados este año por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP).

Una de las instituciones donde más se dieron las dudas por adquisiciones es Gobernación, que gastó en remodelación de prisiones y compra de cámaras.

Asimismo, el Colegio de Ingenieros de Guatemala expresó dudas por la discrecionalidad con que se otorgaron más de 60 contratos para la supervisión de mantenimiento de rutas.

La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) también efectuó compras fraccionadas de bienes y servicios por montos millonarios.

De acuerdo con Óscar Vásquez, director de Acción Ciudadana, “no hay nada en lo que pueda destacar en transparencia este gobierno”.

Por el contrario, el experto en asuntos de transparencia afirmó que después de la actual administración habrá que “reconstruir las instituciones del Estado”, porque es como que se hubiera dado un “tsunami político, porque destrozaron todo”.

Vásquez propone que entre todos los sectores de la sociedad civil y los organismos Legislativo y Ejecutivo se diseñe una estrategia anticorrupción que permita rescatar las instituciones de la crisis en que están sumergidas.

Hay mecanismos

El portavoz del presidente, Jorge Antonio Ortega, aseguró que el Gobierno ha implementado acciones para combatir la corrupción, como la creación de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret).

Según el portal web de la Copret, esa comisión ha recibido 619 reclamos, entre quejas, denuncias e inconformidades.

Además, hizo ver que el mecanismo de excepción se contempla en la ley.

Ante el señalamiento de algunos analistas de que las dudas y corrupción de esta administración “superaron” a las del gobierno de Alfonso Portillo, Ortega dijo que no se ha hecho una evaluación cuantitativa, pero que el Gobierno ha tenido mayor apertura para que se den a conocer estos casos y se denuncien.

“Hay cursos de capacitación a todos los empleados públicos en la Contraloría General de Cuentas con relación al manejo de las partidas. Muchas denuncias en las alcaldías son por malversación, porque los recursos de una partida se usan para otra cosa”, refirió Ortega.

Pese a que en otras ocasiones se negó utilizar el proceso de excepción para adquirir insumos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), solicitó la asesoría de Contraloría General de Cuentas, Acción Ciudadana y la Universidad Rafael Landívar para esa compra.

Además, se conoce que los magistrados analizan los servicios que ofrece una empresa de impresiones con alta tecnología.

Oferta

El magistrado Mario Aguilar Elizardi explicó: “Para elaborar la boleta hay dos procedimientos: la adquisición de papel y la impresión de las boletas. El valor de esos dos procesos es de Q21 millones. Otra empresa ofrece la importación del papel y hace la impresión, lo que sale en Q16 millones, y se haría un ahorro de Q5 millones”.

“Se efectuaría una compra por excepción, y es el nombre que debe usarse porque excepcionalmente se puede hacer, y no ordinario, como se ha hecho. El Tribunal no ha realizado ninguna compra por excepción, y es la primera que estamos evaluando realizar, por el ahorro que representa al TSE”, señaló.

Adjudicación

Pese a que Elizardi afirmó que el TSE analizaba adquirir los servicios de impresión y papel con una compañía, ayer por la tarde, en el portal Guatecompras, se adjudicó la impresión de 49 millones 200 mil boletas de votaciones a cinco empresas, por un monto total de Q9 millones 307 mil 843.

Debido a la premura el pleno analizar comprar el papel con el que se elaborarán 49 millones de papeletas con las que se elegirán al presidente y vicepresidente, diputados al Congreso y Parlamento Centroamericano y corporaciones municipales para el periodo 2016-2020.

Este lunes los magistrados se reunieron representantes de Acción Ciudadana, Universidad Rafael Landívar y la Contraloría General de Cuentas, a quienes se les explicó que mantienen en análisis la compra del papel por excepción.

Los expertos recomendaron al pleno que sí realizan este tipo de compra verifiquen el historial fiscal de las empresas, tanto en el país como en los países de la región para evitar señalamientos en el futuro.

La Contraloría de Cuentas recomendó al Tribunal que las compras por excepción no se conviertan en algo constante y normal y que sean efectivamente una excepción a la regla.

En la citación Carlos Lainfiesta, interventor de la EPQ, negó haber realizado las compras y afirmó que han utilizado la Ley de Contrataciones para todos los procesos de compra y contrataciones.

Roberto Alejos, diputado de Todos, dijo que han recibido varias denuncias sobre el uso indebido de los estados de calamidad para las compras.

Empero Lainfiesta respondió que ambos acuerdos están delimitados geográficamente por lo que no era imposible que esa instancia pudiera utilizarlos como mecanismo para compras.