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Usac comienza procesos de renovación del poder

La elección estaría dominada por el actual decano, Henry Arriaga. La Usac sigue sin lanzar las convocatorias para la renovación de 36 puestos en el Consejo Superior Universitario.

Evelyn Boche Ventura

2 de diciembre de 2024

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05:00h

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En el recorrido estaban los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Usac. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac ha convocado a la elección de cuerpos electorales y decano, un cargo que ocupa Henrry Arriaga y cuyo mandato finaliza el 30 de junio del 2025. Arriaga se ha mostrado afín a Wálter Mazariegos, el rector electo mediante un proceso señalado de vicios, como la candidatura única y la participación exclusiva de sus electores.

En los corrillos de la facultad se menciona que Arriaga podría postularse como candidato único para ocupar la decanatura.

El llamado a la integración de dos de los tres cuerpos electorales y la elección del decano ocurre en respuesta a los amparos provisionales requeridos por Baudilio García y Mario Farfán, de acuerdo con el acta de la sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) del 26 de septiembre.

La convocatoria de Derecho ocurre en un panorama de acciones legales que demandan la renovación de 37 representaciones de dicho consejo y de la vocalía primera de la directiva de esa facultad, cuyos períodos de funciones vencieron hace ya varios meses.

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Ninguna autoridad o encargado de comunicación de la Usac atendió llamadas ni mensajes para actualizar detalles sobre ese asunto.

El recambio de los puestos en el CSU está detenido, porque la administración de Mazariegos ha señalado que, por la toma del campus en rechazo a su elección, no se tenía acceso al padrón electoral para convocar a las elecciones de representantes. Cuando estudiantes terminaron la protesta y entregaron las instalaciones, se aseguró que se había dañado los servidores, entre otros argumentos que se han expuesto en las acciones de amparo que demandan la convocatoria al proceso electoral de la casa de estudios.

La máxima autoridad universitaria se integra por cuatro cuerpos: estudiantes, docentes, egresados y decanos, además del rector.

Los 37 puestos

La convocatoria para elegir al decano de Derecho supone la primera de las elecciones para la renovación de poderes en el CSU, pero llama la atención que se trata de un cargo que no ha vencido. Hay amparos que la Corte de Constitucionalidad ha respaldado, en los cuales se ordena la convocatoria a elecciones de la vocalía primera de la Facultad de Derecho y de los 37 puestos cuyos mandatos ya expiraron.

“Aunque las órdenes son para que se renueve la vocalía primera de la Facultad de Derecho, cualquier otro consejero en ejercicio puede hacer que la resolución se aplique a su caso”, indicó la abogada y exdecana de Derecho de la Usac Ástrid Lemus. Ella es quien ha procurado los amparos para la renovación de la vocalía que ocupa, así como de varios de los integrantes del CSU que demandan la elección de sus sucesores.

El 18 de septiembre, la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo otorgó el amparo que, en el segundo punto de la resolución, “ordena al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala que, de forma urgente y dentro del plazo de cinco días de estar firme el presente fallo, convoque a la elección de los integrantes del Consejo Superior Universitario, cuyo período de ejercicio del cargo para el cual fueron electos haya vencido”.

La Corte de Constitucionalidad confirmó la decisión y, en octubre pasado, rechazó el recurso de aclaración y ampliación que presentó la administración que ocupa Mazariegos.

Hace algunos días se convocó a la vista pública, el espacio para que las partes expongan sus argumentos ante el pleno de la Corte de Constitucionalidad y que constituye el paso previo para que el tribunal dicte una sentencia de la apelación que, de momento, favorece el recambio de los poderes en el CSU.

En la apelación que confirma la decisión del juzgado, la CC señala que la Usac debe presentar el orden del día de la convocatoria a la elección de vocal primero de la junta directiva de Derecho. La facultad convocó a elección de sus cuerpos electorales, pero no se menciona nada sobre la vocalía.

Sobre la posibilidad de una candidatura única para la decanatura de Derecho, el expresidente del Colegio de Abogados y Notarios Ovidio Orellana manifestó: “No hay nada escrito en esa clase de política y obviamente habrá otras opciones que esperamos den la talla para un cambio”.

El único

Mazariegos tomó posesión del cargo como rector de la Usac el 1 de julio del 2022, cargo que ganó en mayo de ese mismo año, en un evento que sus detractores calificaron de “fraude e imposición”.

Desde que se realizó el evento electoral universitario, grupos de estudiantes y docentes iniciaron con protestas de rechazo a Mazariegos y solicitaban un nuevo proceso de elecciones. Frente a esa situación, estudiantes y docentes tomaron distintas instalaciones de la Usac, como muestra de rechazo.

En junio del 2023, fue entregado el campus central de esa casa de estudios, lo que permitió que los estudiantes regresaran a recibir clases de forma presencial.

El 13 de noviembre, la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar una de las apelaciones que se presentaron contra la resolución de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, que no consideró válidos los señalamientos de Mayté Recinos, Ligia Juárez y Rony Ríos. Esa es una de las acciones legales que se plantearon contra la elección de Mazariegos.

Bomberos Municipales trasladaron heridos al Hospital Roosevelt a Andy Eduardo Beza, de 42 años, por una herida en la pierna izquierda y golpes en cabeza; a Juan Carlos Sian, de 46, con heridas en las piernas y golpes en cabeza; y Alba Celeste Contreras, de 43, con trauma en el brazo izquierdo y golpes en cabeza.

Videos que circulan en redes sociales muestran parte de los incidentes, en los que se ve a un grupo de encapuchados, y a otras personas, enfrentarse a golpes, incluso lanzar un escritorio a otros que están en el suelo.

Para este lunes 29 de enero las clases se retomarán, según anunció la decanatura en un comunicado oficial. Le corresponde clases presenciales las secciones que pertenecen al grupo II. Según las autoridades universitarias no suspenderán ninguna actividad por este enfrentamiento.

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De acuerdo con la información es que los sujetos encapuchados ingresaron en el edificio S2 y agredieron a estudiantes, luego salieron para instalarse frente a la rectoría en la Ciudad Universitaria.

El día del hecho la facultad de Ciencias Jurídicas emitió un comunicado en el que confirmó que “tenían plenamente identificados a los autores intelectuales y materiales de los hechos”.

Según la autoridad universitaria algunas de ellas ya habían sido expulsados de la Usac, por lo que ya no se les reconoce como estudiantes de esta casa de estudios”.

Henry Arreaga, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac emitió un mensaje en redes sociales este 28 de enero en el que confirmó que habían presentado una denuncia ante el Ministerio Público (MP).

“Sabemos que este ataque no fue contra todos los estudiantes. Fue específicamente contra ciertas personas, en especial por ciertos intereses que puedan tener los inadaptados sociales que vinieron”, comentó Arreaga.

Según el decano el mismo viernes 26 de enero el MP llegó al lugar para llevar a cabo “inspecciones oculares en los tres lugares donde tuvimos incidentes y desde ese día se recabaron todas las evidencias factibles que teníamos a nuestra disposición”.

“Quiero informarles que hoy domingo (28 de enero) en la mañana hemos presentado la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, en donde nos sumamos y hemos aportado todo tipo de evidencias que nosotros tenemos a nuestra disposición, por lo que ya hemos cumplido con esa etapa”, reveló Arreaga.

Añadió que “todos los estudiantes que sufrieron el lamentable ataque se encuentran en estos momentos estables y en sus residencias y se les brindó el acompañamiento necesario”.

Para Arreaga es importante “que todos reflexionemos. En ese sentido, les queremos contar que seguimos trabajando. Estamos tomando algunas decisiones importantes para el tema de seguridad”.

Medidas de seguridad

El decano de la facultad expresó que tras los incidentes “generaron medidas de seguridad que implementarán en los próximos días”.

Según él “incrementarán temas de seguridad como las cámaras del circuito cerrado. Incluso, temas antiincendios, algunas decisiones administrativas para seguridad de todos, pero no nos va a detener este tipo de actitudes de algunas pocas personas que puedan complicarle la existencia y complicarnos la existencia de todos nosotros”.

Terror dentro de la USAC.
Un grupo de encapuchados autodenominados “Guardianes de la Justicia” ingresaron al edificio de Derecho agrediendo brutalmente a estudiantes. Preliminarmente de 20 estudiantes heridos, 4 graves y 1 en condición crítica@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/5lpXYVFmYp

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) January 27, 2024

El MP investiga

De acuerdo con el departamento de información y prensa del MP, la fiscalía de delitos contra la vida investiga el hecho producto del cual resultaron cuatro personas heridas, las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales.

Los técnicos en investigaciones criminalísticas se presentaron al lugar de los hechos el 26 de enero y procesaron la escena y recabaron indicios que contribuirán en la investigación.

Asimismo, el personal fiscal recabó diversas declaraciones testimoniales, giró instrucciones a los investigadores y efectuó otras diligencias con el propósito de individualizar a los responsables.

De conformidad con la investigación preliminar, aproximadamente a las 18:40 horas del 26 de enero, un grupo de personas ingresó en el edificio S-2, de la referida casa de estudios, y agredieron a las víctimas utilizando objetos contundentes.

“La hipótesis preliminar refiere que el hecho se derivó de un conflicto por un espacio físico en la referida facultad”.

Hay que identificarlos, aquí están los líderes y responsables del disturbio en la USAC. pic.twitter.com/PeQCMM9RLG

— Estuardo Contreras (@EstuardoSC) January 28, 2024

Lamentable lo sucedido en la USAC, estas personas que se retiran a la hora de iniciar el bochinche deberían ser investigadas hasta dar con los responsables de las agresiones, iban en el grupo agresor. Vean como se quitan las capuchas y se van. pic.twitter.com/YmXqQSK640

— #GuateExigeDemocracia (@McCallBoby) January 27, 2024

En su libro El amparo para principiantes, el doctor Juan Carlos Medina Salas afirma que el amparo debe entenderse como un proceso constitucional y no como una simple acción. “Los tribunales que conozcan de la demanda de amparo tienen la obligación de admitirlo y tramitarlo el mismo día de su presentación, aceptando prima facie (a primera vista) que no hay ámbito que no sea susceptible de tal protección constitucional”, refiere el también ex magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). Al definirse como un medio de defensa del orden constitucional, señala Medina Salas, el amparo abarca lo referente a la libertad personal, declaraciones de inconstitucionalidad de leyes, medios para impugnar sentencias judiciales, reclamo administrativo y protección de los derechos sociales.

Según Medina Salas, este proceso es un respiro en un país donde el irrespeto de la autoridad es permanente y existe una cultura de autoritarismo que conduce a la injusticia, el atropello, la ilegalidad, la iniquidad, el abuso y la transgresión de cualquier autoridad contra cualquier persona. Ahora bien, el lado oscuro es cuando el amparo se utiliza para entorpecer la justicia y se convierte en litigio malicioso. El autor del libro refiere que solo en el 2011 ingresaron en la CC cinco mil 142 expedientes, y un año después más de seis mil, la mayoría de los cuales pretendía bloquear el acceso a la justicia. “Se ha confirmado que aprovechándose de la litigiocidad se pone en jaque a las cortes con la presentación excesiva de recursos e incidencias procesales, mientras se ejecutan grandes negocios a espaldas de los ciudadanos”, indica. Por ejemplo, el periódico digital Plaza Pública indica que durante años y mediante el uso de amparos, una red de abogados, médicos, asociaciones de pacientes y especialistas del IGSS han torcido la voluntad de esa institución para forzar la compra de medicamentos onerosos que no están en los listados básicos de más bajo costo.

En noviembre del 2017, Human Rights Watch dio a conocer un informe sobre la forma en que abogados han manipulado el amparo con el fin de proteger a personas poderosas, militares, políticos y empresarios, de la persecución penal e impedir que las víctimas de abusos obtengan justicia. Se sabe de la existencia de bufetes que se especializan en el abuso del amparo con el fin de bloquear casos o para obligar a sus clientes a pagar sus servicios profesionales por períodos más prolongados. Casos como las Dos Erres, La Línea, Bufete de la Impunidad, Plazas Fantasma y de militares corruptos, entre otros, han afrontado el litigio malicioso. A su vez, las autoridades judiciales son también responsables de esas demoras por el burocratismo o connivencia con los abogados para retardar los procesos que deberían resolverse en menos de un mes, pero se prolongan por más de 12 meses o más. Como se ve, un recurso de defensa de actos arbitrarios se utiliza para procurar impunidad.

@hshetemul

Sin una cultura de legalidad es imposible alcanzar un mínimo grado de desarrollo porque se carece de previsibilidad y, consecuentemente, no es posible planificar con garantías de éxito. Tampoco son posibles las relaciones efectivas, toda vez que nadie garantiza que el interlocutor va a cumplir su compromiso y mucho menos es posible atraer inversiones que generen empleo y desarrollo porque se genera inseguridad jurídica. En definitiva: una sociedad que no muestra un alto grado de cultura de la legalidad está abocada al estancamiento, al fracaso o, a lo sumo, a un imperceptible desarrollo a muy alto costo. ¿Le suena la premisa?

Diariamente se aprecian muestras de esa falta de cumplimiento normativo. En la Constitución, la pena de muerte o la seguridad interior asignada al Ejército —esté o no de acuerdo con ellas— no se cumplen, pero tampoco se anulan; en lugares donde hay uno o dos carriles en determinado sentido se termina haciendo un tercero por aquellos que “tienen prisa”; si está guardando turno en un concierto observará cómo avanza lentamente porque delante de usted muchas personas se cuelan con absoluta impunidad por parte del resto, que no recrimina la acción y estoicamente la soporta; en ciertos lugares una propia es la llave mágica que abre la atención personalizada por parte de quien debería hacerlo por voluntad u obligación; si acude a la administración pública observará que el horario, la prestación de servicio o la diligencia en prestarlo son parámetros que sencillamente no son cumplidos, sin que la jefatura del servicio correspondiente haga algo por cambiarlo, y así puede ir anotando sus propias experiencias que seguro son más.

Hablar de Estado de Derecho cuando la cultura de la legalidad no existe es querer correr sin haber aprendido a caminar. Como sociedad estamos aún muy lejos de ese objetivo pregonado por medios de comunicación, filósofos, politólogos o juristas. Da igual las leyes que se tengan —buenas o malas— porque lo principal, ¡que se cumplan!, es todavía una asignatura pendiente. Sin el hábito de observar la norma es difícil entrar en una serena discusión sobre si aquella es moralmente buena. De hecho, el debate sobre la calidad normativa termina siendo, en el fondo, una discusión o excusa para incumplirla.

Por cierto, ahora que reflexiono sobre este importante tema, recuerde que parte del debate social nacional es si el Gobierno debe o no cumplir la sentencia emitida, explicada y confirmada por la CC o la razón por la que el diputado Alejos ha interpuesto 14 recusaciones judiciales y paraliza la persecución penal contra sí. Ahí puede ver dos claros ejemplos de cómo seguimos cuestionando el cumplimiento de leyes o decisiones judiciales sin ninguna voluntad de acatarlas y, en el fondo, no es por cuestiones filosóficas, jurídicas o morales, sino simplemente porque no nos da la real gana aceptar que las normas están para cumplirse, de preferencia de buena fe, porque de lo contrario todos perdemos.

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Así es, aunque no nos demos cuenta de ello, y no es necesario llegar al momento de que un juez declare la existencia de la violación de una de esas normas, con la imposición de una pena, para sentir o entender que vivimos inmersos en un mundo donde las normas jurídicas llueven y valen.

El Derecho nacional coexiste con un Derecho internacional —público, privado, penal, procesal, humanitario, etcétera— que norma el comportamiento de los Estados entre sí y numerosos sujetos internacionales, en una relación que se ha intensificado por conducto de convenciones y pactos cada vez más numerosos y eficaces, y que crean una jurisdicción supranacional.

El ordenamiento jurídico nacional ha experimentado un constante perfeccionamiento hasta proveer a las personas de más y mejores derechos, frente a la autoridad a veces arbitraria del Estado, cuyos funcionarios se dan de cabezazos con las leyes. Ese proceso de formación del ordenamiento jurídico alcanzó un nuevo grado de perfección en 1986 con la creación, por parte de la Asamblea Constituyente, del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador de los Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad, instituciones odiadas por el actual Gobierno.

La Corte de Constitucionalidad tiene importancia capital porque perfecciona el sistema legal de Guatemala, llenando un vacío que existió durante muchos años. Es el tribunal que dicta sentencias que no son revisables por ningún otro tribunal en el ámbito nacional.

Está en la cúspide de todo el ordenamiento jurídico al punto de que suele repetirse que “la Constitución dice lo que la Corte dice que dice”. Y, en todo caso, bueno es recordar que en este país que padece las arbitrariedades del poder político, corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado están obligados constitucionalmente a prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones, sin excusa ni pretexto. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca —la Corte de Constitucionalidad, incluida—, y ningún funcionario, diputado y magistrado de tribunales no constitucionales, podrá intervenir en la administración de justicia constitucional. Y si surge por ahí algún desobediente, la ley de amparo le tiene una dedicatoria especial. El artículo 78 dice: “La desobediencia, retardo u oposición a una resolución dictada en un proceso de amparo de parte de un funcionario o empleado del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas es causa legal de destitución, además de las otras sanciones establecidas en las leyes”. Y el artículo 79 dispone: “Responsabilidad penal. Toda persona extraña a un proceso de amparo que, en cualquier forma, por acción u omisión, retardare, impidiere, o estorbare su tramitación o ejecución, será responsable penalmente de conformidad con la ley”.

Finalmente cito que ninguna otra autoridad debe intervenir en la administración de justicia. Contra las resoluciones definitivas de la Corte de Constitucionalidad no cabe recurso alguno, lo cual significa que sus resoluciones definitivas son intangibles, esto es que no deben ser discutidas ni desacreditadas por funcionarios del Gobierno, sea cual fuere su jerarquía, porque esto genera responsabilidades.

Por ejemplo, el hecho de que los cargos judiciales se hayan concebido para plazos tan cortos y de que al tribunal de suprema jerarquía o a su presidente se les haya encargado, además, un cúmulo de funciones administrativas y financieras, como si no fuera más importante la de administrar justicia, demuestra la falta de enfoque en el problema de los fundamentos del Estado de derecho, reflejados en la Ley Fundamental.

Al Poder Ejecutivo se le creó una especie de administración paralela: los consejos de desarrollo urbano y rural, que ni son electos ni están sujetos a un régimen de responsabilidad política, como sí lo están los ministros, por ejemplo. Si bien todo funcionario está obligado a comparecer ante el Congreso o sus órganos, no todos están sujetos a un voto de falta de confianza.

Si uno compara la importancia relativa de los órganos de contralor, como el MP o la CGC, por ejemplo, con la que se le dio a la universidad del Estado, queda claro el desequilibrio entre la visión corporativista del Estado (encarnada por la Usac) y la del imperio del Derecho, respaldado por instituciones fuertes y bien dotadas de recursos. Ese cinco por ciento del Presupuesto, o buena parte de él, debía haberse dedicado a la prevención, investigación y persecución del crimen.

Como he señalado con anterioridad, es de suyo irónico que tanto los que favorecieron el establecimiento de la Cicig como los que celebran su partida se hayan quejado de la falta de independencia de los jueces. Pero cuando la propia comisión puso sobre la mesa una reforma seria —no perfecta— sobre la mesa, el “establishment político-económico” la abandonó.

Es verdad que “el Estado de derecho no se come”, pero sin ese cimiento institucional no es posible desarrollar la economía. No lo es porque, sin tribunales que impidan violaciones contra los principios de igualdad y de generalidad de las leyes, los grupos de presión negocian con los partidos políticos los privilegios y de ahí se deriva la mayor parte de distorsiones de precios y costes que hacen tan ineficiente la economía y subrayan la falta de certeza, ahuyentando las inversiones, tanto las nacionales como las extranjeras.

Y cómo dejar de lado la falta de seguridad personal. Una de las razones principales por las que el éxodo de guatemaltecos no se detiene. La violencia de las maras y el desamparo en que viven sus víctimas. Por tanto, la Comisión se va, pero eso en nada cambia la necesidad de emprender reformas profundas para que el poder, en todas sus formas y manifestaciones, quede sujeto a la Ley. No a cualquier ley, sino que a unas leyes generales, de igual aplicación a todos por parte de unos jueces independientes que, a su vez, sean guardianes de la certeza jurídica, condición sine qua non de la prosperidad económica y de la estabilidad política. Para dar inicio al complejo proceso no hay nada a qué esperar.

eduardomayora.com

Es fundamental, entonces, la actividad de los operadores de justicia, sean hombres o mujeres, dirigida a preservar el Estado de Derecho, posibilitando que toda denuncia pueda tomar su correcto cauce a través de los mecanismos jurisdiccionales dispuestos por el Estado y, en caso de violaciones a los derechos humanos, sea posible investigar, castigar efectivamente a los responsables y recibir una reparación, garantizando a su vez un debido proceso a toda persona que pueda ser sometida al ejercicio del poder punitivo del Estado.

Las palabras anteriores figuran en una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se titula Garantías para la Independencia de las y los operadores de Justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la Justicia y el Estado de Derecho en las Américas; documento que se ajusta a los principios reconocidos en reuniones internacionales como la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, y la Conferencia Europea de Tribunales Constitucionales, verdaderas escuelas para el estudio de esa materia específica.

Uno de los principios que recoge la Comisión de la OEA es el de que todo gobernante debe acatar las resoluciones de los tribunales de justicia, ya sean de la jurisdicción ordinaria o de jurisdicción privativa, como las de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

El artículo 156 de la Constitución guatemalteca vigente recoge ese principio, cuyo origen se remonta a los procesos de Nüremberg donde, al final de la Segunda Guerra Mundial. jueces de las triunfadoras potencias aliadas juzgaron penalmente a exfuncionarios del gobierno de Hitler imputándoles entre otros crímenes el de haber participado en la perpetración de uno de los mayores genocidios que han afectado a la especie humana.

Uno de los resultados de esos procesos fue sustituir el viejo principio de la obediencia debida que operaba exclusivamente en el ámbito militar y eximía de culpa a militares autores materiales de crímenes, y a partir de aquellos procesos la ley atribuye responsabilidad también a los autores materiales, aunque hubiesen actuado por órdenes de militares de superior jerarquía.

Con el paso del tiempo el nuevo principio fue aplicado también a los agentes de las fuerzas de seguridad civiles. Pero todo se mueve en el ámbito del Organismo Ejecutivo, y de ninguna manera la ley admite que un funcionario o empleado público pueda desobedecer o anunciar que desobedecerá órdenes emanadas de la justicia constitucional, porque esto sería arrogarse facultades que expresamente la Constitución prohíbe.

La perfección ideal del Estado Constitucional de Derecho solamente se alcanza con el sometimiento del Gobierno a la jurisdicción, en nuestro caso, de la Corte de Constitucionalidad y, en términos generales, al imperio de los tribunales constitucionales.

No se trata de movimientos políticos de izquierda, derecha o del centro, ni de crisis nacional, sino de las mejores y más altas formas para el mantenimiento de la función pública dentro de los cauces establecidos por el poder constituyente original. Así es en todos los países donde la vida social se desenvuelve bajo términos de un genuino y eficaz Estado de Derecho.

Se habla hasta la saciedad en Guatemala del imperio de la ley (Rule of Law) o del estado de Derecho. En teoría, uno de los pilares fundamentales de una democracia y uno de los grandes aportes del sistema político anglosajón al mundo. La idea que lo sustenta es la defensa de la seguridad jurídica y de las libertades de toda persona frente a interferencias de terceros, incluidas arbitrariedades y caprichos de la clase gobernante o de grupos de poder. Esa seguridad jurídica se refiere, entonces, a la certeza de que cada una y cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestras pertenencias y nuestros derechos están protegidos por las diferentes leyes que deben ser aplicadas y cumplidas en nuestro país. Si no fuera así, el sistema jurídico tendría que responder inmediatamente y poner todo en orden. En teoría, otra vez.

En este marco entre lo real y lo ideal, los jueces juegan un papel determinante y tienen una alta responsabilidad. A ellos y ellas les son confiados la vida, el honor y los bienes de la ciudadanía que están obligados a proteger cuando emiten un fallo judicial. Ellos no crean el derecho, lo aplican; y al tener el honor de administrar justicia, se espera que lo hagan desde sus calidades éticas y profesionales, no desde la influencia que ejercen personas o grupos de poder malintencionados. Si esto no sucede y el poder recae en quien lo usa mal, no solo habrá un uso desmedido y malintencionado de ese inmenso poder (“Después de Dios, yo”), sino que se perderá la confianza ciudadana en la justicia. Un juez debe ser “solo” un juez, y no dejarse presionar ni política ni económicamente por nadie. Lo que pasa es que acá las amenazas llegan hasta a sus familias, y eso genera miedo porque también son humanos.

Por todo lo anterior, valoramos que juezas y jueces independientes y calificados apliquen la justicia en Guatemala. E indigna leer frases como la de la jueza de Mayor Riesgo D, Éricka Aifán, cuando dice “Sin insumos, sin sala de audiencias, sin personal, temporadas que he trabajado solo con el apoyo de la secretaria, las jornadas a veces han iniciado a las 5.30 horas y terminado a altas horas de la madrugada” (PL, 1/06/2018). Ella lleva casos como Chico Dólar, Odebrecht, Caja de Pandora, Comisiones Paralelas y Migración, Caso Bitkov, Construcción y Corrupción, y todas sus decisiones judiciales están basadas en la Constitución Política de la República y las leyes guatemaltecas. Los “castigos” para ella han sido múltiples; desde los nombrados en el primer párrafo de este artículo hasta las denuncias ante el Tribunal de (des)honor del Colegio de Abogados y las supervisiones preventivas ordenadas de oficio por el supervisor general del OJ, mecanismo que usa el pacto de corrupción para coptar los tribunales.

Estamos con las juezas y los jueces probos, independientes, que no vacían al estado de Derecho de contenido. Porque aunque Guatemala sea hoy solo una democracia formal, estamos apuntando más allá, hacia una democracia real.

cescobarsarti@gmail.com

Lo traigo a discusión porque, en este momento de la historia de Guatemala, se pone de relieve la importancia de las reflexiones del profesor Hayek. Esto ocurre en relación con la reforma del artículo 407, n), del Código Penal.

Las reglas del Derecho son las “herramientas” que los seres humanos usamos para coordinarnos en la sociedad. Buscando cada uno nuestros propios fines y objetivos, valoramos la posibilidad de coordinarnos con otros para conseguirlos de la manera más eficiente. Y para eso usamos las reglas del Derecho.

Unos se sirven de las reglas de la Compraventa para conseguir ingresos o adquirir los insumos que requieran para sus actividades; otros se sirven de las reglas del Arrendamiento para acceder al uso de ciertos bienes; todavía otros se sirven de las reglas de la Apertura de Crédito para conseguir el financiamiento de sus negocios, etcétera. Pero en el curso de las innumerables relaciones de coordinación que se dan entre las personas y sus organizaciones, se comenten actos u omisiones que dan lugar a circunstancias que son dañinas. A veces el daño se causa por negligencia o culpa del responsable, a veces por su deliberada mala intención. En ocasiones el daño se causa respecto de una víctima individualizable, a veces respecto de una colectividad más o menos difusa. Piense usted en el delincuente que envenena una fuente de agua.

Como lo señala el autor, es de la interacción incesante entre los miembros de la sociedad que estas reglas se van descubriendo, según mi entender, como “tecnología de coordinación”, y la labor de los juristas es articularlas sistematizadamente para que, así, sea más fácil y fecundo su empleo por los múltiples agentes sociales.

Al “legislador” no le corresponde, como señala en gran filósofo, “inventar” las reglas del Derecho, sino apenas imprimir carácter oficial a las que, sancionadas en la dimensión de la vida social, así corresponda.

La “legislación” es otra cosa. Se trata de las reglas de organización de las instituciones públicas, de su gestión financiera o hacendaria, de su gobierno y dirección. Aquí, debe primar el criterio que se sustente en las preferencias de las mayorías, expresado por medio de los procesos electorales y ejecutado por los representantes de los ciudadanos.

Pero cuando las cosas se confunden –lo cual según el Prof. Hayek ocurre con frecuencia— sea porque la fuente de los dos tipos de reglas –el Derecho y la legislación— en apariencia es la misma, o porque haya intereses inconfesables detrás, las consecuencias son graves. El ordenamiento jurídico y sus valores de justicia y certeza se tergiversan.

Soy de opinión de que eso —la confusión— es lo que ahora ocurre en relación con la reforma del 407, n). Esta es una regla de Derecho que debiera ser objeto del análisis de una comisión de juristas expertos en las materias electoral y penal, de modo que se presentara una propuesta con su respectiva exposición de motivos al Congreso que, una vez examinada y debatida, podría convertirse en Ley. Todavía podría hacerse.

Para empezar, conviene señalar que una constitución, como la de Guatemala, puede afirmar el Estado de Derecho como principio de la vida institucional del Estado; una constitución, como la de Guatemala, puede estatuir un Poder Judicial (“organismo” se le llama en la Constitución de Guatemala); y una constitución, como la de Guatemala, puede afirmar que existe una carrera judicial y que los jueces son independientes, pero nada de eso garantiza, en realidad, la independencia judicial.

Sin independencia judicial las sentencias y decisiones de los jueces y magistrados responden a intereses de terceros, así de sencillo. Quizás no todas, pero sí suficientes como para que las reglas del Derecho se “devalúen”.

En efecto, cuando un juez expresa que el significado de la “regla XX” es tal y no cual, solamente para favorecer el interés de un tercero, la “regla XX” ya no vale nada.

Sin independencia judicial, los grupos de presión, los otros poderes del Estado, o el crimen organizado, se convierten en los autores de las decisiones judiciales y, entonces, las reglas del Derecho no valen ni existe, evidentemente, el Estado de Derecho.

Pero, ¿de qué depende la independencia judicial?

Sobre este tema, literalmente, hay un mar de libros. Empero, me atrevo a afirmar que la independencia judicial depende de tres cosas, principalmente. La primera es estabilidad en el cargo.

Un juez, un magistrado, debe tener la tranquilidad de que, a menos que así fuera su voluntad, nadie puede removerlo del cargo hasta el día de su retiro o de su muerte. La segunda, es la dignificación de su cargo.

Esto implica una remuneración y condiciones acordes con la importancia y los riesgos profesionales que todo juez, todo magistrado, asume —unos más, otros menos—.

Y la tercera es la imposibilidad de que, a menos que deliberadamente torcieran la Ley o la violaran para beneficiar a una de las partes, sean molestados o perseguidos por sus resoluciones.

Por consiguiente, la realización del ideal del Estado de Derecho requiere de articular todos los medios necesarios para que, salvo la falibilidad del ser humano, los jueces y magistrados, como funcionarios encargados de aplicar consistente y coherentemente las reglas del Derecho, puedan entregar a la sociedad una jurisprudencia, es decir, el conjunto sistematizado de sus sentencias y decisiones, que sea la fuente principal de la certeza jurídica sin la cual hablar de Estado de Derecho es una farsa.

La Constitución de Guatemala no confiere estabilidad a los cargos judiciales, no articula los medios para dignificar adecuadamente sus funciones, ni protege a los jueces y magistrados de cualquier acción en su contra, mientras resuelvan de acuerdo con la Ley (esto se logra con un cuerpo disciplinario especializado e igualmente independiente, como un Consejo General del Poder Judicial).

Termino diciendo que, o las élites de Guatemala no entienden esto, o lo entienden pero no es su voluntad que se haga realidad.

Eduardomayora.com

También nos genera frustración y vergüenza cuando los amigos nos comparten su decepción porque Guatemala aún no ha adoptado una ley de competencia, y las personas que conocemos por primera vez nos expresan su incredulidad porque somos el único país latinoamericano que aún no cuenta con dicha legislación.

Y es que desde la Constitución de 1945, pasando por las de 1956 y 1965, hasta la actual de 1985, se han prohibido los monopolios y privilegios, así como las conductas anticompetitivas, dejando a las leyes determinar lo relativo a esta materia. Sin embargo, aún no ha sido aprobada una legislación integral que prohíba y sancione de manera disuasiva las prácticas de cartel y el abuso de posición dominante, y la promueva a través de acciones que generen una cultura de cumplimiento, por parte de los agentes económicos y del mismo Estado. Para colmo, hace un año venció el plazo que Guatemala tenía frente a la Unión Europea para adoptar una ley de competencia.

Todos perdemos por no tener una ley de competencia. Pierden los consumidores que podrían estar sobrepagando bienes y servicios, por virtud de acuerdos de fijación de precios y repartición de mercados. Pierden también los agentes económicos —aunque algunos no estén conscientes de ello—, al adquirir insumos y materia prima en condiciones de competencia inexistente, afectando así su eficiencia y competitividad. Por último, pierde el Estado en las licitaciones viciadas por colusión.

Hoy día, a nivel internacional, se debate sobre si las prácticas colusorias deben criminalizarse —de hecho, además de los Estados Unidos, en México y Chile tales prácticas constituyen delitos—, de cómo la defensa de la libre competencia junto con otras políticas públicas puede coadyuvar a reducir la pobreza e inequidad, o de cómo la corrupción, la inestabilidad e incertidumbre políticas, la cooptación por parte de los agentes económicos, la escasez de capital humano especializado y el difícil acceso al sistema financiero constituyen barreras de entrada que deben considerarse en el análisis de conductas y concentraciones.

Mientras tanto, en Guatemala se ha “consensuado” políticamente un pliego de enmiendas, algunas de ellas sin rigor técnico, que le arrebatan dientes y músculos a una iniciativa ley, que por cierto ha quedado relegada en la agenda legislativa. Además, se ha apelado a la retórica del miedo y la desinformación. Y aquí estamos, 72 años después del primer mandato constitucional y a uno de haber vencido el plazo para cumplir el compromiso adquirido, sin contar con política ni legislación de competencia.

Cierro citando al economista Luigi Zingales —profesor de la Escuela de Chicago—, en su ensayo Hacia una teoría política de la empresa, al afirmar que la concentración de mercado puede fácilmente conducir a un círculo vicioso, donde el dinero es usado para obtener poder político y el poder político es usado para hacer dinero. La mano visible…

Además, se hará entrega de la sede de la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) en el edificio S7 a Red Estudiantil y se comenzará un proceso en contra de los estudiantes sospechosos de la agresión del pasado 29 de septiembre.

El decano Gustavo Bonilla dijo que, como parte del apoyo a los agraviados, ha ordenado colocar chapas en las sedes.

En el caso de la cancelación de las matrículas a los sospoechosos, se espera que el proceso comience pronto. 

Los estudiantes de Derecho han señalado que el catedrático Mynor Berganza habría apoyado a los agresores, por lo que han solicitado a la Junta Directiva de esa facultad tomar cartas en el asunto.

Bonilla explicó que Berganza es catedrático titular, por lo que se debe abrir primero un proceso de investigación y analizar su presunta implicación. 

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Hecho

Un grupo de estudiantes de Derecho que conforman la Red Estudiantil y quienes ganaron las elecciones locales, fueron agredido por integrantes del Comité de Huelga de Derecho cuando ingresaban a las instalaciones para recibir la notificación de los resultados de las elecciones.

El incidente fue repudiado por la Asociación de Estudiantes Universitarios (Usac) el mismo día que ocurrió el hecho. La Procuraduría de Derechos Humanos, quien había mediado días antes para lograr un pacto de no violencia entre esos grupos, acompañó a los afectados a presentar una denuncia  al Ministerio Público contra los agresores.

DENUNCIA

Comunas incumplen con acceso a la información

“El acceso a la información pública comienza con la solicitud del ciudadano y las instituciones cuentan con 10 días hábiles para entregar de forma obligada la información, pero si ese plazo se vence y no se tiene la información se puede denunciar ante el Ministerio Público a la institución por retención de información”, agregó.

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David Quisque, vecino de Jocotenango, expresó que el contenido del taller es importante porque al conocer la ley, cualquier ciudadano puede acercarse a las instituciones públicas a solicitar la información que necesita.

Ángela García, estudiante de leyes, manifestó que los ciudadanos por desconocimiento de la ley no hacen uso de ese derecho. “La información pública es un derecho que no me pueden negar y eso ayuda a transparentar la administración pública”, manifestó.

Los talleres que imparten en varios municipios se realizan con el patrocinio de Munis Abiertas y la DW Akademie, de la Cooperación alemana.

Un funcionario fue enviado al área en la que se creía vivían los roedores delincuentes y les leyó en voz alta la solemne declaración.

La corte nombró a un joven abogado llamado Bartolomée Chassenée como defensor de las ratas.

Cuando las acusadas no se presentaron al juicio, Chassenée argumentó que la notificación de actos procesales no había sido apropiada pues el caso “ponía en juego la salvación o ruina de todas las ratas”, de manera que todas -no sólo las de la aldea- debían ser notificadas.

A pesar de que los sacerdotes de todas las parroquias de la diócesis de Autun citaron a todas las ratas, ninguna se presentó en la corte en la siguiente fecha.

Chassenée argumentó que, como estaban dispersas por el campo, necesitaban más tiempo para hacer el viaje al tribunal, así que le concedieron otro retraso.

Cuando llegó el día, el abogado explicó el motivo de la ausencia de los roedores, reclamándole a la corte toda la protección de la ley a sus clientes en su camino al tribunal pues, aunque querían presentarse, temían ser atacadas por gatos hostiles y no se podía esperar que pusieran en riesgo sus vidas para cumplir con la cita.

Cuando eso no funcionó, Chassenée apeló al sentido humanitario de la corte: no era justo castigar a todas las ratas por los crímenes de unas pocas.

“¿Qué puede ser más injusto que estas proscripciones generales que destruyen indiscriminadamente a aquellos a quienes los tiernos años o la enfermedad les hace incapaces de ofender?”.

El vicario, quizás conmovido por las palabras de Chassenée o de pronto simplemente agotado por sus objeciones, aplazó el procedimiento indefinidamente.

Suena absurdo pero ese juicio efectivamente tuvo lugar, así como muchos similares entre los siglos IX y XIX.

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Desde los topos que fueron excomulgados en el Valle de Aosta, Italia, en el año 824, hasta el perro que fue sentenciado a muerte en Suiza en 1906, no todos los animales tuvieron la suerte de las ratas cuando enfrentaron la justicia.

Estos dos casos son el primer y el último registrados por el lingüista estadounidense Edward Payson Evans (1831-1917) quien encontró documentos de más de 200 juicios contra animales en casi todos los países de Europa continental, así como casos aislados en Reino Unido, Brasil, Canadá y Estados Unidos.

Se calcula que hubo muchos más, de los que no quedó evidencia física, pues la práctica era común. Y se extendió hasta después de que Evans terminara de escribir su libro.

La mayoría de los acusados eran cerdos, pues los dejaban correr libremente por las calles de las aldeas medievales por lo que a menudo se metían en problemas especialmente con niños pequeños.

Pero también hay expedientes de procesos en cortes eclesiásticas y laicas contra asnos, toros, gallos…

¡Todo un milenio!

Mientras los intelectuales debatían si era apropiado considerar a los animales responsables de sus crímenes y críticos como Tomás Aquino argumentaban en su contra, hay evidencia histórica de que las comunidades se tomaban estos juicios en serio.

Tanto, que se practicaron durante al menos mil años.

De hecho, los litigios costaban mucho dinero: había que contratar abogados defensores para el animal; mientras el acusado estaba detenido tenía que se alimentado y si era condenado a muerte, la comunidad le pagaba al verdugo de su bolsillo

Por ello, estudiosos de varias disciplinas no desestiman los procesos como un pie de página divertido de la historia o una costumbre irracional del pasado.

Antes del siglo IX

La historia de los juicios a los animales es aún más larga.

En la Acrópolis de Atenas había un palacio de justicia conocido como pritaneo en donde -entre otras cosas- se juzgaban no sólo animales sino también objetos inanimados como estatuas o pilares.

El experto en clásicos Walter Woodburn Hyde estudió las referencias a estos juicios y cuenta que cumplían todos los requisitos procesales: tenían lugar al aire libre para que los jueces no se contaminaran con la polución moral que emanaba del acusado; si lo consideraban culpable, la corte emitía una orden de exilio del objeto o animal.

En un caso, un niño murió cuando lo alcanzó una jabalina mientras miraba a un lanzador practicar en el gimnasio. Una corte debió determinar si la culpa era del niño, el hombre o la jabalina. Sólo en el caso de que fuera la jabalina, el juicio se haría en el pritaneo.

Según Hyde, los juicios eran necesarios para restaurar el “equilibrio moral” de la comunidad.

Para los griegos, la culpa y el castigo tenían que ser atribuidos a alguna persona, animal o cosa, pues si no las Furias -los espíritus vengadores del muerto- traerían infortunios a la comunidad.

Visión del mundo

Hyde encontró ejemplos de casos judiciales en muchas sociedades de varios lugares del mundo contra objetos inanimados que iban desde árboles y flechas hasta glaciares, por el daño que le causaban a los valles.

Ejemplos como esos y los de los animales son expresiones dicientes de los cambios en nuestra visión del mundo y nuestra relación con la naturaleza.

“Uno tiene que preguntarse cómo era posible que pensaran de esa manera”, le dijo a la BBC Anil Seth, del Centro Sackler para la Ciencia de la Conciencia, de Sussex, Inglaterra.

“¿Cómo podían atribuirles a los animales ese tipo de responsabilidad moral?”, se pregunta y apunta que juicios como el de las ratas en Autun convivieron con las corrientes racionalistas y empiristas del siglo XVII.

“El contraste es muy marcado. El filósofo René Descartes era muy reacio a conceder cualquier vestigio de conciencia o atributo mental a algo que no fuera humano”.

“Los animales eran una especie de máquinas bestiales, artilugios biológicos sin ningún tipo de vida interior”.

“Sólo los humanos tenían mentes racionales”.

Esa forma de pensar al final marcó la pauta y nuestra relación con los animales cambió dramáticamente.

Lo curioso es que esas comunidades de antaño, aunque fueron muy lejos, abordaban la relación con los animales de un manera a la que estamos retornando, señala Seth.

“Estamos volviendo a atribuirles a los animales estados mentales, percepción consciente; estamos volviéndonos más sensibles al dolor que sienten, dándonos cuenta de que la brecha no es tan grande entre nosotros”.

Claro que no llegaríamos tan lejos como para llevarlos a juicio…

¿O quizás sí?

Hoy en día, los perros han reemplazado a los cerdos de los juicios medievales.

Y los delincuentes de cuatro patas más comunes son los pit bulls.

Uno de esos casos inspiró al abogado neoyorquino Richard Rosenthal y a su esposa Robin Mittasch a fundar el Proyecto Lexus, “Defensa legal para todas las razas”.

Así describen sus inicios:

“En octubre de 2009 una perra de raza galgo inglés llamada Lexus, tras ser declarada 'perra viciosa', estaba en el corredor de la muerte en un refugio de Rhode Island esperando a que la mataran”.

“¿Su crimen? Cuando la dejaron suelta en un parque de perros obedeciendo a sus instintos mató a un cachorro de Pomerania. (Los perros pequeños y de pelo largo son percibidos por muchos galgos como presas)”.

“La perra fue detenida y su propietario asistió a la audiencia sin asistencia legal y el juicio allanó el camino para su ejecución”.

Lexus fue liberada tras una lucha legal. Desde entonces, Rosenthal ha defendido a al menos 70 perros.

El abogado de las ratas

Chassenée se ganó la reputación de ser muy buen abogado gracias al juicio contra las ratas en Autun.

Eventualmente, se convirtió en el primer presidente del Parlamento de París y jugó un importante rol en el desarrollo del pensamiento legal francés del siglo XVI.

Siguió defendiendo grupos vilipendiados, como a una familia de campesinos a la que salvó de morir en la hoguera luego de que la Iglesia la acusara de herejía.

Se dice que Chassenée murió envenenado con un ramillete de flores en 1541.

“Ellos tienen un particular interés por ejemplo la representante de Florida Ros-Lehtinen ha facilitado un proyecto de cooperación con la PNC en el área preventiva, investigación, acceso a la comunidad y control y disuasión de masas”, indicó el funcionario.

Precisó que para este año 500 agentes becados en la Escuela de Formación de la Policía de Miami Dade, Florida y que el tiempo que están en Estados Unidos varía del curso que tomaran ya que unos duran un mes y otros incluso hasta seis meses.

“Cada mes sale una cantidad considerable de agentes. Es uno de los aspectos importantes que se abordó”, explicó Rivas Lara.

Agregó que otro tema que se discutió con los congresistas es la cooperación que se tiene con los países del triángulo norte para luchar contra las pandillas.

“Tenemos tres agencias que están conectadas y desarrollan trabajo en común. Con el Congresista Sires se abordó el tema que ahora pasará a formar parte de un grupo encargado del área de Centro y Suramérica”.

En la reunión con el presidente y congresistas estadounidenses participan los ministros de Relaciones Exteriores, Gobernación y Defensa. pic.twitter.com/qRZgqLrBUi

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) March 4, 2017

Reunión con presidente

El presidente, Jimmy Morales, se reunió hoy a puerta cerrada con los congresistas Albio Sires e Ileana Ros-Lehtinen.
En el encuentro participaron los ministros de Defensa, Williams Mansilla, Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales y Gobernación, Francisco Rivas Lara.

La reunión se celebró en el Palacio Nacional de la Cultura, donde se instaló un dispositivo de seguridad para evitar que la gente se acercara.

El canciller explicó que con los congresistas se abordaron “un universo de temas” y que gracias a que la reunión fue un sábado y las agendas de todos no estaban tan cargadas la reunión duró una hora y treinta minutos.

Morales explicó que el mandatario discutió con los congresistas los temas de respeto a los derechos humanos, donde se les planteó el trabajo que ha hecho esta administración, también se habló sobre migrantes y “ratificaron lo que dijo John Kelly, que no habrán deportaciones masivas”.

Además los congresistas estadounidenses ratificaron el apoyo de los Estados Unidos hacia Guatemala en el tema del combate a la corrupción.

El ministro explicó que los congresistas, previo a retirarse del país visitarán las instalaciones de la Academia de la Policía Nacional Civil para observar a los agentes que ya fueron capacitados en Miami.

Apoyan a embajador

Luego de la reunión con el mandatario los congresistas participaron en la inauguración de una sala para conocer casos judiciales de alto impacto junto con el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, y otras autoridades.

Los congresistas aprovecharon el momento para mostrar su apoyo al embajador de Estados Unidos en Guatemala, de quien dijeron hace una excelente labor.

Mandatario Morales se reúne con los congresistas estadounidenses @RosLehtinen y @RepSires. Vía: @GuatemalaGob pic.twitter.com/2z0wZIVpyK

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) March 4, 2017

¿Cuáles son los principales inconvenientes legales que afrontan los guatemaltecos en Estados Unidos?

Hay una gran cantidad de problemas que deben resolver y no se dan cuenta sino hasta que están fuera del país. Los más comunes son los relacionados con la identidad, producto del conflicto armado interno que se vivió en Guatemala, pues en aquellos tiempos, las municipalidades tenían a cargo los registros civiles, pero sucede que muchos fueron quemados, sobre todo en las áreas del altiplano.
Entonces, quienes se vienen a EE. UU., necesitan sacar papeles como el Documento Personal de Identificación (DPI) o pasaporte, para así estar de forma legal u obtener algún beneficio migratorio. El problema surge cuando no se encuentran sus partidas de nacimiento en Guatemala, ya sea por deterioro, pérdida o extravío de libros, así como por errores de forma y de fondo.

Imagino que ellos no pueden hacer los trámites personalmente porque tendrían que venir a Guatemala.

Exacto. No pueden viajar por situaciones personales o por su estatus migratorio.

¿Qué otros asuntos trabaja?

Mire, hay otra gran cantidad de personas que, en su deseo de migrar a EE. UU., hacen cosas que no tuvieron que hacer. De esa cuenta, a algunos les aparece doble identidad, por lo que deben corregir esa información ante la Dirección General de Migración de Guatemala.

¿Y esas  personas que dejan asuntos legales pendientes en nuestro país?

Le voy a contar algunos casos. Había una señora guatemalteca en Atlanta que tenía como ocho años intentando divorciarse de su expareja, quien reside en Guatemala. Ella, de hecho, vivía con un estadounidense y tenía la intención de arreglar su estatus migratorio, por lo que estuvo mandando documentos y cartas pero nunca lograba arreglar nada hasta que le dimos la asesoría adecuada.
También hay problemas de bienes. Como usted sabe, nuestros compatriotas mandan remesas y también dinero adicional para que sus familiares les compren casas o terrenos, para que cuando regresen ya tengan un buen patrimonio. La cosa es que esas propiedades las ponen a nombre de terceros, que es lo mismo a no tener nada.

¿Pueden recuperar esos inmuebles?

Sí, se puede, siempre y cuando haya voluntad de los parientes. Ha habido casos dramáticos, como la de un señor que vivía en Pensilvania. Resulta que las propiedades las puso a nombre de su mujer, residente en el oriente de Guatemala. A los dos o tres años, la señora se enamoró, se casó y quedó embarazada. Al señor en EE. UU. le informaron de lo sucedido y de inmediato le llamó a su expareja para que le devolviera sus bienes.
Lo que pasó es que paró hablando con el nuevo marido y este le dijo: “mire, lo siento mucho, pero esas propiedades ahora son de ella y míos, así que si los quiere recuperar, me tienen que comprar la mitad a mí”.

¿Tan aprovechada es la gente?

Así es. Nuestro compatriota acá en Estados Unidos estaba furioso, con toda razón. Legalmente, se puede recuperar todo, pero hay que llevar un proceso civil, así como demostrar que esos bienes se adquirieron con aportes económicos propios y en el tiempo en que estuvo conviviendo con esa pareja. Del caso que le expuse anteriormente no le puedo dar más información, porque sinceramente no sé qué sucedió. El señor decidió regresar a Guatemala y resolver personalmente el asunto.

¿También tratan casos por pensión alimenticia?

Mire, algunos guatemaltecos se vienen para Estados Unidos y dejan desamparada a la familia. Hubo un señor que dejó a su mujer sola y con nueve hijos, allá en Flores, Petén, mientras él vivía acá con otra. La señora, la guatemalteca, se quejaba de que no le mandaba ninguna ayuda. Usted me pregunta si se puede resolver, y la respuesta es que, de momento, queda a voluntad de la persona que está en EE. UU., para decirlo de forma clara y contundente.

¿Hay alguna forma de resolver eso?

Las señoras pueden promover una demanda en Guatemala, pero la notificación a nivel internacional es complicada. Lo adecuado es que las autoridades guatemaltecas alcancen acuerdos o convenios con Estados Unidos para ayudar a resolver situaciones como estas, tal como lo hace El Salvador.

¿Ustedes ayudan a que los guatemaltecos regularicen su estatus migratorio?

No, no tratamos asuntos migratorios. Eso se tiene que hacer con abogados expertos en leyes de inmigración de Estados Unidos u oficinas humanitarias aprobadas, que dan asistencia a personas que califican.

Respecto de su profesión, ¿por qué la eligió?

Desde niño sufrí ciertas dificultades derivadas de una discapacidad física que padezco, por la poliomielitis. Por eso me movilizo en silla de ruedas. Mi ilusión, a través del Derecho, es hacer cambios para personas con alguna discapacidad. En Guatemala he planteado sugerencias a alcaldes, diputados, ministros, gerentes de hoteles y restaurantes, pero nunca han concretado nada.

¿Ha sentido discriminación?

No, quizás por mi carácter fuerte. Me tocó sufrir y enfrentarme a la adversidad desde los cinco años, por lo que nunca he tolerado las injusticias. Cuando alguien quería pasar sobre mi dignidad, mis derechos o integridad física, sacaba mi coraje, como un león que se defiende de su agresor.

Este año cumple 25 años de ejercer la abogacía. ¿Qué es lo bueno y lo malo que ha afrontado?

He tenido muchas satisfacciones gracias al esfuerzo, la capacidad y energía que le he puesto a cada cargo que he ejercido. En el campo de la abogacía, he ayudado a personas de escasos recursos para resolver distintos problemas y conflictos de carácter familiar. Entre 1996 y el 2000 fui embajador de Guatemala en Uruguay. Ahora, ayudo a nuestros connacionales a arreglar sus asuntos legales en Guatemala y que, por su situación migratoria, no pueden regresar.

¿Qué es lo negativo?

He aprendido a ser optimista. Hay un dicho que reza: “En tus manos sostienes la semilla del fracaso o el potencial de la grandeza”. Guatemala afronta momentos difíciles, pero creo que unidos y de manera íntegra, responsable y leal, podemos hacer mucho.

Se lo preguntaba porque la imagen del abogado actual no es bien vista.

Mire, luego de 25 años le puedo decir que hay momentos en que a uno le invade cierta frustración. Uno ingresa a la universidad con la ilusión de que las cosas cambien y que la justicia prevalezca, pero cuando uno mira que los sectores poderosos y oscuros cooptan el Estado, en menoscabo de los intereses legítimos de la verdad, la justicia y del Derecho, entonces uno se decepciona.

PERFIL

– David Ruano Lemus nació en Sansare, El Progreso, el 24 de octubre de 1964.
– Reside en Silver Spring, Maryland.
– En 1986 se graduó de maestro en el Instituto Normal Centroamericano para Varones, de Jalapa.
– Se graduó de Abogado y Notario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, en octubre de 1991.
– Es graduado del Centro de Estudios Estratégicos para la Estabilidad Nacional, en estudios con énfasis en política, economía, sociedad, geografía y milicia.
– Domina el español, inglés, francés y portugués, y tiene conocimientos básicos de alemán.
– Es propietario, fundador y presidente del Bufete Ruano y Asociados, con sede  en
Washington D. C.
– Fue embajador de Guatemala en Uruguay, entre junio de 1996 y febrero del 2000.
– En la década de 1990 fue asesor jurídico en distintas instituciones de Gobierno.
– El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala recién le otorgó una medalla y diploma por cumplir 25 años de ejercicio profesional.

Pero la culpa también la tuvo Juan Pueblo —los guatemaltecos—, hay que reconocerlo, ya que su extrema paciencia se conjuga con su desidia por los temas políticos.

Por ejemplo, si lee o escucha las palabras “Constitución Política de la República de Guatemala”, rápido le viene un tremendo aburrimiento acompañado de pesadez mental.

Por eso, como dice el abogado Jorge Mario García Laguardia, mucha gente “salió a la calle, pero no supo para qué”.

Claro, no hay que quitarle mérito a esas jornadas que marcaron la historia del país, con la Plaza de la Constitución  abarrotada, donde se escucharon tambores y canciones de protesta mientras se ondeaba una bandera azul y blanco. Pero esa no fue una gesta como las que hubo en 1871 y 1944, al menos desde la concepción de García Laguardia.

Las marchas pasadas y las que siguen organizándose están bien, pero hace falta saber a qué se va y hasta dónde se puede llegar. Por eso, para afrontar una verdadera revolución, Juan Pueblo debe conocer cuáles son sus derechos y obligaciones. Paso número uno: leer la Constitución. “Hay que conocerla porque es lo que le debemos exigir al Estado”, expresa el abogado José Alejandro Balsells.

31 años

La también llamada carta magna recién cumplió 31 años de haber sido presentada por la Asamblea Nacional Constituyente (31 de mayo de 1985). Esta es la ley suprema y en la cual se rige el Estado y el resto de sus normativas. Tiene 281 artículos, más los transitorios.

En el texto se plasman los derechos fundamentales de la población.

La mala noticia es que a los compatriotas no suelen interesarles los temas de legislación, o bien, no todos tienen acceso a ellos.

Pero, específicamente, ¿qué hay que estudiar de ese documento? Para García Laguardia es vital conocerlo todo. “La Constitución de Cádiz, que fue la primera que tuvo vigencia en Guatemala (1812), aprovechando el poder de la Iglesia, exigía que se enseñara a los niños durante los fines de semana, y que estos debían aprenderla de memoria. Fue así que nacieron los catecismos constitucionales”, explica el experto. “Hoy, el artículo 72 declara de interés nacional que los guatemaltecos conozcan la Constitución vigente y todo aquello sobre derechos humanos”, agrega.

Avanzada

Para el abogado Carlos Molina Mencos, nuestra Constitución es “impresionantemente buena” en materia de derechos humanos. “En efecto, es una de las mejores del mundo”, coincide García Laguardia.

Pero una cosa es que sea fuerte en sus lineamientos y otra es que se cumplan. El abogado y político alemán Ferdinand Lasalle en ¿Qué es una constitución?, escribió que ese tipo de textos son tan solo papel, pues la verdadera, según su concepción —Época de entreguerras (1919-1939)—, eran los sindicatos de obreros, las cámaras empresariales y el entorno intelectual. “Aquí —dice García Laguardia—, es el Cacif, los sindicatos, las comunidades indígenas, los estudiantes, las organizaciones no gubernamentales… Es la sociedad entera”.

¿Solo buenos deseos?

De acuerdo con el filósofo alemán Karl Loewenstein, considerado uno de los padres del constitucionalismo, en el mundo existen tres tipos de cartas magnas: las normativas, que son las que se cumplen; las nominales, que son una “expresión de deseos”, porque su contenido no se cumple; y las semánticas, que son las leyes constitucionales que, además de no ser cumplidas, son falsas. Entre estas últimas, dice García Laguardia, están las que redactaron los gobiernos militares guatemaltecos antes de 1985.

De acuerdo al especialista, nuestra Constitución actual se considera nominal, tal como todas las latinoamericanas.

Balsells, sin embargo, refiere que decir que nuestra carta magna es una “lista de buenos deseos” es una irresponsabilidad, ya que el cambio que el país ha tenido en 31 años ha sido radical. “Con los gobiernos militares estaríamos ya todos muertos”, sentencia. “Lo que pasa es que el Derecho es la ciencia del ‘deber ser, no del ser’. Es una especie de regulación de conducta, pues lo que se pretende es tener un mundo en paz y armonía. Pero, como los conflictos son inevitables, se crean mecanismos para resolverlos”, añade. “Una Constitución debe pensarse para muchos años; son normas genéricas y por eso es tan difícil la aplicación del derecho constitucional”.

Reformas

García Laguardia indica que hay que tener cuidado cuando se toca el tema de las reformas. “No hay que engañarse, pues solo son un sueño. Fácilmente los diputados podrían decretar por unanimidad la supresión de la miseria. Eso no significa nada, porque la miseria seguiría ahí”, comenta. “La verdadera constitución es la coyuntura, la cual no se puede cambiar con leyes, sino con acciones”.

Molina Mencos, al respecto, refiere que las constituciones pueden mejorarse, pero lo que de verdad hay que hacer es cumplir con lo estipulado.

Balsells coincide: “La Constitución no es un documento irreformable, pero hay que hacerlo cuando no hay crisis política. Por eso, considero que este es un buen momento”, expresa.

Los tres abogados concuerdan en que uno de los puntos de mayor interés debe ser la reforma al sector justicia, pues ya se ha tocado fondo.

El futuro

La ley fundamental, la Constitución o carta magna, debe conocerse a fondo por cada guatemalteco, pues establece las reglas del juego en el país.

Además, hay que estar conscientes de que ese documento, en su artículo 152, otorga el poder al pueblo, pero si la gente no conoce los mecanismos que hay para exigir que se cumpla lo estipulado, más difícil le resultará que su voz sea escuchada.

Así que, el acta que ha sido diseñada para el bienestar de Juan Pueblo, tan avanzada en derechos humanos, debe ser estudiada y no tomarla como un documento más. Después de eso ya se puede ir con más determinación y con más responsabilidad a las calles para manifestar y exigir lo que se estipula en tal documento.

Legislación fundamental

Estos son solo algunos de los puntos que los guatemaltecos deben conocer sobre la Constitución. Sin embargo, lo mejor es estudiarla toda.

Artículo 1. Protección a la persona.

El Estado se organiza para proteger a sus habitantes; su fin supremo es la realización del bien común. También “garantiza la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona” (artículo 2. Deberes del Estado). Asimismo, se protege la vida humana desde su concepción (artículo 3. Derecho a la vida). En su artículo 4, referente a la Libertad e igualdad, indica que todos los guatemaltecos son libres e iguales en dignidad y derechos.

“El Estado no puede meterse con la vida, la libertad ni la igualdad”, destaca Balsells.

Pero hay puntos controversiales, tal como el que indica que “se protege la vida desde su concepción”.

“En otros países se permite el aborto cuando hay embarazo por violación. Aquí no. No sé cómo el Estado puede proteger el embarazo en esos casos. Las relaciones son un acto voluntario y, desde el momento en que no lo sean, van en contra de la libertad del individuo”, profundiza el abogado. En esas situaciones, agrega, hay una fuerte presión ejercida por la religión. “Aquí, ni siquiera se habla de eutanasia”.

Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso.

Aquí se indica que “toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada”.

Artículo 25. Registro de personas y vehículos.

Se especifica que tales registros solo pueden efectuarse por las fuerzas de seguridad cuando haya causa justificada. Para ello, las autoridades competentes deben estar debidamente uniformadas y ser del mismo sexo de los requisados, además de que debe guardarse el respeto a la dignidad, intimidad y decoro de los involucrados.

Por ello, por ejemplo, no es legal que la policía privada revise a alguien, como cuando solicitan que “muestren el baúl” del automóvil al momento de ingresar a una colonia o barrio.

Artículo 26. Libertad de locomoción.

“Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por ley”.

La delincuencia que impera en el país ha hecho que varios vecinos soliciten a las municipalidades autorización para cerrar calles o barrios y colonias enteras, haciendo que la seguridad privada “vigile” con garitas de acceso, creando así una especie de guetos. “Esta situación viola la libertad de locomoción garantizada por la Constitución”, dice García Laguardia.

Balsells, incluso, refiere que esa medida es un “abuso porque se privatiza lo público”.

Para ambos expertos, las municipalidades se han atribuido el derecho de autorizar esos cierres basados en el artículo 253, el cual, en su inciso “c”, señala que es su responsabilidad el “ordenamiento territorial de su jurisdicción”. “Las comunas, en lugar de eso, deberían buscar una solución al problema de la inseguridad”, comenta Balsells.

Artículo 33. Derecho de reunión y manifestación.

El Estado reconoce estos derechos siempre y cuando sean pacíficos y sin armas. También refiere que no pueden ser restringidos, disminuidos ni coartados. “La ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público”.

Esto último, de acuerdo con Balsells, es algo “delicado”, ya que el Congreso, pese al mandato constitucional de crear una normativa al respecto, no lo ha hecho. De esa cuenta, hay personas que aprovechan a cerrar calles “solo porque se les ocurrió”, amparándose en este artículo. “La culpa es de los diputados, pues son ellos los responsables de redactar una ley que permita actuar con autoridad en momentos determinados”, expresa.

“Una democracia funciona cuando hay derecho a manifestarse, pero eso no quiere decir que cualquiera pueda tapar una vía principal”, expresa. “Hay derecho de expresión y de protesta, pero no de bloquear una carretera y vedar el derecho humano de libre locomoción (artículo 26). Hay quienes que, por ejercer un derecho, violan otro. Por alegar de libertad, a veces se les va la mano”, coincide Molina Mencos.

De hecho, gente ha muerto porque ciertos manifestantes bloquean carreteras y no permiten el paso ni de ambulancias.

Artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento.

Uno de los pilares democráticos. Se permite por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho no puede ser restringido por ley ni disposición gubernamental alguna.

Este punto, sin embargo, es debatible, ya que también se establecen ciertas limitaciones. El texto constitucional continúa así: “Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley”.

Para Balsells, podría resultar discutible aquello que es moral o no. “Por eso, se ha procurado que esa palabra se deje de emplear en el Derecho como norma coactiva, porque cambia según la concepción”, indica. “Por ejemplo, puedo decir que el comunismo es malo. Esa es mi opinión; está bien y no necesita aclaración. Pero si digo que el comunismo es malo y que Juan es comunista, y por lo tanto es malo, entonces el aludido sí tiene derecho a aclaración, porque lo estaría imputando”, explica.

Artículo 39. Propiedad privada.

Este es otro de los pilares de una democracia, por lo que se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona. De esa forma, cualquiera puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley.

Artículo 47. Protección a la familia.

Se garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y esparcimiento de sus hijos.

Más adelante (artículo 49), en lo referente al matrimonio, se dice que este puede ser autorizado por alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por una autoridad administrativa.

El Estado, sin embargo, no reconoce explícitamente el matrimonio entre parejas del mismo sexo. “Eso es inconstitucional en Guatemala”, expresa Molina Mencos.

Opinión totalmente contraria tienen García Laguardia y Balsells, quienes coinciden en que el matrimonio entre parejas gays debe ser permitido, ya que es parte del principio de la igualdad (artículo 4).

Balsells refiere que la Constitución no establece que ese hecho deba ser exclusivo entre un hombre y una mujer, sino que solo es mencionado por el Código Civil —que de hecho, jerárquicamente está por debajo de la carta magna—. “Quienes quieran una unión de ese tipo y no los dejen, deben plantear un recurso de inconstitucionalidad”, indica.

Artículo 66. Protección a grupos étnicos.

Se reconocen los diversos grupos étnicos que existen en el país. El Estado, además, “respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos”.

Artículo 71. Derecho a la educación.

Aquí, el Estado garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Indica, además, que el Estado está obligado a proporcionar y facilitar la educación a sus habitantes sin discriminación alguna. En el artículo 94 refiere que es el responsable de velar por la salud y asistencia social de todos los guatemaltecos.

Artículo 135. Deberes y derechos cívicos.

Los guatemaltecos deben servir y defender a la patria; cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República; trabajar por el bien común; contribuir a los gastos públicos; obedecer las leyes; respetar a las autoridades; y prestar servicio militar y social, de acuerdo a la ley. En el artículo 136 confiere a los ciudadanos el deber y derecho a inscribirse en el Registro de Ciudadanos; elegir y ser electo; velar por la libertad y efectividad del voto y la pureza del proceso electoral; optar a cargos públicos; participar en actividades políticas; y defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Aprobación

El parlamento italiano aprobó el pasado 11 de mayo la ley que legaliza la unión civil entre parejas homosexuales, un derecho que ya existe en la mayoría de los grandes países de Europa occidental.

La ley fue aprobada por 369 votos a favor y 193 en contra en la Cámara de Diputados, después de que fuera aprobada en febrero por el Senado, por lo que se convierte definitivamente en ley del Estado.

La nueva ley establece un estatuto para los que conviven -tanto heterosexuales como homosexuales- y crea para las parejas homosexuales una unión civil particular calificada de “formación social específica”.

El texto establece ayuda recíproca moral y material, la pensión de supervivencia, el permiso de residencia para el cónyuge extranjero y también la posibilidad de adquirir el apellido del compaáero.Después de dos años de negociaciones y de semanas de intenso debate en el Senado, el gobierno decidió someter la ley al voto de confianza y evitar todo cambio al texto.

El antejuicio es una protección de la que gozan ciertos funcionarios públicos para no ser objeto de proceso penal si antes, por un “previo” procedimiento a cargo de alguna autoridad, no se señala que existen indicios suficientes para que pueda existir alguna causa legítima y por ende el funcionario deba enfrentar el proceso respectivo.

El antejuicio es una institución que tiene su historia, y la historia en principio es porque funcionarios electos en el ejercicio legítimo de su cargo fueron encarcelados por opositores políticos, o bien por ciudadanos descontentos de manera injusta. La institución tiene el objeto de resguardar el cargo y asegurar que el servidor público pueda ejercer sus funciones y competencias de acuerdo con la naturaleza del puesto que ocupa.

Ni en Guatemala ni en ninguna parte del mundo podemos definir alguna institución jurídica con base en su abuso, porque el “Abuso de Derecho” es una patología muy compleja pero que el propio sistema debe combatir. Los periodistas abusan del Derecho a la Libertad de Emisión del Pensamiento, pero nadie piensa en censurarlos; los propietarios abusamos de nuestro derecho de propiedad, pero nadie piensa en eliminarlo.

Debemos mantener la figura del antejuicio simple y sencillamente porque nuestra institucionalidad judicial es muy precaria. Es cierto que existen muchos jueces buenos, pero también los hay quienes son terribles mercenarios de la ley y veamos por ejemplo el caso que ha salido en varias ocasiones a luz pública de un juez de Paz de Villa Nueva que desde hace años tiene como “encargo” sacar a legítimos propietarios o poseedores de sus inmuebles. Este juez de Paz, que dicho sea de paso, un juez de paz es el más bajo de la estructura jerárquica judicial, hace en su juzgado lo que le da la gana, y debemos estar aún agradecidos con las autoridades judiciales que no lo han trasladado a un juzgado de lo penal porque de seguro repartiría las capturas por montón.

El antejuicio no es una garantía para el funcionario corrupto, ni nada por el estilo, es una garantía para el funcionario honesto y probo —que los hay, y muchos— que quiere hacer su trabajo pero que, de seguro, mafias y estructuras criminales que incluso se han metido hasta la médula en el sistema judicial podrían perjudicarlo. Un proveedor que no fue adjudicado, un trabajador que se siente lesionado, o bien, un opositor oportunista, podría tener mil formas de “meter a ese funcionario preso” por el hecho de no haberse plegado a sus intereses.

Ser un buen ministro o un buen alcalde sin antejuicio en un país donde el sistema penal funciona de forma discrecional y donde el derecho administrativo es inexistente porque mucho se discute en el ámbito criminal es un suicidio.

El antejuicio para candidatos es necesario y tiene su lógica. Somos un país que por décadas no permitió ninguna oposición política. Ser candidato opositor era sinónimo de cárcel, exilio o muerte, así que esa protección surge para aquellos ciudadanos que, hartos de la vieja política, decidirán en tres años competir para cambiar nuestro país y pueden enfrentarse a “acusaciones penales” maliciosas o de mala fe. Acá ni la denuncia falsa se castiga… así que seamos sensatos. Lo que debemos hacer es que los procesos sean ágiles, una diligencia judicial dura cualquier cantidad de tiempo y eso es ilegal.

@Alex_balsells

Pero, antes de hablar de él, recordemos cómo era aquella época. Para empezar, la población apenas era de un millón 224 mil habitantes. De ellos, en la capital y en los municipios circundantes, vivían 155 mil.

Por las calles transitaban elegantes carruajes que solo los ricos podían comprar. Para entonces gobernaba Justo Rufino Barrios.

Por ahí había un niño llamado Enrique Gómez Carrillo, quien solo tenía 7 añitos. Otro, llamado Jorge Ubico, era un bebé de dos años. En cambio, el novelista José Milla y Vidaurre ya pintaba canas a sus 58.

Así, en ese contexto, transcurrió la niñez de Matos Pacheco.

Quien sabe, quizás algún día jugó en la calle con Gómez Carrillo, antes de que este último se mudara con su familia a España, en 1881. O bien, que se haya topado con Jorgito tiempo después, o con Rafael Arévalo Martínez, quien nacería en 1884 y que escribiría notables obras como El hombre que parecía un caballo (1920) y ¡Ecce Pericles! (1945).

Todo era sumamente tranquilo, con apenas actividades de entretenimiento y donde uno que otro ladronzuelo era descubierto muy de vez en cuando.

El doctor

José Félix Matos Pacheco nació en la Ciudad de Guatemala, el 1 de septiembre de 1875, cuando el país apenas iba a cumplir 54 años de haber firmado el Acta de Independencia.

Estudió en el Instituto Nacional Central para Varones. Continuó en la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional —así se llamaba en esa época la actual San Carlos—, donde obtuvo el título de Ciencias Políticas y Sociales, en 1896, con solo 21 años.

Convulso regreso

En aquellos tiempos, Guatemala pasaba por momentos políticamente difíciles.

Manuel Lisandro Barillas, al dejar su cargo en la presidencia, se dedicó a los negocios. Sin embargo, con la llegada de Manuel Estrada Cabrera al poder, tuvo que exiliarse en México por la constante vigilancia que tenía sobre sí de parte de la policía secreta.

Desde allá, junto con José León Castillo —aspirante a la Presidencia guatemalteca y quien había perdido unas elecciones contra Estrada Cabrera— maquinaron en 1906 una revuelta para derrocarlo.

En venganza, el Señor Presidente mandó a matar a Barillas, lo cual se consumó el 7 de abril del año siguiente. Ese suceso tensó las relaciones entre México y Guatemala.

Se dice que el mandatario mexicano, Porfirio Díaz, planeó invadir el país en represalia. Fue entonces que salió a escena Matos Pacheco, quien por entonces era subsecretario de Relaciones Exteriores. Con otros ilustres guatemaltecos, negociaron con los mexicanos; el ataque, que parecía inminente, se detuvo.

Otra versión indica que el ministro de Relaciones Exteriores de México, de apellido Mariscal, fue quien en realidad convenció a Porfirio Díaz de no agredir a Guatemala al decirle: “Fácilmente venceremos; pero de allí regresará un general victorioso y con él, ya lo sabe usted como buen mexicano, un aspirante a la presidencia”.

Ascenso

En 1922, Matos Pacheco escribió su obra maestra, Curso de derecho internacional privado, que hasta la fecha se emplea en las facultades de Derecho de las universidades del país.

Uno de sus estudiantes fue Miguel Ángel Asturias. Incluso, el Nobel de Literatura 1967 le dedicó palabras en su libro París 1924-1933. Periodismo y creación literaria, en un apartado titulado Un profesor de Guatemala. Asturias elogió a Matos Pacheco por una lección que brindó en Europa, de nombre Esfuerzos en el sentido de evitar una nueva guerra mundial. “La autoridad científica del maestro de tantas generaciones en nuestra universidad, es incuestionable, y en su alabanza nada podría agregarse ahora que la agregación de La Haya corona sus esfuerzos y le coloca entre los internacionalistas más visibles de Hispanoamérica. Cabe, sin embargo, decir que si a Guatemala corresponde la gloria de uno de sus hijos, en terrenos académicos donde lo único que cuenta es el valor intrínseco de la personalidad, a los guatemaltecos que todavía creen en los valores espirituales les es doblemente cara la obra realizada por el doctor Matos, pues, una vez más, siguiendo la tradición, el nombre de la patria suena en el extranjero asociado al de uno de sus hombres más cultos. Un profesor de Guatemala…”

El 1 de marzo de 1923, Matos Pacheco pronunció el discurso inaugural de la Universidad Popular, en representación de la Universidad Nacional.

En esa época, de 1923 a 1945, renovando en 1954, fue miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, Holanda, cuya finalidad consiste en la resolución de conflictos internacionales.

En 1926, durante el gobierno de Lázaro Chacón, se le designó secretario de Relaciones Exteriores.

Luego, con Jorge Ubico en la silla presidencial, Matos Pacheco fue nombrado Ministro Plenipotenciario, cargo que ejerció en Francia, Inglaterra, Bélgica, España, Italia y Holanda.

Por su talento diplomático, entre 1927 y 1933, representó a Guatemala ante la Sociedad de Naciones (SDN), en Ginebra, Suiza, un organismo creado después de la Primera Guerra Mundial y que tenía funciones similares a la actual Organización de Naciones Unidas (ONU).

De hecho, fue electo presidente del Consejo en la sesión de mayo a septiembre de 1932, algo que emuló el también guatemalteco Emilio Arenales Catalán, quien, entre 1968 y 1969, fue presidente de la XXIII Asamblea General de la ONU.

Por supuesto, la actividad fue intensa en Europa. “Aquella era una época muy tensa en ese continente, pues acababa de salir de una guerra y hubo movimientos que hicieron pensar que se podía generar otra”, narra Francisco Javier Aguirre Matos, uno de los pocos familiares cercanos que quedan del insigne diplomático guatemalteco.

La Sociedad de Naciones mantuvo la paz hasta donde pudo, pero el ascenso de Adolf Hitler fue crucial para que, otra vez, el mundo se desangrara.

Poco antes de la hecatombe, Matos Pacheco decidió regresar con su familia al país.

Fue una lástima, porque en París, Francia, su hija Antonia Matos Aycinena destacaba como pintora; de hecho, fue la primera latinoamericana admitida en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de aquella ciudad. Allá se rodeó de varios artistas que hoy tienen expuestas sus obras en el Museo del Louvre.

A su regreso a estas tierras, Antonia Matos, apoyada por su padre, expuso algunas de sus pinturas, el 9 de junio de 1934, en una galería que estaba cerca del Cerrito del Carmen. Aquella fue la única exposición que presentó, pues se decepcionó porque Bellas Artes de Guatemala, escandalizada, la censuró: su obra presentaba desnudos.

Matos Aycinena falleció en 1994. Su patrimonio quedó en manos de personas que la rodeaban. Hasta hoy se desconoce el paradero de muchas de sus pinturas.

En la eterna primavera

Matos Pacheco tuvo una vida más tranquila en Guatemala. Su casa estaba en la 5ª. avenida, entre 5a. y 6a. calles de la zona 1 capitalina. Ahí mismo tenía su despacho.

El diplomático murió el 7 de diciembre de 1963, a los 88 años. “Soldados de alta en la Guardia de Honor montaron guardia ante el cuerpo del doctor Matos Pacheco; hoy a las once horas se le trasladará al salón de recepciones del Palacio Nacional en donde funcionarios públicos montarán guardia ante su féretro”, publicó Prensa Libre.

El jurista fue trasladado a la iglesia La Merced y después se le despidió en el Cementerio General, donde hoy descansan sus restos.

“Necesitamos —Centroamérica— terminar con nuestras rencillas y nuestra mentalidad aldeana, ver más amplio, enfrentar serenamente el porvenir y pensar honradamente en el futuro de nuestros hijos, para mantener siempre incólumes los atributos de nuestra soberanía”, fue uno de los pensamientos que dejó el ínclito diplomático guatemalteco.

Aristegui, una influyente periodista mexicana, también conductora de la cadena CNN en Español, se refirió así al rechazo de un tribunal de su país en julio a tramitar una demanda suya por su controvertido despido, una resolución que entonces ella calificó de “fin a la batalla judicial en defensa de la libertad de expresión”.

Conflicto

El conflicto se desató cuando MVS Radio cesó en marzo a dos miembros del equipo de investigaciones de Aristegui, tras revelar que la primera dama, Angélica Rivera, había adquirido una millonaria mansión a un contratista gubernamental, lo que generó un gran escándalo en el país.

• En video vea parte de las declaraciones de la periodista Carmen Aristegui en Colombia. (Youtube/Aristegui Noticias).

https://www.youtube.com/watch?v=U8Dqb3npzPk

MVS Radio alegó que los dos periodistas habían anunciado sin permiso la participación de la emisora en Mexicoleaks, una plataforma digital para recibir filtraciones sobre corrupción.

Después de que Aristegui, líder de audiencia en las mañanas y una de las voces más críticas con el Gobierno, exigiera al aire la restitución de sus compañeros, la emisora decidió concluir también su contrato argumentando que le había perdido la confianza.

La periodista denunció entonces que detrás de esa decisión estaba la mano de la Presidencia mexicana e inició un proceso judicial para exigir que se le permitiera a ella y su equipo volver a la emisora.

Aristegui demandará al Estado mexicano ante la CIDH http://t.co/C8a3SAuIdP

— Proceso (@revistaproceso) September 30, 2015

“El Estado mexicano y su sistema de justicia impidió que ese juicio sucediera. No sabíamos si ganaríamos o no”, señaló Aristegui este miércoles en Medellín.

Pero “queríamos que la justicia dirimiera si ese grupo empresarial tenía derecho a cambiar las reglas de juego editorial establecidas e ir en contra de ese contrato, del código de ética y de la ley”, agregó, despertando aplausos en el auditorio.

Un comunicado de esa organización indicó que la demanda de Aristegui, periodista politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, es apoyada a título personal por algunos miembros del Consejo Rector de la FNPI.

El pasado 26 de junio, el Supremo falló a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, lo que supuso una decisión histórica que anuló la potestad de los estados para prohibir las uniones entre homosexuales.

VÍDEO: Condado de #Kentucky niega licencias para bodas gay | Parejas retan el acto en video:http://t.co/NnRUpzVTed pic.twitter.com/Zy1Nvdrc9F

— Indice (@Indicepr) September 1, 2015

De esta manera, y desde ese mismo día, el matrimonio homosexual es un derecho constitucional en Estados Unidos, obligando a los trece estados del país que entonces aún lo prohibían a permitir que las personas del mismo sexo puedan unirse legalmente.

Sin embargo, se han producido episodios de funcionarios locales que se han negado a aplicar la decisión alegando creencias religiosas, siendo uno de los casos más sonados el de Davis en el condado de Rowan.

La decisión pide que se suspendan las medidas que prolongan artificialmente la vida del hombre, postrado desde 1995 por un accidente automovilístico en la provincia de Neuquén, sur del país.

Según el fallo existe “un conflicto entre derechos constitucionales, a saber, el derecho a la vida y el derecho a la autonomía personal”.

Por ende la Corte entendió que una persona “puede en determinadas circunstancias adoptar decisiones que tengan como fin previsible la culminación de su vida, en tanto se trata de cuestiones que se encuentran dentro de la zona de reserva que asegura el derecho a la autonomía personal”.

En este sentido el alto tribunal remarcó que “el individuo es dueño de hacer elecciones sobre su propia vida sin intromisión del Estado en tanto no afecten la moral, el orden público ni a terceros”.

El fallo se basa en una interpretación de la Ley de Derechos del Paciente, aprobada en Argentina en mayo del 2012, que autoriza a las personas a disponer mediante poderes legales órdenes anticipadas sobre su salud en casos irreversibles.

Accidente

Marcelo Diez sufrió un accidente de tránsito cuando tenía 30 años y permanece postrado en un hospital privado de la provincia de Neuquén, sin poder comunicarse o responder a estímulo alguno y conectado a un dispositivo para poder alimentarse.

Según sus familiares Marcelo había manifestado su deseo de que su vida no fuera prolongada artificialmente de encontrarse ante una situación terminal.

“El no pudo emitir una voluntad porque lo encontró un accidente de tránsito, en este caso el consentimiento lo dan los familiares más cercanos que pudieron conocer su voluntad”, dijo Lucas Pica, el abogado de la familia, que expresó su satisfacción con el fallo pero aclaró que “es una historia triste de principio a fin”.