La noche de este lunes 6 de junio se reportaron disturbios en Lívingston, Izabal, confirmaron autoridades de esa localidad. 

En el lugar, una turba de pobladores descontentos quemó la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC), informaron medios locales.

Al parecer, los descontentos exigían que les fueran entregadas dos personas sospechosas de haber asaltado una miniagencia bancaria a punta de pistola.

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Al no lograr que los agentes accedieran, procedieron a incendiar la sede policial. 

Hacia las 20.30 horas, el fuego amenazaba con extinguirse a las edificaciones vecinas. 

Autoridades municipales y gubernamentales dijeron que se encontraban en el lugar evaluando la situación. 

De acuerdo con medios locales, los pobladores aseguran que tomaron esas medidas porque la PNC había dejado libres a los supuestos asaltantes. 

(Video Prensa Libre: cortesía)

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Un “bombardeo” ocurre en internet cuando uno o más individuos se convierten de alguna manera en los protagonistas del mayor número de búsquedas, y en este caso fue con las palabras “malos guionistas”.

Según explicó Yahoo! tales campañas trastornan los algoritmos de Google haciendo que el buscador conecte una imagen, habitualmente desconectada, con una determinada frase.

La petición en la página web “change.org” reclama “una producción nueva de la octava temporada con guionistas competentes” y se inició después del episodio del lunes pasado titulado “The Bells”.

A la audiencia no le gustó el comportamiento de Daeneyrs Targaryen, interpretada por Emilia Clarke, y Jamie Lannister (Nikolaj Coster Waldau), y en su crítica del episodio el diario británico Daily Telegraph sostuvo que “la serie quedó arruinada y sin arreglo”.

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Benioff y Weiss, según los espectadores airados, “han demostrado que son guionistas totalmente incompetentes cuando no tienen material de respaldo (es decir los libros del novelista George R.R. Martin) a los que puedan recurrir”.

“Esta serie merece una temporada final que tenga sentido”, añadió.

Los seguidores de la serie se han quejado durante semanas por los vuelcos de la historia y todo tipo de detalles en la producción, incluida la aparición de un vaso de café de cartón en una escena.

Durante sus ocho años de existencia, “Game of Thrones” se ha caracterizado por las muertes violentas y en muchos casos como resultado de traiciones, y en esta temporada final hay en la audiencia quienes se quejan por lo que la revista Variety describió como “muertes de personajes no muy bien pensadas”.

Ha habido quejas por la calidad de iluminación en las escenas y por interacciones de los personajes que parecen forzadas, pero es poco probable que HBO se conmueva por la ira de los espectadores considerando que la audiencia sigue siendo masiva.

El episodio “The Bell” fue visto por 12.5 millones de personas en Estados Unidos en la difusión inicial –la mayor audiencia en la historia de la serie- y por 18,4 millones de usuarios de las plataformas de HBO.

El episodio final se difundirá el próximo domingo.

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“Para fortalecer la democracia necesitamos la pluralidad de voces”, fue la consigna de la marcha que comenzó como una convocatoria en defensa de una ley antimonopólica de medios sancionada por amplia mayoría en el 2009 e impulsada por la expresidenta Cristina Kirchner (2007/2015) .

Luego fue sumando otros temas como el rechazo a la designación por decreto de Macri de dos jueces a la Corte Suprema y el fuerte ajuste a los salarios que supone la liberación del dólar, que significó este jueves una devaluación de casi 30%.

Macri designó el lunes por decreto a los juristas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para ocupar dos vacantes de la Corte Suprema, sin pasar por la aprobación del Senado, donde la oposición tiene la mayoría.

Ante el amplio rechazo al nombramiento, Macri postergó la asunción hasta el próximo año en una medida aplaudida este jueves por los opositores, aunque el reclamo se mantuvo en la manifestación.

En el acto estuvo presente Daniel Scioli, excandidato presidencial apoyado por Kirchner, que obtuvo 49% de los votos en la segunda vuelta electoral del 22 de noviembre en la que Macri ganó la presidencia con 51%.

“Vine porque me pareció muy importante la posición del bloque (kirchnerista) para que se respeten los procedimientos institucionales para el nombramiento de jueces”, afirmó Scioli.

“No queremos poner palos en la rueda pero no permitiremos que se viole la Constitución como sucede con la designación de los ministros de la Corte, ni que modifiquen leyes a través de decretos como en el caso de la ley de Medios”, advirtió el diputado Héctor Recalde, jefe del bloque parlamentario del kirchnerista Frente para la Victoria.

“Defender conquistas” 

La devaluación de 30% de la moneda que significará un fuerte ajuste de los salarios, el temor al incremento de la inflación tras las medidas de liberación y unificación del mercado de cambio, así como la apertura a las exportaciones e importaciones, estuvieron entre las demandas.

“Vengo a defender las conquistas de estos últimos 12 años, en particular la Ley de Medios. No somos parte del kirchnerismo pero tenemos que defender lo hecho en estos años frente al avance del neoliberalismo”, dijo Nicolás, un militante de la agrupación Patria Grande, que no quiso dar su apellido.

La marcha empezó como una autoconvocatoria “en defensa de la Ley de Medios”, en alusión a la polémica ley antimonopólica del 2009, que recrudeció un enfrentamiento del entonces gobierno con el multimedios Clarín, el mayor de Argentina.

Los manifestantes reaccionaron a la decisión del gobierno de Macri de colocar bajo la órbita del nuevo ministerio de Comunicación el organismo autónomo AFCSA creado por la ley de Servicios Audiovisuales para garantizar su aplicación.

A la marcha se sumaron el bloque parlamentario del kirchnerista Frente para la Victoria además de organizaciones sociales y sindicales y numerosas agrupaciones aliadas a Kirchner.

Estuvieron presentes los exministros Axel Kicillof  (Economía) , Agustín Rossi  (Defensa) y el expresidente de la reestatizada Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde, entre otros.

Al igual que para la difusión de la convocatoria, las redes sociales multiplicaron las imágenes de la multitud apostada frente a la explanada del Congreso.

Los quichuas y saraguros, que partieron el 2 de agosto desde el sur del país, recorrieron 800 kilómetros a pie y en auto hasta alcanzar su destino.

En la capital, esperan hacer oír como pocas veces su reclamo contra Correa, el presidente izquierdista que, según ellos, dividió al movimiento indígena con ofrecimientos a algunos de sus líderes y críticas feroces a quienes no se le plegaron.

Sin embargo, ya no son la fuerza capaz de tumbar gobiernos con sus levantamientos  ni llenan las calles como en los noventa.

Aun así, los cerca de 250 manifestantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador  (Conaie) marcharon alegres entonando cantos y saludando a los espontáneos que los auparon en su trayecto hacia Quito, donde se sumarán a la huelga que convocaron para el jueves sindicatos y grupos de derecha.

Esta vez, aseguran, lograrán que “el prepotente Correa”  rectifique.

El mandatario, que cuenta con el respaldo de un importante número de indígenas, se ha referido a sus opositores de Conaie como “aliados de la derecha”  y “ponchos dorados de élite”.

“Voté la primera vez por Correa pensando que el discurso era auténtico. Después nos dimos cuenta que se robó el discurso del movimiento indígena para después irse en contra de él”, comentó Luis Sarango, un indígena que marchó desde Loja, sur y fronteriza con Perú, hacia Quito.

Ahora “rechazo”, agrega, esa actitud “prepotente” de Correa.

El mandatario, quien aprendió quichua cuando convivió en su juventud con aborígenes del centro de Ecuador, se ganó adversarios indígenas con sus proyectos de explotación petrolera y minera a los que se oponen varias comunidades alegando un grave impacto ambiental.

Los indígenas representan el 7% de la población ecuatoriana, según el censo oficial.

“Protestaré hasta lo último” 

A su paso por Machachi, una localidad en las afueras de Quito, los indígenas de la Conaie, que se declararon en rebeldía contra el gobierno, exponen una larga lista de reclamos que el presidente rehúsa aceptar.

Los pedidos van desde el archivo de un paquete de enmiendas constitucionales que tramita el Congreso de mayoría oficialista, una de las cuales permitiría a Correa postularse a un nuevo mandato en el 2017, hasta el retiro de iniciativas o leyes que en la práctica les ha quitado poder a los indígenas en la administración del agua, la tierra y la educación en sus territorios.

Manuel Carduchi cree que Correa ya no merece el respaldo que le dio en las urnas. Correa “recogía las aspiraciones por las que como movimiento indígena habíamos luchado”, señala. Sin embargo, agrega, levantó el resentimiento de muchos nativos con “tanto insulto”.

Marcela Choloquinga, una indígena quichua de la provincia de Cotopaxi, también se siente defraudada. “Tenía la impresión de que este gobierno iba a comprender a la voz de la ciudadanía pero ha sido una equivocación”.

La Conaie quiere aprovechar la mala hora del presidente para resurgir como fuerza de oposición.

Acosado desde hace dos meses por protestas que exigen su salida del poder y la caída de los precios del petróleo, que golpea las expectativas económicas, el mandatario admitió en pasados días que enfrenta una “difícil crisis política”  que menguó su popularidad.

En su campaña los indígenas no están solos. Sindicatos, grupos estudiantiles y políticos de derecha se organizaron para la que esperan sea la primera gran huelga contra Correa en ocho años de gobierno. El oficialismo, por su parte, cree que este nuevo intento de la oposición por reorganizarse será un fracaso.

Marcela Chalán lleva marchando diez días. Con dolor en los pies, esta joven indígena de 20 años cree que la gente saldrá en masa a apoyarlos en Quito, la ciudad que hoy concentra el mayor descontento contra Correa a raíz de sus planes para redistribuir la riqueza mediante la elevación de impuestos a las herencias y la plusvalía.

“Llegaré a Quito y estaré en la protesta hasta el último momento”, proclama Rosa Lachimba, una indígena de 44 años que asegura haber dejado su hijo de 12 años al cuidado de su hermana para sumarse a la movilización.

En la mayoría de comunidades donde se extrae ese material, que se utiliza principalmente para fabricar block para la construcción, la población evita dar información sobre las extractoras, ya que estas generan fuentes de trabajo.

No obstante, vecinos de la comunidad Tuilcanabaj, Concepción Chiquirichapa, expresaron su malestar, y señalaron que las autoridades no accionan en contra del dueño de un terreno donde se extrae ese material.

Los inconformes añadieron que temen que colapse el túnel y dañe cultivos y, además, al medioambiente.

El líder comunitario Santos Pérez expresó: “La extracción sigue igual pese a que se denunció el peligro”.

Se trató de conocer la versión del alcalde Mariano Sánchez, pero no respondió su teléfono celular.

En la comunidad Tupox, de ese municipio, ocho personas murieron cuando extraían pómez, cuando ocurrió del terremoto del 7 de noviembre del 2012.

Pobladores de San Juan Ostuncalco también denunciaron que en el lugar existen al menos tres áreas de extracción, y que los camiones que transportan el material dañan el camino de terracería.

El vecino Mauricio Gómez manifestó: “Pusimos la queja en la comuna, pero no han hecho nada”.

Un poblador de la comunidad La Esperancita indicó que algunos extractores no son dueños de los terrenos y utilizan áreas municipales o del Estado.

Según el alcalde Arturo Alonzo, en ese municipio hay 20 extractoras, de las cuales tres son ilegales. Añadió que la comuna no puede actuar, ya que esta no es tomada en cuenta cuando se otorga una licencia.

En Xelajú también se encuentran extractoras que causan malestar a algunos vecinos, debido al daño en el suelo y el polvo que generan.

“Cuando introducen maquinaria para sacar pómez, la tierra tiembla, y tememos que se dañen las casas”, afirmó Berta Marín, residente del cantón Chichigüitán.

El alcalde Jorge Barrientos expresó que las extractoras están en propiedad privada, y que si operan es porque tienen permiso, de lo contrario, debe haber supervisión, ya que la comuna no puede actuar.

Añadió que han recibido quejas de vecinos, las cuales han remitido a las autoridades del Ministerio de Ambiente.

Alta demanda

Raúl Juárez, dueño de una extractora en San Miguel Siguilá, aseguró que lleva 20 años de extraer pómez, debido a la demanda del material.

El jefe edil Mario Escobar señaló que la administración de la extracción debe estar a cargo de la comuna, y no de otras instituciones, ya que el municipio deja de percibir ingresos.

Macario Hernández, vecino de Palestina de Los Altos, donde también se extrae ese material, indicó que debería ser regulado el horario en que los camiones transportan el material, ya que generan atascos.

Prensa Libre trató de conocer la versión del jefe edil Willmin Morales, pero no atendió la llamada.

El ambientalista Sergio Montes manifestó: “No solo se debe autorizar la extracción, sino que se debe hacer un estudio sobre las secuelas”.

Gustavo Lang, delegado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, expuso que algunas comunas extienden licencias para explotación artesanal; sin embargo, en algunos casos se usa maquinaria industrial.

Ambiente

No existe registro

Gerardín Díaz, delegado  del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,  dijo  que no hay registro de la cantidad de extractoras de pómez en ese departamento. Añadió que algunas son legales y otras no.

Agregó que investigan  la denuncia  de la comunidad Tuilcanabaj, Concepción Chiquirichapa.

Resaltó que  uno de los problemas  es que las comunas  autorizan la extracción de pómez  y  arena de río sin tomar en cuenta a dicho ministerio;  sin embargo, alcaldes consultados niegan tener injerencia.

David Samuel Estacuy, director del  Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en Quetzaltenango, expuso  que pueden actuar si la extractora está en un  área protegida, de lo contrario  dicha actividad la debe regular el  Ministerio.    

DATO

8 personas   murieron soterradas en el 2012 en la comunidad Tupox.