Los contribuyentes podrán hacer las peticiones a la Presidencia por exoneración de multas e intereses, por medio de la Agencia Virtual de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), mecanismo que permitirá facilitar las gestiones.

Los contribuyentes tienen el derecho de solicitar la exoneración presidencial de multas e intereses, mas no el adeudo del impuesto. Por su parte, el gobernante tiene la potestad de no aprobarla o hacerlo total o parcialmente.

Fernando Suriano Buezo, intendente de Recaudación de la SAT, confirmó en una citación en el Congreso que la herramienta pretende facilitar las gestiones a los contribuyentes en los procesos, antes de llevar la solicitud a la Secretaría General de la Presidencia.

El funcionario indicó que, con la tecnología implementada en la SAT, la institución puede brindar a los contribuyentes la información de forma más ágil, sobre todo en el proceso de gestión de documentos a adjuntar para presentarlo a la Presidencia.

LE RECOMENDAMOS

Trabajo a tiempo parcial en Guatemala: Qué debe tener en orden si el IGSS o el Mintrab le piden revisar sus contratos

Cómo desarrollar cultura, talento y ejecutar productos o servicios, parte de las recomendaciones de expertos en el Training Day 2023

Uno de los problemas que se han detectado es que los contribuyentes quieren hacer requerimientos y no saben dónde hacerlo.

Recordó que existe un mecanismo para hacer la solicitud, pero es un procedimiento que se hace en forma física —papel— y que no brinda la certeza completa a las instituciones que intervienen en el proceso; por ejemplo, si ya tiene convenio de pago o sobre qué base aplica la exoneración.

La única plataforma para hacer la solicitud será la Agencia Virtual de la SAT, ya que es información de resguardo y privada.

Al solicitante le aparecerá un apartado para el tema de solicitudes de exoneraciones de multas e intereses, y al contribuyente que no tenga esos recargos no le aparecerá dicha opción.

Al ciudadano que tenga un caso del impuesto sobre la renta (ISR) o valor agregado (IVA), habrá un apartado de exoneraciones que se le mostrará en su agencia virtual para que lo pueda utilizar, y se activará bajo ciertas condiciones, como si hay una sentencia jurídica o si existe un ajuste, entre otros.

El mismo sistema detectará si puede optar o no.

Con el objetivo de atraer inversión extranjera al país y de esa forma contribuir al desarrollo económico y generar empleo, el Congreso de la República ha aprobado (desde hace varias décadas) una serie de leyes tributarias que otorgando incentivos fiscales a determinadas actividades productivas.

A continuación, se muestra un resumen de los distintos decretos que otorgan beneficios fiscales a nuevas inversiones en el país:

1. Decreto No. 65-89 y sus reformas, Ley de Zonas Francas

Las Zonas Francas se definen como áreas de terreno físicamente delimitadas, planificadas y diseñadas, en las que personas individuales o jurídicas se pueden dedicar a la producción o comercialización de bienes para la exportación o reexportación, así como a la prestación de servicios vinculados con el comercio internacional, las cuales se encuentran sujetas a un Régimen Aduanero Especial. Dichas zonas pueden habilitarse en cualquier parte del territorio nacional.

Beneficiarios:

Esta ley beneficia a compañías que se dediquen a la producción, transformación, ensamble, armado y procesamiento de bienes y a las que se dediquen a la prestación de servicios, incluida la actividad comercial, vinculados al comercio internacional. Asimismo, otorga beneficios fiscales a las entidades administradoras de la zona franca.

LE RECOMENDAMOS

¿Lujo tributario? Lo que recaudaría la SAT si no existieran los privilegios fiscales

La SAT está cruzando datos de declaraciones presentadas para fiscalizar el pago correcto de varios tributos

Ventajas:

• Exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un plazo de 10 años.
• Exoneración de impuestos, derechos arancelarios y cargos aplicables a la importación la maquinaria, equipo, herramientas, materias primas, entre otros, utilizadas en la producción de bienes y en la prestación de los servicios.
• Exoneración del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolo por la compra o transferencia de bienes inmuebles utilizados exclusivamente en su actividad como usuario productor de bienes industriales o usuario de servicios.

La adquisición de insumos de producción local para ser incorporados en el producto final y servicios que sean utilizados exclusivamente en la actividad beneficiada, no estará afecta al Impuesto al Valor Agregado -IVA-.

Algunas actividades que se excluyen de esta ley son: Petróleo crudo, combustibles derivados del petróleo y gas natural, productos agrícolas, servicios financieros y de telefonía entre otros. Por lo que estos beneficios fiscales no son de aplicación general a todas las inversiones que se desarrollen en el país.

2. Decreto No. 22-73, Ley Orgánica de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomas de Castilla

Las Zonas Libres son áreas extra-aduanales ubicadas dentro del perímetro demarcado en el plan regulador del Puerto Santo Tomás de Castilla, departamento de Izabal, y en las áreas extra-aduanales que habilitará para sus zonas de desarrollo económico especial públicas, que se podrán ubicar en cualquier parte del territorio nacional.

Los zonas libres que sean autorizadas fuera del Puerto Santo Tomás de Castilla, deberán cumplir con el requisito de que el área a ser autorizada no sea menor de 10 mil metros cuadrados o en caso el área sea menor, generar al menos 400 empleos directos. Así mismo, el área deberá de cederse en usufructo o arrendamiento a favor de la Zona Libre de Comercio e Industria “Santo Tomás de Castilla”, por no menos de 12 años.

Beneficiarios:

Esta ley beneficia a compañías que se dediquen a la producción, transformación, ensamble, armado y procesamiento de bienes y a las que se dediquen a la prestación de servicios, incluida la actividad comercial, vinculados al comercio internacional.

LE RECOMENDAMOS

¿Sabe usted cuál es la carga tributaria que lleva sobre sus hombros?

Tipo de cambio del dólar en Guatemala: ¿Es normal que haya subido 16 centavos en 15 meses?

Ventajas:

• Exoneración del ISR por un plazo de 10 años.
• Exoneración del Impuesto al IVA, derechos arancelarios y demás cargos aplicables a la importación de mercancías que ingresen a la Zona Libre.
• Exoneración del IVA por los hechos y actos gravados realizados dentro de la Zona Libre.
• Exoneración del Impuesto de Timbres Fiscales, sobre los documentos que contienen actos o contratos sobre bienes o negocios en la Zona Libre.

Entre las ventajas que ofrece esta Ley, es que no existen actividades prohibidas por lo que toda inversión puede ser sujeta a calificación y por ende, gozar de los beneficios descritos anteriormente.

3. Decreto No. 29-89, Ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila y sus reformas

Esta ley se aprobó con el objeto de promover, incentivar y desarrollar en el territorio aduanero nacional, la producción de mercancías para exportación o reexportación por personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país, para un contratante domiciliado en el extranjero, al cual la empresa domiciliada en Guatemala le suministrará productos de acuerdo a las condiciones convenidas; así como regular la actividad exportadora y de maquila de las empresas dentro del marco de los regímenes de perfeccionamiento activo o de exportación de componente agregado nacional total.

Beneficiarios:

Bajo esta ley pueden beneficiarse las personas que se dediquen a la producción, transformación, ensamble, armado y procesamiento de bienes industriales relacionados a la industria del vestuario y textiles, con el objeto de brindarles otras características o usos, distintos a las de sus materiales o componentes originales y las personas que brinde servicios vinculados a las tecnologías de la información y comunicación, que ofrecen los centros de llamadas o centros de contacto, desarrollo de software, desarrollo de contenido digital, siempre y cuando sus servicios se presten a personas no residentes en el territorio nacional.

LE RECOMENDAMOS

Proceso electoral y consumo: Cómo influyen las Elecciones Generales 2023 en las decisiones de compra de los guatemaltecos

Solvencia Fiscal: ¿Qué es este documento y qué requisitos se deben cumplir para tramitarlo ante la SAT?

Ventajas:

• Exoneración total del ISR por un período de 10 años.
• Suspensión temporal (hasta por un plazo de hasta 1 año) del pago de derechos arancelarios e impuestos a la importación, con inclusión del IVA sobre materias primas, productos semielaborados, productos intermedios, envases, empaques etiquetas.
• Suspensión temporal (hasta por un plazo de 1 año) del pago de derechos arancelarios e impuestos a la importación con inclusión del Impuesto al Valor Agregado. Sobre muestrarios, muestras de ingeniería, instructivos, patrones, modelos necesarios para el proceso de producción o fines de investigación o demostrativos.
• Exoneración total de los derechos arancelarios e impuestos a la importación con inclusión del IVA a la importación de maquinaria, equipo, parte o componente necesarios para el proceso productivo.
• Exoneración total de impuestos, derechos arancelarios y demás cargos aplicables a la importación y al consumo de fuel oil, gas butano, propano o bunker estrictamente necesarios para la generación de energía.
• No esta afecta al IVA la adquisición de insumos de producción local para ser incorporados en el producto final y servicios que sean utilizados exclusivamente en su actividad.
• Actividades distintas a la producción, transformación, ensamble, armado y procesamiento de bienes industriales relacionados a la industria del vestuario y textiles y servicios vinculados a las tecnologías de la información y comunicación, podrán beneficiarse únicamente con la suspensión por un año del pago de derechos arancelarios a la importación y del Impuesto al Valor agregado en la importación de materias primas utilizadas en el proceso productivo.

¿Qué debo considerar si quiero hacer uso de estos beneficios?

De forma general estas Leyes promueven la generación de nuevas inversiones, por lo que antes del inicio del proyecto es importante analizar si la actividad u operación se encuentra dentro de las actividades permitidas en alguna de estas leyes.

Algunos beneficios se limitan en caso de que se haya gozado de beneficios fiscales anteriormente. También debe comprobarse que la persona que vaya a solicitar su calificación presente una buena conducta de cumplimiento fiscal, aduanero y laboral.

Ana Lucía Santacruz, es socia de Impuestos, Comercio Internacional y BPS de Deloitte Guatemala

Las propuestas del plan de gastos del próximo año fueron cambiando a partir del 2 de septiembre pasado, cuando ya se encontraban en el Organismo Legislativo y finalmente se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 2023 por Q115 mil 443 millones 737 mil, según el decreto 54-2022 publicado en el Diario de Centro América. En este decreto se establecen ingresos tributarios por Q86 mil 247 millones 630 mil.

Pero si se eliminaran las exenciones, descuentos y exoneraciones establecidas en la legislación tributaria a favor a diversas entidades, instituciones y actividades productivas (conocidos como gasto tributario), la cifra superaría los Q107 mil millones.

El gasto tributario es el total de los ingresos tributarios dejados de percibir por el Estado, al otorgar exenciones o exoneraciones al pago de impuestos a determinados establecimientos educativos y las universidades; las actividades del sistema bancario, las asociaciones no lucrativas, las empresas dedicadas a la actividad de maquila, zonas francas y exportaciones, y otras se explica en el proyecto de presupuesto para el próximo año.

Para efectos de esta nota se usará el dato del gasto tributario para el 2023 incluido en la propuesta original de presupuesto efectuada por el Minfin en septiembre pasado. Este monto sería Q1 mil 284.7 millones (6.5%) más que los Q19 mil 817.7 millones calculados para el 2022.

El cierre que se prevé para el presente año, a su vez tendría un crecimiento de 7.7% (Q1 mil 416.7 millones) respecto a los Q18 mil 401 millones del 2021 y que fueron divulgados en junio de este año.

LE RECOMENDAMOS

Tipo de cambio: Este es el plan del Banco de Guatemala para mantener el quetzal bajo control en 2023

Inflación en Guatemala: ¿Cómo detener la subida de precios en la economía durante 2023?

¿Cómo se compone?

Según la composición prevista para el 2023, el 31.9% que representan Q6 mil 732.9 millones de ese sacrificio fiscal se deriva de impuestos directos y el 68.1% (Q14 mil 369.4 millones) de tributos indirectos.

El que más gasto tributario representa es el impuesto al valor agregado (IVA) con Q13 mil 952.7 millones (el 66.1%), seguido por el impuesto sobre la renta (ISR) con Q5 mil 997.4 millones (28.4%). También aparecen exenciones y exoneraciones al impuesto de solidaridad, derechos arancelarios de importación, impuestos a la distribución del cemento, del petróleo, tabaco y sus derivados, el impuesto a la primera matrícula y a la circulación de vehículos.

Las exoneraciones y exenciones están normadas en varias leyes, como el artículo 8 del Decreto 10-2012 del Congreso, que contiene la Ley de Actualización Tributaria, con la finalidad es incentivar o proteger a la industria nacional, fortalecer determinadas regiones y lograr una mejora en la generación de fuentes de empleo, informa el Ministerio de Finanzas (Minfin) en la propuesta de presupuesto del Estado para el 2023.

En el documento se agrega que la entidad encargada de estimar el gasto tributario es la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y para ello toma en cuenta los principales recursos por recaudar, calculando el monto que dejará de percibir el Estado debido a la supresión de la tributación con base en las medidas preferenciales vigentes.

Sin embargo, aclara que el gasto tributario no es equivalente a una estimación del incremento en la recaudación tributaria, debido a que la eliminación de los tratamientos preferenciales implicaría que los agentes económicos se trasladen a otras actividades que les resulten más atractivas.

¿Qué opinan?

Varios analistas consultados indican que es necesario establecer mecanismos para revisar si los sacrificios fiscales brindados a ciertos sectores o regímenes están dando resultados en la generación esperada de empleo y en aporte significativo a la economía del país.

Por ejemplo, están los regímenes que favorecen a la maquila y actividades de exportación, que incluye diversos tipos de empresas y call center, entre otros, así como colegios, universidades y otras entidades educativas, que están exentas de una parte del IVA por consumo, refiere Érick Coyoy, investigador del área Económica de la Universidad Rafael Landívar (URL)

Entonces, prácticamente el gasto tributario representa la cuarta parte de la recaudación estimada y es un monto importante tomando en cuenta que la recaudación en el país es tan pequeña. En términos del Producto Interno Bruto (PIB) el sacrificio fiscal representa alrededor de 2.8% mientras que la carga tributaria o recaudación está alrededor del 11%, agrega el analista.

Sin embargo, ve complicado modificar esos gastos tributarios porque requieren que el Congreso cambie las leyes y ese es un asunto polémico, por lo que considera que es un tema que debe ser revisado, pero mediante un proceso de mediano plazo que incluya un proceso de revisión integral de las finanzas, y dentro de esto, el mayor énfasis debiera estar en que la deuda no crezca tanto, dijo al hablar de los ingresos, sacrificio fiscal y contratación de deuda.

Menciona también que el gasto tributario tiene relación en cómo la SAT interpreta las exoneraciones y exenciones. Por ejemplo, el monto más grande es la exoneración en mercados y ventas ambulantes, pero lo que la ley dice es que están exentas la ventas de productos alimenticios en mercados cantonales por debajo de Q100, pero cualquier otra cosa que se vende en mercados y ventas ambulantes debe pagar impuestos.

“El problema es que la SAT, por simplificarse la vida, no fiscaliza nada en los mercados, ventas ambulantes ni tiendas de barrio; incluso ya hay cadenas de tiendas de barrio, aprovechando que la SAT no fiscaliza”, lo que considera que se convirtió en una “gran evasión” de tributos.

A su criterio, estaría bien que se mantengan las exenciones del IVA por compra de alimentos menores a Q100, no así las adquisiciones mayores a ese monto, como tampoco deben estar exentas las ventas de aparatos eléctricos y electrodomésticos, ropa, calzado y otros bienes.

Recaudar mejor

Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) es del criterio que más que reducir el gasto tributario, se debe velar por la eficiencia de la recaudación, principalmente el IVA y el ISR que son los pilares de los ingresos tributarios.

Esto porque en el caso del IVA, se ha ido reduciendo el incumplimiento, pero todavía hay espacios de mejora por el lado del de importación y del comercio. Sin embargo, considera que aún hace falta aumentar el cumplimiento del ISR, donde se notan más espacios de oportunidad. “Mucho se logró con la mejora en los planes de recaudación, control y fiscalización, pero el presupuesto no viene acompañado del plan en mención y aún es escasa la información”.

En tanto, Ricardo Barrientos, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo que en el presupuesto aprobado no se incluye el detalle de los regímenes de donde se derivan esos gastos tributarios pues por ejemplo, en cuanto al ISR, se incluye la deducción única para los trabajadores por dependencia que se denomina mínimo vital del ISR, que es la protección de capacidad de pago para las personas que están en situación de pobreza o pobreza extrema o que tienen ingresos muy bajos, según el principio constitucional.

LE RECOMENDAMOS

Impuestos: Por qué las empresas deben contar con un Archivo de Defensa Fiscal del contribuyente en Guatemala

¿Quiere invertir en un negocio ya conocido en el mercado? Aquí hay cinco ideas para el 2023

“La SAT calcula esa cifra como parte del gasto tributario, lo que no está mal, pero ahí también está el ISR de las maquilas y las zonas francas, cuyos resultados se deben contolar mejor”.

Según el analista, se deben transparentar esos datos para poder emitir criterio sobre qué conviene y qué no. “En el Icefi estamos a favor de la protección del mínimo vital del ISR para trabajadores porque el impuesto está diseñado para responder a la capacidad de pago, y por eso quienes tienen ingresos muy bajos no deben cargar con ese impuesto, pero están metidas en la misma bolsa las exenciones para las maquilas y zonas francas”, señaló.

Respecto del IVA, sugiere detallar qué incluye cada exoneración y exención tomadas en cuenta para el cálculo.

En el caso del monto que estiman de la exoneración a compras en mercados cantonales, cree que “no es otra cosa que el reconocimiento de la SAT de su incapacidad, ya sea por mandato legal o proceso administrativo, de ir a supervisar las acciones que se están dando en los mercados cantonales”.

Entonces, recomendó empezar por transparentar las cifras de gasto tributario, ya que se deberían detallar los regímenes y la base legal de cada uno de esos rubros y evitar el tema de opacidad, aparte de analizar la eliminación de algunos de estos privilegios fiscales.

Web

El tema de la reforma tributaria

Por otro lado, desde hace algunas semanas, autoridades de gobierno anunciaron que propondrán modificaciones a varias leyes tributarias y uno de los objetivos, según el Minfin, es revisar algunos artículos con el fin de facilitar el pago de impuestos a los contribuyentes.

Las leyes a revisar serían el Código de Comercio, el Código Tributario, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la Ley de Actualización Tributaria (decreto 10-2012), entre otras, pues “por el tiempo (de vigencia) ya es necesario actualizarlas y lograr una mejor recaudación, por medio de la ampliación de la base tributaria”, dijo el ministro Edwin Martínez Cameros, en su momento. “Ahora se ha logrado incrementar la carga tributaria, sin una reforma, y este año esperamos llegar al 12% respecto al PIB, aunque en el mediano plazo esperamos llegar al 15%, que es lo que se busca. Eso le daría al país una mejor posición respecto a las agencias de calificación, que es parte del trabajo a realizar”, agregó.

En semanas recientes, Marco Livio Díaz Reyes, jefe de la SAT, confirmó que en los siguientes días se entregará al Minfin dicha propuesta, para presentarla posteriormente al Congreso de la República.

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, y el Superintendente de administración tributaria, Marco Livio Díaz Reyes, fueron enfáticos al rechazar cualquier medida temporal que implique una reducción de los ingresos tributarios, para reducir el costo del gas licuado de petróleo que el pasado lunes registró su sexto incremento del año.

Esta reacción se dio luego de que el pasado martes 2 de noviembre, el ministro de Economía, Antonio Malouf, afirmó en el Palacio Nacional de la Cultura, que el Congreso podría legislar para reducir el costo del cilindro de gas para los consumidores finales, ya que “la única manera de bajar el precio del cilindro es autorizando algún tipo de beneficio al consumidor, como una exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) y eso lo deberíamos de trabajar en el Congreso”.

Esto, porque la Constitución Política de la República establece que el Congreso es el único organismo de Estado facultado para crear, reducir o eliminar tributos.

lea además:

Mineco afirma que el Congreso podría legislar para reducir el costo del cilindro de gas para el consumidor

Pero el GLP tiene una característica de segmento que impacta más a los hogares y encarece la preparación de alimentos, tortillas y pan que son productos de la Canasta Básica de Alimentos de los guatemaltecos.

“No es el camino correcto”

González Ricci, quien además es el presidente del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), manifestó que para este año ya se cuenta con una programación de recaudación tributaria y el alza que está registrando el GLP en el mercado local es algo que no ocurre por primera vez.

Lea también: Falta de materia prima, escasez de empaques y el encarecimiento logístico impactan a exportadores

“Entiendo que no es una subida en general y es una comercializadora la que incrementó sus precios, pero responder a factores de este tipo pensando en exoneraciones o reducir impuestos, yo creo que no es el camino correcto”, explicó el funcionario, luego de acudir a una reunión con el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso.

Aclaró que, si por otros motivos suben los precios de otros suministros o insumos necesarios para la población, también se tendría que quitar impuestos. Pero ¿qué pasa si bajan los precios? En el caso del GLP, entonces habría que subir los tributos.

“En ninguna parte del mundo se ha validado que la salida a una situación de mercado sea subir o de bajar impuestos y pensar en ese tipo de compensadores, definitivamente es algo que no funcionaría”, precisó el responsable de la cartera del Tesoro.

Por otro lado, dijo que en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), se determinará por qué una comercializadora incrementó los precios y hay que revisar la estructura de precios, aparte de que la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco) debe intervenir.

“Aunque el tema no se ha abordado en el Directorio, cualquier planteamiento que vaya en detrimento de los impuestos tendrá una opinión desfavorable porque no es la salida. En todo caso, si el GLP continúa con tendencia alcista, lo que va a ocurrir es que la población empezará a dejar de consumir, aunque se le quiten los tributos, y empleará leña para cocinar y habrá deforestación”, dijo.

“Imposible dar exoneraciones”

Al preguntarle al superintendente Díaz Reyes sobre el particular, mencionó que cuando empieza aumentar el precio, baja el consumo y regula al precio. “es algo que ya se ha vivido, no es nuevo y se ha podido administrar. Es lamentable que aumenten los precios porque el gas es un producto de consumo popular”, afirmó.

Sobre el efecto de las posibles exoneraciones, el superintendente expuso que se estaría hablando entre Q3 mil 700 y Q4 mil 500 millones en seis meses, por lo que “es imposible dar esas exoneraciones”.

Aclaró, que una medida generalizada beneficia al que tiene poder adquisitivo y al que no tiene el poder de compra, que sí necesita la ayuda, por lo que reiteró el llamado a diseñar programas que impacten socialmente a las familias más afectadas, y que los contribuyentes que sí pueden pagar, continúen tributando.

Lea ahora: Las fortalezas, retos y riesgos de las economías centroamericanas están bajo la lupa internacional y así nos vieron en septiembre

“Una exoneración generalizada nos llevaría a una pérdida de la recaudación muy parecida a la pandemia y lamento mucho que se estén brindando estas declaraciones sin datos que no responden a la realidad nacional ni al costo de los alimentos”, expresó el superintendente.

Alzas presentes

Los consumidores guatemaltecos empezaron a experimentar desde el pasado 1 de noviembre, alzas de precios en los derivados del petróleo.

Por ejemplo, una compañía envasadora aplicó un alza de Q10 al cilindro de 25 libras de propano, que lo encareció a Q142; el de 35 libras se cotiza en Q199 y el de 100 libras, en Q568, y ese mismo día también cobró vigencia el nuevo pliego tarifario de la energía eléctrica con incrementos entre 1.9% a 2.5% para el siguiente trimestre.

El pasado 21 de octubre se aplicó un incremento de Q1 para el galón de diésel y las gasolinas superior y regular, que llevó los precios en la modalidad de autoservicio en la capital, a Q30.99; Q30.29 y Q26.49.

La cifra casi equivale a cubrir el pago del servicio de la deuda del país, que el año pasado fue Q13 mil 097 millones, para hacer un comparativo.

Lea además:

Finanzas prepara el Presupuesto 2021 con desafíos históricos y una pandemia en desarrollo

El informe de estimación del gasto tributario fue presentado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y detalla el comportamiento de los principales impuestos durante el ejercicio anterior.

Prácticamente los beneficiarios utilizaron 10 impuestos de la estructura tributaria.

Se le conoce como gasto tributario al total de ingresos dejados de percibir por el Estado, como resultado de la aplicación de tratamientos preferenciales establecidos en la legislación.

Estas pueden ser exoneraciones, exenciones, franquicias, deducciones especiales, contenidas en la Constitución o  leyes ordinarias, incluyendo las tributarias, así como otros instrumentos de políticas económica.

Se dice que el gasto tributario tiene como objetivo influir en el comportamiento de los agentes económicos para promover un crecimiento en la economía. Pero supone una disminución de la recaudación fiscal.

Al detalle

De los Q14 mil 930.49 millones, que es el monto total del gasto tributario, el 2.4% del PIB, o sea Q14 mil 365.83 millones, corresponden a los impuestos internos, y el 0.1% al comercio exterior por Q564.66 millones, indica el informe del ente recaudador.

Es decir, los impuestos que más peso tienen en el gasto tributario son los internos.

En esa misma proporción, por impuestos directos el monto es de Q4 mil 926.05 millones, y los indirectos por Q10 mil 004.44 millones.

Incentivos y controles

El consultor fiscal Juan Carlos Paredes declaró que en todos los países se manejan incentivos fiscales y el indicador casi es el mismo con el fin de atraer inversiones y generar fuentes de empleo, pero reflejan una robusta recaudación de impuestos, situación que contrasta con Guatemala, que cuenta con una de las más bajas cargas tributarias y que no compensa.

Pero también hay que verlo desde los beneficios de ese gasto: en lo social, económico, empleo, salud y educación.

“Es una estructura de exoneraciones de actividades específicas, como en las universidades, centros educativos, entidades no lucrativas cooperativas y tiene una escala amplia para incentivar la parte social, educativa y el desarrollo de las actividades”, puntualizó.

Rudy Castañeda, exsuperintendente de SAT, explicó que, si bien los beneficiarios no están sujetos a una revisión tributaria, se debe buscar un mecanismo metodológico para ejercer más controles en otras actividades en las cuales hay lucro.

“Se debería hacer una revisión como cualquier contribuyente, aunque tenga ese privilegio, y se van a encontrar grandes sorpresas, ya que se incluyen otras actividades mercantiles con tal de no pagar impuestos”, afirmó Castañeda.

IVA con mayor incidencia

En la clasificación por impuestos destaca al valor agregado (IVA) por Q9 mil 715.46 millones que incluye el doméstico -que registra el consumo interno- y el de importaciones, con una participación total del 65% en la estructura.

Le sigue el impuesto sobre la renta (ISR) por Q4 mil 177.27 millones, con un peso de 28%.

Ambos impuestos en su conjunto representaron el 93% del gasto tributario en el 2019 por un monto de Q13 mil 892.73 millones, detalla el informe de la SAT.

Le sigue el impuesto sobre solidaridad (ISO) por Q748.78 millones, derechos arancelarios a las importaciones (DAI), Q166.5 millones, y a la distribución de petróleo por Q99 millones, respectivamente.

En menor escala aparecen, el impuesto sobre circulación de vehículos, Q9.2 millones; al tabaco y sus productos, Q5.6 millones; a la primera matricula, Q4.4 millones, y a la distribución de cemento, Q2.6 millones.

Beneficiarios constitucionales

Para los beneficiarios constitucionales ascendió a Q3 mil 469.25 millones, que incluye a las universidades, centros educativos, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

El total para las universidades representó un gasto tributario por Q1 mil 090.11 millones; los centros educativos, Q1 mil 087.28 millones, ambas actividades con una participación del 7.3% cada una; IGSS, Q1 mil 280.15 millones (8.6%), y COG y CDAG, Q11.7 millones (0.1%).

De nuevo los impuestos con mayor peso fuero por IVA Q1 mil 774.94 millones y por ISR Q1 mil 684.07 millones.

Beneficiarios por leyes ordinarias.

Con respecto a los beneficiarios por leyes ordinarias, la cantidad del gasto tributario ascendió a Q11 mil 461.24 millones.

En ese listado se incluyen a los beneficiarios del decreto 29-89; decreto 65-89; actividades mercantiles; iglesias, instituciones de asistencia social, misiones diplomáticas e internacionales, cooperativas, generación de energía eléctrica; minas, canteras y extracción petrolera; empleados en relación con dependencia, intermediación financiera, instituciones gubernamentales, personas individuales y familias.

Los más significativos están en personas individuales y familias por Q4 mil 313.57 millones, con una participación del 28% en la estructura que es la más alta, le sigue intermediación financiera por Q1 mil 850.59 millones (12.4%), y actividades mercantiles por Q1 mil 477.35 millones (9.9%).

El gasto tributario para instituciones de asistencia social fue de Q992.20 millones (6.6%), los beneficiarios decreto 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la actividad Exportadora y de Maquila, Q752.47 millones (5%), que son los más significativos.

De nuevo repite el IVA y el ISR como los tributos con mayor peso.

Por ejemplo, el gasto tributario por IVA fue de Q7 mil 542.37 millones y el ISR de Q2 mil 493.20 millones, que en su conjunto suman Q10 mil 035.57 millones.

“Nosotros no cobramos IVA en el exterior y es el mayor impuesto. Más se contribuye con el pago de planillas y generar empleo, y que estos consumos del IVA local”, mencionó Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex) adscrito a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) al referirse al régimen 29-89.

Reiteró que la principal contribución de las exportaciones es la generación de empleo, y aquellas que tienen que pagar el ISR es muy reducido.

Los tributantes tenían juicios en las instancias coactivo-administrativo o penal, pero con el beneficio lograron desjudicializar los casos.

Lea también

SAT paga seis oficinas que nadie usa

Las estadísticas dadas a conocer el pasado miércoles dan cuenta de una recaudación de Q400 millones de contribuyentes con procesos jurídicos, que equivale al 44% de los Q907 millones, que es el monto total de cobranza por la exoneración que se inició el 20 de mayo pasado.

El otro 55%, o sea Q506 millones, provienen de contribuyentes que no tenían procesos jurídicos.

Abel Cruz Calderón, intendente de Recaudación, explicó que no se puede tener un balance final sobre los casos que se encontraban en cobro judicial, ya que la exoneración aún no finaliza.

Sin embargo adelantó que la mayoría podría estar asociada a juicios iniciados a los impuestos sobre la renta (ISR) e impuesto al valor agregado (IVA) doméstico.

El informe detalla que 176 grandes contribuyentes liquidaron Q176 millones por adeudos; 404 tributantes especiales medianos, Q141 millones; y 204 mil pequeños contribuyentes normales, Q590 millones.

“Era de aprovechar”

Miler Estrada y Óscar Chile Monroy, expertos en temas tributarios, afirmaron que era lógico que los contribuyentes con casos judiciales aprovecharan la exoneración.

“Los tributantes lograron regularse y no seguir con los juicios. En lo personal tuve varios clientes que decidieron aprovechar ese beneficio”, aseguró Estrada.

Explicó que algunos estaban inconformes pero al final era importante la rebaja sustancial.

“Si se recaudaron Q400 millones, quiere decir que la SAT dejó de percibir Q800 millones, porque se perdió el 100% de la multa, más los intereses”, agregó.

Eso significa que los contribuyentes con algún tipo de juicio lograron ahorrarse Q800 millones y solo pagaron Q400 millones en el segundo mes de la vigencia de la exoneración.

Chile Monroy afirmó que aunque buena parte de contribuyentes se favorecieron con el beneficio, no fue todo el universo, ya que otros decidieron continuar con los procesos.

“Hay tributantes que mejor esperan conocer los fallos por los jueces”, dijo.

El experto recordó que un proceso judicial por impuestos puede representar altos gastos, pero es decisión del contribuyente. Estrada precisó que muchos contribuyentes acudieron a financiamiento bancario para poder liquidar, y otros suscribieron convenios de pago hasta por 18 meses, pero se libraron de los juicios.

El dato corresponde a los primeros 30 días de la vigencia de la exoneración, que pretende regular a los contribuyentes con adeudos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La exoneración, que entró en vigencia el pasado 20 de mayo por medio del Acuerdo Gubernativo 82-2017, establecía un beneficio del 100%. Fueron recibidas dos millones 254 mil declaraciones.

De ese total, dos millones 153 mil fueron declaraciones reportadas a cero, que equivale al 96%, y 101 mil 137 fueron declaraciones con pago, que representan el 4.49%.

De los reportes con pago, 34 mil 652 fueron al impuesto sobre circulación de vehículos (ISCV).

La recaudación fue 17% más que la última exoneración de multas y recargos, la cual se dio de junio a septiembre del 2014 y se cobró Q583.2 millones; en la del 2013 —junio a septiembre—, Q390 millones, y Q705.7 millones del 2011.

La exoneración finalizará el próximo 20 de agosto; en la actualidad el beneficio es del 95%.

Regulación

Por tipo de tributo el 50% de los contribuyentes que aprovecha el beneficio, corresponde al impuesto sobre la renta, y la recaudación fue Q344 millones. El reporte señala que 43 mil 243 tributantes se pusieron al día.

El 33% corresponde al del impuesto al valor agregado, que lo liquidaron 131 mil tributantes, y se cobró Q229.68 millones.

En su conjunto, ambos impuestos representan el 83% y un recaudación de Q573 millones.

En el impuesto de solidaridad, la recaudación fue de Q36 millones, ISCV, Q14 milllones y otros Q61 millones.

Francisco Solórzano Foppa, jefe de la SAT, explicó que Q308.4 millones, (45%) de lo recaudado, corresponde a procesos que se encontraban en fase jurídica de cobro por las diferentes instancias.

Además que Q377 millones (55%), fueron sin proceso.

El informe indica que 171 mil tributantes normales —individuales— liquidaron Q478 millones, 285 contribuyentes medianos, Q81 millones, y 125 grandes contribuyentes especiales, Q125 millones.

“La exoneración fue aprovechada en su mayoría por pequeños y medianos tributantes, quienes se regularon”, explicó.

Por origen de domicilio fiscal, la mayoría se encuentra en la región central, con 98 mil /57), seguido del occidente, 29 mil (17%), sur, 21 mil 872 (12%) y nororiente, 21 mil (12%).

Convenios

Además de la recaudación, se realizaron nuevos convenios de pago por Q252 millones, de los cuales Q103 millones se pactaron con los contribuyentes para realizarse en este ejercicio, y Q108 millones para el 2018.

También se establecieron mil 656 convenios renegociados por Q285 millones.

Por aparte, Solórzano Foppa dijo que se llevará a cabo un cambio en las estrategias de fiscalización, por la renuncia sorpresiva de Adrián Zapata Alamilla como intendente jurídico, el martes pasado.

En su lugar fue nombrada de manera interina la abogada Guisela María Viana Vidal, quien ya labora en la institución.

Los convenios son los mecanismos que utilizará la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con el anuncio de exoneración fiscal que incluye el pago de multas, intereses o recargos.

Se calcula que la SAT ha dejado de recibir, en varios conceptos, unos Q9 mil millones.

Abel Cruz, intendente de Recaudación, refirió que la plataforma que podrán utilizar los contribuyentes para gozar del beneficio está en fase de construcción, pero aseguró que estará vigente a partir del 20 de mayo,

“Exhortamos a los contribuyentes para aprovechar la exoneración de las multas e intereses y acercarse a la SAT para limpiar sus expedientes con el fisco”, afirmó Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas.

Proceso

Cruz dijo que en los siguientes días se contará con el diseño de los formularios para que los contribuyentes puedan solicitar las exoneraciones por la vía informática —BancaSAT—, aunque también podrán obtenerlo de manera o física.

“Trabajamos en una plataforma informática en la cual los tributantes podrán hacer el calculo de lo que tendrán que pagar”, afirmó.

El intendente explicó que se emitirán formularios —dependiendo del impuesto—, y será el contribuyente el que determinará las cuotas en las que podrá hacer la liquidación o, incluso, si lo cancelará en un solo pago.

Una vez pagado el impuesto en en las entidades bancarias el expediente quedará limpio en los sistemas.

Si se trata de un caso en las instancias penales, el contribuyente podrá efectuar el pago y luego informará al juez que aceptará el procedimiento.

Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, recordó que mantienen una alianza con el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) en los cuales los contribuyentes podrán hacer solicitudes de créditos o préstamos para poder pagar los saldos al fisco en la cual se darán facilidades.

El Código Tributario dice que los contribuyentes pueden hacer convenios de pagos hasta por 18 meses.

Expectativas

La exoneración va dirigida a aquellas empresas o compañías que tienen grandes sumas sin poder liquidar a la SAT, que por el aumento del 100 por ciento de multas, recargos e intereses se hace difícil de pagar, coinciden los consultores tributarios Juan Carlos Paredes y Miler Estrada.

“Si el adeudo del pago del IVA es de Q1 millón para una pequeña y mediana empresa, con los recargos adicionales puede subir a Q2 millones o Q3 millones, pero con la exoneración solo pagarán el monto del impuesto y eso es un ahorro importante”, citó Paredes.

Estrada indicó que Guatemala es el único país en donde se paga el 100% por multas e intereses de infracciones tributarias, lo que obliga a que algunas empresas esperen este tipo de medidas que emite cada cierto tiempo el Ejecutivo.

“Es muy seguro que empresas con procesos penales y puedan ser objeto de intervención paguen los impuestos pendientes y así evitar esas medidas cautelares”, explicó.

Los registros señalan que unos 42 mil contribuyentes, que equivalen al 6.2% del total que pose omisos de los 684 mil en el 2017, son los que tienen grandes cantidades por adeudos tributarios.

Este grupo de tributantes es el que ha sido objeto de intervenciones desde hace un año.

Las autoridades, reiteraron que por el momento no tienen escenarios de cuanto sería el potencial de recaudo, con la exoneración que finalizará el 20 de agosto.

La primera de ellas está en el artículo 91 y se refiere al pago extemporáneo del Impuesto al Valor Agregado y la retención de tributos, cuya sanción es del cien por ciento del impuesto e indica que se reduce al 50 por ciento si el contribuyente hiciere efectivo el pago antes de ser requerido por la SAT.

La segunda dispensa la encontramos en el artículo 94 “A” y establece que si el contribuyente al percatarse de la comisión de una infracción a los deberes formales y se presenta voluntariamente, sin haber sido requerido o fiscalizado aceptando la infracción, la misma se rebajará en un 85 por ciento.

El tercer caso es el “Mecanismo previo para solucionar el conflicto tributario” contemplado en el artículo 145 “A” y es cuando después de una auditoría fiscal la SAT llegua a detectar errores, accions u omisiones de la obligación tributaria, que no constituyan delito o faltas penales, previo a conceder la audiencia, puede citar al contribuyente para subsanar las mismas.

Si se aceptan las inconsistencias u errores se debe pagar el impuesto, los intereses se rebajan en un 40 por ciento y la sanción por mora en un 80 por ciento. No obstante que es potestad de SAT aplicar este mecanismo, siempre se debería conceder, puesto que ello puede agilizar el pago de los impuestos. La cuarta exoneración está en el artículo 146 e indica que el contribuyente puede expresar su conformidad con uno o más de los ajustes o sanciones, en este caso, las sanciones se exoneran en un 75 ciento.

La quinta rebaja está en el artículo 106, que se aplica en los casos de omisión o rectificación de declaraciones. Si el contribuyente decide presentarla o corregirla, antes que se le notifique la audiencia, gozará del 50 por ciento de rebaja de intereses y la sanción por mora se reduce en un 85 por ciento.

Por último el artículo 183 de la Constitución establece que es función del Presidente, entre otras, exonerar de multas y recargos a los contribuyentes, la cual ha ejercido al conceder tales rebajas a más de 200 contribuyentes, pero debe advertirse que tanto las distintas exoneraciones del CT así como la función constitucional del mandatario, no se refieren a reducción o exoneración de impuestos, éstas se mantienen según cada caso, es decir, no disminuye el monto del tributo.

Se debe también tomar en cuenta que en el presupuesto de ingresos tributarios no se proyectan las multas y sanciones. Las rebajas de sanciones son para hacer viable el pago del impuesto, por ello es que las reducciones de multas existen, se han aplicado y se seguirán aplicando.

Conferencias y otros temas tributarios visite: www.chilemonroy.com

Chajón explicó que la expectativa es lograr un crecimiento anual del 3% en el sector, y que en los últimos cuatro años del plazo mencionado crezca a 8% al año.

En el caso de las divisas, Chajón no especificó monto, pero dijo que dentro del reenfoque del mercadeo se busca atraer a más turistas europeos que hacen un gasto diario promedio por persona más elevado que los visitantes de otras regiones del mundo.

Otras metas son subir hasta diez posiciones en el Índice de Competitividad Turística para el 2019 —actualmente se ocupa el puesto 80 de 141 naciones—, y que para el 2025 el país ya esté posicionado como Corazón del Mundo Maya.

El plan, que se comenzó a trabajar desde hace tres años, fue divulgado en el 2014 y ahora se complementó y ajustó, dijo Chajón. El primero no establecía un plan de acción y el segundo se despolitizó y se integró a los otros entes estatales para que pueda ser tomado por los gobiernos siguientes para su ejecución, añadió.

Con ocho ejes, cada uno con sus líneas de acción, y 205 proyectos, donde participarán más de 11 organismos estatales en coordinación con otros sectores, se prevé ponerlo en vigencia la próxima semana.

El presidente Morales dijo que durante su gestión, los entes estatales apoyarán el desarrollo del sector y los incentivó para que no solo se quede en el papel, al reseñar que 92% de planes en el mundo se quedan sin ejecución.

El ente rector será el Inguat, del cual no se especificó si podría ser convertido en Secretaría de Estado, porque necesita un decreto del Congreso. El ministro de Economía, Rubén Morales, dijo que es prioritaria la reorganización del Inguat y las reformas a la Ley Orgánica de la institución.

Esperan a salvadoreños

Más de 40 mil visitantes salvadoreños espera recibir Guatemala debido al descanso de la fiestas agostinas que se celebran en el vecino país.

Jorge Mario Chajón, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), indicó  la semana pasada que se espera superar la cifra del 2015, cuando se registró la llegada de 39 mil 92 salvadoreños, cantidad que significó un ingreso de divisas por US$7 millones.

Chajón refirió que la mayor cantidad de visitas iniciaría a partir del sábado 30 de julio.

Los salvadoreños tienen un gasto promedio diario de US$80 por persona y permanecen en el país entre 2.5 a 3.5 días, según la encuesta de gasto que efectúa el Inguat.

Manuel Gordo, presidente de Allied Global, compañía que brinda servicios de call center, aplaudió la aprobación de la ley porque es positiva y más que beneficiar a las empresas, ayuda a mantener los empleos y a que vengan más empresas a crear trabajo en el país, aseguró el empresario.

El sector de contac center compite con 80 países en el mundo, porque el inglés se habla en muchos países. “El ISR es minúsculo si se toma en cuenta que más 17 mil empleados de la industria, que ganan más de Q6 mil al mes, crean un impacto de Q1 mil 500 millones mensuales”, dijo Gordo.

Gordo dijo que la industria se unió para capacitar a más gente a que hable inglés, y que cada vez hay más personas interesadas en obtener un trabajo en esa industria, ya que en diez semanas aprenden ese idioma.

“Buscamos capacitar en el 2016 a más de mil personas, y esperamos que el Gobierno nos apoye y lleguemos a impactar a más guatemaltecos. Además, cada empresa tiene su propia academia y buscan tener mejor capital humano”, indicó Gordo.

Alejandro Ceballos, directivo del sector de vestuario y textiles, dijo que la ley no es de fomento al empleo, aunque salva los 100 mil empleos de ese sector y los 17 mil de los call center.

Indicó que El Salvador y Honduras se ha hecho una campaña fuerte de publicidad en la que se invita a empresarios locales para que inviertan en esos países. Además, a los empresarios que se les venza su plazo ya no podrán tener otros diez años de exoneración, porque no se puede volver a calificar con la misma empresa.

“Lo que estamos enseñando a nuestros socios es cómo pagar impuestos. Tenemos que buscar otras medidas y ventajas competitivas, porque ni el salario ni los impuestos son ya negociables en el país. Nuestro clúster tiene mucho valor y no nos queda más que vender todos los procesos juntos, o sea, un paquete completo”, apuntó Ceballos.

La ley de Guatemala tiene su ventaja ante las otras, aceptó el directivo.

Carlos González, analista de Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señaló que se ha recomendado verificar todo el entorno de la recaudación; sin embargo, las empresas beneficiadas dan empleo a muchos guatemaltecos, por lo que de alguna manera es buena para el país, por lo que se consideró que valía la pena dar el beneficio de no pagar ISR por diez años.

“El sacrificio fiscal se acepta si el beneficio es la creación de empleo, porque el país carece de oportunidades para laborar”, concluyó González.

El directorio de la SAT opinó de manera negativa, “porque contiene disposiciones que contravienen al ordenamiento jurídico tributario vigente y su eventual aplicación conlleva efectos negativos para el sistema tributario”, refirió el oficio Ref.CAR-SAT-D 0722015 firmado por Francisco Rivera, secretario interino del directorio de la SAT, y enviado al despacho del Ministerio de Economía el 17 de noviembre del 2015.

Alejandro Ceballos, director de la Asociación de la Industria de Vestuario y Textil (Vestex), comentó que una de las observaciones que realizó la SAT y que les pareció “positiva” del dictamen, es que hacen ver que del total de contribuyentes, que son 2 mil 493 y pertenecen al 29-89, aportan en impuestos el 9.24% de la recaudación tributaria y el 1.04% del PIB. “Esto quiere decir que las empresas que están dentro del régimen 29-89 sí pagan impuestos”, dijo el directivo.

Ceballos explicó que los directivos de la SAT sugieren en el dictamen que quede “claro” cuáles son las empresas que no deben trasladarse a Zonas Francas. “La zona franca es un tema difícil de operar, tiene que haber una serie de trámites y no tienen tantos usarios”, comentó.

En el caso de textiles, la SAT sugirió establecer un mecanismo de control donde la distribuidora que venda a lo interno del país “debe pagar impuestos y que sería la productora la que goce de las exoneraciones fiscales”, resaltó Ceballos.

El dictamen que emitió el Minfin por medio del oficio 001264, de 18 de noviembre del presente año, establece que se proponen y amplían los incentivos fiscales, como el caso del impuesto al valor agregado (IVA) doméstico, por lo que “ven compleja su administración por una serie de proveedores que habría que definir para el proceso de devolución del crédito fiscal”, enfatizó el directivo de Vestex.

Alejandro Williams, viceministro de Inversión y Competencia, afirmó que están analizando los documentos y esperan reunirse la próxima semana con los jefes de bloque del Congreso de la República para exponer sus argumentos.