Antes del aparecimiento de la cédula de vecindad, en 1932, y del contemporáneo DPI —documento personal de identificación— en Guatemala, en la época colonial y, posteriormente, existieron formas precarias e informales para identificar a la población, que forman parte del conocimiento de la demografía histórica del país.

La llegada de los españoles, en 1524, trajo consigo la imposición de un idioma y una religión, así como la costumbre de identificación personal a su usanza, con nombres y apellidos. De hecho, los encomenderos tenían pueblos enteros bajo su servicio y debían bautizar a sus pobladores, por lo que empleaban sus apellidos, expone el historiador e investigador del Musac Mynor Carrera Mejía. Los españoles podían tener varios nombres y empleaban el apellido de mayor alcurnia, no necesariamente el del padre.

Durante la época colonial, no se tiene conocimiento de un documento parecido a la cédula de vecindad, expone el historiador Horacio Cabezas Carcache. Cuando se necesitaba dar fe de la identidad de una persona, se solicitaba la fe de bautismo y de ahí se deducía si era hijo legítimo o ilegítimo —natural, adulterino o incestuoso— o expósito —hijo de padres desconocidos, abandonado con vecinos, atrios de iglesias o haciendas—. Se anotaba si era ladino, indígena, negro, mulato o zambo.

A nivel público, se extendían certificaciones selladas para atestar el nombre y apellidos del interesado para cualquier efecto legal.

El origen del registro civil es eclesiástico y corresponde a los registros parroquiales que implementaron los sacerdotes españoles, luego de su llegada a América, donde registraban los bautizos, matrimonios o fallecimientos.

En el artículo La paz y el testamento. El testar como acto liberador. Siglo XVII, de Astrid Rojas (2005), se dice que la parroquia cobra importancia como fuente generadora de documentos a mediados del siglo XVI, con las normas canónicas que emanan del Concilio de Trento, celebrado entre 1543 y 1562, al legislarse diversos capítulos sobre la vida y la actividad parroquial.

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Los testamentos, inventarios mortuorios, contratos de compraventa, expedientes de causas criminales y civiles y padrones de población, levantados por razones civiles, eclesiásticas o militares, ayudaban a identificar a las personas en Guatemala, según la Historia General de Guatemala.

Según el artículo Los libros parroquiales como fuente para la historia demográfica y social novohispana, de Claude Morin (1972), los registros eclesiásticos servían para verificar las listas de tributarios mediante la inscripción de recién nacidos, futuros contrayentes y exclusión de difuntos, para evitar la evasión fiscal. También, se empleaban como libros de cuentas, pues los escribanos anotaban los bautizos y los entierros de “limosna”, y las sumas que se debían.

Fernando Urquizú, doctor en Historia del Arte, indica que los bautizos de niños constituían una forma de control social y popular, pues se le hacía creer a la población de que los infantes que no eran bautizados “no iban al cielo”.

Además de los libros parroquiales, otra forma de identificación, refiere Urquizú, eran los retratos de aparato de miembros de familias de alcurnia o religiosos, en los que aparecía un resumen de sus vidas como fecha y lugar de su nacimiento, linaje, padres, esposo o esposa, profesión, cargos o actividad económica y escudos de la familia, así como elementos iconológicos e iconográficos de su identidad. Un ejemplo son los retratos de arzobispos o de personajes importantes como el Santo Hermano Pedro o el marqués Juan Fermín de Aycinena.

Retratos de reyes o autoridades españolas, cuya identidad se conocía mediante pinturas o grabados, era reproducida por artistas locales en América, añade Urquizú, lo cual crea un sentido de una primera estandarización de la cultura, válida para los distintos grupos sociales.

Urquizú señala que en las comunidades se reconocía quiénes eran los habitantes pertenecientes al lugar y rápidamente identificaban a algún forastero. Había un control social muy estricto. “En la colonia, las personas estaban organizadas en pueblos de indígenas, quienes no viajaban a otras comunidades, pues no entendían el idioma local”, señala.

Los españoles que venían de ultramar se identificaban con cartas credenciales y autorizaciones reales para viajar. “No podía venir cualquier persona”, agrega.

A veces, las actas parroquiales de los diversos grupos étnicos estaban mezcladas en una lista; otras, en libros diferentes: indígenas, no indígenas, naturales, españoles o castas. En las actas de bautizo se asentaba lugar y fecha de la ceremonia, nombre del niño, filiación, domicilio de los padres, identidad del padrino o de la madrina, grupo étnico y domicilio.

Durante el siglo XVII y parte del XVIII no se registraban los decesos infantiles. Los sacerdotes no se preocupaban por contabilizar la desaparición de quienes no comulgaban. Tres cuartas partes de los bautizos se celebraban antes de que los niños cumplieran una semana de vida. Pese a ello, no todos eran bautizados.

En la obra La época colonial en Guatemala, en coordinación de Robinson Herrera y Stephen Webre (2013) se explica que, según los españoles, los indígenas acostumbraban a no bautizar y confirmar a sus hijos. Las autoridades coloniales equiparaban tal desatención a las normas oficiales con el desorden social. Los indígenas se negaban a recibir los sacramentos, pagar los tributos a la Corona y aceptar el sometimiento de la esclavitud. El cabildo ladino se veía en la necesidad de “inventariar” a los indígenas para el cobro del tributo como lo demuestran constantes visitas pastorales para el control poblacional.

En El documento personal de identificación de menores de edad, tesis de Evelyn López (2018), se expone que las personas que no pertenecían a la iglesia católica quedaban fuera de los registros parroquiales, por evidentes razones y, como consecuencia, los actos de su vida civil no eran inscritos.

Sin embargo, por no ser interés de la Iglesia católica, datos como adopciones, ciudadanía, nacionalidad, reconocimiento de hijos y control de extranjeros no podían comprobarse en el control eclesiástico, lo cual constituía un serio obstáculo para la identificación civil, así como la omisión del registro de las personas que nunca eran bautizadas y que, por tanto, de su matrimonio, divorcio o defunción nada se sabía.

La doctora Sandra Herrera de la Dirección General de Investigación, de la Usac, refiere que en la colonia se otorgaba calidad de vecino —equivalente a lo que ahora llamamos ciudadano— a los hombres criollos o españoles, con oficio demostrado, excluyendo a mujeres y hombres que no pertenecieran a esas categorías.

En 1798, la Sociedad Económica creó el Reglamento General de Artesanos, que, como su nombre indica, tuvo como propósito reglamentar a los trabajadores y establecer que podían desarrollar los oficios “permitidos solamente”. El poder que el estatus le confería a la élite la habilitaba para juzgar y reglamentar la conducta de la población.

El control de las castas era llevado a cabo mediante un padrón o matrícula general de artesanos, en el que aparecían datos de maestros, oficiales y aprendices como edad, estado civil y residencia, así como notas a favor y en contra de cada individuo. Luego de esta evaluación, se amonestaba o se corregía la conducta, que podía representar la suspensión temporal o privación absoluta de su título de maestro.

En los contratos de artistas en los que se les encargaba pinturas o imágenes se registraban sus datos particulares, como el que contrajo el escultor Mateo de Zúñiga para tallar a Jesús de la Merced, en 1654.

En la época independiente, Mariano Gálvez (1831-1838), influenciado por los preceptos de la Ilustración, decidió organizar su provincia natal a semejanza de las sociedades más avanzadas del mundo y tomó una serie de medidas para reducir el papel social e influencia de la iglesia. Entre estas acciones estaba secularizar los cementerios, conferir al matrimonio la calidad de contrato civil, permitir el divorcio absoluto, sustituir el diezmo por la contribución territorial y transferir a las autoridades civiles las responsabilidad de estadísticas demográficas.

Durante el gobierno de Rafael Carrera (1844-1865) se hizo una estimación de población con base en registros parroquiales, que arrojó un total de 934 mil 950 habitantes en todo el país. El primer censo oficial se hizo en 1880 y el segundo, en 1893, que registró 1 millón 365 mil habitantes.

Urquizú refiere que las cofradías también llevaban un registro de sus miembros. Por ejemplo, en la cofradía de la Virgen del Rosario aparecían adscritos funcionarios reales, su estado civil, con quién estaban casados o residencia.

Según la historiadora hondureña Elizeth Payne, los comerciantes que viajaban por la Audiencia de Guatemala tenían un salvoconducto extendido por un gobernador en el que se hacía constar su identidad.

“Socialmente, no era necesario identificarse de la manera como se hace en la actualidad, pues la persona no era importante por sí misma, sino por el trabajo que debía desempeñar como cultivadores de añil, cortadores de café o mozos”, indica Carrera. Para trámites legales con notarios, era necesario decir hijo de quién era y llevar testigos para atestar de manera legal.

En la reforma liberal

El Reglamento de Jornaleros obligó a los indígenas a portar su Libreta de Trabajo, para demostrar que habían cumplido con la obligación de laborar en una finca; de lo contrario, eran llevados presos y obligados a trabajar en la construcción de caminos, añade Cabezas.

Durante el gobierno de Justo Rufino Barrios (1873-1885), se aprobó la Ley Orgánica del Gobierno Político de los Departamentos, en la que se estableció que los jefes políticos debían formar cada cuatro años estadísticas del departamento a su cargo, haciendo constar, con claridad y sencillez, el censo de la población —con datos como sexo, edad, estado civil, oficio o profesión—, pueblos, aldeas, lugares, superficie, número de casas y su clase, se explica en la tesis Análisis práctico jurídico de la ley de cédulas de vecindad y su reglamento, de Edwin Pacheco (2005). No había otro medio para identificar a las personas. Con estos censos, en colaboración de autoridades municipales, se dejaba constancia de quiénes eran los pobladores.

El 15 de septiembre de 1877 se instituyó, mediante el Código Civil, el primer Registro Civil, institución laica, con el fin de asentar nacimientos, ciudadanía y dominio de extranjeros, matrimonios, reconocimientos de hijos ilegítimos, adopciones y defunciones, entre otros.

Según el artículo 389 del código civil vigente, los registros parroquiales pueden ser consultados como medios supletorios de prueba, surgidos antes de la creación del Registro Civil —1877—, en casos de destrucción de registros civiles municipales o en poblaciones que no tuvieron dicha institución, expone la tesis El documento único de identificación personal, de Fernando Herrera (2006).

Antes de llegar Jorge Ubico al poder (1931-1944), las personas seguían empleando el apellido que más les identificaba y muchos, preferían usar el de la madre.

La identificación personal fue mejorando con el aparecimiento de la fotografía y su empleo para usos legales, a finales del siglo XIX y principios del XX.

Cédula de Vecindad

Este documento, tipo cartilla, fue creado según decreto 1735, del 30 de mayo de 1931, durante el gobierno de Jorge Ubico (1931-1944), vigente a partir del 1 de enero de 1932, obligatorio para todos los guatemaltecos y extranjeros, de entre 18 y 60 años. Fue el primer documento de identificación y el primero en el que se incluía la fotografía y huella del portador. La primera cédula perteneció a Ubico, con el número A0001 0001, de fecha 31 de diciembre de 1931.

Debían presentarla para cualquier trámite burocrático, así como para anotar cambios en el estado civil, ejercer sufragio y celebrar contratos, expone Cabezas.

Se estableció que en cada municipio se llevará un Registro de Vecindad, para inscribir a cada vecino. Así mismo, un Libro Índice, donde aparecían por orden alfabético los apellidos de las personas registradas.

Constituía un delito alterar los datos que en este documento se indicaban, así como el uso de la cédula que no correspondiera a la persona.

Entre los artículos de su reglamento hay datos curiosos, como el hecho de que cuando un vecino ignorara su fecha de nacimiento, se le atribuía la que indicaran los vecinos mayores de edad, nombrados por el alcalde.

Los patrones de obreros y trabajadores que se trasladaran a otro municipio para cumplir contrato o buscar trabajo, debían informar al alcalde de la nómina de nuevos vecinos y razonarlo en sus cédulas. Si 10 personas o más, por vivir en un lugar alejado de la cabecera municipal y de escasos recursos económicos no pudieran o se les dificultara viajar a la cabecera para tramitar su cédula de vecindad o reponerla, el alcalde debía trasladarse a ese sitio para extenderles el documento.

En esos años según datos del diario El Imparcial, no era fluida la inscripción de los ciudadanos en la provincia, porque las municipalidades tenían que solicitar timbres fiscales de 10 centavos y cédulas de vecindad en blanco, que eran impresas solo por la Tipografía Nacional, las cuales tardaban en llegar, mientras en la capital se extendían sin ningún problema, se expone en la tesis Principales causas de la falta de inscripción en el registro de vecindad, de Edwin Méndez (2006).

Además, se le extendía a cualquier persona extranjera que estuviera de paso por el país, quien establecía como residencia en la cédula los hoteles donde se encontraba hospedada,

En aquel entonces, los legisladores, al aprobar el decreto 1735, no previeron ninguna medida de seguridad del documento y el ente encargado de emitirlo no llevaba ningún control.

Su reglamento es del 5 de agosto de 1931 y, aunque no lo indica, entró en vigor en esa fecha. Sus modificaciones a la ley y reglamento ocurrieron en 1936, 1957, 1958, 1960 y 1961. Luego de este último año, no tuvo ninguna otra modificación.

Era una pequeña libreta de papel y cartulina, expedida y autorizada en cada una de las municipalidades por su alcalde respectivo, a la que iba adherida una fotografía del titular. Se asentaba mediante un número de orden —letra y número que correspondía a cada departamento de inscripción— y de registro —número de partida de inscripción vecinal— y contenía datos como nombre, fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad, profesión, lugar de nacimiento y residencia, entre otros. Se indicaba si la persona sabía leer o si había prestado servicio militar; este último dato, por el hecho de haber sido creada durante una dictadura militar.

Era un documento de identificación deficiente, poco fiable y anacrónico, debido a su fácil falsificación, deterioro, portación, exhibición y manejo inadecuado municipal. Se limitaba la identificación de personas de entre los 18 y 60 años, únicamente, por lo que se excluía de este modo a menores y personas adultas mayores.

Así nació el DPI

De acuerdo con la Ley del Registro Nacional de las Personas (Renap), que sustituyó al Registro Civil, según decreto 90-2005, se creó el nuevo Documento Personal de Identificación (DPI), que reemplazó a la cédula de vecindad, para darle certeza jurídica la identidad de los ciudadanos, y es el que se utiliza en la actualidad.

El 23 de mayo del 2009, en Tiquisate, Escuintla, se entregaron los primeros DPI y, al final de ese año, se imprimieron 699 mil 666 documentos. Cuatro años más tarde, cuando finalmente desapareció legalmente la cédula, la cantidad de documentos impresos llegó a ocho millones.

El DPI cuenta con los controles biométricos principales en el mercado tecnológico, específicamente, el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares. Sus materiales y técnicas le otorgan condiciones de inalterabilidad, calidad e intransferibilidad de datos, y para evitar que sean falsificados. Según datos del Renap, durante el 2020 se emitieron 1 millón 685 mil nuevos documentos.

“Pasaporte” colonial español

El tráfico significativo de españoles hacia al Nuevo Mundo, después del descubrimiento de América, obligó a la Monarquía hispánica a establecer un precario documento de identificación, por primera vez en su historia.

Solo entre 1598 y 1621, unas 40 mil personas abandonaron el reino ibérico en busca de oportunidades de prosperar en América. En tiempos de un incipiente comercio ultramarino, la corona española se vio en la necesidad de establecer un control de la identidad de sus comerciantes y ciudadanos.

La cédula de composición era un documento que consistía en un pergamino con los datos básicos escritos a mano, que identificaba a viajeros procedentes de Europa. El objetivo prioritario era controlar quiénes cruzaban el Atlántico, poniendo especial énfasis en que fueran cristianos y estuvieran autorizados por la corona para tal fin.

Por razones evidentes, este sistema de identificación era fácil de falsificar y no se puede considerar un antecedente del documento nacional actual español, sino una iniciativa aislada que no tuvo continuidad.

Bajo orden real de Fernando VII (1784-1833) y para reducir la criminalidad en un país asolado por el bandolerismo, se comenzaron a utilizar cédulas personales y cartas de seguridad, un documento más formal de identificación.

Identificación de esclavos

Las ideas de importar esclavos africanos a Guatemala surgen después de la implantación de las leyes nuevas de 1542, en las que se estableció que quedaban libres los indígenas, por lo que los españoles necesitaban de nueva mano de obra. En 1543 arribaron a Honduras, las primeras dos embarcaciones con esclavos, según el artículo Algunas notas sobre la esclavitud de negros y leyes que se les aplicaban, de Abraham Solórzano.

La manera más frecuente de adquirir esclavos era por medio de compra. Para el efecto, el vendedor y comprador pactaban un precio, legalizaban la compraventa por medio de un notario y pagaban un impuesto para finiquitar el negocio. La real audiencia, con el propósito de tener un mejor control de los esclavos en el reino implementó un padrón en 1762.

A los esclavos se les marcaba con hierros calientes —carimbar— el rostro, pecho o espalda para ratificar su legalidad y para identificarlo, práctica que quedó eliminada en 1785. Se liberó totalmente el “mercado” en 1789 y se eliminó en 1819.

El eco de la metralla reverberó como un trueno sordo en medio de la madrugada. Poco después reinó otra vez el silencio.

En el pequeño sótano de la casa Ipátiev, en las afueras de Ekaterimburgo, solo quedaban los rastros de la sangre y las balas, las esquirlas de cráneo, algunos pelos y pedazos diminutos de sesos estampados entre los hoyos de las paredes empapeladas.

Era el 18 de julio de 1918 y el futuro de Rusia acababa de ajustar cuentas con su pasado: una turba roja de bolcheviques encabezada por Yákov Yurovski, un marxista ferviente y torpe, acababa de masacrar a tiros y bayonetazos a la familia imperial.

Fue el final de los Romanov, la anquilosada dinastía que gobernó “todas las Rusias” por más de 300 años.

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Pero cuando Yurovski y sus seguidores más fieles se dispusieron a hacer desaparecer los cuerpos del zar Nicolás II, su esposa Alejandra y sus cinco hijos (Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei) en dos fosas cerca de los Urales, no solo enterraron con ellos uno de los misterios más inquietantes de la historia del siglo XX.

También abrieron una de las fosas más profundas y divisivas que todavía sigue sin cerrarse en la nación más grande de la Tierra.

Y es que el destino de los últimos Romanov ha sido por más de un siglo uno de los temas más divisivos y polémicos del imaginario popular, político y religioso de Rusia.

Ahora, 102 años después, son todavía el objeto de una extraña disputa entre dos poderes que han vuelto a reconciliarse en la Rusia de Putin: la Iglesia y el Estado.

Durante más de dos décadas, la jerarquía ortodoxa rusa se ha negado a reconocer que los restos encontrados en las afueras de Ekaterimburgo pertenecen a la familia imperial.

Y pese a las pruebas de ADN y sucesivas investigaciones, han impedido que los últimos huesos hallados en 2007, los del zarévich Alexei y su hermana María, sean enterrados en la Catedral de San Pedro y San Pablo, el cementerio de facto de la dinastía Romanov.

El tema, que ha generado titulares por casi 30 años, volvió a ser noticia a mediados de este mes, cuando el Comité de Investigación de Rusia, el principal instituto de investigación criminal del país, reconfirmó que, tras 37 análisis forenses, podían concluir -otra vez- que los huesos pertenecían a la familia real.

“Basado en numerosos hallazgos de expertos, la investigación llegó a la conclusión de que los restos pertenecen a Nicolás II, su familia y personas de su entorno”, aseguró en un comunicado.

Pero ¿por qué el principal órgano de investigación criminal de Rusia sigue tratando de aclarar una y otra vez un asesinato que ocurrió hace más de un siglo y por qué existe tanta controversia en torno a los restos de familia imperial?

El largo camino

El destino de los restos de la familia imperial fue uno de los secretos mejor guardados de la Rusia comunista durante más de medio siglo.

No fue hasta 1979 que un geólogo reconvertido en detective aficionado, Alexander Avdonin, descubrió los primeros huesos en las afueras de la casa Ipátiev en Ekaterimburgo.

Sin embargo, por temor a represalias comunistas, volvió a enterrarlos hasta 1991, cuando el final del régimen soviético marcaba los nuevos tiempos.

Una larga investigación y numerosos exámenes de ADN (para los que hasta el príncipe Felipe de Edimburgo donó sangre) comprobaron que los restos pertenecían a Nicolás II, su esposa, tres de sus hijas y cuatro sirvientes que también fueron asesinados aquella noche de 1918.

Sin embargo, una de las grandes dudas de entonces era dónde estaban los huesos del zarévich y otra de sus hermanas: el rompecabezas del destino de los Romanov todavía no estaba completo.

“En 1998, después de una investigación de cinco años, el gobierno ruso decidió enterrar los restos descubiertos en el sepulcro familiar de los Romanov en la catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo como un gesto político de reconciliación y expiación por los crímenes de la época soviética”, le cuenta a BBC Mundo la doctora Marina Alexandrova, profesora de la Universidad de Texas en Austin.

El Santo Sínodo, sin embargo, se opuso a la decisión del gobierno de enterrar los restos y pidió nuevas investigaciones antes de proceder al sepelio.

“Debido a la motivación política del evento y la falta de consulta con la Iglesia ortodoxa rusa, el patriarca no participó en la ceremonia y rechazó los resultados de las pruebas”, recuerda Alexandrova.

Yeltsin desafió la Iglesia y dio luz verde al funeral. Fue visto como una de las grandes fricciones entre su gobierno y la todavía débil jerarquía ortodoxa, que había sido reducida y diezmada durante los años del comunismo.

Pero los días del primer presidente tras la era soviética estaban por llegar a su fin.

Poco antes de la medianoche del 31 de diciembre de 1999, Yeltsin renunciaba y dejaba el cargo en manos de su entonces primer ministro, un antiguo agente de la KGB que se había vuelto su discreta sombra: Vladimir Putin.

Una nueva etapa de relaciones con la Iglesia ortodoxa también comenzaba.

Putin, la Iglesia y el último zar

Según cuenta a BBC Mundo el investigador Pablo de Orellana, profesor del King’s College de Londres, el inicio del gobierno de Putin marcó una nueva etapa en el rescate de la dinastía Romanov que fue más allá de la recuperación de las águilas doradas y los símbolos de la Rusia imperial.

“Con su gobierno se han recuperado también algunas tradiciones zaristas, como el baño en el lago helado en Pascua o Navidad, que era algo que algunos zares hacían para buscar la bendición para toda su nación y que es algo que Putin ha vuelto a hacer”, señala.

“Pero creo que uno de los elementos más importantes en ese sentido es la recuperación de la Iglesia ortodoxa como la única institución de la Rusia zarista que ha vuelto y que ha vuelto a hacerse tan poderosa que se le nombró otra vez como religión oficial”, agrega.

En un referendo realizado en junio pasado para permitir a Putin seguir en el poder hasta 2035, los rusos también votaron para convertir la fe ortodoxa en la religión oficial de Rusia, lo que ha sido visto como una muestra de la consolidación en las relaciones entre el Patriarcado de Moscú y el Kremlin.

De acuerdo con De Orellana es en este nuevo contexto de relaciones donde los Romanov se vuelven figuras claves para los dos poderes.

“La familia imperial rusa es vital para el régimen de ahora y para la narrativa nacionalista que impulsa porque son el nexo entre la historia y el presente ruso a ambos lados del intervalo comunista”, asegura.

“Y para la Iglesia el tema de los Romanov es central, porque la Iglesia ortodoxa rusa es parte de la familia real y la familia real es parte de la Iglesia”, agrega.

Tras el ascenso de Putin la jerarquía ortodoxa rusa proclamó como santos al último zar, su esposa y sus hijos, lo que fue visto con recelo en un país donde la familia imperial todavía es recordada por las masacres y las hambrunas a las que sometieron a su pueblo.

Poco después, para conmemorar la canonización, se erigió un vistoso templo de pomposo nombre sobre la casa donde fueron masacrados: “La iglesia sobre la sangre en nombre de todos los santos que resplandecieron en la tierra de Rusia”.

Sin embargo, un tema seguía siendo un obstáculo: la autenticidad de los restos de los últimos zares.

“La Iglesia rusa se ha mostrado reacia a reconocer que los restos pertenecen a la familia Romanov desde que fueron exhumados oficialmente en 1991 cerca de Ekaterimburgo”, recuerda Alexandrova.

“Y si bien múltiples pruebas de ADN y forenses en Rusia y en el extranjero demostraron que los restos pertenecían a la familia real, su médico, y tres miembros de su círculo íntimo, el tema sigue siendo muy controvertido incluso hoy”, agrega.

Los nuevos restos

La situación dio un viraje drástico entrada la primera década del 2000, cuando un grupo de investigadores descubrió cerca de Ekaterimburgo una nueva fosa con restos humanos.

“En 2007, los restos de los otros dos niños Romanov fueron encontrados en otra tumba sin marcar, y luego de una serie de pruebas de ADN realizadas en varios laboratorios en Rusia y en el extranjero, fueron identificados como los de María y Alexei”, comenta Alexandrova.

“La Iglesia ortodoxa rusa, sin embargo, nuevamente se negó a reconocer los hallazgos y evitó su entierro en el sepulcro familiar”, agrega.

Por los años siguientes, las cajas con los fragmentos de hueso, unas “masas de cenizas” y pelos -todo lo que quedaba de los niños- permanecieron en estantes llenos de polvo en los archivos estatales rusos.

“Debido a la posición de la Iglesia ortodoxa rusa, sus restos aún no están enterrados, lo que, irónicamente, va en contra de la tradición ortodoxa en general”, señala la profesora de la Universidad de Texas.

Nuevas investigaciones

En 2008, bajo el auspicio de Putin, el Tribunal Supremo de Rusia rehabilitó oficialmente a la familia imperial y dictaminó que Nicolás II y su familia fueron víctimas de la represión política.

Dos años después, otro tribunal ruso ordenó a los fiscales reabrir una investigación sobre el asesinato que fue asumida por el principal órgano de investigación criminal del país.

Aunque el proceso fue cerrado después porque se creyó que los que habían disparado contra los zares ya habían probablemente muerto, una corte ordenó reabrirlo por considerar que el hecho de que los presuntos culpables no estuvieran vivos no era motivo suficiente para no seguir investigando.

En 2015, por instancias de la Iglesia ortodoxa, los restos de la familia imperial fueron otra vez exhumados y sometidos a nuevas pruebas de ADN, que reconfirmaron que se trataba del zar y su familia.

Se corroboró, además, que los otros restos encontrados eran los de Alexei y María.

El funeral de los últimos Romanov estaba listo para octubre de ese año, pero nuevamente, la Iglesia pidió que se aplazara para realizar una investigación propia.

“La Iglesia la comenzó en 2015, pero no ha anunciado aún los resultados”, indica Alexandrova.

En la víspera del centenario de la masacre, en 2018, el gobierno ruso anunció que una nueva pesquisa había confirmado otra vez que los huesos pertenecían a los Romanov y este año, en la efeméride de la muerte, nuevamente volvió a sostener el mismo argumento.

La gran prueba

por Anastasia Golubeva, corresponsal del servicio ruso de la BBC en Moscú

Esta no es la primera vez que el Comité de Investigación de Rusia publica sus hallazgos para coincidir con el aniversario de la ejecución de la familia Romanov.

Hace dos años, cuando se cumplió el centenario del asesinato de la familia imperial, los investigadores anunciaron que habían confirmado que el análisis genético de los restos, encontrados en la región de Ekaterimburgo, coincidía con el ADN de la familia imperial.

Este año, los hallazgos se basan en pruebas “históricas” de los restos.

El proceso de identificación de la autenticidad de los restos reales se ha prolongado durante más de 100 años, durante tres intentos de investigación.

El esfuerzo actual despegó en 2015 y aún continúa con docenas de pruebas antropológicas, químicas, genéticas y de otro tipo en curso.

Sin embargo, la prueba de fuego de estas investigaciones estará en lo que la Iglesia ortodoxa rusa decidirá acerca de ellas, ya que su opinión es fundamental en el proceso de poner el asunto a un lado.

Las razones del debate

De acuerdo con De Orellana, la disputa en torno a la autenticidad de los restos imperiales muestra cómo durante el gobierno de Putin la Iglesia ha vuelto a ser una “institución que legitima lo que ocurre” y, por tanto, que “legitima también lo que se quiere contar de la historia”.

“Esto lo vemos en cómo la Iglesia en varias ocasiones ha sido quien ha tomado decisiones sobre los cuerpos, por ejemplo, donde los ponen”, señala.

Sin embargo, cree que a su vez esta posición de reticencia eclesial genera un solapado conflicto político.

“Hay una contradicción, porque el gobierno de Putin necesita que se acabe la historia de los zares, que los cuerpos sean ‘hallados’ simbólicamente, ‘traerlos a casa’ y tener un lugar en el que puedan celebrarlos. Al final es una pelea para terminar la historia y traerla al hoy”, dice.

“La reconstrucción de todo esto es muy importante porque Putin ha reinventado el nacionalismo ruso sobre la base de las mismas teorías nacionalistas de los zares. O sea no es solo la obsesión por los cuerpos y demostrar que son la familia imperial, sino que a la vez se está buscando crear continuidad entre ese pasado y la Rusia de ahora”, agrega.

Roman Lunkin, director del Centro para el Estudio de la Religión y la Sociedad -un instituto estatal ruso- coincide en que tanto el gobierno como la Iglesia están involucrados en un proceso mutuo de revisionismo de la historia del zarismo “para su beneficio”.

“La Iglesia rusa no quiere reconocer los restos existentes de la familia imperial porque existe el peligro de una división en su interior como consecuencia de dicho reconocimiento”, afirma a BBC Mundo.

“Existe la posibilidad de que se produzca un levantamiento del movimiento paralelo de monárquicos que no quieren rezar ante los restos oficiales”, señala.

De acuerdo con Alexandrova, según las creencias de la Iglesia ortodoxa, es un pecado grave rezar ante “reliquias falsas”, por lo que uno de los argumentos de la jerarquía eclesial es que no aceptan los hallazgos de las investigaciones porque “la Iglesia no fue invitada a participar plenamente” en el proceso.

Lunkin considera que la oposición también radica en la división que podría crear el reconocimiento entre activistas ortodoxos que todavía creen que algunos miembros de la familia imperial escaparon y viven en secreto en Europa o en Estados Unidos.

“Algunos ortodoxos piensan que en 1918 hubo un asesinato ritual por bolcheviques de origen judío. También hay un movimiento que ve a Nicolás II como un Cristo que murió por los pecados de los rusos”, dice.

Y aunque asegura que estos movimientos no son tan masivos, cree que sí cuentan con la fuerza suficiente para generar escándalo en los medios, algo que la jerarquía eclesial trata de evitar.

Pero en criterio del experto, en el fondo de la disputa está también “un conflicto” sobre el legado de la familia Romanov entre el Estado y la Iglesia.

“Para la Iglesia, el asesinato de la familia imperial es el signo del mal total del período soviético y el satanismo de la ideología marxista. Pero para el Estado, el tiempo soviético es también el período de las victorias y la gloria rusa y el último emperador no es un ejemplo de líder fuerte”.

“Entonces es evidente que para el Estado y la iglesia la glorificación de la familia imperial significa cosas diferentes”.

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Una aparente falta de planificación del Registro Nacional de las Personas (Renap) es la causa de que 402 mil 187 personas no hayan recibido su DPI hasta  el 26 de noviembre pasado.
 

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Al 12 de noviembre último, 121 mil 372 DPI estaban pendientes de entrega y de estos 106 mil 583 se encuentran en la sede central del Renap, 11 mil 58 en la Dirección Administrativa y tres mil 731 en la jefatura de Control de Calidad.
 
A pesar de los intentos por obtener la opinión del director ejecutivo del Renap  y del jefe de comunicación social, Federico Estrada,  estos no respondieron los requerimientos que se les hicieron desde el martes último, incluso se visitaron las instalaciones del Renap y tampoco fue atendida Prensa Libre.

Inconvenientes

La falta del DPI afecta varios derechos de los guatemaltecos, el más importante es la identificación, al que sigue el derecho al trabajo.
 
Sin  DPI no se pueden cambiar cheques, obtener constancia de carencia de antecedentes penales y policiales —requisitos  para obtener  empleo—,  licencia de conducir y pasaporte, entre otros trámites, lo que causa dificultades a los ciudadanos, en diferentes formas.

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Los mensajeros, por ejemplo,  no pueden entrar a edificios públicos o privados sin DPI, por lo que afrontan problemas para hacer su trabajo.
 
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, ve con mucha preocupación que el Renap continúe con dificultades para identificar a los guatemaltecos, sobre todo que no se implementen las acciones necesarias para cumplir con ese derecho fundamental, que es la llave de muchos otros.
 
“A partir de esta situación se va analizar cuál será el proceder, si es necesario el planteamiento de un nuevo amparo o la ejecución del amparo otorgado, y todo eso lo analizaremos con el equipo jurídico”, advirtió.

Necesaria identificación

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells manifestó que el Renap es una institución que no ha sabido modernizarse, a pesar de que  todavía no está cerca el vencimiento de los primeros DPI, que se emitieron en el 2009.

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Edie Cux, consultor de Acción Ciudadana, señaló que es preocupante la falta de identificación para los guatemaltecos y que al final se convierta en una eterna crisis, sobre todo cuando el próximo año se celebran las elecciones.
 
“El Renap es una de las instituciones súper importantes para garantizar la identidad de las personas, para que estas puedan ejercer su derecho de votar y otros derechos el próximo año. El problema evidencia que no tiene buena planificación y que siempre haya una mora en la entrega de los DPI que  afecta a la población”, dijo Cux.
 
Agregó que desde administraciones pasadas y en la actual se ha dado una mala planificación, desde la contratación de las empresas para la emisión del DPI y compra de tarjetas, y todas las dificultades que ha traído esta situación hacen que se profundice la crisis.

No hay tarjetas

Dos integrantes del Directorio indicaron que es preocupante la cantidad de DPI pendientes de imprimir y argumentaron que se debe a la  falta de tarjetas electrónicas para la emisión del documento.

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Uno de los entrevistados aseguró que el jueves último entró un lote de cien  mil tarjetas que fueron adquiridas por compra directa desde julio pasado, por lo que  podría normalizarse pronto la  emisión y entrega del documento.
 
En octubre de este año, el director del Renap solicitó a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso una prórroga para unos 400 mil DPI que vencerán en 2019, lo que se podría unir a una cantidad similar que no se ha podido imprimir.

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Dos bonos: uno de Q500 para Semana Santa y otro de Q1 mil 500 en enero, son parte de los beneficios que empezarán a recibir al menos 2 mil 800 trabajadores del Registro Nacional de las Personas (Renap), luego que se firmara un nuevo pacto colectivo con el sindicato de trabajadores de esa institución.

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En dicho acto estuvieron presentes diputados y funcionarios de esa institución, así como el viceministro de Trabajo, Francisco Sandoval, como testigo de honor.

A pesar de que se solicitó cuánto era el costo general de lo que el Renap iba a erogar por beneficios ya establecidos y los nuevos, no se entregó la misma, sino que reportaron que el costo será de Q5 millones 767 mil más a los beneficios que ya se otorgan. El bono de Q3 mil que se dará en diciembre reprsenta la erogación de Q9 millones.

Arreaga, explicó que el nuevo pacto colectivo es un logro de los empleados porque han demostrado una mística que no escatima los esfuerzos, pues al momento de solicitar esa ayuda del recurso humano tiene una actitud positiva y se refleja en beneficio de los ciudadanos.

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Mientras que Alonzo manifestó que firmaba el pacto colectivo con una gran satisfacción, sobre todo por las personas que entregan su empeño por sacar adelante la institución. Indicó que ha entrado al Renap a las 6.30 horas y ya hay personas laborando, ha salido a las 11 de la noche y hay gente laborando, incluso ha visto personas los fines de semana.

“Cuando yo vine a la institución, vine sin conocimiento de esta, mucha gente me recibió con los brazos abiertos y me ofrecieron un apoyo laboral, entre esas personas está Liliana Arreaga, hoy secretaria general del sindicato”, dijo Alonzo.

Los beneficios

Los trabajadores tendrán un bono de Q500 para Semana Santa, un bono de Q1 mil 500 para enero y se mantiene el bono de Q3 mil para diciembre.

Además, los trabajadores que tengan de 1 a 5 años de servicio tendrán 20 días de vacaciones, de 6 a 10 años de servicio 25 días y los que tengan 11 años o más gozarán de 30 días de vacaciones.

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También tendrán un seguro de vida de Q10 mil, que será entregado a la familia del empleado fallecido, así como un mes de salario por cada año que laboró en la institución. Las mujeres que den a luz tendrán un año de lactancia, dos meses más de lo que establece la Ley.

Director Ejecutivo del @renapgt Enrique Alonzo firma pacto colectivo con el sindicato de trabajadores del Renap. pic.twitter.com/P8PLJJJksI

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) August 24, 2018

En el nuevo pacto colectivo, el sindicato tendrá como beneficio más días de licencia sindical, mantienen un vehículo con combustible y una sede dentro del edificio.

También quedó estipulado como día del trabajador del Renap el 25 de agosto, por lo que gozarán de un día de licencia; si el mismo cae en día inhábil se trasladará al día siguiente, por lo que este próximo lunes 27 de agosto no laboraran en dicha institución.

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 El viernes 17 de febrero venció el  contrato de la empresa Easy Marketing para la emisión del documento personal de identificación (DPI).

Según el Registro Nacional de las Personas (Renap), aún está pendiente la entrega del último lote de documentos para llegar a los 12 millones que estableció el  referido documento.  La empresa asegura que solo quedan 82 pendientes, aunque según información reciente se deben más de 400 mil.

El  jefe de Comunicación Social del Renap, Carlos Narez, indicó que a más tardar el viernes pasado  la firma les haría entrega de los DPI pendientes; pero  no fue así, por lo que esperan que esta semana se concrete.

Easy Marketing  dice que el  Renap aún les debe proporcionar las órdenes de impresión pendientes para los 82 DPI con los que se alcanzarán los 12 millones.

“Cuando esto ocurra, se procederá a la notificación y se le solicitará  al Renap el nombramiento de la junta receptora y liquidadora para proceder a la entrega de lo contractualmente convenido”, se agregó.

Liquidación

Ninguna de las dos partes refiere fechas de cuándo terminaría el traspaso.  

Narez indicó  que luego de la fase de finalización del contrato, se procederá  a la liquidación,  que está amparada por un cronograma que incluirá  el traspaso de los manuales, los cuales deben estar actualizados y en español, así como la entrega del equipo y los programas informáticos, “para poder recibir en condiciones necesarias y seguir funcionando y atendiendo la demanda de DPI”.

Easy Marketing solo respondió que las partes tienen que regirse por los  plazos establecidos en la Ley.  

Narez asegura que  el personal del Renap está capacitado para emitir en la nueva impresora,  en cuanto  Easy Marketing  entregue el lote pendiente.

La Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés) hizo entrega oficial de la donación de 22 equipos fijos que están en proceso de instalación en las comisarías de la Policía Nacional Civil (PNC), de los 22 departamentos.

También seis terminales móviles para la recolección de huellas dactilares en investigaciones criminales. Además de 35 dispositivos móviles para identificar y verificar la identidad de los reos en las prisiones a cargo de Presidios.

Virginia Staab, directora de INL, señaló la importancia del Afis en el apoyo del trabajo de los juzgados de turno. “En el pasado los delincuentes proporcionaba nombres falsos para evitar ser procesados. Las huellas dactilares es uno de los mecanismos más confiables para la identificación personal, ya que no cambian como cualquier otra característica física”, manifestó.

Agregó que con el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar, los agentes de la PNC y guardias del Sistema Penitenciario requerirán de “un par de segundos” para identificar a un sospechoso.

Además, los guardias del Sistema Penitenciario serán capaces de garantizar que los reclusos que salen -de las prisiones- para presentarse en sus audiencias, sean los mismos que regresan a las instalaciones penitenciarias, dijo Staab.

Walter Girón, viceministro de Tecnología, explicó que las 22 estaciones de trabajo permiten la lectura dactilar de los 10 dedos de las manos. Y los equipos móviles posibilitan la verificación de la huella dactilar por medio de la verificación de dos huellas de las manos, estos sistemas transmiten la información por medio de Wifi que se conecta a un servidor de huellas y tiene la capacidad de almacenar la información en la memoria del equipo y tiene la capacidad de tomar fotografías.

Ricardo Guzmán, viceministro de Seguridad, subrayó que también se recibió en donación cinco equipos de cómputo para empezar con el registro automatizado de la base de datos de los privados de libertad -expediente único- para tener un mejor control de los reclusos.

“Para que cuando llegue el momento de una redención de penas o de una libertad condicional, el juez de Ejecución cuente con la información digitalizada”, dijo Guzmán. 

Amparados en el artículo 61 de la Ley del Registro Nacional de las Personas (Renap), la entidad desarrolla un plan de información a todas las entidades públicas para que agilicen el proceso.
Todas deben adoptar de forma progresiva pero obligatoria el Código Único de Identificación (CUI), que contiene el Documento Personal de Identificación (DPI).
Carlo Narez, comunicador del Renap, informó que el número debe ser incorporado en las bases de datos de las dependencias y reemplazar todo registro con otro número que sea dado a los guatemaltecos antes del 31 de diciembre.
“Con esta medida se hará una unificación de números de registro que poseen las personas, con excepción de empresas privadas”, afirmó Narez.
Un ejemplo de esto es que los pasaportes y licencias de conducir ya usan el CUI como número de identificación, de la misma forma lo deben hacer todas las instituciones.
“Lo que se busca es simplificar los procesos de tributación y todo lo que representa al ciudadano los procesos administrativos”, enfatizó Narez.
Esta medida facilitará el intercambio de información entre las dependencias del Estado y otras descentralizadas, como la Superintendencia de Administración Tributaria, quien reemplazará el Número de Identificación Tributaria con el CUI.
Eso ocurrirá de la misma forma que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación y Ministerio Público ya lo hacen
“Hay atrasos de las instituciones porque el plazo es en tres meses y deben agilizar los procesos administrativos, técnicos y legales”, puntualizó el director de comunicación social.

Personas únicas

El CUI está integrado por 13 números y se localiza en la parte frontal superior del DPI. Ocho son el número correlativo asignado a la persona, uno es número verificador, dos determinan el departamento y los últimos dos el municipio.
Con la medida la identificación biométrica quedará ligada a los datos biográficos de los ciudadanos. Como el nombre, lugar y fecha de nacimiento, además del registro de las 10 huellas planas, fotografía y rasgos faciales.
Las entidades deben cumplir lo establecido en la Ley del Renap, y para ello necesitan mejorar sus plataformas tecnológicas, verificar la parte jurídica y los procesos administrativos.

Roberto Garza, vocero del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) recordó que en 2011 se inhumó a 771 personas sin identificación, sin embargo el año pasado se logró bajar esa cifra a 400, y en lo que va de este año van 67 personas.

“Algunas de las personas no identificadas puede que sea porque son menores de edad, no tenemos huellas para hacer un comparativo, segundo pueden ser hermanos centroamericanos que estaban de paso”, aseveró.

Durante 2012 el Inacif inhumó  628 cadáveres como XX, en 2013 fueron 559 y en 2014, 424.

Lista de personas identificadas

Garza comentó que como parte del trabajo efectuado por la institución han logrado identificar a 157 personas que fueron inhumadas como XX en diferentes cementerios en años anteriores o meses recientes.

Esta es la tercera vez que presentan una lista, la primera fue de 100 y la segunda de 116.

“Utilizamos la herramienta AFIS, es decir todo esto se realizó a través de comparación de huellas para poder ponerles nombre y apellido, al día de hoy a 157 personas”, expresó.

Agregó que los familiares que estén buscando a un pariente desaparecido pueden acercarse al Inacif Central, donde se les proporcionará información.

El director del Registro Nacional de las Personas (Renap) Rudy Gallardo, detalló que la junta de licitación suspendió este segundo proceso por errores en la papelería presentada por las tres empresas que ofertaron para la venta de 2 millones 500 mil tarjetas para imprimir el Documento Personal de Identificación (DPI).

Según el director, los argumentos de la junta fueron letras de más en las papelerías, que consideraron como no aceptables, por lo que el concurso fue declarado desierto. En el primer concurso la razón fue que hubo cambios en las bases de licitación, por lo que retiraron el proceso.

El Renap ya solicitó al presidente Alejandro Maldonado que en consejo de ministros apruebe que esa entidad pueda comprar por excepción, ya que a finales de febrero próximo vence en el contrato vigente de tarjetas e impresión del DPI.

De concluir el contrato y Renap no posea las tarjetas, existe el riesgo que dejen de emitir el Documento Personal. El proceso para fabricarlas tarda tres meses, razón por la cual el director explicó que es necesario buscar una solución.

“Estamos buscando mecanismo alternos para suministrarnos de tarjetas. Una opción es convenios con organizaciones internacionales como la Casa de la Moneda de España, apoyo de otros países como Ecuador que fabrica tarjetas, se puede hacer la negociación Estado a Estado”, detalló Gallardo.

El director afirmó que aunque compren en este momento el proceso ya estaría retrasado. El riesgo es que Renap se quede sin emitir DPI por un periodo indefinido de tiempo. “Si no se logra la licitación, un convenio o el acuerdo de consejo de ministros, eso puede pasar”, afirmó el director de Renap.

Las ofertas

En el Sistema de Compras y contrataciones del Estado aparece el registro de tres empresas que realizaron sus ofertas, se trata de: Datalogic Systems, Sociedad Anónima, quien ofertó por Q54 millones 350 mil. Además participó Industria de Papel, Sociedad Anónima, que  ofreció el servicio por Q59 millones 750 mil y Productive Business Solutions (Guatemala), por Q39 millones 875 mil.

El proceso de Renap era para adquirir 2 millones 500 mil tarjetas para imprimir el DPI, material que serviría para emitir el documento los próximos tres años

La actividad se llevó a cabo en el edificio de Gobernación Departamental, en Cuilapa, donde participaron representantes de las 14 comunas de Santa Rosa.

Según el Renap, en el referido departamento 306 mil 288 habitantes cuentan con identificación, ya sea por su Documento Personal de Identificación o por su fe de edad.

Añade que al menos 1 mil 889 personas del área rural no contaban con documento de identidad.  Se informó que el 30 de octubre del 2014 fueron declarados libres de subregistro Casillas, Oratorio, Pueblo Nuevo Viñas, San Juan Tecuaco y Santa Cruz Naranjo.

En marzo de este año, se declaró que Guazacapán y Nueva Santa Rosa también son libres del subregistro.
Para completar el departamento, este jueves se informó que Chiquimulilla, Santa Rosa de Lima, San Rafael Las Flores, Barberena, Cuilapa, Santa María Ixhuatán y Taxisco, ya no cuentan con personas que carezcan de identificación. 

“No se puede hablar en términos generales, porque en todo momento hay personas que nacen y que emigran, por lo que siempre existe una posibilidad de que algún vecino no cuente aún con su documento”, manifestó Gallardo.

El funcionario hizo un llamado para que la población valore el estar identificada, ya que permite acceder a los servicios que presta el Estado.

“Estamos contentos porque Santa Rosa ahora se suma a los departamentos que son declarados  libres de subregistro. Gracias al trabajo de Renap y de algunas personas que de una u otra manera contribuyeron”, expresó el gobernador Adelso Salazar.