Las familias “notables” del reino de Guatemala surgieron en el siglo XVI, con la Conquista, y sustentaron su poder por medio del privilegio, por encima de la riqueza, aunque esta fue siempre un elemento importante en su influencia social, explica el estudio Poder y control financiero en el Reino de Guatemala: los Contadores de Cuentas Reales (1645-1769), de Rodolfo Hernández, Édgar Fernely Chután y Norma Ramírez, Digi/Usac (2012).
El cargo u oficio de contador de cuentas reales y resultas fue uno de los “oficios vendibles —asignados por medio de un remate— y renunciables —se le otorgaba al titular libertad y derecho de transferirlo a determinada persona, de su red social o familiar—”. Este funcionario público se encargaba de revisar las cuentas generales de todas las finanzas del reino, lo que equivale a la actual Contraloría General de Cuentas.
Durante el reinado de Felipe II (1527-1598) comenzó la venta de nombramientos a gran escala. Su reinado se caracterizó por la exploración global y expansión territorial, derivado de lo cual España llegó a ser la primera potencia de Europa y el imperio español alcanzó su apogeo. Mediante esta práctica se vendieron en subasta pública ciertos puestos hereditarios y transferibles. Entre estos los escribanos, los regidores y otros que cobraban honorarios.
Durante el siglo XVII, la cantidad de empleos se amplió y se incluyeron los puestos de salario fijo. Felipe IV (1605-1665), bajo la presión de los grandes gastos para mantener el imperio —su reinado sufrió una recesión económica que afectó toda Europa por la necesidad de mantener una costosa política exterior— decidió vender los cargos de la Real Hacienda, aun en contra de la opinión del Consejo de Indias. A mediados de ese siglo esta práctica ya era muy común.
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El mismo documento destaca que las estrategias que utilizaron miembros de las familias notables para ocupar el cargo de contador de cuentas reales se fundamentaron en el grado de sociabilidad, no solo en el nivel de sus relaciones personales, sino familiares.
A partir de 1646 comenzó el ejercicio de este cargo y terminó en 1770, cuando llegó a Guatemala el designado o enviado por la Corona para imponer una nueva forma de administrar las finanzas públicas. El primer contador de cuentas reales fue Juan Rodríguez de Ocampo, y el último, Miguel Mariano de Iturbide.
Según documentos consultados para esta investigación, se descubrió que a partir de 1700 una familia acaparó ese cargo, por medio de la designación de los sucesores del titular, quien, por enfermedad o por vejez, renunciaba para trasladarlo a un hijo o un pariente cercano como primo o cuñado. Esta familia era de apellido Herrarte, y tenía propiedades como la hacienda Los Ocotes y El Naranjo, en el Valle de la Ermita, y de San Ildefonso, en el Valle de Jumay. Pero, en su mayoría, eran hijos de burócratas, casi siempre escribanos. Además se encargaban de otras actividades económicas.
En 1700, el contador Patricio Roche renunció al cargo y lo trasladó a don Antonio de Herrarte, sobrino de su esposa. A partir de este, los sucesivos contadores fueron miembros de su familia, sus descendientes o aliados matrimoniales, como su hijo José Antonio de Herrarte, quien a su vez entregó el cargo a su yerno Manuel Antonio de Lazalde.
La forma de obtener los cargos públicos vendibles y renunciables era participando en el concurso de oposición por medio de una postura, un poco mayor que el “valor” del cargo, que correspondía a varios miles de pesos, expone la historiadora Norma Ramírez, de la Escuela de Historia de la Usac.
Solo quienes ostentaban poder económico tenían a su alcance este capital. Una vez que el interesado era nombrado por el presidente de la Audiencia, tenía cinco años para efectuar el trámite de confirmación ante el Consejo de Indias. Pesaban mucho los méritos y servicios prestados a la Corona y familiares. En los 125 años que comprende este estudio (1645-1769) ocuparon este cargo 10 personajes, varios de los cuales designaron como sucesores a sus parientes. Con la venta de este cargo el nepotismo era inevitable.
El cargo se ofreció en venta, por primera vez, por medio de cédula real, el 11 de octubre de 1645, en la que también se incluyeron funciones como la de escribano mayor de visitas, tasaciones y padrones y defensor general de bienes de difuntos y menores. Rodríguez de Ocampo hizo oposición por el puesto, por 2 mil 500 pesos pagados al contado. Su hijo José de Ocampo Loizaga pagó por el cargo 5 mil 500 tostones, en 1647, y se le adjudicó un salario de 650 pesos anuales.
Mala administración
A pesar de que el cargo de contador de cuentas reales fue muy apetecido por el prestigio social que detentaba y las posibilidades de obtener beneficios, varios de los titulares se encontraban un tanto frustrados por el sueldo y los emolumentos bajos y el trabajo arduo que tenían que realizar, por lo que prácticamente abandonaron su obligación de revisión de las cuentas. Esta situación, a la larga, tuvo sus efectos en la mala administración y control de las finanzas públicas, pues muchas cuentas de la Real Hacienda no fueron fiscalizadas durante muchos años, a tal punto que no se sabía la cantidad que había en la caja matriz ni quienes debían.
El historiador Rodolfo Esteban Hernández Méndez, coordinador de la investigación, expone que los oficios vendibles y renunciables eran vitalicios, por lo que no eran susceptibles a la venta los de corregidor y alcalde mayor, pues tenían vigencia de cinco años.
Los contadores de cuentas reales tenían un sueldo fijo, que varió con los años. A fines del siglo XVII era de 650 pesos anuales. Con otras actividades contables, propias del cargo, llegaban a percibir mil pesos anuales. En comparación, un maestro de pueblo recibía de sueldo 96 pesos anuales y el portero de la Audiencia, 32 pesos anuales, en 1688, refiere Hernández.
El historiador y catedrático Edgar Fernely Chután, primer secretario en la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, refiere que era obvio que la venta de cargos y oficios no garantizaba la buena administración de la Corona, pues los beneficios estaban sujetos a intereses particulares. Al mismo tiempo, no se garantizaba la idoneidad de las personas que ocuparían los cargos, y se generaba el acceso de criollos a puestos que regularmente ocupaba la burocracia española.
“Los accesos a estos cargos ponían en riesgo la gobernabilidad externa de la Corona, al fomentarse las alianzas económicas y políticas de ciertas familias y de ciertos grupos”, dice Chután. Además de beneficiarse de las transacciones que se desarrollaban alrededor del cargo, quien renunciaba a este podía negociarlo y reponer lo invertido.
Los beneficios que obtenían provenían de actividades económicas ajenas al cargo, como abastecedores de carne de res en algún pueblo o compra de legumbres en localidades indígenas, en subasta pública, para luego revenderlos al por menor, afirma Hernández.
José de Ocampo afrontó juicios penales ante el tribunal de la Audiencia de Guatemala: era deudor de la Real Hacienda (el fisco), extendió un testimonio viciado que favorecía a sus hermanos y permitió que los oficiales reales (contador y tesorero) de la caja de Guatemala pasaran varias partidas fraudulentas en la presentación de sus cuentas.
En el cabildo
Gustavo Palma Murga, en su investigación Núcleos de poder local y relaciones familiares en la ciudad de Guatemala a finales del siglo XVIII, Revista Mesoamérica (1989), indica que la mayor parte del siglo XVI, salvo pocas excepciones, los cargos de funcionarios como alcaldes ordinarios, alguacil mayor, correo mayor, alférez mayor o depositario general fueron proveídos por la autoridad real, sin distinción, a los ciudadanos de mérito. Sin embargo, con el enorme incremento en los gastos públicos de la Corona, esta se vio en la necesidad de declararlos oficios vendibles.
Así, una real cédula de 1591 incluye en la lista estos cargos que podían ser sometidos a subasta. Los dos requisitos indispensables eran ser “persona idónea y suficiente”, así como poder pagar en efectivo el valor del cargo pretendido.
Al ser de categoría “vendibles y renunciables”, tales cargos se “elitizaban”, pues no toda la población podía acceder fácilmente a ellos.
Esta restricción para llegar al ayuntamiento representaba que los cargos eran acaparados por determinados grupos sociales locales o, por el contrario, eran muy pocos quienes se mostraban interesados por hacer ese tipo de inversión, que resultaba elevada.
Por ejemplo, el cargo de alférez mayor fue rematado tres veces durante el siglo XVIII; la primera en 1706, por tres mil pesos; la segunda en 1742, por mil; y la tercera en 1761, por dos mil. El puesto de correo mayor era bastante apetecido, y el precio más elevado por el que se vendió fue de 20 mil pesos. Además era vitalicio.
Los oficios de privilegio se vendían separadamente y en forma colectiva durante el siglo XVIII, lo que denotaba intereses colectivos para controlar el cabildo. La primera compra en masa se efectuó en 1773 y fue de cinco regimientos, a 750 pesos cada uno. A principios del siglo XIX, dicha situación no había mejorado. En 1807 se llegó a fijar un precio de 300 pesos para los puestos dobles y los sencillos.
Las ventas localizadas durante el siglo XVIII y principios del XIX no son numerosas, lo que puede indicar que tales cargos, al ser adquiridos de por vida, permitían la presencia continua y prolongada de sus adquirientes en ellos. Al revisar las listas anuales de miembros del cabildo se estableció que entre 1770 y 1821 se sucedieron 99 grupos familiares, la mayoría peninsulares, que se dedicaban al comercio de importación y exportación. No todos llegaron al cabildo en la misma época ni todos compraron los cargos.
Se detectó que 28 familias tuvieron presencia, en por lo menos dos generaciones sucesivas, en el cabildo. De ellas, cinco participaron, al menos durante 20 años, y son Batres, Pavón, Aycinena, Asturias y Barrutia. Durante el período estudiado siempre estuvo presente en el gobierno municipal más de un miembro de cada una de estas familias.
Uno de los grupos más importantes es la familia Batres —o González Batres—, que se asentó en Guatemala a mediados del siglo XVII. En 1689 aparece el primero de ellos como regidor del cabildo. Para el período de 1770 a 1821 se ubicó a dos generaciones sucesivas de esta familia en cargos municipales. José Antonio Batres Muñoz fue alcalde segundo en 1807 y alcalde primero en 1810. Esta familia aparece en el cabildo durante unos 33 años.
Otra familia importante fue la Aycinena. Su fundador, el comerciante y millonario navarro Juan Fermín Aycinena Irigoyen, marqués de Aycinena (1729-1796), llegó a Guatemala en 1754, procedente de México, y ocupó varios cargos públicos importantes, como alcalde ordinario, en 1759. Seis de los miembros de esta familia ocuparon puestos en el ayuntamiento durante 31 años.
El reforzamiento de su participación familiar se daba en la medida en que se establecían alianzas y compromisos sociales como matrimonios, lo que facilitaba la integración de unos y la permanencia de otros, a fin de preservar la defensa de los intereses grupales.
“Podemos suponer que la existencia de relaciones de carácter familiar —estar casado con la hija de un regidor, tener un tío o pariente en el cabildo o ser hijo de cabildante— también facilitarían enormemente el ingreso a esa institución”, explica Palma. Un “recién llegado” peninsular tendría mayores probabilidades de integrarse a ese cuerpo colegiado si se encontraba en una de las situaciones antes descritas.
En el cabildo residía el manejo de la vida cotidiana de la ciudad: sus abastos y su desarrollo físico como sede de las principales instituciones de poder local y regional. La pertenencia al cabildo permitía a sus miembros orientar la política de desarrollo local, de tal manera que, sin salirse de las normas y reglamentos vigentes, podían favorecerse individual o familiarmente mediante prerrogativas o concesiones de todo tipo.
Ante estos privilegios a redes familiares surgió oposición de parte de grupos sociales. En un memorial enviado a la Corte por 24 personas, la mayoría comerciantes y cabildantes, con fecha 3 de octubre de 1820, se exponía a la autoridad real el disgusto y desaprobación que suscitaba entre ellos el hecho de que ciertas familias de esta ciudad acapararan un número considerable de empleos públicos, en detrimento de otra serie de personas de mérito que también podrían desempeñarlos. El memorial era un ataque directo a la familia Aycinena.
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La presencia de estas familias no se limitó al ámbito del cabildo municipal y de unos cuantos puestos de la burocracia regional, sino que también fueron parte continua de la nómina de priores y cónsules de la directiva del consulado de comercio, que agrupaba a comerciantes de todo el reino, que ejercían poder económico local mediante monopolio de actividades comerciales. Esta presencia familiar prolífica y variada dentro de las principales instancias de poder local demuestra un claro acaparamiento o monopolio por parte de la élite social en todos los niveles.
Las vías de acceso a esta instancia de poder, dado lo reducido del grupo dirigente y de las plazas disponibles, debían ser estrechas y selectivas: tener capital suficiente para poder pagar el valor del cargo y alcanzar méritos personales para ser aceptado por las autoridades que daban la sanción a tales transacciones administrativas, concluye Palma.
Desde España
En el artículo La justicia en venta. El beneficio de cargos americanos de audiencia bajo Carlos II (1683-1700), de Ángel Sanz Tapia, Universidad de Valladolid, Anuario de Estudios Americanos (2012), se expone que si bien Carlos I decretó en 1523 la prohibición de vender y comprar oficios en España e Indias —América—, muchos años después, su sucesor en el trono español, Carlos II (1661-1700), tuvo que aceptar como necesario el mercadeo de los cargos americanos de justicia.
Era prerrogativa del monarca español proveer los cargos estatales de la administración americana, que habitualmente ejercía por medio del Consejo de Indias o de su Cámara, salvo los casos ya delegados en las autoridades americanas. Para elegir a los funcionarios idóneos se valoraban méritos, servicios y cualificación de los aspirantes, designando a los más adecuados. Pero durante el siglo XVII la Corona, paulatinamente, fue aceptando la recepción de dinero como factor de valoración —por oferta del aspirante o por petición al pretendiente— y principal determinante de la provisión. En ambos casos, la fórmula, denominada “beneficio”, fue considerada un donativo o servicio al monarca, cuya primera aplicación americana, en 1632, afectó a los cargos de Real Hacienda, como “servicio” de valor creciente ante las agudas necesidades de la Corona, afirma Sanz.
El sistema se amplió en 1674 a los oficios políticos o de gobierno como presidencias audienciales, gobernaciones, alcaldías mayores y corregimientos y, a partir de 1683, la oferta mercantil se completó con los puestos judiciales, es decir las magistraturas de las audiencias, de modo que a fines del reinado de Carlos II (1661-1700) la designación por dinero del funcionariado estatal indiano fue la fórmula dominante. Al llegar el siglo XVIII, las primeras buenas intenciones de Felipe V no evitaron tan extensa venalidad —vendible o que se deja sobornar por dádivas—, que prosiguió muy activa en su primera mitad, y solo con Carlos III (1716-1788) se intentó remediar la corrupción denunciada, pero aceptada como necesaria.
Aunque juristas y teólogos atacaron radicalmente la presencia pecuniaria en provisiones de audiencia, en cambio sí la toleraron en los hacendísticos —oficiales de Cajas Reales y miembros de Tribunales de Cuentas—.
Pero también las magistraturas audienciales acabaron negociándose. El primer caso conocido data de 1637 y es bien peculiar. Durante el gobierno del conde-duque de Olivares, el Consejo de Indias recibió orden de designar para la primera plaza de oidor, alcalde del crimen o fiscal en la Audiencia de Lima al oidor de Bogotá Juan Padilla, por ofrecer 14 mil ducados. Los oficios de justicia eran vitalicios, pudiendo los ministros ser removidos por voluntad regia a otros puestos o lugares, al igual que ser depuestos por ciertos delitos o faltas. Para evitar el escándalo de ver la justicia en venta, se omitió toda referencia al beneficio en los títulos correspondientes, citando solo los servicios y méritos —ciertos o supuestos— prestados a la Corona, dice Sanz.
No obstante, el asunto era bien conocido en la Corte, al extremo de que se alzaron voces contrarias denunciando que tal negocio estaba prohibido por derecho.
Así, pues, desde 1683, a un ritmo irregular, la Corona otorgó por donativo pecuniario 59 plazas de las 147 detectadas como provistas hasta fin de siglo, lo que supone un porcentaje mínimo beneficiado del 40%. Por servicios y méritos fueron 73, en tanto que 15 son aún desconocidas.
Pilar Ponce-Leiva, en su artículo Teoría y práctica política en la provisión de oficios (Quito, 1675-1700), Universidad Complutense de Madrid, Revista Indias, 2013, en el intenso debate suscitado desde el siglo XVI en torno a la licitud y conveniencia de vender los oficios públicos, juristas y teólogos expertos en teoría política centraron sus críticas en el más que probable perjuicio que causarían al bien público quienes habían recibido el oficio no por sus méritos, sino por su dinero. Se da por sentado que la venta acarrearía notables abusos, generando “una administración ineficaz (…) difícil de controlar y abiertamente corrompida”.
La ocultación del servicio pecuniario fue algo habitual en muchos nombramientos, circunstancia que imposibilita identificar la totalidad de los precios abonados. Fueron numerosos los desembolsos de dinero que no quedaron registrados en los títulos de cargo, por lo que las nóminas que los pacientes burócratas del Consejo de Indias reconstruyeron años después no contabilizan como beneficiados cargos que realmente fueron obtenidos por esos “servicios pecuniarios”, refiere Ponce.
En el artículo El mercado de venta de cargos de Indias durante el último cuarto del siglo XVII. Una nueva interpretación, de Francisco Andújar Castillo, Universidad de Almería, Revista de Historia Moderna (2018), el cargo más alto vendido fue el de gobernador de Yucatán y Campeche, por el que se pagaron, en 1676, cien mil pesos, por parte de Antonio Laiseca. Las ventas se realizaban mediante abono de la suma pactada como préstamo o como donativo.
La rentabilización de la compra de los oficios, en muchas ocasiones, más que por la adquisición del sueldo se producía por el poder político que podían conllevar el honor y el prestigio que conferían a sus nuevos titulares, refiere Antonio Jiménez Estrella en su artículo Poder, dinero y ventas de oficios y honores en la España del Antiguo Régimen: un estado de la cuestión, Universidad de Granada, Cuadernos de Historia Moderna (2012).
Oficios militares, magistraturas de Audiencias y Chancillerías y consejos de la monarquía, corregimientos, hidalguías, hábitos de órdenes militares, títulos de nobleza y hasta grandezas se subastaron por precios realmente elevados durante el reinado de Felipe V —1683-1746—.
“Podría decirse que algo similar sucede hoy día, por ejemplo, con las diputaciones o alcaldías municipales —aunque hay muchos más—, que son cargos con los que regularmente se buscan gratificaciones y resarcimientos crecidos; otras veces son financiados por terceros que tienen intereses detrás del poder. Los cargos que se adquieren por inversión y no por capacidad le quitan seriedad y los convierten en mercancías al portador, sujetos a la corrupción”, dice Chután.
La corona necesitaba fondos
Todas las ventas de cargo u oficios durante el siglo XVII se consideraron necesarias para cubrir los gastos bélicos de la corona española —Guerra de Holanda, iniciada en 1672; Guerra de Mesina, también en ese año; colaboración con el Sacro Imperio Románico Germánico y la Guerra de los Nueve Años, entre 1688 y 1697—. Pero el dinero recaudado también se utilizó para el oneroso gasto cortesano; por ejemplo, la obra del palacio del Buen Retiro, en Madrid, cuya construcción ascendió a 2 millones y medio de ducados, que se obtuviron por medios extraordinarios y no de la renta ordinaria de Real Hacienda.
En 1680 se calculaba que para cubrir las necesidades urgentes de la monarquía se precisaba de cerca de 20 millones de escudos, en tanto que la disponibilidad era de 9 millones 500 mil. Una consulta de la Cámara de Indias del 12 de enero de 1682 informó al soberano lo mucho que se debía a los ministros de la Cámara, consejeros y oficiales de las secretarías del Consejo de Indias en salarios y gajes.
Las “necesidades de la guerra” o los “aprietos presentes” serían la coartada perfecta argüida por los monarcas en sus discursos de legitimación y justificación de las campañas de ventas de oficios emprendidas desde mediados del XVI y extendidas a los siglos XVII y XVIII.
