Declaración de Chapultepec: qué es el índice, la evaluación y en qué posición está Guatemala

En la medición más reciente, Guatemala está en el lugar 17 de 22 de América Latina.

Fátima Najarro

11 de noviembre de 2024

|

13:00h

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El presidente Bernardo Arévalo firma este lunes la Declaración de Chapultepec. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La Declaración de Chapultepec es un documento que establece 10 principios relacionados a la libertad de expresión y prensa. Tuvo su origen en 1994 y de esta se deriva el Índice de Chapultepec, que es una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que evalúa a los países de Latinoamérica respecto a la libertad de expresión y prensa.

Este lunes 11 de noviembre, el presidente Bernardo Arévalo, firma junto al presidente de la SIP, José Dutriz, y José Rubén Zamora como invitado, la Declaración de Chapultepec en el Palacio Nacional de la Cultura.

La medición se basa en encuestas que responden expertos en cada país que evalúan el marco legal, las acciones gubernamentales respecto a la prensa, expresión de la opinión pública, violencia contra periodistas, acceso a la información, restricciones a medios y ejercicio ético del periodismo.

Anualmente se publican los resultados; el último abarcó de agosto del 2023 a agosto de este año. De acuerdo con esos resultados, Guatemala se encuentra en un índice de alta restricción solo por encima de Bolivia, El Salvador, Cuba, Venezuela y Nicaragua.

De las tres dimensiones que califica el índice, en el que Guatemala tuvo mejor puntuación es en el control de medios y periodismo. Respecto a una ciudadanía informada y libre de expresarse, el puntaje está por debajo de la mitad y la actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas y medios es la que tiene peor puntuación.

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Además, señala que hay una influencia fuerte del entorno judicial en la ciudadanía informada y libre de expresarse. En este aspecto, también el Ejecutivo y Legislativo ejercen una influencia moderada, según la SIP. Por otro lado, en la violencia e impunidad contra periodistas y medios también los tres poderes ejercen un influencia moderada.

“A pesar del cambio de autoridades en dos de los tres poderes del Estado, la violencia contra periodistas no ha cesado, aunque sí han disminuido los casos respecto a 2023”, indica la SIP en el último análisis de las debilidades.

Aunque sí reconoce como positivo que el gobierno de turno se pronuncie a favor de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Así como que se hayan reactivado mecanismos de análisis sobre situaciones que involucran a periodistas.

De la misma manera, la SIP apunta directamente al Ministerio Público por utilizar la justicia como un instrumento para criminalizar periodistas.

¿Cómo nació?

El Índice de Chapultepec inició en el 2020, a partir de la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta. La primera tuvo origen en 1994 y se basa en 10 principios sobre la libertad de prensa, los derechos humanos, censura y medios de comunicación.

“Representa un compromiso de todos porque una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad”, se lee en la declaración.

La Declaración de Salta se instituyó en el 2018, en Argentina, y aporta otros principios ante las tecnologías y los nuevos desafíos en el ámbito digital.

Los principios

La Declaración de Chapultepec consta de 10 principios:

1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.
2. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expre- sar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.
3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposi- ción de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.
4. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.
5. La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.
6. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.
7. Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar castigar a medios periodistas.
8. El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.
9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios, En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga.
10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

Con esa posición, Guatemala está entre las naciones que llegan a su nivel más bajo en el promedio de libertad global de libertad de prensa, de acuerdo con las estimaciones de la SIP, que celebra su asamblea general anual en la Ciudad de México.

El deterioro de esas libertades se ha incrementado en los últimos cuatro años, según se evidencia en el índice de Chapultepec, que en el 2020 situó a Guatemala en el puesto 15; en el 2021, en el 17; en el 2022, en el 19; y en el 2023 en la misma posición. Los datos corresponden del 2 de agosto del 2022 al 1 de agosto de este año.

Esos cuatro años coinciden con la administración del presidente Alejandro Giammattei y donde se han dado casos como el procedimiento judicial del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, quien fue detenido en 2022 y condenado en julio pasado a seis años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero, un proceso que, según la SIP, alcanzó a ocho reporteros y columnistas de elPeriódico, “quienes se vieron obligados a exiliarse fuera de Guatemala, ante la posibilidad de ser procesados por sus publicaciones periodísticas”.

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El Índice Chapultepec hace un llamado de alerta en cuanto a la percepción que se tiene en 22 países de las Américas sobre las políticas comunicacionales, leyes y comportamientos judiciales que, en su conjunto, afectan los derechos comunicacionales y garantías a la prensa, “pilares fundamentales de todo sistema democrático”.

El llamado de alerta del Índice de Chapultepec se da porque el promedio global de la región descendió a su nivel más bajo desde la primera edición de esa medición, publicada en 2020. “Solo 47.84 puntos (Guatemala acumula 32.07 puntos) de 100 posibles, la primera vez que se coloca por debajo de los 50 puntos”, señala el documento, que agrega que una de las razones de esto, respecto a la respecto de la vida y seguridad de los periodistas, “es su bajo nivel promedio en la dimensión de violencia e impunidad, cuya media general es 16.15 puntos (Guatemala tiene 5.67 puntos), de un máximo teórico de 42 unidades”.

“La situación del barómetro evidencia que en nuestra América son constantes las regresiones en perjuicio de derechos comunicacionales en Nicaragua, Venezuela y Cuba, calificadas como naciones sin libertad de prensa ni de expresión, así como tendencias importantes de deterioro de estos principios democráticos en Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala”, dice la SIP, que además destacó que estos últimos países están incluidos en la franja de “alta restricción”.

Informe

Un informe basado en la medición del Índice de Chapultepec de este año señala que “la libertad de expresión agoniza en Guatemala”, donde entre 2022 y 2023 “se consolidó la regresión autoritaria y el régimen autocrático” y que el proceso electoral “propició el incrementó de la violencia contra el gremio periodístico, en el marco de un aumento generalizado de la violencia política y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos”.

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“El exilio se ha incrementado debido a que, para algunos periodistas, es la única salida posible ante los embates de quienes detentan el poder político. La libertad de expresión ha sido profundamente afectada, debido a prácticas tales como el silenciamiento impuesto, el cierre de fuentes y la opacidad en cuanto al acceso a información pública”, refiere el informe.

Agrega que “lo que se demuestra en el período de medición del índice -de Chapultepec- es que en Guatemala se hace uso del sistema de justicia y del aparato represivo del Estado para silenciar medios, periodistas y voces disidentes y, de esta forma, tomar por asalto la libertad de expresión”.

“Este silenciamiento de la prensa genera un efecto inhibidor de la democracia y, por lo tanto, la empobrece. La violencia contra periodistas y comunicadores se sostiene como un continuum, pero tuvo un incremento durante el proceso electoral”, refiere el informe, que añade que “de persistir la tendencia de agresiones se alcanzará un récord en el país” y que la “libertad de expresión agoniza en Guatemala”.

“Tragedia autoritaria”

Durante la presentación del Índice, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Carlos Hugo Jornet, dijo que América padece una “auténtica tragedia autoritaria”.

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“Es cada vez más difícil hablar de democracias plenas y el impacto sobre el ejercicio periodismo es directo y esto lo refleja claramente la nueva edición del índice”, estableció.

Dijo que, ante el declive democrático, es imprescindible promover “más y mejor democracia” y que lejos de bajar los brazos hay que redoblar la lucha por la libertar, los reclamos país por país y la búsqueda de alianzas con organismos internacionales y otras organizaciones que defienden la libertad de expresión.

“Unamos fuerzas para que no haya más opresión y censura en el continente”, concluyó.

Con información de EFE