La Fiscalía de Distrito Metropolitano del Ministerio Público (MP) abrió una investigación tras recibir la denuncia de una supuesta intimidación contra los pasajeros de un bus escolar, principalmente niños, en la zona 13 de la capital. Un caso que resonó también en las redes sociales este martes 18 de octubre.

Las indagaciones continúan por la denuncia ciudadana, relacionada con los “hechos en los cuales se vio involucrado un autobús escolar”, confirmó la Fiscalía.

Además de informar del seguimiento, se estableció que el personal fiscal busca obtener un testimonio del hecho como parte esencial del proceso investigativo.

De acuerdo con la denuncia, a la cual se tuvo acceso, uno de los tripulantes aseguró que los hechos se dieron el pasado jueves 13 de octubre.

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Mientras tanto, la familia que también denunció el suceso, e indicó que el acto de intimidación contra la unidad de transporte escolar ocurrió en tres puntos distintos en la zona 13 capitalina. Un trayecto entre la colonia Santa Fe, la Avenida Hincapié y Avenida de Las Américas.

El piloto de una camionetilla azul habría golpeado la puerta del bus y causó miedo, por lo que se teme que haya sido para atentar contra las estudiantes, se describe en la denuncia.

Además de ello, se hace referencia que en una parte del trayecto el supuesto agresor con su vehículo le bloqueó el paso al bus y, en otra parte del tramo, se adelantó y luego retrocedió para impactarlo.

Hace dos meses, el MP también dio seguimiento a otra denuncia por la supuesta extorsión al bus de transporte de un colegio de la zona 16 capitalina.

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Las autoridades también confirmaron por ese caso que tuvieron acercamiento con las víctimas para dar asesoría. Además, antes de presentarse la denuncia, la Policía Nacional Civil (PNC) inició con las investigaciones correspondientes.

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De acuerdo con la Policía, se trató de una primera denuncia de ese tipo de la cual tenían conocimiento. Llamó la atención que, pues los buses escolares no manejan efectivo, por lo que se priorizó el resguardo y seguridad de los estudiantes, confirmó la institución.

“Trump cree en la libertad de prensa y espera preguntas difíciles sobre él y su Gobierno. Sin embargo, nunca toleraremos que un periodista ponga sus manos sobre una joven mujer que solo está tratando de hacer su trabajo como becaria de la Casa Blanca. Este comportamiento es inaceptable”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, lo que la cadena noticiosa calificó como pretexto para retirar la credencial al periodista.

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Donald Trump volvió a enfrentarse y descalificar a periodistas el miércoles en una conferencia de prensa posterior a las elecciones de mitad de mandato, en la que se ensañó especialmente con el corresponsal de CNN en la Casa Blanca.

Trump reaccionó a un intercambio con el periodista Jim Acosta sobre el tema de la caravana de migrantes que avanza hacia la frontera de Estados Unidos proveniente de Centroamérica.

Cuando Acosta le preguntó si había “demonizado a los migrantes” durante la campaña para las elecciones, Trump respondió: “No, quiero que entren al país. Pero tienen que ingresar legalmente”.

Pero Acosta insistió: “Están a cientos de millas de distancia. Eso no es una invasión”, dijo, usando la palabra con la que Trump había definido la ola de migrantes.

Trump reaccionó de manera tajante. “Honestamente, creo que deberías dejarme dirigir el país. Diriges CNN, y si lo hicieras bien, tu raiting sería más alto”, dijo Trump.

Enojado con Acosta, el mandatario le dijo: “Ya es suficiente, baja el micrófono”, y se alejó del atril, a lo que siguió un forcejeo entre Acosta y una asistente para recuperar el micrófono, a la que se refirió Sanders.

El periodista de la CNN, quien ya había sufrido la ira del magnate, se rehusó a cumplir su orden de entregar el micrófono y sentarse, y siguió interrogándolo sobre su visión.

“La CNN debería avergonzarse de tenerte trabajando para ellos, eres grosero y una persona horrible”, le dijo el presidente.

Antes de la siguiente pregunta, el periodista de NBC Peter Alexander defendió a Acosta diciendo que era un “reportero diligente”, por lo que también se ganó la ira de Trump.

“Tampoco soy tu fan. Para ser honesto, no eres el mejor”, le dijo el mandatario a Alexander, y volvió a dirigirse a Acosta.

“Cuando informas noticias falsas, lo que CNN hace mucho, eres el enemigo del pueblo”, le increpó.

En el curso de la conferencia de prensa, Trump también silenció a otra periodista de CNN, April Ryan, cuando trataba de hacerle una pregunta sin el micrófono.

En un comunicado, la cadena consideró que “los ataques de este presidente a la prensa han ido demasiado lejos”. “No son sólo peligrosos, son preocupantemente antiestadounidenses”, señaló CNN, que expresó su apoyo a Acosta y a “periodistas de todos lados”.

Tras los enfrentamientos con los representantes de los canales de televisión, el presidente acusó a una periodista afroestadounidense de ser “racista” por haber sido interrogado sobre su retórica “nacionalista” que alentó a los supremacistas blancos, antes de llamar irónicamente a otra reportera “belleza”.

“Tengo una cobertura (de los medios) muy inexacta”, dijo Trump. “Podría hacer algo fantástico, y ellos (los periodistas) harían algo malo”, se quejó.

Al final de la conferencia de prensa que duró casi una hora y media, dijo que esperaba que “el tono pueda mejorar (con la prensa), pero (eso) comienza con los medios”. 

Rechazo

La cadena CNN expresó en un comunicado su apoyo a Acosta y lamentó que la Casa Blanca estuviera usando el suceso inexistente con la asistente de la Casa Blanca como pretexto para retirarle la credencial al comunicador. 

“Esta decisión sin precedentes es una amenaza para nuestra democracia”, expresó la cadena, quien reiteró que la verdadera razón del retiro de la credencial fue el enojo de Trump por los cuestionamientos que le hizo el comunicador.

En tanto, una asociación que representa a los periodistas acreditados ante la Casa Blanca criticó el miércoles la suspensión de la credencial de un reportero de la cadena CNN horas después de que tuviera un tenso intercambio con Donald Trump, tildando la medida de “inaceptable”.

“La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se opone fuertemente a la decisión de la administración Trump de usar las credenciales (…) como una herramienta para castigar a un reportero con el que tiene una relación difícil”, dijo el grupo en un comunicado. “Urgimos a la Casa Blanca a retroceder en esta acción débil y desafortunada”, añadió.

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Un caso más de intimidaciones por parte de autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) se suma a la denuncia hecha el viernes último por Nery Ramos, exdirector de la Policía Nacional Civil.

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Aseguró que el mismo día que les dieron de baja a los hermanos de Nery Ramos fueron destituidos sus dos hermanos, aunque dijo que a uno de ellos no se le ha notificado porque está suspendido, por un accidente.

“Mis hermanos hicieron una carrera y no tienen nada que ver con que hayamos sido altos mandos  (de la PNC), pero los incluyeron en una lista y les dieron de baja sin justificación”, indicó.

Refirió que uno de sus familiares ha sido objeto de vigilancia a través de un vehículo azul, “que puede ser de inteligencia o de investigación”. Además, “a nuestras casas también les han tomado fotografías”, aseguró.}

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Mayén comentó que uno de sus hijos, quien viajaba en un vehículo destinado a su seguridad, fue retenido luego de que un comando superior les indicó a los agentes encargados de resguardarlo que debían pasar a recoger aceite para el automotor, pero al llegar “cerraron el portón y no los dejaron salir. Mi hijo no recuerda si  les dijeron que eran órdenes del director (actual de la PNC, Erwin Tzic) o del ministro  (de Gobernación, Enrique Degenhart)”, explicó.

También comentó que una sobrina política que trabajaba en el Departamento de Tránsito de la PNC fue destituida.

Mayén denunció, entre otros atropellos, que se ha manipulado el esquema de seguridad. “Los quitan cada vez que quieren, el servicio es irregular y a veces me quedo solo”, señaló, y agregó que de cinco armas largas que utilizaba para su seguridad, debido a que el lugar por el que transita es peligroso, le quitaron tres, además de que ha recibido “amenazas verbales” de que se le va a retirar el vehículo.

“Entendemos que es una persecución”, dijo Mayén.

Prensa Libre también conversó con Rony Espinoza, quien fue subdirector de Operaciones de la PNC y después del retiro de Ramos y Mayén fue nombrado director general adjunto, y luego fue destituido.

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Espinoza indicó que su esquema de seguridad está en evaluación.

Se consultó al exministro de Gobernación Francisco Rivas, e indicó que su esquema de seguridad no ha sido modificado, aunque, afirmó: “Sí me han vigilado y seguido, pero no puedo asegurar que sean agentes del Estado”.

El exdirector policial Nery Ramos señaló a Gobernación de mantener una persecusión en su contra y de su familia, luego de la detención de su hermano Osbin Ramos, el pasado viernes, en el km 90 de la ruta al Pacífico, cuando viajaba como acompañante en un vehículo  y, según el Mingob, supuestamente llevaba una pistola con el número de serie alterado y no presentó licencia de portación.

El Mingob manifestó recientemente en un comunicado que “de manera categórica” no hay acciones al margen de la ley en ninguna de las decisiones que se han tomado en los últimos seis meses, respecto de los señalamientos en su contra. 

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La también exdiputada y excandidata a la alcaldía capitalina denunció que fue intimidad por personas que se identificaron como integrantesde la Dirección General de Presidios.

La supuesta intimidación habría sucedido en el Centro Carcelario Para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18, por personal del Sistema Penitenciario que habría interrogado a la exfuncionaria de manera ilegal e inapropiada. 

“Yo subí hablar con la directora de Santa Teresa, a quien también se le hizo extraño la entrevista”, aseguró Anabella de León.

La exregistradora afirmó: “se violaron mis derechos. Me intimidaron”.

La versión de De León fue secundado por Samanta Mejía Salguero, quien también fue detenida por el caso de desfalco al Registro de la Propiedad y aseguró que también fue intimidada.

Luego de escuchar las quejas de las detenidas el Juzgado Sexto ordenó a la directora del carcelario para que en 24 horas emita un informe por lo sucedido.

Guardan silencio

Luego de emitir su denuncia De León indicó a la jueza que se abstendría de declarar por el caso donde el Ministerio Público la señalan de desfalcar al Registro de la Propiedad.

Lo mismo pasó con Samanta Mejía Salguero, exdirectora de Recursos Humanos del Registro, quien también se negó a declarar.

Donald Joseph Byrne, exdirector de Relaciones Públicas del Registro, se limitó a decir que “no defraudó al Estado”.

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#BotinRegistroPropiedad | Anabella de León dijo a jueza Sexto de Instancia Penal que se abstendrá de declarar. pic.twitter.com/Hn3TiDFSBZ

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) September 5, 2016

La estructura está vinculada a una investigación que sugiere la contratación de unas 16 personas que nunca se presentaron a laborar en el Registro General de la Propiedad.

La estructura habria estado integrada por casi 30 personas, 22 de ellas capturadas la pasada semana en varios allanamientos judiciales. 

La Fiscalía Especial contra la Impunidad abrió una investigación en contra de la exregistradora y en julio pasado informó que las pesquisas se dirigían hacia irregularidades en el manejo de Q66.2 millones en el Registro de la Propiedad durante su administración.

Cordero dijo en una entrevista a un medio local que ambos viajaban de Santa Cruz del Quiché hacia el municipio Chichicastenango, pero en el kilómetro 153 desde un vehículo realizaron un disparo, sin causar daño.

“Íbamos a Chichicastenango a darle una cobertura a una actividad del Inab, de pronto una camioneta tipo agrícola pasó a la par del vehículo en el que viajábamos y se escuchó un disparo”, relató Cordero.

“Nos asustamos, frené el carro y por el retrovisor vi que la camioneta que pasó a la par de nosotros aceleró. Al principio pensamos que era una llanta que había estallado, pero ninguno de los dos carros tenía daño”, agregó Cordero.

Ambos periodistas acudieron al MP a poner la denuncia respectiva, ya que desconocen si se trata de un acto de intimidación.

Sentencia de muerte

Una sentencia de muerte distribuida el lunes pasado en un papel por miembros de la Pandilla 18 en tres viviendas se regó como pólvora en el Reparto Lempira de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras, 240 km al norte de la capital.

“Atentamente de la Pandilla 18, les damos 24 horas para que se hagan humo (se vayan) de esta área, después no vayan a lamentar, van a haber vidas caídas” , dice el mensaje escrito en computadora.

El Hoyo, situada en la ladera de una colina, es habitada desde hace 20 años. Son tierras privadas que los habitantes invadieron y que las autoridades les permitieron ocupar después.       

Selkin Arita, vocero de la policía, dijo a periodistas el jueves que unas 140 personas habían huido, y que unos 100 policías y soldados fueron desplegados en un operativo de seguridad en la zona.     

“Instamos a los pobladores a retornar a sus hogares porque hemos destacado policías y militares a salvaguardar sus vidas y pertenencias” , dijo por su parte el coronel Tito Moreno, comandante de la Brigada 105 de las Fuerzas Armadas. 

 Pero Gloria y otros vecinos, como Délfida López, no se detuvieron y se agregaron a la estampida de vecinos.

 “Me voy a trasladar a la colonia Flor de Cuba. Ya mis (cinco) hijos se fueron, qué voy a quedar haciendo sola aquí?” , pregunta Délfida, de 58 años, cuya pobreza no le permitió contratar un vehículo sino un carruaje maltrecho tirado por un avejentado caballo para transportar las tablas de desechos que formaban su deplorable vivienda.

“Aquí da miedo… si se fija, no hay ninguna pulpería, todas las cerraron los mareros” , lamenta.

Un pueblo fantasma

“Este parece un pueblo fantasma”, reconoce un suboficial del destacamento militar que tomó un taller de estructuras metálicas como cuartel general.

Arita explica a la AFP que los pandilleros exigieron a los vecinos desalojar las viviendas de la calles principal porque quieren convertir la vía en la frontera de los territorios que controlan la 18 y la pandilla rival Mara Salvatrucha (MS-13) para la venta de drogas y extorsiones.

” De este lado está la 13 y del otro la 18“, explica el militar.

Este jueves, unas 30 familias también huyeron de la colonia Las Torres, en el sur de la capital, luego que los pandilleros les mandaran una nota similar, dándoles 48 para desalojar sus vivienas en esa barriada pobre.

Igual que en San Pedro Sula, los vecinos contrararon vehículos y subieron de prisa lo que pudieron para escapar y buscar un lugar de menor riesgo.

Miembros de otro contingente policial acudieron en axilio pero el éxodo no se detenía.

“Mi familia no tiene dónde ir, pero nos vamos porque tenemos miedo de perder nuestras vidas si no lo hacemos” , dijo a la televisión local una mujer que se identificó como Antonia Romero.       

Barrio 18 y la rival Mara Salvatrucha, las dos pandillas que operan desde la década de 1980 en Honduras, son las que se disputan la zona.     

Un caso similar ocurrió el lunes en una colonia de San Pedro Sula, ciudad norteña y la segunda en importancia de Honduras, donde centenares de lugareños abandonaron sus hogares por amenazas, presuntamente también del Barrio 18.   

Intimidación por la impunidad

El coordinador de la oenegé Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera, dice que ” intimidación de los mareros“a la población en San Pedro Sula es ” consecuencia de la impunidad generalizada que prevalece en este país“, donde ” solamente el 4% de las personas que cometen delitos llegan a juicio.

Mientras, en la capital Tegucigalpa la 18 controla 150 barrios y colonias y la MS-13 está en 70.

Agrega que las pandillas violentas han existido por décadas en Honduras pero a partir de los años 90 ambas agrupaciones se consolidaron como “fuerzas dominantes” , producto de la llegada de deportados desde Estados Unidos, causando “un repute en la violencia” .

Recuerda que la tasa de homicidios se elevó en el 2014 en San Pedro Sula a 140 por cada cien mil habitantes y 81 en la capital, entre las más altas de mundo.

Según la Embajada de Estados Unidos, ambas pandillas tendrían unos 36.mil miembros pero otras instituciones consideran que tienen mucho menos.

Ayer, en la sede del Ministerio Público (MP) ubicada en la zona 3 de Quetzaltenango, se presentó César Eliseo Pérez Méndez, director editorial de  elQuetzalteco, quien es acusado de los delitos de discriminación, coacción, violencia contra la mujer en su manifestación psicológica y coacción contra la libertad política.

En la audiencia de conciliación, Irma del Rosario Sajquim Ixcot, quien presentó la denuncia, y su abogada, Odilia Noriega Berdúo de Rojas, dijeron ante la auxiliar fiscal Aracely del Pilar Paz que retirarían todas las acusaciones siempre y cuando el periódico ofreciera disculpas a Sajquim Ixcot por las publicaciones.

Rechaza ofrecimiento

Pérez Méndez dijo que se intentó buscar en su momento la versión de la señora Sajquim o del partido Líder pero no se obtuvo respuesta. Aún así, el matutino ofreció un espacio para que Sajquim diera a conocer su versión de los hecho pero ella rechazó el ofrecimiento.

“En la audiencia expliqué que las disculpas públicas no proceden porque solo hicimos nuestro trabajo conforme a los parámetros de fuentes y de interés general”, expresó Pérez Méndez.

“No es nada personal, ni contra ella ni contra el partido, sino contra las mentiras vertidas en el anuncio. Ahora todo está en manos del MP. Veremos si clausuran la denuncia por improcedente”, indicó.

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El 10 de junio recién pasado, elQuetzalteco evidenció, en una nota, que en la campaña política “Recorriendo Guatemala”, del candidato presidencial Manuel Baldizón,  se muestra un video donde aparece una señora llamada “Miriam”, quien en realidad es Irma del Rosario Sajquim Ixcot, en una panadería cuyos dueños se quejaron por el uso político de las tomas.

Ven intimidación

José Cancinos, de la Asociación de Prensa de Quetzaltenango, señaló que la reacción de la defensa de Sajquim Ixcot solo refleja la intolerancia a la libertad de expresión.

Flor Gómez, delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Xela, exhortó a la Prensa a seguir analizando críticamente  la labor y los mensajes de los políticos.

Dato

10 de junio fue la primera publicación en el matutino.