La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer es reconocida por organizaciones de derechos humanos como una normativa primordial para contrarrestar la violencia contra este grupo poblacional, aunque en los últimos años algunas funcionarias públicas la han utilizado como un mecanismo para evadir la auditoría social.

Esta legislación fue promulgada en el 2008, durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), debido a la necesidad de proteger a mujeres víctimas de violencia por su condición de género.

Su objetivo es garantizar “la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres” cuando sean agredidas en relaciones de poder por medio de prácticas discriminatorias, violencia física, sexual, económica o cualquier otro tipo de coacción. Esto puede ocurrir tanto en el ámbito privado como el público.

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La ley define conceptos clave, como misoginia, que es el “odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo”. En cuanto a relaciones de poder, refiere que son “manifestaciones de control o de dominio que conducen a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra”.

Y en cuanto a la violencia contra la mujer, establece que es “toda acción u omisión basada en la pertinencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación de libertad, tanto en el ámbito público como el privado”.

La jueza Yadira Barrios, suplente del juzgado de turno de femicidio grupo “A” resolvió a favor de Alejandra Carrillo, exdiputada y actual directora del Instituto para la Victima.

Dichas medidas son en contra de Óscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín, propietarios del medio de comunicación Diario La Hora, quien durante los últimos meses ha publicado investigaciones periodísticas que cuestionan el  trabajo de Carrillo al frente de la institución gubernamental.

Por la resolución judicial y por espacio de seis meses, a partir del pasado 16 de diciembre, los periodistas no pueden “perturbar” a la agraviada o a ninguno de sus familiares; Carillo es esposa del diputado Felipe Alejos, incluido en la lista Engel como un actor a favor de las elites de la corrupción.

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Tampoco puede acercarse al domicilio o lugar de trabajo de Carrillo, pese a que por ser funcionaria su cargo se desempeña en un edificio público; si los comunicadores incumplen dichas restricciones podrían cometer el delito de desobediencia.

Las medidas de seguridad a favor de Carrillo fueron posibles gracias a un amparo otorgado por una sala de femicidio, debido a que en un primer intento legal la judicatura no había aceptado los argumentos legales que señalaban un presunto casi de violencia psicológica.

MP desestimó denuncia de Carrillo

En octubre de este año la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público (MP) desestimó una denuncia que Carrillo presentó contra los periodistas, afirmando que no existían las causas legales de tal cargo.

Nuevamente Carrillo señaló a Diario La Hora de violencia psicológica por una serie de publicaciones periodistas, que a criterio de la unidad fiscal se encontraban bajo el marco legal de la Ley de Emisión del Pensamiento.

Incluso en la resolución del MP destacan que aunque hubiese existido algún tipo de abuso de los periodistas dicho proceso se tendría que haber ventilado de otra manera, en un órgano especial. Las denuncias contra periodistas se ventilan ante un Tribunal de Imprenta y no ante un juzgado especializado en femicidio.

Sigue los pasos de Baldetti y Torres

No es la primera vez que una funcionaria utiliza la ley para evitar la fiscalización, en 2014 la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti utilizó la misma táctica para evitar cuestionamientos de El Periódico.

Unos años después, en 2019, la misma herramienta fue utilizada por Sandra Torres, exprimera dama y excandidata presidencial, en contra de El Periódico.

Baldetti ya fue condenada en un caso por corrupción y tienen otros juicios pendientes; mientras que Torres mantiene una causa abierta por supuestas anomalías para financiar su campaña.

La violencia contra la mujer sigue siendo de los delitos más denunciados y recurrentes, es también de los que más impunes quedan en un sistema de justicia especializado como el de Guatemala.

Durante enero reciente la violencia contra este grupo poblacional se hizo más evidente, resonó aún más en las redes sociales debido a que se registró un alza en las muertes violentas como las de Luz María López, extrabajadora del Ministerio Público y la de Hillary Arredondo, una nena de tres años, en Escuintla.

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A pesar de que la indignación de los ciudadanos aumentó por estos y otros femicidios, la justicia continuó respondiendo mal y tarde ante estos casos, a pesar de que existen leyes y mecanismos especializados para castigar a los responsables.

Entre las normas creadas está la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer que fue aprobada en abril de 2008, donde fueron establecidas penas de cárcel en contra femicidas y para sancionar la violencia física, económica y psicológica.

En ese entonces, los movimientos de mujeres afirmaron que nunca antes los diputados habían comprendido que debían legislar a favor de los derechos humanos de las féminas, en un lapso donde las muertes violentas iban en un aumento sostenido y se contabilizaban más de 3 mil 500.

Con la aplicación de la Ley se han logrado avances en materia de derechos humanos, se ha salvado la vida de muchas mujeres, pero también ha sido utilizada para el beneficio de algunas políticas, como el caso de la expresidenciable Sandra Torres y la exvicepresidenta Roxana Baldetti contra el presidente de elPeriódico; así como también la diputada Patricia Sandoval contra un manifestante.

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Además, de esta forma también fue utilizada por María Luisa Morales Gatica de Martínez y Claudia Ivonne Martínez Morales de Girón, madre y hermana de Miguel Martínez, exdirector del desaparecido Centro de Gobierno y Joselin Mérida, directora de Comunicación del Congreso contra los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid por sus investigaciones periodísticas.

Giovana Lemus, directora del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), opina que siempre será lamentable que se utilice esta norma, que fue creada para la defensa de la vida de las mujeres, de forma inadecuada y por este peligro dan seguimiento a la aplicación de la Ley en el marco de responsabilidades de convencionalidad que tiene el Estado y se lo han puesto en conocimiento al mecanismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Debilidades

Además, de que mujeres con influencia política y poder encuentren en la Ley contra el Femicidio una oportunidad para utilizar para su beneficio, también contiene otras debilidades que al cambiarlas podrían favorecer a muchas mujeres que han sido víctimas de violencia.

Lilian Ninneth Vásquez Pimentel, directora del Bufete Jurídico de Derechos Humanos con Enfoque Feminista, explica que están acompañando casos de violencia sexual y física, y delitos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes encuentran que la Ley tiene mayor enfoque a castigar a los agresores de las mujeres mayor y esa es una de sus grandes debilidades.  La organización defiende a menores de edad que fueron agredidas sexualmente por sus maestros en Alta Verapaz.

“Se cree que cuando una niña es víctima de violencia física puede considerar como maltratos contra menores. No es eso, es violencia contra la mujer en su debilidad de violencia física, pero es niña. Cuando se judicializa un caso desafortunadamente no se el componente genérico en la violencia aun cuando es una mujer, pero una mujer niña”, afirmó.

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Vásquez enumera otras lagunas legales de la Ley contra el Femicidio como su objeto, en donde no indica que busca erradicar, prevenir o sancionar el femicidio, sino que únicamente la violencia contra la mujer sin entenderse que la más terrible expresión es el femicidio.

Señala también que es complejo comprobar la violencia psicológica en el proceso judicial, debido a cómo está legislado en la Ley el juez pretende que exista un daño permanente posterior a la acción, pero aclara que ese delito es la amenaza de que pueda pasar.

“En la aplicación en la vida real la violencia psicológica es muy difícil probarla, porque la misma Ley nos obliga a probarla como un daño permanente o que sea demasiado fuerte, y esta violencia tiene matices y grados”, explicó.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) evalúa a diario a 122 mujeres por lesiones, reconocimientos médicos de delitos sexuales, maltrato físico, heridas de bala, heridas producidas con arma blanca, intoxicación de drogas, determinación con invalidez, entre otros.

Según las cifras del ente forense, las mujeres de 18 a 24 años son las más evaluadas, luego le siguen las de 25 a 29, y las de 10 a 14. El departamento de Guatemala es donde se concentra más del 30 por ciento de los peritajes realizados, le sigue Escuintla, Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango.

Femicidio y acoso sexual

Vásquez añade que también está mal tipificado el delito femicidio porque se puede entender que es una muerte violenta cuando concurre en una relación desigual de poder, pero en uno de los apartados indica misoginia, al intentar establecer que es el odio hacia las mujeres no existen elementos, por ejemplo, en el Inacif como se determina y cómo se prueba que fue por esa aversión.

“No es lo mismo que se percute un arma de fuego en la cabeza de una persona, que antes de eso la viole, la queme, la pique y exista un ensañamiento de violencia bruta y de desprecio hacia la persona. Entonces, cuando hablamos de misoginia al momento de quererlo probar deja muchas dudas y la duda siempre va a favorecer el reo, así lo establece la Constitución”, explicó.

La abogada agrega que la violencia patrimonial o económica está mal definida en la norma, porque no permite que estas situaciones se juzguen como delito y se conozcan en juzgados de familia o civiles. Vásquez define la Ley contra el Femicidio como la piedra angular para poder actuar de forma jurídica en los juzgados e invocar derechos humanos.

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Además, reporta que del 1 de enero al 31 de mayo efectuó 706 necropsias a cuerpos de mujeres fallecidas, de los cuales el 36 por ciento fueron por causas asociadas a hechos criminales y el 64 por ciento relacionadas con hechos viales, enfermedades comunes y sus complicaciones, en estudio e investigación.

Mientras que Dorotea Gómez, defensora de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos, indica que otra de las debilidades es que esta norma no contempla el acoso sexual como delito. Señala también que desde el Organismo Judicial les han indicado que la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una sentencia que indica que solo se puede tipificar el delito de violencia contra la mujer solo si el agresor tiene una relación directa con la agraviada.

“En la tipificación de ese delito no se considera a los agresores que son vecinos, de casa o de negocios, o no considera como agresores a esos hombres que violentan de manera sistemática a las mujeres en las calles. Esos son los vacíos que vemos con preocupación”, advirtió.

La activista por los derechos de las mujeres, Alba Trejo, critica que en la Ley no se contempla algún resarcimiento para los niños que se quedan huérfanos por los femicidios. En Guatemala no se conoce a ciencia cierta la cifra real de los niños que quedan sin padres por la violencia femicida, podrían ser quizá miles, según evidenció un reportaje publicado por Prensa Libre con apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF).

Trejo agrega que la violencia psicológica contra este grupo poblacional se ha incrementado, pero estos casos no engrosan las estadísticas porque no denuncias, pero debido a que también han sido golpeadas fueron atendidas por los cuerpos de socorro. “Estamos viendo un Ministerio Público que se está lavando las manos y muy débil”, reiteró.

Mal uso

Vásquez expresa que ha escuchado que abogados quieren encuadrar cualquier delito en violencia contra la mujer, para que los procesos avancen rápido. Gómez afirma también que la mala utilización de la Ley contra el Femicidio lo han hecho los abogados e incluso señala que desde los medios de comunicación también existe una tendencia de desvirtuar el contenido de la norma y acusar a las mujeres de hacer el mal uso.

“No son las mujeres –de hacer mal uso de la Ley–. Son los abogados y las autoridades cómplices de estos abogados que mal utilizan la Ley, porque hay una complicidad entre hombres para hacerlo y dañar los derechos humanos de las mujeres. Hemos sabido que muchas veces las penas –emitidas—no han sido de peso para mandar mensajes a los agresores”, advirtió.

Además, afirma que al Organismo Judicial le hace falta interpretar esta norma desde una perspectiva amplia con base a estándares internacionales y no limitarse a una visión reduccionista y atrasada de los derechos humanos de las mujeres.

¿Qué sentirían los hombres si todas las leyes fueran hechas sólo por mujeres? A lo mejor dirían que esas leyes no los representan, que su opinión y enfoque no están recogidos en ellas, que no están de acuerdo con no participar en la elaboración del marco normativo de su sociedad. El caso es que, por siglos, las Biblias, las Constituciones y las leyes han sido escritas solo por hombres.

Apenas durante los últimos años en Guatemala (últimas décadas en países del primer mundo), las mujeres han comenzado a participar en la formulación y redacción de iniciativas legales. ¿Queremos igualdad? Comencemos por allí. En Guatemala, uno de estos logros jurídicos a nivel latinoamericano, que contó con el respaldo de una buena cantidad de organizaciones y grupos de mujeres, así como de mujeres y hombres en lo individual, ha sido la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. Como cualquier ley, esa iniciativa puede usarse bien y apegada a su intención inicial, o puede usarse mal en algunos casos excepcionales. Es lo usual. Pero el mal uso eventual no justifica deshacerse de una ley que nació para responder a un problema real e incuestionable: desde el año 2000, un promedio de 700 mujeres son asesinadas anualmente (más de 11 mil a la fecha).

¿Los hombres no, acaso? Claro, y en mayor número que las mujeres, pero en un 99 por ciento de los casos, a ellos los matan otros hombres, no otras mujeres. En cambio la relación con las muertes violentas de mujeres es a la inversa. Además, la mayoría de hombres no mueren violados, mutilados, torturados o golpeados por sus parejas mujeres. Habrá casos de hombres abusados, pero ellos cuentan con las leyes del sistema diseñadas ad hoc para defenderse. Que las usen. La guinda del pastel la constituye el silencio y la impunidad que se tejen alrededor de estos crímenes contra las mujeres. ¿Recordamos el caso de Cristina Siekavizza y tantos más? Tenemos miles de expedientes y hechos concretos en este país para justificar y defender la existencia de una ley como ésta. Año 2015: en el Ministerio Público se registraron más de 50 mil denuncias de violencia contra las mujeres, y en el Organismo Judicial, 30 mil 562. Esto sin contar los casos que no se denuncian. Apenas un 16% de casos se atiende y resuelve.

Recientemente, surge una iniciativa de ley propuesta por la diputada del oficialismo Sandra Patricia Sandoval, contraviniendo en mucho lo contenido en la Ley contra el Femicidio. El nombre: “Ley reguladora del proceso en casos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer”. Más de 40 organizaciones y muchas personas más, creemos que el Congreso de la República jugará un papel fundamental en el análisis de esta iniciativa propuesta por la diputada de FCN-Nación, con el fin de no incumplir tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. Pero más que eso, pedimos que no se le dé trámite, porque carece de sustento real.

Me avisaron hace un par de días que, en la sección El peladero de elPeriódico (04/06/2016), salió una nota denominada “Allanando el camino”. Luego me la enviaron. Dejo a quien quiera, buscarla y leerla. Pero lo que allí se dice es que detrás de la iniciativa de la diputada Sandoval está la intención de proteger a un militar muy cercano al presidente, quien tiene denuncias en su contra por violencia contra la mujer, para que pueda llegar con el camino limpio al Ministerio de la Defensa. Si es cierto o no, lo cierto es que esta propuesta ya nace viciada de muchas maneras. Y lo que resulta por demás paradójico es que, además de que en este país se matan demasiadas mujeres, también se quiere matar una buena ley que trata de evitar que esto siga sucediendo.

cescobarsarti@gmail.com