Justicia responde mal y tarde a la violencia contra la mujer

Organizaciones piden que el gobierno destine mayor presupuesto y recursos para que ganen la batalla de la violencia contra la mujer.

Mujeres protestan por la violencia contra la mujer con una marcha en el Centro Histórico de Guatemala. Foto Prensa Libre: EFE.
Mujeres protestan por la violencia contra la mujer con una marcha en el Centro Histórico de Guatemala. Foto Prensa Libre: EFE.

En los últimos días ha sido más evidente la violencia contra la mujer, un problema arragiado en el país, en parte, por un sistema de justicia que no promete una investigación eficaz o pronta o esta es tan débil que los porcentajes de condena son mínimos.

El femicidio de Luz María del Rocío López Morales, cometido presuntamente por su esposo, así como la violación y asesinato de Hillari Saraí Arredondo de León, de 3 años, aumentaron la indignación en Guatemala por la violencia que sufren miles de mujeres en el país. Sin embargo, aunque el rechazo y el repudio crecen, el reparto de responsabilidades entre las autoridades va y viene.

El año pasado, el Ministerio Público registró más de 60 mil denuncias de violencia contra la mujer, en promedio 164 por día. Lucrecia Vásquez, secretaria de la Mujer, del MP, dijo que en los primeros 23 días de enero han muerto 39 féminas de forma violenta, 20 de los casos tipificados en el delito de femicidio.

Vásquez explicó que en enero han visto varios picos de violencia contra ese sector de la población, uno se registró en los primeros días del mes, cuando fueron reportadas siete muertes, y el segundo pico se dio el viernes último, con cinco, entre ellas el crimen contra López Morales.

El año pasado hubo 785 muertes violentas de mujeres hasta el pasado 11 de diciembre, y según el Observatorio de la Mujer, 388 fueron femicidios.

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Escasos resultados

Karina Méndez, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Iccpg), explicó que en un análisis efectuado por datos compartidos de Información Pública del Ministerio Público, entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de octubre de 2018 se recibieron 509 mil 489 denuncias de violencia contra la mujer, el 60% de las cuales estaba en investigación. En estos casos hubo 18 mil 829 sentencias —absolutorias o condenatorias—.

También se reportó que ocho mil 43 casos se solucionaron bajo sobreseimiento, archivo o clausura.

“Hay varios análisis. El primero es que, en términos del sector justicia, se están solucionando entre el 30% y 35% de los casos que ingresan, mientras que entre el 65% y 70% están en investigación”, señaló Méndez.

Familiares sepultaron a Luz María del Rocío López Morales en un cementerio de la zona 5. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Las cifras del Instituto destacan que del 1 de enero de 2009 al 30 de octubre de 2018, Alta Verapaz reportó 25 mil 642 casos de violencia contra la mujer, de los cuales 20 mil 352 estuvieron en investigación, lo que significa que el 70% se quedó en eso, porque solo el 30% se solucionó.

Además, en Escuintla ingresaron 13 mil 285 casos y 8 mil 826 estaban en investigación; es decir que solo se solucionó el 34%.

En Zacapa, en el mismo período, se reportaron siete mil 505 casos, de los cuales el 72% estuvo en investigación y solo el 28% fue resuelto.

“Estamos hablando de que entre el 65 y 70% de los casos quedan en investigación”, resaltó Méndez.

La investigadora también ve deficiencia en el reparto de las órdenes de investigación que existen entre la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP y para la División Especializada en Investigación Criminal, porque la Policía sigue teniendo en sus manos la mayor carga investigativa, comparada con la Fiscalía, ya que mantiene más del 200% de las órdenes de investigación.

El estudio del Instituto es de los pocos trabajos independientes que existen en el país, y resalta que los casos de femicidio o de violencia contra la mujer tardan más de 600 días para ser resueltos, tomando en cuenta desde el momento que se denuncia hasta llegar a una sentencia.

Recursos

Paula Barrios, directora de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), señaló que el sistema de justicia guatemalteco tiene grandes desafíos, sobre todo para probar los femicidios, porque casos como el de López Morales fue cruel.

“Los agresores han recibido ese mensaje: el sistema de justicia no cuenta con capacidades suficientes para garantizar con medios científicos la causa de muerte y el móvil utilizados. (…) Es importante que la Corte Suprema de Justicia, en pleno, tome medidas inmediatas para que estos casos con saña y crueldad sean probados y tengan una investigación contundente para que la sociedad reciba el mensaje de que en los casos de violencia contra la mujer la justicia se aplica, y sobre todo en los femicidios”, recalcó.

Barrios afirmó que las instituciones deben fortalecer y se deben hacer más estudios e investigaciones criminales que den cuenta del fenómeno de la violencia contra la mujer en Guatemala, porque ninguna entidad genera estos perfiles para prevenir esos delitos.

Además, advirtió de que los órganos que velan por los derechos de la mujer en el país tienen las manos atadas porque dependen de los recursos que les brinde el Estado, pero hace años que los procedimientos burocráticos obstaculizan su obtención.

Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, coincide con Barrios en que los procesos judiciales de violencia contra la mujer son retardados y pareciera que el Gobierno no presta mayor atención a estos delitos, que van en aumento. Agregó que para las víctimas es muy difícil denunciar, o la familia de estas esperan que la justicia sea pronta; sin embargo, pasan dos o tres años y dejan de creer en el sistema.

“Si el Ministerio Público tiene floja la investigación, el juez, aunque esté capacitado y sensibilizado en estos temas, tiene que dictar sentencias con penas mínimas o absolutorias, eso a pesar de que son pocos los casos que llegan al sistema”, añadió.

Toca esperar

Entre los casos del año pasado se puede resaltar el de Chelsiry Hernández, de 12, quien su cuerpo fue encontrado quemado. Hasta ahora el principal sospechoso es su tío Édgar Marroquín Barrera.

Franklin Hernández, padre de la niña, es agente de la Policía Nacional Civil y reconoce que las autoridades no avanzan en la investigación, ni siquiera han establecido la causa de muerte y dónde y cuándo fue asesinada su hija.

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Después de que el cuerpo de Chelsiry apareció quemado, según Hernández detectó varias inconsistencias y retardos de las autoridades, por lo que, con base en su experiencia como policía, llegó al lugar donde fue hallado el cadáver y encontró indicios claves, como restos de un poncho que hacía falta en su casa, monedas que pertenecían a la pequeña y otros objetos, lo que obligó a los fiscales a regresar y recopilar la evidencia para avanzar en el caso.

“No tenemos mayor respuesta, no sabemos mayor cosa. El tiempo va pasando”, comenta el padre, preocupado y a punto de llorar, porque ya no sabe en quién confiar. Dice sentirse en una lucha en contra del sistema de justicia, y aunque sabe que el proceso debe continuar, comienza a creer que para ellos nunca la habrá.