A poco más de un mes de la ejecución de 16 migrantes guatemaltecos en una localidad de Tamaulipas, México, el Gobierno de Guatemala aún desconoce cuándo podrían venir los cuerpos de las  víctimas.

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El apoyo a las familias, así como su reacción ante los hechos, se considera tibia y débil por parte de varios sectores quienes esperaban pronunciamientos y exigencias de justicia más enérgicos por parte de los actores oficiales involucrados en el tema migratorio.

Salvando las distancias, en el 2007, cuando se produjo en Guatemala el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacén)  y su piloto, cuyos cuerpos fueron quemados en un área de El Jocotillo, Villa Canales, hubo condenas de todo tipo y de todos los sectores de El Salvador y Guatemala, e incluso de EE. UU., en donde hasta el presidente —en ese entonces— George Bush, expresó preocupación.

Por esos días, entre otras acciones, se conformó un equipo de trabajo binacional para investigar el cuádruple crimen, este contó con el apoyo del FBI de EE. UU. Además, a los pocos días, El Salvador anunció que contrataría a un grupo de abogados para convertirse en querellantes adhesivos en el caso y se llevaron a cabo un sinfín de reuniones para abordar el tema.

Aparte de la condena del Gobierno salvadoreño, también se produjeron pronunciamientos en la misma línea de la Asamblea Legislativa y de partidos políticos de ese país, así como del Parlacén.

Al igual que en aquella ocasión, en el caso de Tamaulipas, fuerzas del Estado podrían estar involucradas; de hecho, México ya arrestó a 12 agentes migratorios de quienes se sospecha tuvieron que ver con el crimen.

Pero en Guatemala, todo lo ocurrido alrededor del caso no ha sido suficiente para generar condenas más enérgicas por parte del Estado.

Solo información

La Cancillería no ha pasado de emitir comunicados en donde informa de la situación. Aunque asegura que “han intervenido desde el primer momento” en que fueron alertados.

En principio, con la justificación de que no se conocía si oficialmente eran migrantes guatemaltecos los fallecidos, prefirió no emitir mayor postura.

Luego, cuando se confirmó la nacionalidad tampoco hubo alguna condena, más que una “solicitud” de que se aplique todo el peso de la ley a los responsables; se les dio el pésame a las familias, y se les ofreció apoyarlos en el proceso de repatriación de los cuerpos.

La Cancillería también se apresuró a desmentir “completamente” a un columnista mexicano que aseveró que el Gobierno de Guatemala podría demandar al estado de Tamaulipas porque la masacre habría sido cometida por agentes estatales.

Por parte del Congreso guatemalteco, hasta ayer, más de un mes después se aprobó un punto resolutivo donde condenaron el hecho. Manifiestó “la más enérgica condena” y reconoció “al distinguido Gobierno de México y a sus autoridades” y requirió “en forma respetuosa” la voluntad y empeño para llevar a cabo la investigación.

Además, exhortó a la Cancillería a continuar con el apoyo a los procesos de investigación y a las familias.

Mientras que en el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), su secretario, Raúl Berríos, tampoco condenó el hecho, e incluso, dijo que necesitaba la aprobación de los integrantes del Consejo para poder pronunciarse.

Respuesta débil

Analistas consultados coinciden en que la respuesta del Estado guatemalteco ante la masacre de sus ciudadanos ha sido débil y que eso es el reflejo de la importancia que las autoridades le dan al tema migratorio y a las personas que viven en pobreza que son las que finalmente tienen que migrar.

Por lo tanto, las tragedias que le suceden a esta población parece que no son tragedias que le incumban al Estado de Guatemala, afirma Pedro Pablo Solares, analista en temas migratorios.

De esa forma, cuando ocurren estos lamentables hechos, el Estado no hace más que dar respuestas administrativas, como la repatriación de cadáveres, y no da respuestas políticas que busquen evitar este tipo de casos en el futuro, como condenas firmes o peticiones de resarcimiento, añade Solares.

“El presidente —Alejandro Giammattei— no lo mencionó, tampoco el vicepresidente —Guillermo Castillo—, ni la junta directiva del Congreso. Es decir, se nota una ausencia absoluta del Estado. Es una tragedia ajena al poder político del país”, señaló.

Manos atadas

Oswaldo Samayoa, abogado y doctor en Derecho Constitucional Internacional, coincide en que la respuesta del estado ha sido “muy tibia”, sin embargo, cree que esto se da porque Guatemala tiene las manos atadas por la forma cómo trata a los migrantes de otras nacionalidades cuando transitan por el país.

El abogado cree que es urgente promover un diálogo multinacional que aborde las estrategias y políticas a seguir para atender la problemática migrante, particularmente las vulnerabilidades a las que se exponen durante el tránsito.

En ese sentido, opina que no sería conveniente demandar al estado mexicano ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), como en algún momento se sugirió, porque eso dividiría a los dos países en vez de unir esfuerzos para hallar soluciones.

Samayoa cree que, aunque el crimen haya sido cometido por los cuerpos de seguridad mexicano, esto no es suficiente para considerarlo un crimen de Estado, puesto que eso no demuestra de que el hecho haya sido planificado por alguno de sus poderes.

Pero hay otras voces que sugieren que Guatemala debe denunciar ante la CIDH al Gobierno de México, ya que eso sería un precedente para tratar de evitar otras tragedias similares y para garantizar un resarcimiento, no solo económico, sino también moral.

“La denuncia debe exigir que el gobierno de Tamaulipas asuma la responsabilidad total y plena de estos asesinatos”, precisó el consultor en temas migratorios, Fernando Castro, a la vez de recordar que los agentes procesados por la matanza pertenecían al Grupo Especial de Operaciones (Gope), una fuerza policial estatal que cuenta con antecedentes de violaciones a los derechos humanos.

Una posible queja ante la CIDH “sentará un precedente por parte de las autoridades del Gobierno de Guatemala para que no queden impunes estos asesinatos y respaldar así a los familiares de las víctimas”, agregó.

Respuesta

La Cancillería no hizo comentarios sobre los señalamientos sobre la respuesta débil del Estado.

A través de su oficina de Comunicación descartó alguna demanda ante la CIDH ya que “las autoridades mexicanas están dando persecución penal en el caso y se está colaborando con ellos en todo lo necesario para que puedan hacer su proceso de investigación”.

Además, se limitó a informar que el Gobierno de México asumirá los gastos para la repatriación de los cuerpos de las víctimas, aunque aún no hay una fecha de cuándo podría ocurrir puesto que se trata de “un proceso de investigación y está en manos de autoridades de otro país”.

Este miércoles 24 de febrero funcionarios de la Cancillería, se reunieron con las familias de las víctimas para confirmarles su identidad y expresarles sus condolencias y el “compromiso para brindar el acompañamiento en todo el proceso”.

Sin información

Mientras tanto en Comitancillo, San Marcos, de donde eran originarios la mayoría de migrantes, continúan, no solo a la espera de los cuerpos, sino de información alguna de si serán resarcidos. Alguna “ayuda”, dicen.

Lidia L. por ejemplo, dice que su hermano de 22 años era el principal sostén de la familia, puesto que su padre falleció hace unos años y su mamá está en un delicado estado de salud y recién acaban de operarla.

Hasta el martes de esta semana no tenían información de si algún gobierno les daría resarcimiento, mientras su hermana había viajado a la capital para una reunión donde les darían información.

“Sería bueno que nos pudieran ayudar con algo porque no tenemos dinero y ahora lo necesitamos”, dice Lidia.

El Gobierno de México, por su parte, dijo estar dispuesto a “atender” a las familias de las víctimas.

“Nuestro compromiso es ir a fondo, hacer justicia, llegar a la verdad, no repetición y atender a los familiares de los migrantes, víctimas de Camargo, Tamaulipas”, expuso Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en una reunión que sostuvo con una delegación guatemalteca.

Encinas señaló que se reparará el daño con una compensación para ayudarles a reconstruir un proyecto de vida, “no por ponerle precio a la vida humana, sino como medida de mitigación y en seguimiento a estándares internacionales”.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, México confirmó este viernes 5 de febrero que forenses han logrado identificar otros tres cuerpos de la masacre de 19 personas que ocurrió en Camargo, Tamaulipas, y que corresponden a tres guatemaltecos.

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Según un comunicado de la fiscalía, el Equipo de Especialidades Forenses logró la identificación de Adán “C”, ​Ribaldo D. “J” y Edgar “L” de nacionalidad guatemalteca.

Estas personas son parte de las víctimas de una matanza que ocurrió el 22 de enero en el poblado Santa Anita, Camargo Tamaulipas.

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“Las investigaciones sobre este caso continúan, al igual que los trabajos para la obtención de ADN, los cuales se desarrollan en coordinación y apoyo con autoridades de Guatemala y especialistas de la Comisión Nacional de Búsqueda del Gobierno Federal”, agregó la autoridad en un comunicado.

#FGJT_Informa En continuidad de los trabajos realizados por el Equipo de Especialidades Forenses, se logró la identificación de Adán “C”, ​Ribaldo D. “J” y Edgar “L” de nacionalidad guatemalteca #Tamaulipas pic.twitter.com/TkovgrlA60

— Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) February 5, 2021

El pasado 2 de febrero la Fiscalía de Tamaulipas informó que ya habían sido  identificados los dos primeros guatemaltecos, sólo mencionados como Elfego R. M. y Marvin A. T., así como dos mexicanos, uno de ellos supuestamente era coyote.

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Además, que se investigaba la participación de grupos criminales y se presume que había más vehículos en el que viajaban salvadoreños y guatemaltecos con la intención de llegar a EE. UU.

Guatemala se solidariza

El Ejecutivo emitió un comunicado donde ofrece condolencias a los deudos y apoyará la repatriación de los cuerpos.

Además, informó que trabaja con agencias mexicanas para avanzar en la investigación forense, comparación genética y el esclarecimiento de la matanza.

Policías detenidos

Por este caso hay detenidos 12 policías estatales, que pudieron  haber participado en la matanza contra migrantes guatemaltecos.

Los delitos que enfrentarían los agentes son homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad de informes, con penas de más de 50 años.

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El Gobierno mexicano también informó, el 3 de febrero, que cesó a un número no precisado de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por sospechas de estar involucrados en la masacre.

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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó el cese de decenas de funcionarios, incluyendo a quienes participaron en el caso del municipio de Camargo, Tamaulipas, donde apareció una camioneta que antes estaba resguardada por el INM en el vecino estado de Nuevo León.

“Se han cesado, yo diría, decenas de funcionarios, entre otros los de Camargo, cuya conducta irregular de no poner a disposición la camioneta y otras conductas irregulares, fueron cesados y, no solo eso, se le dio vista al Ministerio Público”, reveló en la rueda de prensa diaria del Gobierno.

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De Comitancillo, San Marcos

Se presume que la mayoría de guatemaltecos que murió en la masacre de Tamaulipas, México, son de comunidades de Comitancillo, San Marcos.

Días antes de la matanza, dos grupos de migrantes salieron de ese municipio con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Algunos querían ir a trabajar allá para pagar la atención médica de parientes acá en Guatemala.

Dos días antes de la matanza, varios migrantes guatemaltecos se comunicaron por teléfono con sus parientes y el otro grupo que también iba para Estados Unidos y denunciaron que “la Policía” los había detenido y les estaba quitando sus teléfonos celulares.

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Autoridades de Comitancillo han contado que fueron los mismos migrantes que recibieron las llamadas los que reportaron la muerte de sus compañeros en Camargo. Las familias en Guatemala también dicen que conocieron la tragedia por las noticias.

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La tragedia le llegó a un grupo de 19 migrantes que el pasado 22 de enero murieron en una región de Tamaulipas, México, en su intento de llegar a EE. UU.

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Aunque las autoridades guatemaltecas aún no hacen oficial la identidad de los fallecidos, y las mexicanas apenas empiezan a identificar a las víctimas; en Comitancillo, San Marcos, ya lloran a sus seres queridos.

¿Por qué?

Las familias en ese empobrecido municipio ubicado a 253 kilómetros de la capital fueron alertadas por “alguien que iba con el grupo” de que habían sufrido un percance. En realidad, habían sido ejecutados.

La tragedia ha puesto sobre la mesa a las redes de coyotaje que en las zonas indígenas del occidente del país están enraizadas fuertemente y con el pasar de los años se han fortalecido por la pobreza y la falta de oportunidades de desarrollo.

En Guatemala

Pero esa necesidad de migrar y la dificultad para hacerlo de manera regular han generado millonarias ganancias a las redes de tráfico de personas que han afinado una maquinaria en Guatemala que incluye abogados, supuestos prestamistas y reclutadores, quienes “facilitan” los viajes.

Supuestamente le prestan cierta cantidad de dinero para llevarlos a EE. UU. que deberán pagar una vez lleguen a su destino. Para garantizar el pago persuaden a las personas a hipotecar sus terrenos. En otros casos los hacen firmar la venta de este.

Algunos migrantes llegan a su destino, trabajan y pagan el dinero, pero otros no. En algunas ocasiones suele ocurrir que llegan trabajan unos meses, pero por algún motivo son detenidos y deportados, con lo cual regresan a Guatemala, sin dinero y ya sin casa donde vivir.

“Nosotros, como no tenemos dinero, embargamos la casa para que nos dieran el préstamo, fue de Q65 mil”, dijo la madre de una de las presuntas víctimas. Ese monto suele hasta duplicarse en algunos casos, depende de las rutas y de las “comodidades” del viaje.

Los coyotes ofrecen llevar sanos y salvos al migrante hasta su destino en EE. UU. Algunos aceptan el pago en dos cuotas, una al salir y otra cuando la persona ya ha llegado a aquel país. Se cree que las bandas operan de forma regional y en coordinación con otros grupos delictivos no solo de México, sino también de El Salvador y Honduras.

Redes

Familiares y amigos de algunas de las posibles víctimas de Tamaulipas, que viven en EE. UU., no pueden ocultar su cólera porque “muy probablemente la masacre quede impune” y porque los cómplices de los coyotes que se han aprovechado de la situación viven en el propio Comitancillo y han acumulado una fortuna a costillas de la necesidad del resto de gente. Algunos, incluso son familiares de exalcaldes, señalan.

“La necesidad nos hace buscar un coyote y sin coyote no podemos pasar”, dice con indignación un migrante originario de aquel municipio marquense y que ya vive en EE. UU., pero que prefiere no identificarse porque sabe que él o su familia en Guatemala podría correr riesgo.

“Las familias —en Comitancillo— saben quiénes son los involucrados, pero no van a decir nada porque ellos —los coyotes— son gente pudiente que fácilmente les pueden tapar la boca”, agregó el entrevistado.

“Pobre gente, empeñaron sus terrenos, y si la persona pasa, no hay problema. Pero ahorita ¿dónde van a estar?, porque no se van a tentar el alma para quitarle sus casas, y esta pobre gente tienen familias, padres, hijos, hermanos”, cuestionan.

El actual alcalde de Comitancillo, Hector López Ramirez, reconoció que los coyotes son originarios del municipio, pero que en ese sentido es el Ministerio Público el que debe hacer su trabajo.

En unas declaraciones recientes afirmó que “he escuchado” es que un viaje puede costar hasta Q120 mil y los “económicos” se cotizan de Q75 mil a Q90 mil, aunque no habló de si hay coyotes originarios de su municipio o que viva en él.

El jefe edil posee información que no se ha revelado en otros círculos oficiales, por ejemplo, que al parecer hubo un grupo que logró escapar y que ya se encuentra en EE. UU. “Escuchamos a algunos y estaban llorando porque habían visto lo que le pasó al otro grupo”, señaló en una entrevista radial.

Además, pidió al gobierno central proyectos productivos, trabajo, escuelas y un instituto tecnológico para evitar que la juventud siga migrando a EE. UU.

Datos

El Ministerio Público (MP) informó que durante el 2020 la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes logró la detención de 41 personas, y rescató a 177 de diferentes nacionalidades y dos guatemaltecas, víctimas de las redes de tráfico de personas.

Además, en ese mismo año se presentaron ocho acusaciones ante la justicia y hubo dos sentencias condenatorias.

Prensa Libre, buscó una entrevista con el fiscal, pero no fue posible. No obstante, en el 2018, la misma Fiscalía indicó que estas estructuras se integran por un líder; un coordinador, que controla las finanzas; colaboradores, encargados del traslado de migrantes, y en algunos casos de reclutarlos; así como transportistas y cuidadores.

Estas redes obligadamente tienen que negociar con poderosas bandas de narcotraficantes en el norte de México para tener el derecho de cruzar a un migrante por el río.

Aunque todas las fronteras son muy peligrosas, desde la masacre de San Fernando en el 2010 cuando fueron hallados en fosas 72 migrantes, Tamaulipas ha cobrado notoriedad. Diferentes voces señalan que el río Bravo, que divide México y EE. UU. prácticamente está tomado por el crimen organizado.

A raíz de la reciente matanza, en redes sociales se divulgó un amplio mensaje en donde un supuesto coyote explica qué fue lo que pasó en Camargo, Tamaulipas.

El mensaje explica que desde 2006 bandas del narcotráfico han cobrado por el cruce de la frontera. Al pagar se les asigna una clave que cada migrante debe saber para no tener problemas y tiene que decirla cuando uno de los miembros de estas bandas lo pregunte.

“Si no paga su clave pues lo van a garrar y le van a cortar la cabeza”, dice el supuesto coyote en el mensaje”. A veces, añade, matan a los migrantes porque los coyotes cobran muy barato y ya no les alcanza para pagar el cruce e intentan esquivar a las bandas criminales.

Zona tomada por el crimen

“El crimen organizado campea en Tamaulipas y tienen vínculos con los coyotes, entonces son empresas bien planificadas que tienen diversidad de productos, no solo drogas, sino de armas, personas y de cualquier naturaleza”, coinciden organizaciones y personas que radican en ese estado.

Tal como señalan reportes de prensa, coinciden en que el terreno es disputado para quedarse con el monopolio de la criminalidad entre los carteles del Golfo y del Noreste, quienes se han enfrenado en múltiples ocasiones y han cometido crímenes atroces con la misma saña que el cometido en contra de los 19 migrantes.

“Son como cinco o seis municipios que son territorios de nadie”, comenta un activista que prefiere guardar su identidad y que vive en una zona cercana a donde ocurrió el crimen, que no ha sido aclarado.

Los migrantes al llegar a las zonas fronterizas los tienen en inmuebles del crimen organizado, llamadas casas de seguridad, donde pueden estar semanas hasta que familiares, principalmente en EE. UU., paguen la cuota para el cruce.

Después, cuando consideran que hay condiciones, cruzan la frontera y llevan a los migrantes a otras casas de seguridad ya en territorio estadounidense.

Se ignora el alcance de estas bandas delincuenciales; de hecho, las propias autoridades mexicanas reconocieron el lunes 1 de febrero que investigarán al Instituto Nacional de Migración de México  porque uno de los vehículos utilizados para cometer la masacre participó en diciembre pasado en un rescate de migrantes en Nuevo León.

El blanco favorito

Jeniffer Harbury es una activista humanitaria fundadora del movimiento llamado Tías y Abuelas Enojadas, creado como un grupo de apoyo a los migrantes durante la separación de familias en el 2018.

Harbury cuenta que “la situación de inseguridad en todo Tamaulipas es imposible, en especial para los migrantes, puesto que son muy vulnerables y no tienen nadie quien los proteja”.

“Muchos se preguntan porque ellos si no tienen dinero, pero los criminales son inteligentes y saben que los migrantes tienen familiares o amistades en Estados Unidos”, dice. “Aunque sean pobres, si reciben una llamada amenazándolos con que van a vender a una esposa o a una hija de 3 años, la gente encuentra US$5 mil o más”, añade.

La activista cuenta que por esa razón los migrantes se han convertido en el blanco favorito de los delincuentes en Tamaulipas y no duda en reconocer que gran parte de la culpa es de la administración de Donald Trump que envió a miles de solicitantes de asilo a una zona que el propio Departamento de Estado de EE. UU. la ha calificado como nivel 4, es decir, de las más peligrosas del mundo, al mismo nivel que Afganistán.

Aquellas personas que no tienen familiares a quien reclamarles el dinero puede ser obligados a trabajar para los carteles, si son mujeres puede que sean vendidas a una red de prostitución o incluso que los maten por considerarlos inútiles para sus propósitos de obtener ganancias.

“Incluso hay historias de que los utilizan para vender sus órganos, no quiero ni pensarlo, pero los carteles tienen el dinero para hacerlo y da escalofrío”, apunta Harbury.

Otros activistas cuentan que la tarifa solo por el permiso para cruzar el río Bravo es de US$500, en ese sentido urgen al gobierno recién estrenado de Joe Biden de que deshaga las políticas crueles de asilo y citan números y encuestas que han efectuado, según las cuales, el 80% de los migrantes son golpeados, asaltados o secuestrados al menos una vez.

Por esta razón, muchos padres prefieren enviar al puente de acceso a EE. UU. solos a sus niños, algunos de tan solo 3 años, para evitar que les pase algo.

Si un migrante logra cruzar aún deben enfrentarse al peligro de morir ahogado en el río y después a caminar largas distancias bajo el calor o frío, según sea la época del año, durante áreas y terrenos inhóspitos en el sur de Texas.