Representantes de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), demandaron a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM) atender la solicitud de renovar las credenciales de exportación de mena de níquel y ferroníquel, minerales que se extraen en El Estor, Izabal.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, otorgó una licencia a ambas empresas a inicios de octubre, luego de que en noviembre de 2022 las incluyera en una lista de entes sancionados, considerando que tras un proceso de investigación que duró aproximadamente un año, se decidiera concederles una licencia, lo cual significa que pueden reanudar operaciones tanto de producción, como de exportación.

No obstante, se requiere una licencia de credenciales de exportación por parte de la Dirección General de Minería sin la cual, las empresas no pueden procesar material, la que tiene vigencia por un año.

Marco Aceituno, presidente de CGN-Pronico, informó en conferencia de prensa, que cuando fueron incluidos en la lista OFAC, no estaban en funcionamiento ni operación, pero una vez levantada la restricción, solicitaron el documento al MEM, el que no lo ha extendido. Cuando eso suceda, podrán reactivar toda la cadena productiva en sus plantas, lo que incluye la contratación de personal en el área de influencia de la minera.

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Para esta semana prevista una reunión de seguimiento con funcionarios del MEM, para conocer las posturas, ya que se encuentra en Guatemala el director legal de Solway Investment Group, Denis Gerasen, y el director financiero, Arnen Isaakyan, quienes expusieron que se han dejado de despachar una 25 mil toneladas métricas de níquel y de percibir por lo menos US$400 millones desde noviembre del año pasado

Prensa Libre consultó al MEM sobre el particular, pero al cierre de nuestra edición, no hubo respuesta.

Los impuestos que no se pudieron recaudar el año pasado a causa del contrabando se calculan en Q700 millones durante el 2022 y el valor de la mercadería contrabandeada se calcula en unos Q14 mil millones, informó Axel Romero, gerente de Gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

De lo no recaudado, Q500.7 millones se refieren al impuesto al valor agregado (IVA) y Q195.6 millones al impuesto sobre la renta (ISR), según un estudio de la firma consultora CA-BI) citado por Romero, en el cual miden la brecha anual de recaudación por la internación ilegal de productos al país.

Se agrega que en el año 2019, la defraudación del IVA estuvo en alrededor de Q843 millones; en el 2020 subió a Q1 mil millones; en el 2021 bajó a Q776 millones; y en el 2022 se cerró con los Q500 millones mencionados, a lo que se suma la cifra correspondiente al ISR, para un total de Q700 millones.

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Respecto al comportamiento anual indicó que “encontramos una lógica en que haya disminuido el comercio ilegal en los últimos tres años por las actividades de control que tiene el ente recaudador”, que incluye medidas como la obligación de emitir Factura Electrónica en Línea (FEL).

De esa cuenta, considera que ese control continuará y mejorará, especialmente con la generalización de la FEL en los próximos días, aparte de que ya no se permite facturar como consumidor final las ventas mayores de Q2 mil 500.

Estas medidas “tendrán un impacto en el indicador de la defraudación, ya que hay mayor declaración en FEL y eso hace que tenga sentido la reducción del comercio ilegal en alrededor de 37%”, añadió.

Dimensiones del delito

Según la estimación mencionada por el ejecutivo, para el 2022 las dimensiones del comercio ilegal en Guatemala reflejan un valor de lo contrabandeado (basado en el dato del IVA) de Q14 mil millones, que representan el 2.3% del producto interno bruto (PIB) y refleja un 0.6% del valor agregado perdido en la productividad del país.

Por aparte indicó que obtuvieron los datos del impacto económico del contrabando en diferentes actividades con estimaciones realizada por cada sector, llegando a la conclusión de que el contrabando llega a ocupar el 30% del mercado guatemalteco.

Según esa recopilación, entre los sectores industriales más afectados están el avícola con 20%; alimentos y bebidas, 40%; medicamentos, 22%; bebidas alcohólicas, 23%; tabaco, 30%; sector granelero, 35%; y cementos, 15%.

Se han dado casos como en el maíz, que cuando los productores terminan su producto, se van a México a traer más y lo ingresan de contrabando. Y mencionó un caso que se dio hace tiempo, cuando hubo un operativo de las autoridades, pero los vendedores amenazaron con subirle el precio al producto, por lo que se dio marcha atrás y ya no hubo ninguna incautación.

En el caso de los cigarrillos, el cálculo se realiza con base en un estudio a nivel nacional, que incluye la revisión de basureros para detectar cajetillas de cigarros y obtener datos sobre el consumo.

El caso de la minería ilegal

En relación con el tema, la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat) está impulsando acciones para combatir la minería ilegal en el país y pide la participación y acompañamiento de las diferentes entidades de gobierno.

Aunque se señala que no existen datos del impacto que significa la minería ilegal en la economía del país, en el medio ambiente y en las condiciones laborales, aparte de los perjuicios a la minería que sí opera en forma legal.

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Para ello, durante un foro efectuado el viernes 24 de marzo denominado “Minería ilegal y contrabando, repercusiones en la industria y cómo hacerle frente”, el sector privado solicitó que se establezca una mesa interinstitucional en donde puedan participar las empresas y entidades estatales como el Ministerio Público (MP), los ministerios de Gobernación, de Energía, de Ambiente y otras entidades con el fin de que se coordinen acciones y se dé acompañamiento.

Los representantes del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del MP, en el foro en mención, indicaron que no poseen datos consolidados de casos de minería ilegal y el impacto que esa actividad ilegal representa en el país.

Gustavo Oroxom, Auxiliar Fiscal del MP, expuso que se trabaja regionalmente, por lo que no hay  datos consolidados, pero se atienden diversas denuncias.

Por el MEM participó Álvaro Morales, director general de minería quien mencionó que se  mantiene comunicación entre entidades para atender algunos casos, pero también ven la necesidad de organizarse para trabajar de forma más coordinada porque hay bastantes requerimientos del MP y de los juzgados.

El funcionario respondió que ya existe una instancia de coordinación con otros entes, pero que se tendría que analizar jurídicamente si puede integrarse el sector privado.

Alfredo Gálvez, director de Junta Directiva de la Grenat, indicó de la importancia de la minería para otros sectores ya que el 70% de la producción se destina para la construcción.

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En el 2022, el MEM inspeccionó 87 explotaciones mineras ilegales, según datos de Grenat. En el anuario de minería del MEM, de hace dos años, se refiere que en el 2018 se inspeccionaron 63; en 2019 fueron 104; en 2020, 91 y en el 2021, 83. No se ha divulgado el informe del año pasado.

Sin embargo, usuarios creen que no solo se trata de perseguir a los que trabajan ilegalmente, sino que se debe analizar las razones por las que no se inscriben, tales como la tramitología engorrosa, largo tiempo de espera que obtener una licencia y otros.

Morales reconoció que necesitan salir de forma más ágil de la mora administrativa que tienen para las licencias, además de que se trabaja en agilizar los tiempos, para que trámites que tardan 2 años puedan reducirse a 3 o 4 meses.

Romero comentó que el dato de Cabi sobre la estimación de contrabando incluye el comercio ilegal de minería e industria extractiva, pero indicó que no posee el detalle del monto, tampoco el sector tiene un estimado de ese impacto.

Respecto a incautaciones de productos de contrabando en el 2019 se reportaron Q104 millones, de los cuales Q77 millones fueron por la incautación de jade, y Q26 millones de otros productos.

En años posteriores ya no se reportan incautaciones de productos mineros, sino solo de contrabando en general, con Q21 millones en el 2020; Q40 millones e el 2021 y Q60 millones en el 2022, añadió Romero. Además el otro problema es que la SAT y entidades estatales tampoco vigilan lo que sale o se vende al exterior derivado de la minería ilegal.

La Comisión de Defensa del Comercio Formal (Codecof) forma parte de la Cámara de Industria de Guatemala. (CIG).

El sector de minas y canteras en Guatemala ha experimentado un vaivén en la última década y para este año perfilaba con una tasa de crecimiento de doble dígito. Sin embargo, las cifras podrían ser ajustadas a la baja.

La actividad de minas y canteras tiene una participación de 0.6% en la actividad económica nacional y la banca central previó que este año tendrá un crecimiento interanual de 18.5%, para constituirse en el sector con la mayor expectativa, entre los 17 que se toman en cuenta para calcular el Producto Interno Bruto (PIB) por el lado de la producción. Esto, de acuerdo con el informe de Evaluación de Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia a noviembre del 2022 y Perspectivas Económicas para 2023.

Un estudio de la firma consultora Central American Business Intelligence (Ca-bi) del 2022, indica que el impacto económico de la actividad puede medirse desde distintas perspectivas: aporte al PIB; empleos y salarios; inversión extranjera directa (IED) y aporte a la recaudación fiscal.

La huella económica de la actividad se relaciona con otros sectores de la economía, así con como el dinamismo económico generado por el consumo derivado del pago de salarios y la reinversión de utilidades. En algún momento, la actividad minera fue intensiva en la atracción de IED, pero en los últimos cinco años el flujo neto es negativo.

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Es decir que a pesar de las altas expectativas de reactivación minera, derivado de la posible reapertura de la empresa El Escobal, en Santa Rosa, y el inicio de operaciones de la minera Cerro Blanco, en Jutiapa, la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat) adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) confirmó que la suspensión de operaciones de otros proyectos, podría incidir en las previsiones indicadas, por lo que de momento, se trabaja en los ajustes de las cifras, que se darán a conocer en las siguientes semanas.

Cómo se ve el sector

Según la Grenat, económicamente el 2014 fue el mejor año de la minería en Guatemala, pues la actividad creció 46.7%. En tanto que 2018 fue el peor año, con una caída de hasta -31.1%; y la huella económica del sector llegó a representar casi el 4% del PIB (cerca de Q20 mil millones), pero la contribución actual equivale a la mitad.

Uno de los factores que más influyó en esta contracción fue la suspensión del proyecto El Escobal, ubicado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, que ya dura seis años, con un impacto notable no solo en el sector minero, sino en la industria en general. A esto se suman los conflictos sociales en torno a otros proyectos y la falta de regulación del Convenio 169.

“Hay mucho qué hacer para que la minería llegue a superar las cifras de hace 10 años, sin embargo, nos mantenemos optimistas en que pronto haya nuevos proyectos que reactiven al sector”, señala Grenat.

¿Qué se espera en 2023?

Valery Zurita, directora ejecutiva de esa entidad, afirmó que se están generando los nuevos números de estimación del sector sobre el nuevo crecimiento esperado, tras la suspensión de operaciones de la empresa Mayaníquel en Izabal, hecho ocurrido en diciembre pasado.

Con las cifras iniciales, se estimaba que en el 2023 la actividad podría representar hasta 4% del PIB, unos 80 mil empleos directos e indirectos y un aporte de Q900 millones para el Estado, entre regalías e impuestos.

Por otro lado, hay confianza en que se puedan activar otros proyectos, como el levantamiento de la suspensión de El Escobal, luego de que culmine el proceso de consulta comunitaria ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC). Y de la misma forma, avanzar en el proyecto Cerro Blanco en Jutiapa, que prepara su inicio de producción.

“Que estos dos proyectos mineros se activen este año podría apoyar bastante y llegar a levantar las cifras. De acuerdo con lo comunicado públicamente por las autoridades encargadas, en marzo se podría tener respuestas respecto al procedimiento de consulta, por lo que El Escobal podría reiniciar operaciones muy pronto”, enfatizó la ejecutiva.

En el caso de Cerro Blanco, aún está en proceso la emisión de licencias, pero también se espera que pueda comenzar operaciones en este año.

Firma de convenio

La Grenat, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Canadiense (CanCham) y la CIG, suscribieron un convenio de cooperación para fortalecer la industria minera en Guatemala.

Raúl Bouscayrol, vicepresidente de la junta directiva de la CIG, declaró que una parte del convenio  busca incrementar los flujos de inversión, mientras que se fomenta la cooperación para promover el intercambio de conocimientos, atracción de capitales y la consolidación de relaciones comerciales entre ambos países.

Luis Alfredo Monzón, presidente de la CanCham, comentó que empresarios canadienses están en busca de oportunidades en la industria minera de primer nivel, por lo que, a mediano plazo, hay muchas oportunidades que pueden concretarse en el país.

Exportaciones

Del 2010 a noviembre del 2022, las exportaciones de minas y canteras sumaron US$16 mil 409 millones, según los registros de la gerencia de Competitividad de la CIG, lo que hace en promedio US$1 mil 262 millones anuales.

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En ese período, el mayor movimiento se registró en 2014, cuando las exportaciones se situaron en US$1 mil 860 millones; y el menor fue en 2020 con US$910 millones, lo que puede estar asociado a los efectos de la crisis sanitaria a escala global.

Producción

Minera El Escobal 

De acuerdo con información disponible en la página de Pan American Silver, propietaria del proyecto Escobal, antes de la suspensión en 2017, la mina tuvo tres años consecutivos de producción de 20 millones de onzas de plata al año, ya que tiene una estimación de reservas probadas y probables de 264 millones de onzas, por lo que se estima una capacidad de producción promedio de 4,500 toneladas por día.

Cerro Blanco  

Según información disponible en el sitio web de Elevar Resources, propietaria del proyecto Cerro Blanco, los estudios exploratorios demostraron que esta es una mina con alto grado de concentración metálica a poca profundidad, lo que implica una estimación de 2.5 gramos por tonelada removida durante los primeros cuatro años del proyecto y de 1.64 gramos durante el resto de operación.

Se estima que Cerro Blanco es capaz de proveer una extracción de más de 290 mil onzas de oro anuales, para un total de 2.6 millones de onzas.

Con firmas y documentos personales de más de 100 personas que afirman pertenecer al pueblo xinca y que habitan en San Rafael Las Flores, representantes entregaron un escrito ante la CC con el objetivo que este documento pueda ser vinculante en el fallo que los magistrados tomarán en el caso de la operación de Minera San Rafael.

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El abogado del Parlamento Xinca, Kelvin Jiménez, explicó que el mismo Estado no puede “autocuestionar” la identidad de un pueblo y acusó de “irrespetuoso” por parte de la CC el haber solicitado estudios científicos para probar la existencia de una comunidad indígena en pleno Siglo XXI.

“Que los magistrados no esperen que estemos con penachos o taparrabos, estamos vivos, aquí presentes exigiendo respeto a un pueblo y a una cultura”, resaltó el profesional.

Según Jiménez el escrito debe ser tomado en cuenta, según el Artículo 2 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, “para tener un mejor fallo y razonamiento en cuanto a esta apelación la CC debe tomarlo a consideración”, enfatizó.

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Alfonso Solórzano, uno de los representantes que asistió a entregar el escrito manifestó que el Gobierno ha querido invisibilizar al pueblo xinca, pero aseguró que el pueblo existe y se encuentra en el área de influencia.

En ese sentido, Amalia Lemus, quien dice ser originaria del pueblo xinca comentó que el grupo se opone a la operación de la mina desde el principio hasta el día de hoy.

Según los representantes el escrito adjunta los Documentos Personales de Identificación de más de 100 personas. Además dijeron que cuentan con muestras arqueológicas y la cultura que se ha transmitido de generación en generación, según sus registros contabilizan a 5 mil 600 xincas, aparte de la población mestiza.  

Rudy Pivaral, otro de los representantes señaló que el daño ambiental y social que provocó la Mina San Rafael se ha agravado desde el 2008 a la fecha, y reiteró que cuentan con resultados técnicos y científicos que comprueban la contaminación del agua en varios pueblos que se encuentran alrededor de la empresa.

Esperan los informes

Pivaral agregó que están trabajando de manera coordinada con los investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Del Valle, a quienes se les ha ubicado en lugares seguros y les han brindado protección. “Estamos trabajando y están conociendo la verdad del pueblo, la geografía, la cultura que está plasmada en cultura y tradición”, enfatizó.

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Andrés Dávila, vocero de la Minera San Rafael comentó que los representantes están en su derecho de manifestarse y presentar los documentos que consideren pertinentes ante la CC.

Sin embargo, se atienen a la información que han brindado las autoridades gubernamentales de si hay o no presencia de pueblo indígena en San Rafael Las Flores, en donde opera la mina, dado que el Registro Nacional de las Personas reconoce a dos personas, y tanto el Instituto Nacional de Estadística como el Ministerio de Cultura no cuentan con registros.

Dávila agregó que hubo un retraso en la notificación de la CC de la petición de investigación, porque la conferencia se realizó el 7 de marzo pero se terminó de notificar el martes 13 del mismo mes, por lo tanto, consideran que para la primera semana de abril se deberían cumplir los 15 días hábiles.

“Esperamos que los magistrados no otorguen un plazo si así lo requirieran y que las instituciones encargadas de la investigación presenten el informe dentro del tiempo establecido”, concluyó el ejecutivo.

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Si la economía va mal, golpea a todos los sectores del país. “Es un crecimiento que no  alcanza a todos sino a una parte  de la población”, refiere el analista.

¿Qué significa para las personas   haber proyectado un menor  crecimiento?
En términos generales, menores oportunidades de empleo, negocios y de bienestar para la población, por lo que es una mala noticia.

¿A quiénes impacta más?
En términos de empleo, a jóvenes que se integran a la fuerza laboral. Este es el sector que intenta incorporarse al mercado laboral y  a aquellos que tienen trabajos ocasionales, porque provocará inestabilidad.   También a la población que se encuentra vulnerable en los índices de pobreza.

¿Cómo evalúa el ajuste a la baja de la economía?
No es tan pronunciada. Sí puede impactar en no  estimular una mayor demanda de bienes y servicios. Diría que es una tendencia de crecimiento anímico de la economía, o sea de poco vigor y energía.

¿A qué se debe?
En realidad, a un pliego de causas, y era de esperarse por lo poco que se invierte en la economía. Es algo que no es de este año o de los problemas que  enfrenta el gobierno actual en los temas de ejecución de obra, sino que viene de los últimos seis años para acá.

El sector público está realizando una menor inversión y hay otros temas que pueden estar influyendo, como el tipo de cambio. La economía de EE. UU. está sólida y eso nos está manteniendo.

¿Cuál es el impacto a las empresas?
En el mediano plazo puede presentarse menos volumen de ventas  a finales de año. Si la economía no está creciendo, a todos nos irá mal y las compañías registrarán menos ventas, lo cual impactará en el empleo.

Johny Gramajo, gerente Económico del Banco de Guatemala, explicó que las mayores consecuencias de la proyección de la baja de la Economía serían para los trabajadores del sector de Minas y Canteras, que será la actividad que cerrará en negativo este año.

Habrá impacto en empleo e ingresos del sector minero. “Empleo y  menor ingreso para los trabajadores del sector minero, así como menos ventas para las empresas que hacen negocios con el sector público, serán los impactos”, afirmó.

¿Cómo explicar a los ciudadanos la proyección a la baja?
Se tiene que interpretar como una revisión leve a la baja y el valor central de crecimiento disminuye dos décimas, a 3.2%, porque el indicador lo teníamos ubicado en 3.4%.

¿Cómo impacta a la economía nacional?
Es por sectores y la actividad más impactada este año será la de Minas y Canteras, que ya se había pronosticado con un comportamiento negativo de 11.4%, ahora a 17.2%.

Eso quiere decir que las empresas relacionadas con esta actividad tendrían una reducción en su producción y sería impactado el empleo, en particular en una empresa minera que va a suspender por disposición legal sus operaciones.

Además de Minas ¿Hay otros sectores  con esa tendencia?
Se revisaron levemente a la baja otras actividades, como, construcción, que de 3.6% pasará a 3.2%. Este sector genera mucho empleo, por lo que observaríamos una reducción en los ingresos de las personas relacionadas al sector.

En gasto de Gobierno, dada la ejecución que se observa, hicimos una revisión a la baja, que de 4% que se esperaba, pasó a 2.8%.

Eso  significa que aquellas empresas y personas individuales que tienen relación con el sector público tendrían una reducción en sus ventas este año.

¿El panorama es gris, al cierre del año?
No, porque hicimos revisión al alza de otras actividades como Comercio, Servicios Privados y Transporte, Almacenaje y Telecomunicaciones, que tienen mayor aporte a  producción nacional que los primeros mencionados.