Los opositores a las actividades mineras indican que son del pueblo Xinca, y que no fueron tomados en cuenta para la autorización del proyecto minero.
“Un grupo de excolaboradores, que lamentablemente tuvimos que despedir en enero y el viernes último, organizó una marcha por la paz y el trabajo, que se dirige hacia la Corte de la Constitucionalidad que busca evidenciar las pérdidas que está causando la suspensión y el costo que ha tenido para miles de familias el hecho de que no haya una resolución”, dijo a La Red, Andrés Dávila, representante de la Minera San Rafael.
Waldemar Hernández, extrabajador de la empresa minera, dijo en La Red que los exempleados están preocupados porque muchas familias dependen de los ingresos que obtenían y que necesitan regresar a sus empleos.
“Pedimos a la CC que sean conscientes. Ya tenemos demasiado tiempo sin que se pueda dar la resolución. Hay mucha gente sin empleos y estamos preocupados”, añadió.
#TráficoGT | Manifestantes llegan a la CC en apoyo a actividad minera.
Video: Carlos Hernández pic.twitter.com/46W7OQ8mlH— Prensa Libre (@prensa_libre) 14 de marzo de 2018
La CC expuso recientemente que durante el análisis que han efectuado se ha visto la posibilidad de que habite población indígena en el área de influencia del proyecto de la Minera San Rafael.
El secretario de la CC, Martín Guzmán, expuso que son necesarios informes y estudios antropológicos para emitir una resolución apegada a derecho sobre la mina.
El estudio fue solicitado al Ministerio de Cultura y Deportes, al Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos, y al Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle.
Las tres entidades deben llevar a cabo los estudios de manera separada. La CC dio un plazo de 15 días para entregar el informe. Sin embargo, también aclaró que si estas entidades ya poseen una investigación de este tipo no hay necesidad de que efectúen otra.
Despidos en minera
El 9 de este mes, la Minera San Rafael comunicó su decisión de despedir a 250 personas, según argumentan, motivados por la “falta de resolución de la Corte de Constitucionalidad”.
“Lastimosamente, la falta de certeza jurídica y el no saber cuánto tiempo más tardarán los magistrados en emitir una resolución final, nos vemos obligados a tener que liquidar a 250 colaboradores más, lo cual significan 500 familias guatemaltecas que se han quedado sin sustento diario y por las cuales nos sentimos sumamente preocupados”, citaba el comunicado, como declaraciones de Andrés Dávila.
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