Veinticuatro meses han pasado desde que se suspendió la licencia de Minera San Rafael, mientras que está pendiente que el Estado de Guatemala, mediante el Ministerio de Energía y Minas, convoque una consulta comunitaria a los pueblos indígenas en el área de influencia del proyecto, aunque ya se iniciaron algunos procesos.
Con la adquisición de Tahoe Resources por parte de Pan American Silver, cuyos accionistas entrarán a votar este martes si aprueban esa transacción, se convertirían en la segunda compañía minera de plata más grande del mundo debido al potencial del proyecto El Escobal, en Santa Rosa.
Este jueves trascendió una tercera denuncia penal en contra de varios magistrados de la Corte de Constitucionalidad, esta vez por un supuesto retraso malicioso de justicia.
El Pueblo Xinca presentó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denuncias contra el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Minera San Rafael argumentando ilegalidades en la forma en que de nuevo se definió el área de influencia del proyecto El Escobal.
Esta semana la empresa canadiense Pan American Silver anunció la compra de la empresa Tahoe Resources, propietaria de la Minera San Rafael, entre otras. ¿Qué repercusiones tiene esta decisión para Guatemala? Yo considero que es una buena noticia, con algunos matices.
Pan American Silver acordó comprar a la compañía Tahoe Resources, propietaria de Minera San Rafael, por US$1 mil 070 millones de precio base.
Las visiones son diferentes. Mientras la Minera San Rafael y sus empresas proveedoras esperaban que la CC fijara un plazo para efectuar la consulta comunitaria a los pueblos indígenas del área de influencia, El Parlamento Xinca creen que no procede. Esa Corte, al resolver las aclaraciones decidió mantener su postura y no fijar un plazo en ese caso.
El alcance de la resolución de la Corte de Constitucionalidad por el caso de la Minera San Rafael preocupa al sector privado, asegura la abogada de la empresa, Gabriela Roca.
La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que, de inmediato, se lleve a cabo una consulta a las comunidades indígenas cercanas a la Mina San Rafael para que esta pueda seguir operando.
La Corte de Constitucionalidad se ha sumado a acrecentar la incertidumbre. Una conducta que había sido propia de los últimos gobernantes y del Organismo Judicial, de demorar resoluciones importantes, ahora tiene un nuevo exponente en el tribunal constitucional.
