Magistrados de la CC acumulan tres solicitudes de antejuicio

Este jueves trascendió una tercera denuncia penal en contra de varios magistrados de la Corte de Constitucionalidad, esta vez por un supuesto retraso malicioso de justicia.

El pleno de magistrados durante la lectura de la resolución por el caso de la Mina San Rafael, el 3 de septiembre de 2018. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El pleno de magistrados durante la lectura de la resolución por el caso de la Mina San Rafael, el 3 de septiembre de 2018. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El abogado Mario Rodolfo Passarelli presentó a título personal la denuncia en contra de siete magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Tres de ellos ya enfrentan dos denuncias que están pendientes de trámite en la Corte Suprema de Justicia.


Passarelli presentó la acción por la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad el pasado 3 de septiembre, donde se ordena realizar una consulta a las comunidades indígenas cercanas al proyecto minero El Escobal, antes que la empresa continúe con sus operaciones en Santa Rosa.

Pese a que la acción promovida por el abogado Passarelli es por la resolución del proyecto minero, la Mina San Rafael emitió un comunicado donde deja claro que la acción en contra de la CC no fue promovida por ellos ni la respaldan, por el contrario, están acatando la orden constitucional. 

La Corte de Constitucionalidad resolvió 425 días después de que la mina suspendió las operaciones, atraso que según la empresa habría representado el despido de unas 700 personas y pérdidas para el Estado de hasta Q467.5 millones por impuestos y regalías.

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Según la denuncia presentada por Passarelli y que por la que ya se inhibió el Juzgado Séptimo Penal, la CC habría incurrido en el delito de retraso malicioso de la justicia, al esperar más de un año para resolver. Sin embargo, el magistrado Bonerge Mejía, quien presidió la Corte ese 3 de septiembre por la ausencia por viaje de la magistrada Dina Ochoa, justificó en esa oportunidad el atraso en que habían más de ocho mil folios y otros documentos multimedia que debían ser analizados.

El Juzgado Séptimo ya se inhibió de conocer la denuncia por competencia, según lo ordena la Ley en Materia de Antejuicio, por lo que el expediente ya fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia y está, junto a las otras dos acciones, en espera de ser agendado para conocerse en el pleno de magistrados y decidir si se remiten al Congreso. En este escenario, el Organismo Legislativo debería abrir un proceso de antejuicio por cada una de las denuncias que reciba, sin importar que sean contra el mismo magistrado.

El abogado Passarelli trabajó como asesor jurídico de la Dirección General de Aeronáutica Civil en 2015, y en el 2016 fue director de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed). Hasta ahora no ha sido posible localizarlo para conocer más detalles sobre la acción presentada en contra de los siete magistrados.

CSJ acumula procesos

Hasta ahora son tres procesos de antejuicio que la CSJ debe conocer y decidir si ameritan ser enviados al Congreso para que los conozca. En caso los magistrados de la CSJ determinen que son denuncias espurias o políticas podría rechazarlas y cerrar ahí los procesos.

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Los magistrados Francisco de Mata Vela, Boenerge Mejía Orellana y Gloria Porras acumulan hasta ahora tres denuncias que podrían significar tres procesos distintos de antejuicio si así lo considera la CSJ.

Los tres magistrados fueron incluidos en acciones penales presentadas por la Procuraduría General de la Nación, la Asociación de Dignatarios de la Nación y la presentada por el abogado Passarelli.

Phillip Conte, María Cristina Fernández, María de los Ángeles Bor y José Mynor Par, figuran solo en la denuncia presentada por Passarelli.

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