MEM dispone de unos Q2.7 millones para consultas a comunidades indígenas sobre dos mineras

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) debe efectuar este año, por orden de la CC, varias consultas comunitarias a poblaciones ubicadas en áreas de influencia de varios proyectos mineros.

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Manifestaciones a favor y otras en contra de la mina Fénix y otros proyectos se han dado en diversas ocasiones. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Manifestaciones a favor y otras en contra de la mina Fénix y otros proyectos se han dado en diversas ocasiones. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El ministro Alberto Pimentel dijo que ese ente cuenta con los fondos para cubrir durante el año 2021 tres o cuatro consultas comunitarias.

 

Entre estas ahora prevén la de la minera Fénix, para la cual estima que se necesitará entre Q1 millón a Q1 millón 200 mil, aunque podría variar, añadió.

El proceso podría efectuarse en El Estor. Además, el tiempo estimado entre las fases de preconsulta y de consulta es de entre 6 a 8 meses, con base a los tiempos estándar estimados, dijo el funcionario.

Para el proceso pendiente de Minera San Rafael se estima un monto de Q1.5 millones el cual posee el MEM en su presupuesto. En este caso se estimas tiempos de 3 meses de preconsulta y 6 meses para la consulta. Esta se hará en sede del Parlamento Xinca.

Se trata del campo El Escobal, a cargo de San Rafael, y para el cual se tiene programada la preconsulta para abril próximo.

Ambas consultas deben llevar a cabo procesos informativos y de organización, entre otros gastos.

“Se tiene la capacidad de realizarlas de forma simultánea”, agregó el ministro.

También está pendiente una por el proyecto minero El Tambor o Progreso VII Derivada, conocida como La Puya, pero en este caso aún falta que se resuelvas aclaraciones o ampliaciones por parte de la CC, comentó el funcionario.

Por aparte se deberán efectuar consultas que no se derivan de resoluciones judiciales.

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Caso Minera Fénix, nueva resolución

La minera Fénix deberá seguir suspendida, además el Ministerio de Energía y Minas (MEM) debe delimitar el área de la licencia de explotación y efectuar una consulta comunitaria por el proyecto que se ubica en El Estor, Izabal, según confirmó la Corte de Constitucionalidad (CC).

Pimentel, dijo que es una noticia positiva que se haya resuelto los recursos legales pendientes en este caso, sin embargo hasta el martes por la tarde no había sido notificado el ministerio.

El proceso legal que sigue es que después de la notificación la CC tiene que remitir el expediente a la Corte Suprema de Justica (CSJ), la cual debe emitir la ejecutoria de la sentencia, al momento de serles notificada esta se puede empezar a cumplir con las disposiciones ahí establecidas, explicó.

Las operaciones de extracción de la minera Fénix deben seguir suspendidas hasta que no se efectúe la consulta comunitaria con base a la resolución de la CC en el 2019, la sentencia del 2020 y la resolución que emitió el lunes 1 de marzo del 2021 acerca de las solicitudes de aclaración y ampliación que hicieron las partes.

La licencia original emitida por el MEM en el 2006 era de 247.99 kilómetros cuadrados (Kms2), pero según la CC en su sentencia del 2020, solo 6.29 Kms2 cuentan con el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), por lo que pidió al MEM delimitarla a esa área.

Además, declaró sin lugar las aclaraciones y ampliaciones solicitadas por varias partes. Una de estas fue presentada por la empresa operadora del proyecto solicitando que se reconocieran 17.05 Kms2 y no solo los 6.29 kms2 que se estableció en la sentencia.

Se argumentó que el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales (Marn) había aprobado una ampliación al área del proyecto para esa extensión en el 2018, pero la CC refirió en un comunicado que al momento de aprobarse esa extensión por el ministerio ya se había emitido la licencia por lo que no podía reunir el carácter previo que exige la ley.

El MEM había suspendido la licencia el 17 de febrero recién pasado, casi un año y medio después de que la Corte emitiera su primera resolución al respecto en julio del 2019.

David Orellana, gerente de Relaciones Públicas de CGN-PRONICO, dijo que respecto a las nuevas resoluciones de la CC se pronunciarían hasta recibir la notificación y analizarla.

Mencionó sin embargo que están en riesgo unos 2 mil empleos, que por la reciente suspensión la empresa ya había suspendido 75 contratos de trabajadores y en la primera quincena de marzo se preveía suspender otros 300.

La empresa asegura que se cumplió con todos los requisitos necesarios, como la aprobación del EIA por el Marn, con los Informes de Producción Anual y el pago de impuestos establecidos según la normativa legal vigente.

“Al cancelar definitivamente las operaciones del proyecto, se ven en peligro más de 2 mil empleos directos de los cuales; más de 1 mil 100 puestos de trabajo son de habitantes del municipio de El Estor, Izabal”, se agregó.

Al menos 11 sectores económicos serán impactados por el cierre, debido al incumplimiento de contratos con más de 300 proveedores que generan unos cuatro mil empleos de forma indirecta, añadió la compañía.

Según datos de la firma la inversión actual del proyecto oscila en US$700 millones (unos Q5 mil 300 millones de quetzales) mientras que “la cancelación de este desincentiva al sector y refuerza un mensaje negativo a cualquier potencial inversionista que tenga la intención de invertir en el país”.

Se añade que se seguirán cumpliendo con las obligaciones legales y compromisos ambientales adquiridos en la Licencia Ambiental como las acciones de mitigación ambiental y monitoreo hidrogeológico de las áreas de trabajo.

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Por aparte, Rafael Maldonado, abogado que ha asistido a la Gremial de Pescadores de El Estor, que impulsaron el amparo contra el proyecto minero, expuso por medio de un mensaje escrito que la sentencia emitida por la CC en el caso de la licencia minera Fénix el año pasado queda firme con la nueva resolución de la Corte con la cual rechazó los recursos de ampliación y aclaración interpuestos por varias partes.

Confirmó que se debe reducir el área de la licencia menos de 7 kms2 y aparte de desarrollarse un proceso de consulta a los pueblos indígenas por este campo, si se requieren nuevas licencias mineras, los pueblos indígenas deben ser consultados.

Tanto la Gremial de Pescadores como los abogados se sienten satisfechos de este fallo, con el fin de que los derechos de los pueblos indígenas no puedan ser vulnerados y violentados, agregó.

Piden reglamentaciones para implementar consultas por el convenio 169 de la OIT

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) compartió su preocupación por al menos a 11 sectores económicos que se verían impactados y el riesgo de pérdida de empleo indicando que son alrededor de 2 mil puestos de trabajo directos y mil indirectos, además que de nuevo se atenta contra el Estado de Derecho y a certeza jurídica del país.

En un comunicado emitido la noche del lunes, antes de que se conociera la nueva resolución de la CC, la Cámara había instado a dicha Corte a resolver los recursos legales pendientes con el fin de que se forma inmediata se pueda iniciar el proceso de consulta a los pueblos indígenas.

La Gremial de Industrias Extractivas también analizará la resolución antes de emitir un pronunciamiento, según dijo el vocero Alfredo Gálvez. Sin embargo adelantó que es perjudicial la suspensión de las actividades ya que el impacto que tiene el proyecto en la economía del país es grande hay y afectará a diversos proveedores de bienes y servicios que demanda un proyecto de esa magnitud como el consumo de electricidad, carbón, maquinaria, equipo de seguridad para el personal. “Dentro de estos perjudicados hay empresa familiares y pequeños negocios, micro y pequeñas empresas, el país no se puede desarrollar si cerramos la puerta a las oportunidades de negocios”, agregó.


Gálvez dijo que el plazo para la consulta va a depender de la voluntad del Estado el cual la debe de llevar a cabo y cubrir los gastos, y puede requerir varios años. Sin embargo dijo que en el presupuesto del MEM para este año no hay recursos asignados directamente para la consulta de Fénix.

El vocero de la Gremial refirió además que el gobierno debe reglamentar la aplicación de las consultas, definir qué actividades son sujetas de consulta y los procesos. Agregó que se hizo dos intentos, una durante el gobierno del presidente Álvaro Colom y otra en el de Jimmy Morales, pero en ninguna de los dos se llegó a la implementación.

El MEM por aparte refieren en su página electrónica que el Convenio 169 de la OIT referente a las consultas, es una ley vigente en el país y su aplicación es obligatoria, además que el Gobierno es el responsable de realizarlas por lo que dicha entidad trabaja en que se cumplan.

Sin embargo el ministerio refiere que derivado de la ausencia de un marco legal vigente que regule la realización y en cumplimiento de las sentencias emanadas de la Corte de Constitucionalidad para la realización de las consultas se sigue un proceso consistente en seis fases o etapas básicas, precedidas de una fase de pre consulta, salvaguardando la integridad cultural y de reparación de daños si los hubiera.

Fases y tiempos, según proceso detallado por el MEM:

Preconsulta

  • Fase 0: 6 meses, gestiones administrativas internas
  • Fase 1: 3 meses, identificación y reconocimiento de los pueblos indígenas
  • Fase 2: de 2 a 3 meses, Convocatoria y preconsulta
  • Fase 3: 3 meses, planeación y diseño de la consulta

Consulta:

  • Fase 4: de 3 a 4 meses, evaluación y entrega de información
  • Fase 5: 3 meses, diálogo intercultural
  • Fase 6: indefinido, monitoreo y seguimiento

Además, se han instalado mesas de dialogo, cuyo objetivo y naturaleza es monitorear y evaluar el avance del cumplimiento de los acuerdos alcanzados, en tanto que las mesas conformadas de forma voluntaria y que tienen por objetivo fortalecer los lazos de comunicación y entendimiento ente los involucrados, se agregó. Se explica también que en la actualidad el Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM está en coordinación con otras instituciones, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Cultura para agilizar la aprobación de los instrumentos legales relacionados con este tema.


De igual forma que la CIG y la Gremial de Industrias Extractivas, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) manifestó la semana pasada su preocupación porque la suspensión afecta la minería y desincentiva la atracción de inversiones, según declaraciones de Juan Pablo Carrasco, presidente de dicha Cámara.

Agregó que envía una señal negativa porque se perciben como expropiación de inversiones que ya estaban establecidas en el país, que lo ven esas decisiones como un partidismo judicial y no  objetivas. Expuso que siendo proyectos que ya vienen ejecutándose de años  pasados y tienen inversiones vigentes no se debería suspender la operación sino que ésta continúe mientras siguen los procesos que dispongan las autoridades.

A su criterio, al desincentivar la inversión no se protege los derechos de los pueblos indígenas sino que se les vulneran porque se les cortan las posibilidades de fuentes de trabajo, ingresos y mejores condiciones de vida, por lo cual migran.

Además, Amcham menciona la importancia de regular por medio del Organismo Ejecutivo el proceso de consulta bajo el convenio 169 de la OIT.