La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) afirmó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) efectuó dos consultas a comunidades del Estor (Izabal) para el proyecto Fénix, una en el 2005 y otra de actualización en el 2018.
En manos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) se encuentra la convocatoria de consultas a comunidades indígenas en el área de influencia de proyectos mineros e hidroeléctricos, por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC). Al menos en cinco casos no se han podido concretar.
Veinticuatro meses han pasado desde que se suspendió la licencia de Minera San Rafael, mientras que está pendiente que el Estado de Guatemala, mediante el Ministerio de Energía y Minas, convoque una consulta comunitaria a los pueblos indígenas en el área de influencia del proyecto, aunque ya se iniciaron algunos procesos.
Autoridades indígenas de San Juan Cotzal y la empresa Transnova coinciden en que al derogar el Acuerdo 117-2014 causa una falta de certeza jurídica para todas las partes involucradas para la continuidad del proceso para la consulta comunitaria en la comunidad, en donde se concluyó un proyecto hidroeléctrico.
El ministro de Energía y Minas, Luis Chang, reaccionó el martes ante la denuncia de comunitarios xincas contra esa cartera por supuestas ilegalidades en la manera en que se definió la nueva área de influencia del proyecto El Escobal, propiedad de Minera San Rafael.
Vecinos de Santa Rita, Salcajá, Quetzaltenango, se reunieron este domingo en el salón comunal y por unanimidad votaron en contra de una empresa de asfaltos que empezó a instalarse en ese sector.
A casi dos semanas de haberse divulgado la guía de consultas a pueblos indígenas, el Gobierno tiene una lista de ocho proyectos, entre hidroeléctricos y mineros, en los cuales, indica, que se aplicaría la consulta.
Organizaciones sociales, indígenas y ambientales rechazaron ayer la guía operativa para consultas a pueblos indígenas que lanzó el Gobierno el martes último, al indicar que se busca legalizar por medio de ese documento proyectos empresariales, y creen que no es necesario un reglamento más que el convenio 169 de la OIT.
Las resoluciones recientes que ha emitido la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia ponen en peligro a otras hidroeléctricas, según empresarios, quienes afirman que el Estado ha incumplido por 20 años con efectuar las consultas comunitarias para proyectos.
La Municipalidad de Zunil, Quetzaltenango, publicó este viernes en el Diario de Centro América un acta que declara como vinculantes los resultados de una consulta municipal de vecinos, en la que se pronunciaron sobre proyectos mineros, hidroeléctricos y otras obras.
