La convocatoria es parte de los procesos dictados en la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) en el 2018 por el caso de dicho campo propiedad de Minera San Rafael, y en el cuál están suspendidas las operaciones desde julio del 2017.
Los representantes que se convocan son de las entidades:
- Concejo Municipal de San Rafael Las Flores.
- Pueblo Indígena Xinca, representado por el Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala.
- Ministerio de Cultura y Deportes.
- El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
- Los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) que funcionan en el municipio de San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa, que constituyen el área del proyecto.
- El titular de los derechos mineros del proyecto de explotación con licencia El Escobal.
- El Procurador de los Derechos Humanos.
- La Universidad de San Carlos de Guatemala y las universidades privadas que integran el Consejo Departamental de Desarrollo en Santa Rosa.
- La Comisión Presidencial de Diálogo.
Esta mesa es la que debe preparar la ruta que deberá llevar el proceso de consulta a las comunidades indígenas del área de influencia del proyecto minero, establecido en el convenio 169 de la OIT.
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La compañía solicitó la licencia en el 2011, y le fue autorizada en el 2013, sin embargo, el Estado decidió no hacer consulta comunitaria argumentando que según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (Ine) y en el Renap no había registros de existencia de comunidades indígenas en el área de influencia. Años después diversas organizaciones presentaron amparos en contra.
La reserva de plata de El Escobal es considerada una de las más grandes en el mundo.
