Gabinete Especifico inicia con la vicepresidenta y ministros; fiscal general no fue invitada

Aunque en las reuniones puede participar por invitación la fiscal general, Consuelo Porras, en esta no fue convocada, solo se dio lectura a informe de Copadeh.

Fátima Najarro y Leslie Sánchez

9 de diciembre de 2024

|

13:40h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

La reunión se realizó en las instalaciones del Ministerio de Gobernación. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Este 9 de diciembre se realizó la primera reunión del gabinete específico en materia de Derechos Humanos. De acuerdo con lo indicado se conoció el informe elaborado por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh).

La reunión se realizó en el Ministerio de Gobernación (Mingob), presidido por la vicepresidenta, Karin Herrera, quien declaró que la agenda constó en un único punto el cual era conocer el informe de derechos humanos de la comisión, razón por la que se realizó a puerta cerrada.

“Estuvimos todos, quorum completo, solo tuvo un punto único la agenda que fue conocer el informe que nos presentó Copadeh sobre esos compromisos internacionales (…) y este todavía tiene que ser presentado al presidente, Bernardo Arévalo, quien aún no lo conoce”, aseguró Herrera.

En el acuerdo de creación se estableció que en este gabinete específico puede participar la fiscal general, Consuelo Porras, por invitación del presidente. En esta primera reunión no participó porque no se le invitó y tampoco fue un punto de agenda. Esto, a pesar de que horas antes, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo, anunció que en esta instancia se definirían las invitaciones a girar.

LECTURAS RELACIONADAS

Gobierno crea nuevo gabinete que incluye a la fiscal General, Consuelo Porras

El MP y Gobernación aún desconocen detalles del gabinete especifico que presidirá la vicepresidenta Karin Herrera 

“Hoy se reúne el gabinete específico donde van a definir no solamente, la dinámica de trabajo y sino también las cuestiones propias de las invitaciones que se van a girar incluida la de la fiscal general”, mencionó en conferencia de prensa Palomo.

Al cuestionar a la vicepresidenta sobre la invitación de Porras en el gabinete y si el tema fue discutido en esta reunión, pero Herrera se limitó a reiterar que el único punto de agenda fue conocer el informe. Hasta el momento no se conoce una posible fecha de invitación a la fiscal.

A partir de este primer encuentro, se espera que el director de la Copadeh, Carlos Amézquita, presente el informe también a Arévalo y se elabore la hoja de ruta para trabajar de acuerdo con las obligaciones internaciones que tiene el país en materia de derechos humanos.

Sobre el gabinete

El pasado 17 de noviembre, Arévalo anunció en conferencia de prensa que citaría a Porras, pero hasta el momento la presidencia no ha enviado ningún oficio similar al respecto. Días después se publicó el acuerdo de creación del gabinete específico que también puede contar con la presencia de la fiscal.

Los últimos días de noviembre fue publicado en el Diario de Centroamérica el acuerdo gubernativo que le da vida al gabinete. Este también lo integran los ministros de Gobernación, Relaciones Exteriores, Finanzas, Desarrollo. También el secretario general, secretario de Planificación y Programación.

También por invitación se pueden integrar la Procuraduría General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos, Secretarías, Consejos, sector privado, universidades y sociedad civil.

Localizan cabeza humana que podría ser de la mujer decapitada en San Miguel Petapa

Las autoridades estiman que la parte corporal pertenece a Dennisse Esperanza Sulecio Marcia, una joven de 25 años que fue encontrada decapitada junto a su bebé de siete meses, el domingo pasado.

Sandy Pineda y Edwin Pitán

3 de julio de 2024

|

10:59h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Las autoridades localizaron una cabeza humana en una autopista que podría pertenecer a una mujer decapitada que se localizó junto a una bebé de siete meses, el domingo 30 de junio pasado. (Foto Prensa Libre: Rosmery Ávila)

Fue a un costado de un terreno baldío, a casi un kilómetro de distancia de la vivienda donde fue localizada sin vida Dennisse Esperanza Sulecio Marcia, de 25 años, que las autoridades localizaron una cabeza humana. Las autoridades estiman que corresponde a la joven mujer.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que a las 22 horas del martes 2 de julio ingresó una llamada reportando el hallazgo de “posibles restos humanos”, que podría pertenecer a la mujer fallecida, quien fue localizada desmembrada el domingo 30 de junio en una residencia en un sector de San Miguel Petapa, Guatemala.

Según el informe oficial, la cabeza fue localizada en el kilómetro 14, a la orilla de la Vía Alterna del Sur, más conocida como autopista “VAS”.

Tras el reporte del hallazgo, por comunicación interna en la PNC, los peritos del Ministerio Público y los investigadores policiales trabajaron en la escena para obtener las evidencias correspondientes, concluyendo las diligencia la mañana de este miércoles 3 de julio.

EN ESTE MOMENTO

Nuevo grupo de países, que incluye a Guatemala, mantendrá prohibición de aranceles a descargas digitales de libros, juegos música, películas entre otros

Pescado, tomate y limón: los productos con mayores alzas por Semana Santa, junto a otros productos de temporada

Como parte del procedimiento, la cabeza localizada, fue cuidadosamente embalada y enviada al laboratorio forense para un análisis detallado.

Los estudios buscan establecer si la parte corporal corresponde a Sulecio Marcia, y resulta fundamental para seguir la línea de investigación y esclarecer las circunstancias del hallazgo de su cuerpo sin vida.

Lea también: Escondidos bajo las camas: seis niños logran sobrevivir a masacre ocurrida en casa de Chinautla

Hallazgo de la joven

Eran las 18 horas del domingo 30 de junio, cuando los Bomberos Municipales Departamentales recibieron numerosas llamadas de emergencia por un bebé que no paraba de llorar en un apartamento ubicado en la colonia Rivera del Río, en San Miguel Petapa.

Los socorristas acudieron a la vivienda en la 14 avenida y 2a calle, en esa residencial.

Al llegar al lugar, y abrir la puerta de uno de los apartamentos, los paramédicos entraron en el interior a un bebé que se encontraba sobre una cama, y a la par, se hallaba el cuerpo decapitado de una mujer.

Vecinos aseguraron que la mujer y la bebé vivían en ese cuarto de alquiler.

La mujer fue identificada preliminarmente como Dennisse Esperanza. Posteriormente, el Inacif confirmó su identidad y que la causa de muerte fue por heridas por arma blanca.

“Te dije que no me dejaras solo”, decía un manuscrito encontrado junto al cadáver.

La bebé, de siete meses, no tenía lesiones y quedó bajo custodia de las autoridades.

Debido a los primeros indicios, la Fiscalía estima la hipótesis de que el atacante conocía a la joven, eran vecinos y habían sostenido una relación. Los vecinos sospecharon de un joven quien aseguraron que llegaba con frecuencia al apartamento y, según tenían conocimiento, era el padre de la bebé.

Lea también: Le ofreció iguanas en redes sociales: cómo joven fue secuestrada por su amigo en zona 21

Le podría interesar

Raúl Osoy, exfinancista del PP y excontratista, queda ligado a proceso

Lea además: El vehículo obsequiado a Roxana Baldetti que muestra su relacion con Raúl Osoy

Sin embargo, el dinero que era ingresado en dichas cuentas era por firmas de contratos y servicios que nunca fueron prestados.
 
Como referencia se puso a la vista de la juzgadora un correo donde se hace referencia a que se habían emitido acciones a favor del señor Delfo Cepollina quien también se encuentra ligado a proceso.
 
Quevedo Montenegro aceptó que dirigió dicha empresa y que recibió el dinero, pero argumentó que no tenía idea de que los fondos que estaba ingresando era de origen ilícito, por eso señaló que él fue una víctima de Alejandro Sinibaldi.

Lea más: Destituyen a 15 mandos más de la Policía Nacional Civil

Antecedentes

Efraín Alberto Quevedo Montegro fue capturado el pasado 14 de agosto junto a otras más, luego de una serie de allanamientos realizados por el caso Construcción y Corrupción fase dos. Las órdenes de detención fueron giradas por el Juzgado de Mayor Riesgo D.
 
Según la Fiscalía Quevedo Montenegro abrió la oficina fuera de plaza en Panamá, denominada Guerrero Law and Invest Corporation.
 
Posteriormente la Constructora OAS realizó un pago de US$1 millón a dicha oficina, lo cual sería una dádiva para la adjudicación del evento de licitación de la carretera CA-2 Oriente.

Lea también: MP solicita enviar a juicio a Andrés Botrán y Rodrigo Arenas

Se sabe que el señalado era empleado de Alejandro Sinibaldi en Guatemala y supuesto socio en las empresas que el exministro había inscrito en Panamá.
 
Quevedo Montenegro, además, fungía como director de la empresa Arqo, en Nicaragua, que se presume era usada para lavar el dinero proveniente de las coimas.

Contenido relacionado

> Los Pinto: el cartel investigado en Honduras que tenía nexos en Guatemala
 
> Desarticulan estructura ligada a supuesto narco hondureño Orlando Pinto
 
> Jueza Éricka Aifán decidirá la aplicación del nuevo delito de financiamiento electoral

La forma más nueva de robar propiedades es por el uso de documentos falsos en la renta de bienes inmuebles.

Los estafadores buscan propiedades para alquilar y luego los dueños son despojados de estos por medio de la falsificación de firmas. Los delincuentes utilizan, además, identificaciones robadas y falsifican firmas en las escrituras de compraventa.

La falsa vuida

Las historias son muchas y las modalidades documentadas por las autoridades varían.

En un caso, por ejemplo, los socorristas encontraron el cuerpo de José Luis Andrino Palencia, el 18 de septiembre del 2009. Había sido estrangulado días atrás. Lo enterraron como XX hasta que un familiar que buscaba sus restos en el Cementerio General se presentó a la fiscalía.

Meses después, durante el proceso de investigación, una mañana apareció en la Fiscalía Adela Juárez, quien aseguró ser la viuda de Andrino Palencia.

Hasta ese momento los fiscales ignoraban que alguna vez la víctima haya estado casado con alguien, pues la cédula de vecindad encontrada al cadáver nunca fue razonada.

Vecinos aseguraron que aquel octogenario educado que vivía cerca de la iglesia de La Merced, zona 1, nunca vivió acompañado. Añadieron que la mujer que se hacía pasar por su viuda vivía a escasas seis cuadras.

Cuando verificaron la inscripción de matrimonio se percataron de que había sido asentada dos años después de que el anciano murió.

Estos peritajes formaron parte del expediente de la compraventa fraudulenta de dos propiedades que estaban a nombre de otras personas y que solamente fueron descubiertas cuando su legítimo familiar comenzó el proceso de intestado, explicó la fiscal Pinto.

Juárez enfrentó juicio por falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y supresión y alteración del estado civil.

El notario Mario René Sazo Soto, quien fue detenido por el caso Los Topacio, figuró también en las pesquisas de este nuevo caso.

En el marco del proceso contra la estructura Los Topacio, 13 notarios fueron arrestados.

La banda obligaba a las víctimas a firmar escrituras falsas, bajo amenazas de muerte, y algunas de ellas, las que sobrevivieron, tardaron casi siete años en recuperar sus inmuebles.

Inmovilizarla propiedad en 10 pasos 

Aquí algunas de las recomendaciones de la Dirección de Seguridad Registral para evitar el robo de inmuebles.

1. Utilizar el servicio de inmovilización biométrica.
2. Para hacer uso de este sistema se debe presentar una solicitud al Registro de la Propiedad.
3. Esta solicitud  debe llevar firma legalizada por un notario.
4. El notario,  por medio de este documento, da fe de que la huella y la firma son las del solicitante.
5. El interesado debe acudir directamente al Registro de la Propiedad.
6. En el Departamento de Seguridad Registral se hace una captación biométrica de los datos.
7. El personal, con una computadora, registrará las huellas del propietario que se asociarán con el inmueble.
8. El costo de la inmovilización es de Q160.
9. El Registro de la Propiedad  inmoviliza el bien por un plazo máximo de tres años.
10. El trámite puede solicitarse de nuevo al vencer el plazo.  Si se siguen estos pasos, la única forma de cancelar la inmovilización es que el propietario llegue y con sus huellas  efectúe todo el trámite.

Debilidades en la ley

La ley no obliga al Registro de la Propiedad Inmueble a verificar todos los documentos, explica el director de Seguridad Registral, Alexánder Villeda.

El Registro de la Propiedad solamente está obligado a verificar el pago del impuesto, la fecha en la que comparecieron ante el notario quienes harán la transacción, los datos personales, la voluntad para celebrar el contrato, corroborar los datos de la finca y el monto de la negociación, antes de inscribir el inmueble.

El Registro recibe cada semana unos mil 300 documentos y su función es inscribir los derechos de los propietarios y los documentos, que desde el momento en que ingresan son recibidos con una presunción de legalidad, afirma Villeda.

“No tenemos el derecho de dudar de lo que está plasmado en el documento, a diferencia del MP, cuando recibe una denuncia. El Registro de la Propiedad no tiene una función de investigar”, recalca Villeda.

La falsificación de escrituras no es algo nuevo para los fiscales que investigan estos casos, pero los estafadores buscan formas cada vez más refinadas para despojar a los legítimos dueños.

Entre esas modalidades está la utilización de protocolos de otros notarios y emplear hojas de protocolo que nunca fueron elaboradas por el Taller de Grabados en Aceros y que vende a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Muchas de estas hojas han sido usadas por notarios de esas estructuras criminales.

Los documentos son redactados con fechas atrasadas, en hojas sobrantes de los protocolos de los notarios.

Incluso, en algunos casos, las hojas son sustraídas del Archivo General de Protocolos y que pertenecieron a abogados ya fallecidos, como hacían Los Topacio, refirió Pinto.

Estas debilidades podrían corregirse con reformas al Código de Notariado.

El Registro de la Propiedad ha establecido muchas más restricciones, que no se limitan a aspectos de forma, de acuerdo con el abogado civilista Rodrigo de la Peña.

Los nombres de propietarios son confrontados con el historial, hay una delegación de la SAT en el Registro de la Propiedad que revisa el pago de impuestos al que está sujeta cada operación y se pide la solvencia del impuesto de inmuebles, como medidas que han reforzado la seguridad, ejemplificó.

“El problema está en las falsificaciones de los protocolos, de firmas, de documentos”, coincidió De la Peña.

La SAT trabaja en un nuevo sistema de papel protocolo, con códigos de verificación, que permitirá establecer que se trata del notario que autorizó el documento, detalló el abogado.

Esquizofrénica

Los estafadores de propiedades usurpan identidades de compradores con identificaciones robadas para comparecer en procesos de compraventa.

Han ido más allá, según las pesquisas, hacen presentarse a menores de edad como adultos; han seleccionado víctimas que se parecen a los propietarios de los inmuebles y, en algunos casos, no importa si el estado mental de las personas está bien o no.

Esto ocurre con frecuencia cuando se simulan donaciones.

En un caso, una nieta había vivido durante años con su abuela, quien había sido diagnosticada con cierto grado de esquizofrenia. Cuando debieron hacer un trámite en el Registro de la Propiedad se dieron cuenta de que la casa, situada en la zona 5, había sido trasladada a nombre de otra persona. Lograr la cancelación de la inscripción falsa tomó dos años.

En los documentos que se encuentran en el expediente de la fiscalía a cargo del caso figura la notaria Olga Alicia Valenzuela, quien fue condenada en el caso Los Topacio a 63 años de cárcel.

Agonizante

La supuesta donación de las propiedades de aquella anciana agonizante podría haberse concretado sin problemas, de no haber sido porque el director de Seguridad Registral se percató de que la nonagenaria había firmado el documento el mismo día que murió.

Cuando el expediente llegó a las manos de Villeda, indagó si la supuesta donante había recibido alguna visita de un notario en su lecho de muerte.

El exfiscal averiguó que la anciana falleció en el intensivo de un hospital privado y que las visitas estaban restringidas, por lo que nunca firmó.

El Juzgado de Mayor Riesgo B, presidido por Miguel Ángel Gálvez, declaró falta de mérito a la sindicada, aunque la decisión fue apelada por los fiscales de Delitos contra la Vida, quienes estaban a cargo del caso.

Para los magistrados de la Sala, sí existió una relación entre Rivas Gil, Juan Carlos Ramírez Acevedo y Jaime Barona Cordobés — contra quien también se ordena abrir expediente por asesinato y asesinato en grado de tentativa—.

Según la Fiscalía, en junio del 2011, cuando ocurrió el crimen, la seguridad de Andrade Salazar lo desprotegió de manera intencional mientras jugaba un partido de futbol.

La víctima había contraído terceras nupcias con Rivas Gil y vivieron juntos 13 años.

La pareja se encontraba en el proceso de separar las acciones de las empresas, las que terminaron de repartirse el 10 de junio del 2011, un día antes del asesinato de Andrade Salazar.

Extradición

El lunes último, el fiscal Jesse Ramírez Castañeda, a cargo de la investigación, envió una carta a Ronaldo García García, jefe de Interpol en Guatemala, con la que comienza el trámite para extraditar a Janh Enrique Ávalos Ramírez, detenido en Nicaragua.

De inmediato comenzaron los trámites respectivos en la Fiscalía de Asuntos Internacionales.

Según las investigaciones, Ávalos Ramírez, alias el Peruano, transportó a dos de los “banderas” o vigilantes que participaron en el crimen.

El sindicado —de nacionalidad peruana— tenía una segunda identidad, la de Enrique García Pérez, y es señalado de asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Fue capturado en noviembre del 2013 y puesto en libertad en febrero del 2014 por el juez de Villa Nueva, Mynor René Barrera Polanco.

La Fiscalía fue informada, en esa comunicación, que Estados Unidos pretendía esta semana levantar cargos en Washington contra Bonilla.

EE. UU. pidió que se especifique el tiempo de cárcel que recibiría “el señor Bonilla”.

Solicitó, además, explicar si el cargo por el cual fue arrestado el exministro “indica algo sobre recibir dinero del narcotráfico”.

El FBI aseguró a la Fiscalía que las investigaciones continuarán y que recibirán el apoyo necesario.

Tanto la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Véliz, como la subsecretaria, Ana Elena Guzmán, aseguraron desconocer tal petición.

La fiscal general, Thelma Aldana, dijo que “la captura corresponde a Gobernación”, aunque afirmó que no hay requerimiento formal de EE. UU. contra López Bonilla.

El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, refirió que ese país norteamericano ha solicitado información relacionada con la detención, pero “no formalmente”.

La Cooperacha

López Bonilla, según las autoridades, es señalado de habaer entregado elevadas sumas de dinero que tuvieron como destino la adquisición de bienes en calidad de “regalo presidencial” y “vicepresidencial”.

“Los funcionarios públicos que participaron repetidamente en la compra y entrega de estos suntuosos bienes tenían por intención agradar al jefe, muy a la usanza de las estructuras de delincuencia organizada que garantizan su permanencia dentro de la jerarquía y su permiso de operación mediante el otorgamiento de dádivas al jefe de la organización”, informó en su momento la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

López Bonilla, a quien se le podrían imputar cargos hoy en el caso Cooptación del Estado, está señalado de lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación ilícita.

Otros casos

López Bonilla es investigado por nueve casos de presunta corrupción, entre los cuales destaca un contrato irregular en el Registro Nacional para las Personas, informó recientemente la fiscal Aldana.

Durante el 2015, la Contraloría General de Cuentas encontró en el Ministerio de Gobernación indicios suficientes para presentar 23 denuncias en el MP —las últimas, en mayo pasado—, que suman Q2 mil 11 millones.

Dudas en la ejecución de contratos, consumo de combustible sin respaldo, dudosos estudios de prefactibilidad, gastos por cantidades millonarias que ni siquiera fueron reportados en el Sistema de Contabilidad Integrada y compras innecesarias por Q45.6 millones forman parte de la lista de reparos en la cartera del Interior.

“Cada una de las denuncias que presentó el contralor ya se están investigando. De acuerdo con las denuncias, hay más personas involucradas, incluyendo a los parlamentarios, por lo que no se descarta más personas señaladas en el caso  de  Plazas”, aseguró la funcionaria, quien agregó que además de las denuncias de la CGC se analizan solicitudes de antejuicios contra funcionarios de   entidades públicas, aunque evitó mencionar contra quiénes se podría accionar y las instituciones señaladas.

El pasado martes fueron condenados  Claudia Bolaños y José Blanco —excolaboradores del exdiputado Pedro Muadi— a penas de 17 y 11 años de prisión, respectivamente, por haber integrado una red que creó plazas ficticias en el Congreso.

Por acciones similares fueron capturados, además de Muadi, Alfredo Rabbé, Carlos Herrera, Édgar Cristiani y el ex director general del Congreso Luis Mijangos, quienes ya enfrentan proceso penal.

Necesario Eliminar fuero

Aldana considera que  el derecho de antejuicio quedó desvirtuado y que desde hace varios años debió eliminarse. Añadió que se trata de un beneficio que la ley otorga a ciertos funcionarios, quienes lo utilizan para entorpecer investigaciones del Ministerio Público.

Calificó como correcta la decisión de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a dar trámite a las solicitudes de la Fiscalía de retirar la inmunidad a los diputados Luis Rabbé, Arístides Crespo y Manuel García Chutá, vinculados con la contratación irregular y creación de plazas fantasma en el Congreso.

La fiscal general aseguró que queda en los jueces pesquisidores analizar los argumentos por los que se pide eliminar el fuero a los parlamentarios.

El embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, aseguró   que habrá más investigaciones y capturas por corrupción.
Recordó que desde que llegó al país dijo que la corrupción es un mal en el sistema y no de un gobierno. Robinson dio esas declaraciones en la clausura del curso militar Más Allá del Deber, en San Marcos, en el que varias naciones participan y apoyan en salud y educación.

“Por eso es que otros países tienen que apoyar en dar los servicios básicos;  que Guatemala no pueda es resultado de la corrupción”, enfatizó.

CSJ corrige nombres

El pasado 8 de junio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a las solicitudes de antejuicio contra los diputados Luis Rabbé, Arístides Crespo y Manuel García Chutá.

Al informar sobre los pesquisidores,  la CSJ se equivocó. El antejuicio de Crespo será tramitado por Jorge Valladares, vocal segundo de la Sala Cuarta de Apelaciones de lo Penal, y el de García,  por Benicia Contreras Calderón, vocal primera de la misma institución.

Contratacan medidas

Los tres sindicatos del Congreso preparan acciones legales contra las decisiones que ha tomado la  Directiva. Uno de ellos ya la denunció en la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Los otros dos están a la espera de las resoluciones legales de los diputados para presentar denuncias. Advierten de que el cálculo del aumento anual del 10% lo avaló la directiva de Efraín Ríos Montt, en el 2002.

Baldetti cuando se percató que era fotografiada, sonrió; además de animar a otras sindicadas a dejarse fotografiar para “la portada de mañana”, dijo la exfuncionaria.

Baldetti encabeza la lista de 15 sindicados en el caso Lago de Amatitlán, por el supuesto fraude al Estado al adquirir una misteriosa fórmula que libraría al lacustre de contaminación. El costo del proyecto sumaba Q137.8 millones.

Su hermano, Mario Alejandro, ejerció supuestamente de intermediario entre la empresa y el Estado, y fue quien coordinó “todas las acciones”  para realizar “esta operación fraudulenta”.

Entre las otras 14 personas implicadas en el caso está el excomisionado presidencial del Agua Pablo Roberto González Córdova, a quien se le señala de hacer creer que el proyecto para limpiar el Lago de Amatitlán, propuesto por una empresa israelí, era la única solución.

"Vos te querés perder -aparecer en- la portada de mañana", dice Baldetti a otras procesadas. @prensa_libre pic.twitter.com/1cOK9XEZba

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) June 8, 2016

Testigo clave

Bryan Geovanni Vitola, quien el 8 de junio de 2015 dio la declaración en el Juzgado de Turno de Villa Nueva como anticipo de prueba, mencionó que en el 2012 se reencontró con su excompañero de universidad Pablo Roberto González Barrios, – ex secretario del Gabinete del Agua y Saneamiento durante el gobierno del Partido Patriota -.

Vitola accedió y le prestó a su amigo cuatro cuentas bancarias. Según el relato, el 13 enero del 2015, depositaron Q2.5 millones en las cuentas de las empresas de Vitola, Iberlink y Corporación SDG, Prima Qualita e Industrias Computenses.

A cambio del favor, González entrega a Vitola Q50 mil, y le cuenta que el dinero es por un proyecto de limpieza del lago.

Vitola descubrió el 27 del mismo mes un nuevo depósito en sus cuentas, esta vez el monto es de Q650 mil. Habló con González y da por terminado el favor.