Luego de dos días de bloqueos en Guatemala, el Gobierno por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) prorrogó el acuerdo 12-2023 que entró en vigencia en enero y obliga a los comerciantes a emitir factura con nombre de una persona jurídica o natural en las compras mayores a Q2 mil 500, informaron fuentes tributarias.

Como una medida de presión para las autoridades, decenas de campesinos integrantes de la organización 48 Cantones de Totonicapán, bloquearon desde el lunes cinco carreteras importantes del país, principalmente en el occidente, en rechazo a las nuevas reformas que buscan regularizar el comercio informal.

“Las modificaciones tributarias anunciadas por la SAT afectan al comercio informal y a los pequeños comerciantes”, afirmaron en un comunicado los representantes de los de las comunidades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán.

La organización indígena bloqueó cinco puntos en la carretera Interamericana en Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango y Sololá, medidas que serán depuestas luego de que la SAT accediera a analizar las reformas.

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De esa cuenta, una fuente de la SAT confirmó que el acuerdo 12-2023 fue derogado de manera temporal, pero mediante el compromiso de la integración de mesas de diálogo para que en 60 días se haga una nueva propuesta de esa ley.

Se dijo que durante los dos meses de prórroga se harán los análisis correspondientes para incluir en el nuevo acuerdo parte de las demandas que hace los líderes campesinos, principalmente todas las relacionadas con la economía familiar.

Con esa medida, el Gobierno espera que los campesinos desistan de las protestas, pues estas afectan a miles de guatemaltecos y al comercio internacional, pues esa una ruta que conecta con México.

Líderes de los 48 Cantones hicieron un llamado a los pobladores que están en los bloqueos para que, en forma ordenada, empiecen a desalojar las áreas tomadas.

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El acuerdo entre autoridades y líderes indígenas se logró mediante una mesa de diálogo en la que participaron autoridades de la SAT, Ministerio de Economía y Procuraduría de los Derechos Humanos.

Además, los 48 cantones exigen que se archive la iniciativa de ley 6165, impulsada por el partido de Gobierno, la cual pretende que los sectores agrícola e informal paguen un 5 % del total de sus ventas.

“No estamos en contra de pagar impuestos pero los tributos no se invierten en el bien común”, detalla el comunicado de los campesinos.

Hasta 2021, unos 4.7 millones de guatemaltecos trabajaban en el sector informal y solo unos 2.5 millones contaban con un empleo fijo, según un estudio privado auspiciado por la Unión Europea (UE).

Con información de EFE