La pandemia de covid-19 instaló nuevas formas de convivencia. Desde el uso de mascarilla, la distancia física y un ritual constante de limpieza de manos. También trajo una manera de comunicación a través de videollamadas.

Lee para contexto

Francisco Molina: “No le tengo miedo a los privados de libertad, sino a las personas que trabajan en la Secretaría de Bienestar Social”

Este sistema de contacto con personas distanciadas fue implementado por la Secretaría de Bienestar Social (SBS). Los 756 niños y adolescentes bajo el resguardo del Estado tienen comunicación tres veces por semana desde teléfonos móviles o computadoras con sus familiares.

Las visitas a los centros de protección y abrigo están suspendidas desde que comenzó la emergencia sanitaria el pasado marzo, y continuarán así hasta nuevo aviso.

Lo mismo ocurre con los 674 menores privados de libertad en proceso de reinserción, quienes se comunican por videollamadas con sus abuelos, hermanos, padres y madres entre cinco y 10 minutos, tres veces a la semana.

“Ellos han podido hablar no solo con la madre o el padre. En una visita normal, a veces solo llegaba la mamá, porque el papá no podía. Solo llegaba una persona a visitarlo. Ahora, cuando hacen esas videollamadas, pueden ver a sus abuelos, a sus sobrinitos, a sus hermanos, e incluso a la mascota que dejaron en casa”, afirmó Francisco Molina, jefe de la SBS.

Mantener la “visita virtual de familia ampliada” en los centros de abrigo y protección y en los correccionales no ha sido una tarea fácil, porque requiere de conexiones a Internet y de teléfonos móviles.

El secretario Molina dijo que la mayoría de los teléfonos son de la institución, pero el Comité Internacional de la Cruz Roja en Guatemala también les donó 12 celulares.

“La gente sufre terriblemente por no tener contacto con sus seres queridos. Su bienestar y capacidad para hacer frente a las crisis dependen en gran medida de su capacidad para mantenerse cercanos a miembros de su familia. Es por eso que contribuimos con estos equipos a la Secretaría de Bienestar Social, al hospital temporal del Parque de la Industria y a distintos puntos de atención a migrantes”, dijo Salha Benzeghiba, jefa de la Misión del CICR en Guatemala.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) donó también conexiones a Internet en muchas de las casas de protección. Molina calificó de positiva esa comunicación, porque los menores están más tranquilos y estables, pero sobre todo comprenden la situación en la que viven sus familias.

Otro tipo de apoyo

Los menores han recibido apoyo psicológico, social y médico, clases y terapias ocupacionales por medio de videollamadas, las cuales son supervisadas por los monitores de los centros, para que no hagan un “mal uso”.

“Cuando hay que hacer algún tipo de contención emocional, los psicólogos se han comunicado con el o los adolescentes para solventar la atención psicológica que necesitan. (…) Todas las videollamadas son supervisadas por los monitores o los educadores para que hagan un buen uso del recurso”, agregó Molina.

Las videollamadas durante la pandemia han fortalecido las relaciones de los niños y adolescentes con sus familias, hay quienes viven en lugares muy lejanos por lo que llegar a verlos era un lujo para costear el pasaje de la mamá o el papá de los menores.

Situación en hogares

De enero a junio, ha bajado en 49 por ciento los niños y adolescentes que abandonan el proceso de protección y abrigo que ofrece el Estado, afirmó Molina.
El período coincide con la pandemia; entonces, ¿qué influye en estos resultados?

El funcionario explicó que en ese tiempo aumentaron las supervisiones para verificar que los trabajadores realicen su labor de manera correcta, también inició un proceso de destituciones de personas que se sospechaba que tenían conexiones con delitos de “trata de personas”, afirmó Molina.

“Cuando entramos, empezamos a ver quiénes podrían estar en vinculación con la trata de personas que trabajaban en la SBS. ¿Por qué le digo vinculación a la trata de personas? Porque yo sentía que los abandonos de proceso se podían dar porque sacaban a los niños o dejaban que se escaparan, es deducción mía, no tengo pruebas, porque saber ni qué hacían con ellos”, cuestionó Molina.

Además, agregó que por las destituciones justificadas que ha hecho en los hogares, sabe que al menos tres trabajadores planificaron su asesinato por lo que en abril pasado denunció el supuesto plan de su asesinato ante el Ministerio Público (MP). Durante su gestión, Molina señaló que el líder sindical también le exigió “poner” a la jefa de los hogares para que no tuvieran “problemas”, lo cual rechazó. Molina también dijo que por todos estos cambios el sindicato tiene emplazada a la entidad con lo que logran que sigan siendo protegidos.

De enero a la fecha, 94 personas fueron destituidas o se finalizó su contrato en los renglones 011, 021, 022 y 029, de los cuales 20 eran de los hogares, 16 de reinserción y el resto de personal administrativo.

Justo Solórzano, especialista en Protección de la Niñez de la Unicef, explicó que desde febrero firmaron un convenio de cooperación con el apoyo del Gobierno de Suecia y el Refugio de la Niñez para apoyar a la SBS, por lo que ha visto que durante este tiempo el recurso humano de la institución es más profesional y beneficia las políticas implementadas.

“La SBS necesita de una reingeniería para convertirse en una verdadera institución con programas de atención a niñez víctima de violencia y no solamente una institución asistencialista que se dedica al cuidado de los niños en hogares”, resaltó Solórzano.

Expresó que es importante que el Gobierno invierta recursos en la institución y se aumente el presupuesto para la SBS para que contrate más personal y tenga mayor presencia en la provincia, ya que, los casos de violencia contra los niños y adolescentes están en incremento, aunque las denuncias no porque con las restricciones de movilidad a las personas se les dificulta trasladarse en transporte público.

Los hogares de protección para la niñez y adolescencia en el país se encuentran en alerta para evitar contagios de covid-19 dentro de su población. Aun así, desde que se decretó el estado de Calamidad en marzo pasado, reportan que 37 menores de edad han dado positivo al nuevo coronavirus.

Lee también:

150 médicos, enfermeros y personal de salud del Roosevelt y 13 del hospital de Villa Nueva han dado positivo al coronavirus

Veintidós de estos casos pertenecen a residencias de protección de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y quince se dieron en uno de los hogares del Refugio de la Niñez, incluso, su director Leonel Dubón, tuvo que permanecer en cuarentena durante dos semanas.

Aunque actualmente solo hay dos casos activos en uno de los hogares de la SBS en Quetzaltenango, el subdirector Carlos Gómez, dice que siguen en espera que el MSPAS les entregue los resultados de los hisopados hechos hace dos semanas para descartar más contagios.

Población en riesgo

La SBS tiene a su cargo 21 residencias de protección donde atienden a niños, niñas y adolescentes que sufren cualquier tipo de maltrato y abandono, tienen alguna discapacidad intelectual o física o son población en riesgo por su cercanía a las pandillas.

Desde el 13 de marzo no reciben ningún tipo de visita debido a la alerta por la llegada del covid-19 al país. Sin embargo, el 15 de mayo reportaron su primer contagio en un hogar ubicado en la ciudad de Guatemala.

Según el subdirector de la SBS, Carlos Gómez, pese a que ya habían activado su protocolo de prevención, el primer contagio fue detectado en una trabajadora.

“El personal es vital, tenemos psicólogos, pedagogos, educadores, terapistas y ellos regresan a sus casas. Ese movimiento y traslado es un riesgo latente”, explica.

En esta residencia tuvieron que entrar en cuarentena en cuatro ocasiones y nueve adolescentes dieron positivo a covid-19, actualmente ya están recuperados.

Gómez agrega que una de las poblaciones en riesgo son los niños y adolescentes migrantes que son retornados. Al momento, han atendido a once de ellos que dieron positivo a la enfermedad al ser evaluados por las autoridades guatemaltecas.

El domingo 5 de julio, una residencia ubicada en Quetzaltenango tuvo que entrar a cuarentena luego de reportarse el contagio de otro trabajador y de dos adolescentes.

Pese a que este hogar está por terminar su período de cuarentena, Gómez agrega que siguen en esperar de los resultados de los hisopados hechos por el MSPAS para establecer si hay más contagios.

“Entendemos que Salud Pública tiene una carga enorme de trabajo, pero necesitamos que agilicen los resultados de los hisopados. Se tardan entre 9 y 13 días en entregarlos y quisiéramos que sea en 48 horas”, dijo.

Además de los contagios en los menores de edad, la SBS también reportó a siete trabajadores con síntomas de covid-19.

Denuncian abandono de Salud

Uno de los hogares del Refugio de la Niñez también reportó un brote de coronavirus. De 30 niñas y adolescentes, 15 dieron positivo a covid-19.

Esta residencia tampoco tenía permitidas las visitas, sin embargo, las niñas embarazadas salían cuando necesitaban acudir a sus controles médicos.

El primer contagio se dio el 26 de mayo. “Las primeras contagiadas fueron una enfermera y una niña que salieron para ser atendidas en el Hospital Roosevelt”, explicó Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez.

Dubón, que también tuvo que permanecer en cuarentena durante dos semanas, dijo que tuvieron que contratar sus propios médicos y enfermeros para atender a las niñas debido a la falta de atención del exministro de Salud, Hugo Monroy.

“Incluso hubo una disposición especial del vicepresidente Guillermo Castillo para que se atendieran los casos en el refugio, pero Salud no le dio seguimiento al tema”, denuncia.

El Refugio de la Niñez contrató a cuatro médicos y tres enfermeras, además de acondicionar un área de encamamiento para atender a las niñas y adolescentes, que lograron recuperarse de la enfermedad.

A decir de Dubón, el único seguimiento que hizo Monroy fue una llamada telefónica al mes. Aunque llegaron a realizar los hisopados para detectar cuántos casos tenían, los resultados los entregaron dos semanas después, cuando ya habían sido identificados la mayoría de contagios.

“Vivimos mucho estrés, fue algo muy duro para nosotros, estuvimos solos y tuvimos un abandono total por parte del exministro Monroy”, agregó.

Aunque los contagios fueron controlados y hasta el momento todas las niñas enfermas se recuperaron, agrega que siguen en un riesgo constante ya que la SBS y el Refugio de la Niñez son los únicos que siguen recibiendo a la niñez en riesgo después que los hogares de protección privados hayan decidido no permitir nuevos ingresos a raíz de la pandemia.

Esto ha provocado que las residencias de protección se encuentren en su máxima capacidad.

Hasta el momento, 1 mil 712 niños, niñas y adolescentes han dado positivo a covid-19 en el país, de los cuales ocho han fallecido.

Mientras una niña de cuatro años se recupera en la pediatría del Hospital Roosevelt luego de ser abusada sexualmente, el Juzgado de Niñez y Adolescencia en Conflictos con la Ley Penal ligó a proceso al adolescente de 14 años presunto responsable del hecho.

Lee también:

Tío de Chelsiry Hernández se presentó a las autoridades tras la muerte de la menor

La violación de la menor se produjo en la aldea Concepción Pinula, San José Pinula mientras ella estaba en su casa. La Policía Nacional Civil logró capturar al responsable quien deberá enfrentar una acusación por el delito de violación con agravación de la pena.

Pero este es apenas uno de los trece casos por delito sexual (abuso, violación, tocamientos, explotación, entre otros) en contra de niños y niñas que se produce diariamente en Guatemala.

El Refugio de la Niñez reporta este dato, considerando que existe un sub registro por la falta de denuncia que impide documentar todos los casos que se dan en el país.

Solo en el primer mes del 2020, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó 347 reconocimientos médicos por delito sexual en infantes que van de los 0 a los 14 años.

De estos, siete han sido niños y niñas menores de un año; 31 son de casos de menores de 1 a 4 años; 96 son delitos cometidos contra niños de 5 a 9 años y 213 contra menores de 10 a 14 años.

En 2019, el Inacif realizó 4 mil 70 evaluciones por delitos sexuales a niños y niñas de 0 a 14.

Producto de estos abusos, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) dio a conocer que en 2019 atendieron a 1 mil 892 niñas menores de 14 años embarazadas.

Por otro lado, la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), señala que en lo que va del año el Ministerio Público ha recibido 984 denuncias por violencia sexual y más de la mitad de ellas corresponde a hechos contra menores de 14 años, donde muchas veces el responsable es alguien cercano al círculo familiar de la víctima.

La directora de la Svet, Gabriela Sandoval, recomendó a los padres que no pasen por alto las alertas que lanzan los niños y niñas que son víctimas de abusos. Estas alertas pueden ser en forma de dibujos violentos o fuera de lo normal, cuando muestran rechazo al quedarse con una persona, pesadillas recurrentes y cambios de humor repentinos.

Por otro lado, el director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, Marco Antonio Garavito, resaltó la importancia de romper con el tabú acerca de la educación sexual integral para que los niños y niñas puedan reconocer y verbalizar un abuso.

Según informe de Refugio de la Niñez, de los 788 casos que han litigado desde el 2009 al 2016, 400 son por violencia sexual en donde la victima ha sido un niño  o un adolescentes, en su mayoría mujeres, 99 por trata de personas en la modalidad de explotación sexual, 57 por agresión sexual, y 43 por maltrato de menores.

Le puede interesar

Niñas son sometidas a la ignorancia sexual

Comentó que, por ejemplo, muchas víctimas de violencia sexual padecen de enfermedades de transmisión sexual y la recarga de trabajo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) provoca que no se realicen los informes médicos a todos los menores.

También señaló que para la realización de los exámenes forenses es demasiado largo el plazo, ya que en ocasiones supera los seis meses solo para lograr la cita.

Mayorga indicó que en el caso del Organismo Judicial (OJ), no se celebran las audiencias en la hora programada, lo cual implica desgate para los menores y equipos de profesionales.

“Algunos tribunales de sentencia no da valor probatoria a la declaración presentada por la niña como prueba anticipada, exponiéndola a tener que presentar nueva su declaración lo que la victimiza”, indicó.

En cuando el ministerio Público refirió que la falta de un modelo unificado de organización de las fiscalías repercute en la metodología y tratamiento de los casos, y que solo la fiscalía contra la trata está organizada por unidad.

Agrega que el hecho de que los casos sean conocidos por diferentes auxiliares fiscales debilita el impulso del proceso penal.
Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, comentó que otro problema que se observa es que en los departamentos hay casos que no avanzan porque los fiscales y jueces buscan conciliar algunos casos de violencia sexual y trata de personas.

La magistrada Delia Dávila señaló que en estos casos se debe denunciar a los responsables para que sean investigados.
Mayra Veliz, secretaria del MP, indicó que como parte de las mejorar que se trabajan este viernes se entregó el protocolo de atención a la victima de trata para que sea aplicado en todas las fiscalías

Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez, expuso que en septiembre del año pasado, los datos de la Patrulla Fronteriza daban cuenta que 18 mil 900 menores no acompañados detectados eran guatemaltecos, mientras que 17 mil eran salvadoreños, y 16 mil, hondureños.

El total fue de 51 mil 900.  “Es una cantidad exagerada, escandalosa”, dijo Dubón.

Uno de los problemas para tener un dato concreto es el detectado en el 2014, cuando EE. UU. notificó que el 70 por ciento de los niños migrantes no acompañados provenían de la capital de Guatemala.

Sin embargo, cuando se desmenuzaron la cifra, se notó que esos niños se encontraban en dobles procesos migratorios, porque primero se habían movilizado a la capital desde el interior del país y, al no llenar sus expectativas, continuaron su paso migratorio fuera del país.

Es decir, su último punto de partida fue la capital, pero su punto original fueron departamentos del occidente.

“Los casi 60 mil son niños registrados por la patrulla fronteriza, pero hay muchos que no son detectados, y ahí tenemos problemas en identificar datos estadísticos que se necesitan”, agregó Dubón.

De esa cuenta, se cree que, solo de los tres países del Triángulo Norte, en realidad podrían ser más de 100 mil.

Esos datos son de agosto del 2015 al septiembre 2016, período fiscal estadounidense. Dubón también informó que cerca de 22 mil núcleos familiares -niños con papá o mamá- fueron detectados en ese tiempo.

La jefa de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Annabella Morfín, coincidió en que las cifras tienen cambios constantes, porque muchos retornados vuelven a salir de manera ilegal sin que pase mucho tiempo.

Cooperación con Refugio de la Niñez

La PGN firmó un convenio de cooperación con la Asociación Refugio de la Niñez, para implementar acciones integrales para la niñez migrante.

Se trata de brindar atención integral a los menores con necesidades especiales de protección y darles seguimiento hasta asegurar una integración familiar segura.

El modelo de atención entregado por Refugio de la Niñez a la PGN establece una hoja de ruta de abordaje psicosocial, un flujo grama de atención y un paso a paso en cada etapa.

También incluye formatos para los distintos tipos de informes, y hasta cómo debe ser el “diario vivir” de un niño durante la semana, con actividades educativas, didácticas y culturales.

Morfín comentó que, en paralelo, se buscan inmuebles que originalmente estaban destinados para la niñez, pero, en forma discrecional, gobiernos anteriores los dispusieron para otros fines.

El albergue Virgen de la Asunción, porque no era un hogar ni mucho menos seguro, se erige ahora como el ícono de la degradación de un Estado, carente de liderazgo o de figuras capaces de arremeter contra ese desgaste institucional cuya máxima expresión de abandono hoy se traduce en muerte, donde resultan inconcebibles los límites de irresponsabilidad y de permisividad ante los excesos denunciados.

Sobre ese virtual reclusorio existían varias advertencias y todas fueron ignoradas por la mayoría de autoridades que tuvieron en sus manos la posibilidad de evitar el fatal desenlace y de frenar los abusos que lo provocaron, de los cuales también hay señalamientos que apuntan a la participación de autoridades de ese centro y hasta de agentes policiales.

El Ministerio Público también recibió varias quejas sobre los excesos cometidos en contra de los adolescentes, pero tampoco hubo un seguimiento a los hechos y las cosas fueron empeorando hasta el trágico incendio, cuyo mayor impacto recae sobre las instituciones públicas, por su clara muestra de negligencia.

La Procuraduría de los Derechos Humanos fue la entidad más activa en denunciar las condiciones miserables y criminales prevalecientes, pero probablemente también se haya quedado corta en su insistencia, pues las condiciones de abuso en ese refugio demandaban la inmediata atención de autoridades ajenas a él, como la Procuraduría General de la Nación, que tampoco cumplió con su responsabilidad ni puso el empeño observado para el funcionamiento de la portuaria.

Ese cúmulo de irregularidades hace obligada la más seria investigación para deducir las responsabilidades, y esto empieza por quienes tenían a su cargo la custodia de los menores, que serían además los primeros sindicados de cometer abusos contra las jovencitas.

Pero también el Gobierno debe responder por el papel que la Secretaría de Bienestar Social jugó en la tolerancia de condiciones infrahumanas para quienes estaban bajo su responsabilidad y que sin ser criminales recibían un trato similar al de las cárceles del país, con el agravante de que probablemente con su aval ocurrían otros ilícitos.

Si durante los últimos meses habían aumentado sensiblemente las fugas de ese lugar, eso debió motivar la suficiente preocupación para indagar sobre las causas, pero de nuevo el factor corrupción tuvo mayor influencia para que nada cambiara y continuara la marcha ineludible hacia el desastre.

La incapacidad del Estado se pone una vez más de manifiesto, aunque la negligencia en este caso se traduce en la trágica pérdida de vidas de jóvenes a quienes la adversidad, la indolencia y la anomia gubernamental les dieron la espalda.

Así transcurre el día para muchos niños guatemaltecos, principalmente indígenas, y en varios casos “alquilados” por sus padres a redes de explotación laboral.

Abandonados a su suerte en las calles de la capital y otros centros urbanos, los niños se convirtieron en una mina de oro para grupos ilegales que se aprovechan de las condiciones de pobreza en que vive el 59.3 por ciento de los 16 millones de habitantes de este país.

Los niños “son reclutados por los tratantes que establecen acuerdos con los padres de familia, a quienes les dan una cuota por alquilar a estos niños y venir aquí a la capital a trabajar o a pedir dinero”, dijo Rosy Palma, directora de desarrollo de la ONG Refugio de la Niñez.

La entidad acompaña a instituciones estatales que realizan operativos para rescatar a menores víctimas de explotación laboral, la mayoría obligados a migrar desde los departamentos indígenas de Sololá, Quiché, Huehuetenango y Totonicapán.

Aunque las autoridades estiman que un millón de niños trabajan en Guatemala, no han logrado establecer una estadística certera sobre los que son explotados en la vía pública y obligados a mendigar, señaló Palma.

• Lea también: Rescatan a niños obligados a mendigar

Negocio rentable

“Por las situaciones económicas de esta población, muchos grupos organizados de delincuentes han logrado captarlos”, indicó Harold Flores, protector de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación, ente que ejerce la abogacía del Estado.

El funcionario explicó que los niños son forzados a extenuantes jornadas de hasta 16 horas diarias y se les fijan cuotas de unos US$13 (Q100 aproximadamente) que deben entregar al final del día, o son castigados.

“En algunos casos les indican que van a venir a estudiar, que van a venir a aprender un oficio, que van a tener una mejor vida que la que tienen en sus lugares de origen”, relató Flores.

Con frecuencia, los niños viven hacinados en hoteles precarios y no reciben más alimentación que pan y agua, lamentó el funcionario.

Palma señaló que el negocio es muy rentable para los tratantes y que se ha observado un aumento continuo en el número de niños, niñas y adolescentes que son reclutados.

En promedio los padres que deciden “alquilar” a sus hijos reciben unos US$25 semanales (Q200 aproximadamente), una cifra importante para familias en los límites de la sobrevivencia, apuntó la activista.

Una encuesta oficial publicada a finales de 2015 reveló que la pobreza entre los indígenas guatemaltecos, asentados principalmente en el altiplano occidental, alcanza un 79.2 por ciento.

Las comunidades indígenas representan el 40 por ciento del total de habitantes del país, de acuerdo con cifras oficiales, aunque líderes nativos señalan que en realidad constituyen más del 60 por ciento.

La explotación laboral de menores se concentra en el departamento central de Guatemala, donde se encuentra la capital, en Quetzaltenango y en pueblos fronterizos con México en el suroeste, según estudios del Refugio de la Niñez.

• Lea también: Rescatan a niños víctimas de explotación en Xela

Pocos esfuerzos

La Procuraduría reporta que las autoridades rescataron en todo el país a 68 menores explotados laboralmente durante el primer semestre de 2016, una cifra muy pequeña en comparación con las estimaciones oficiales sobre trabajo infantil.

Gloria Castro, defensora de la Niñez y Adolescencia de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, lamenta que los operativos hayan sido insuficientes para atacar el problema.

“Lamentablemente el Estado a través de sus instituciones no ha hecho algo que valga la pena sobre el tema”, refirió Castro, quien demandó a la Fiscalía fortalecer la investigación contra las redes de trata y al gobierno atender a las familias en condiciones de pobreza.

Según la Procuraduría, la explotación laboral de menores es un problema que también incide en la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos, un fenómeno social y humano de dimensiones dramáticas.

El organismo ha detectado que muchos menores explotados en las calles de Guatemala han terminado migrando a México y Estados Unidos, con el propósito de escapar a su esclavitud.

Roberto Garza, vocero del Inacif, indicó que las estadísticas refieren que en 53 de los casos las muertes fueron a balazos.
Añadió que 17 necropsias registradas se practicaron a mujeres menores, de entre cero y 17 años.

Violencia aumenta

Leonel Dubón, director ejecutivo de El Refugio de la Niñez, dijo que las cifras demuestran que las muertes violentas de los menores de edad van en aumento.

“En los últimos años hay un incremento en la violencia de forma gradual, no solo en las cantidades, sino también en la forma de ejercer la violencia contra la niñez”, manifestó Dubón.

Resaltó que el 90 por ciento de las muertes registradas el año pasado —790 crímenes en total— fueron a balazos.
Dubón citó el ejemplo de una niña, de 1 año, quien en febrero último fue estrangulada.

En  relación con el caso de Byron Elí Galeano Ortiz, 4, acribillado a balazos en el interior de su vivienda el martes último, comentó que hasta ayer por la tarde no tenía conocimiento que este caso estuviera relacionado con pandillas.

“¿Qué riesgo puede representar para un delincuente armado la presencia de un niño?”, cuestionó el activista, a lo que él mismo respondió: “Ningún riesgo, porque ni siquiera es capaz de identificar al agresor y no entendemos estas formas de violencia enfermizas que afectan a la niñez en general”.

Recordó que el encargado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Enrique Gil Botero, indicó que en Guatemala los niveles de impunidad están arriba del 95 por ciento.

Más muertes

El presidente Jimmy Morales no descarta que la violencia ocurrida este mes pueda superar la de febrero, al considerar que el anterior fue el mes con la menor incidencia criminal en los últimos ocho años.

“Marzo está teniendo una escalada fuerte como ha sido también en algunos casos de años anteriores, como 2011, y estamos luchando porque se ha logrado copar muchas bandas de extorsionistas y delincuentes”, señaló el mandatario.

Avances

Rodolfo Zelada, vocero del Ministerio de Gobernación, lamentó las muertes violentas de menores de edad, y afirmó que avanzan en las investigaciones en relación con la muerte de Galeano Ortiz, y que en los próximos días se darán a conocer los resultados de las pesquisas.

Se ha hecho un análisis de las cámaras de videovigilancia, para identificar a los presuntos responsables, se informó.
Un investigador comentó que el padre de Galeano Ortiz estaría detenido en la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 1, donde están los jefes del Barrio 18, aunque no lo identificó plenamente.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil, Yesi Yaneth Rodríguez Ortiz dijo que hombres con apariencia de pandilleros ingresaron en la casa y balearon al menor.

Según la Policía, el motivo del crimen puede estar relacionado con una venganza por rivalidad entre pandillas.
Prensa Libre intentó hablar con los familiares del menor, afuera de la morgue del Inacif, pero se rehusaron a  dar declaraciones.

Características de los crímenes

• El arma de fuego es el instrumento más utilizado para matar.
• 53 muertes de niños han ocurrido a balazos en lo que va del  2016.
• Cuatro víctimas  perecieron por heridas con arma blanca en el mismo período.
• Tres menores fueron estrangulados entre el 1 de enero y el 14 de marzo último.
• Dos muertes se registran por asfixia por sofocación en ese lapso de tiempo.
• Una mujer fue decapitada, según los análisis forenses.
• De las 63 muertes violentas, 17 víctimas eran féminas.
• Entre enero y marzo del año pasado, la cantidad de menores muertos por violencia llegó a 187.
• 168 víctimas fueron baleadas entre enero y marzo de 2015

A pesar del tiempo, la tragedia de la que fueron víctimas los integrantes de la familia de Mario los marcó. Las lágrimas aún marcan nuestras vidas, dice su madre Nancy, quien sobrevivió al ataque.

En 2007 ella —Nancy— junto a Mario, en ese entonces de 4 años y su hermana Jhoana de 17, se conducían en un taxi para asistir a la celebración de un cumpleaños.

En el camino quedaron en medio de un ataque armado y fueron alcanzados por balas perdidas, en el lugar murió la adolescente y Mario fue trasladado al hospital.

El caso de Mario no es aislado, solo en enero de este año se contabilizan 55 ataques mortales donde las víctimas son niños y adolescentes. La mayoría víctimas de armas de fuego, otros por heridas con arma blanca.

“La bala lo dejó parapléjico, a pesar de las terapias, no pudo recuperar el movimiento en las piernas. Eso no ha sido obstáculo para que cumpliera algunos sueños”, dice Nancy.

Mario cursa el primer año del ciclo básico y quiere ser bombero para salvar vidas en honor a su hermana fallecida.

Pese al ánimo de Mario, quien ahora tiene 12 años, su sueño podría quedar frustrado. La falta de movimiento en las piernas le ha provocado daño en los riñones, condición que se complica de forma acelerada.

La falta de recursos complica a la familia para poder trasladarlo al hospital para que reciba  los tratamientos adecuados, según los familiares. 

• Sí desea ayudar a Mario y su familia, puede comunicarse al número  4384-5582 o dirigirse a 10a. avenida 7-19, zona 3, colonia Trinidad en la capital.

Violencia imparable

Lo que alerta a las autoridades por la creciente ola de violencia contra la niñez y adolescencia es que entre los casos se reportan víctimas estranguladas; en uno de los casos conocidos este año, el menor estaba por cumplir un año.

La Fundación Refugio de la Niñez estableció  que  en  enero pasado, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif),  505 infantes y jóvenes  fueron víctimas de la violencia, abuso o maltrato físico.

Las estadísticas del primer mes de 2016 resaltan que del total de víctimas, 55  fallecieron, 49 fueron baleadas durante ataques directos o indirectos,  tres  murieron por heridas causadas por algún tipo de cuchillo o  machete,  dos  estrangulados y uno decapitado.  

“Las muertes por armas de fuego ocupan las cifras más elevadas, se registran menos que en enero de 2015; sin embargo, es lamentable observar los datos donde dos niños fueron estrangulados”, comunicó la Fundación.

Los niños también son víctimas de algún tipo de abuso, los datos revelan que 361; sufrieron abusos sexuales;  70, maltratos, y el resto recibió alguna herida de bala o cuchillo.

Abuso y maltrato 

• En enero se reportó 16 niños entre 1 a 9 años abusados.
• Se reportan 450 casos de maltrato físico contra niños y jóvenes.
• A 361 niños y adolescentes se les hizo algún tipo de prueba por delitos sexuales en el Inacif.
• De esa  cantidad 323 niñas fueron evaluadas y el resto eran hombres.
• A dos  niños de un año se les hicieron los exámenes médicos para determinar algún tipo de abuso.
• Según el  reporte 120 adolescentes se sospecha fueron abusados.
• En ese  mismo periodo sufrieron maltrato físico 70 niños y adolescentes: 26 hombres y 27 mujeres.
• En esa  misma fecha fueron heridos de bala  13 niños.

La Mesa a Favor de las Niñas, integrada por organizaciones nacionales  e internacionales como OnuMujeres, Save the Children, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Aprofam y El Refugio de la Niñez, solicitó este viernes que el Congreso apruebe una ley para elevar la edad legal del matrimonio a los 18 años.

María Machicado, representante de OnuMujeres en el país cuestionó que la legislación guatemalteca no permite a una mujer menor de 18 años votar, pero si le permite contraer matrimonio, una decisión que requiere la madurez que no se tiene en la adolescencia.

Por su parte, Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez, aseguró que la mayoría de matrimonios se efectúa de manera forzada y por servilismo; generalmente con hombres que duplican o triplican la edad de la mujer.

Según las cifras oficiales presentadas por la Mesa a Favor de las Niñas, en el 2013 se registraron mil 15 matrimonios de niñas menores de 14 años, pero esta no incluye las uniones de hecho; además, entre el 2009, cuando se aprobó la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, y el 2012 hubo 80 mil 151 casamientos de mujeres menores de 18 años.

Aunque el Código Civil de Guatemala permite los matrimonios en menores de 14 años con el consentimiento de los padres, los integrantes de la mesa aseguraron que esta decisión perjudica a la niña, pues se le niega el derecho a un desarrollo pleno y se pone en peligro su salud.

Según la más reciente encuesta de Salud Materno Infantil, efectuada en el 2008, reveló que el 30 por ciento de mujeres casadas lo hizo antes de cumplir la mayoría de edad.

“Al fijar los 18 años como edad mínima se establece un objetivo y garantiza que las niñas, niños y adolescentes sean capaces de dar su consentimiento pleno y libre, y que contarán con el nivel de madurez necesaria antes de contraer matrimonio”, señala la mesa.

Unicef considera que Guatemala había avanzado desde 1989 en cobertura en educación primaria, reducción de la mortalidad infantil, incremento en vacunación y combate de la desnutrición, pero la mayoría de esos “escasos avances” están en peligro de estancarse o de retroceder, debido a la falta de inversión social.

La poca priorización política, la ineficiencia del gasto público y la corrupción son otros factores que afectan a los niños, según el ente de ONU.

Para el 2014, Guatemala se posicionó en el cuarto puesto de los cinco países centroamericanos en inversión para la niñez, pues se destinó el 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Este gasto también se considera el más bajo de América Latina.

“La conquista social de los derechos humanos en general, y de los derechos de la niñez en particular, a la vida, una vida digna, salud, nutrición, educación y protección contra todo tipo de abuso, maltrato o violencia está hoy en peligro. Las autoridades y la sociedad deben actuar con urgencia para evitar una catástrofe social”, afirmó Christian Skoog, representante de Unicef en el país.

Desprotegidos

Leonel Dubón, de El Refugio de la Niñez, aseguró que el sistema de protección a los niños ya se perdió y que son las instituciones del Estado las que han contribuido con esta situación.

Dubón señaló que fue durante la administración de Otto Pérez Molina cuando se agudizó la situación, aunque ningún gobierno, incluidos los de corte social, han tenido como prioridad a los niños.

Según información oficial, durante el 2014 se dejó de vacunar al 45 por ciento de los niños menores de 5 años que debían ser inmunizados. Además, inscribió en primaria a 57 mil niños menos que en el 2013, cuando también se inscribió a 91 mil 160 menos que en el 2012.

Según el director de la organización, durante los últimos tres años también se elevaron las cifras de violencia contra los menores.

Al contrario, según el anteproyecto de presupuesto para el 2016, la inversión en la niñez se reduciría el próximo año, de aprobarse en el Congreso, de 3.5 a 3.2 por ciento del PIB, lo cual pondría en mayor peligro a los niños.