Tránsito ingobernable: Los fracasos por regular el transporte y reducir los accidentes

Chalecos reflectivos para motoristas, reductores de velocidad para camiones, seguros obligatorios para taxistas y retiro de buses antiguos son medidas que se han tratado de implementar con la intención de reducir percances viales.

José Manuel Patzán

20 de marzo de 2025

|

11:00h

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Las protestas por la oposición a un seguro obligatorio y otras normativas han sido constantes desde gobiernos anteriores.(Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)

La obligación de contratar un seguro de responsabilidad contra terceros y ocupantes se suma a los intentos fallidos por abordar la problemática en los accidentes de tránsito durante varios gobiernos. Se considera que los percances viales son la principal causa de muertes en Guatemala, por encima de la criminalidad. En 2024, fallecieron 2 mil 365 personas por accidentes de tránsito en todo el país: cada día mueren tres personas por colisiones de motocicletas. Luego de dos jornadas de protestas y bloqueos en todo el país que causaron miles millones de quetzales en pérdidas, el gobierno de Bernardo Arévalo dio marcha atrás en la medida.

Así, el seguro obligatorio que se reglamentó casi tres años después, se suma a otros intentos infructuosos por poner orden en el tránsito, debido a la oposición de los distintos sectores.

En febrero de 2021, grupos de taxistas provenientes de distintos puntos de la metrópoli causaron caos vehicular cuando recorrieron la ciudad hasta llegar al Palacio Nacional de la Cultura, en el Centro Histórico, donde se manifestaron en contra del Decreto 17-2020, que establece la implementación de un seguro obligatorio para vehículos de uso comercial, urbano, de carga y de pasajeros.

Los conductores argumentaron que ellos no forman parte del transporte público de pasajeros, sino que ofrecen un servicio privado de transporte de personas, por lo que consideraron que el decreto viola su derecho a la igualdad. Este acuerdo, especificaba el reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga.

Los taxistas afirmaron que había disposiciones que no están bien redactadas, ya que, según el Reglamento de Tránsito, el transporte público es el que traslada personas. Por ello, no están de acuerdo con que se les calcule una prima de seguro en las mismas condiciones. Después de varias prórrogas, protestas y bloqueos, la medida fue derogada por el presidente Alejandro Giammattei.

Los taxistas asociados sí estaban de acuerdo con el seguro que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo lanzó el 17 de marzo pasado, no así los llamados “taxis piratas”, que protagonizaron varias protestas y bloqueos en la capital guatemalteca durante el 18 y 19 de marzo.

Durante una conferencia de prensa del 19 de marzo, la secretaria privada de la presidencia, Ana Glenda Tager, mencionó que también se discutían unos acuerdos en el Ministerio de Comunicaciones y que estos también podrían ser motivo de protesta.

Según fuentes de esa dependencia, se trata de reformas al reglamento de pesos y dimensiones pesados, con las cuales buscan regular el uso de básculas para verificar la carga que transportan los vehículos y así prevenir el deterioro de puentes y carreteras.

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Reductor de velocidad

El 2 de noviembre de 2019, con varios camiones y cabezales, representantes del transporte pesado efectuaron una manifestación pacífica en la ciudad en contra del Acuerdo Gubernativo 38-2009, que los obliga a colocar en los vehículos un sistema de control o reductor de velocidad para no superar los 80 kilómetros por hora.

Este tipo de dispositivos, según los expertos, tiene mejor funcionamiento en pendientes muy pronunciadas o cuando se necesita arrastrar otro vehículo pesado.

El descontento se debe a que, según los conductores, hay maneras más económicas de regular la velocidad en comparación con la medida que estipula el mencionado acuerdo.

Los pilotos aseguraron que, al instalar un aparato regulador, serían víctimas de una estafa, puesto que las unidades se pueden gobernar por medio de una computadora con un costo de entre Q100 y Q150, mientras que las empresas certificadas para instalar el dispositivo les cobrarían Q4 mil. También afirmaron que las unidades sufrirían daños, ya que se forzaría la bomba de combustible.

El 14 de noviembre de ese año entraría en vigor el acuerdo. Sin embargo, ante las amenazas de los transportistas de efectuar paros laborales y otras acciones de hecho, la medida fue prorrogada nuevamente por tiempo indefinido.

Por incumplir con la instalación del regulador de velocidad, se estipulan sanciones como la suspensión del vehículo por seis meses y una multa equivalente de cinco a diez salarios mínimos. En caso de reincidencia en el incumplimiento de la normativa, que sigue vigente, la suspensión será por cinco años.

Buses antiguos

Según el artículo 38 del Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Transporte, no pueden circular buses con más de 25 años de antigüedad. Sin embargo, la medida no se cumple, a pesar de que en gobiernos anteriores se ha tratado de implementar.

Las gremiales de transportistas se han opuesto, al afirmar que no tienen los recursos económicos para reemplazar las unidades, debido a que el sistema bancario tampoco les autoriza créditos, con el argumento de que su trabajo es uno de los más vulnerables ante la violencia.

Ante la oposición de los conductores, Ana Elizabeth Velásquez Rodríguez, quien preside la Dirección General de Transportes (DGT), estableció mesas de diálogo con los empresarios y les propuso retirar la restricción que impide la circulación de buses con más de 25 años de fabricación, a cambio de que estos acudan a una empresa certificadora que haga constar que el vehículo es apto para circular.

Los pilotos indicaron que en Guatemala no hay empresas certificadoras y que estas tendrían que llegar al país para evaluar las unidades, lo que, según ellos, representaría altos costos de funcionamiento que se reflejarían en las tarifas del pasaje.

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Contrapropuesta

Carlos Vides, presidente de la junta directiva de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), dice que continúan las reuniones con delegados de la Dirección General de Transportes (DGT) y del Ministerio de Comunicaciones. Su propuesta es que la certificación de los buses se realice en talleres particulares debidamente registrados en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) o que una empresa certificadora llegue al país para evaluar varios talleres y garantizar que cumplan con las revisiones.

“La certificación de un bus con los estándares que solicita la DGT tiene un costo de Q7 mil. Se revisan frenos, carrocería, emisión de gases, motores, inyección, llantas, sistema eléctrico y las revoluciones, pero en Guatemala no hay una empresa certificadora que cumpla con los estándares de la DGT”, indicó.

Agregó: “Que quede claro que nosotros queremos mejorar el transporte en general para que ya no haya más accidentes”.

Vides añadió que otra propuesta es que los transportistas reparen los buses en sus propios talleres y que un certificador verifique que todo se encuentra en perfectas condiciones.

Chaleco para los motoristas

En agosto de 2013, con la publicación del acuerdo Gubernativo 289-2013, que reforma el reglamento de tránsito, se estableció que los motociclistas debería usar un chaleco anaranjado y un casco con la placa del vehículo, la cual debía ser visible a una distancia de cinco metros. De igual manera la medida generó una serie de protestas. Actualmente la medida no se cumple y pocos son los motoristas aún utilizan el chaleco reflectivo.

El acuerdo también establece que tampoco pueden viajar más de dos personas en el vehículo de dos ruedas para evitar accidentes de tránsito. Y tampoco se cumple.

González murió a los 60 años, era originario de esa misma localidad y fundador de los transportes González, así como de las rutas Califa.

Las redes sociales muestran la peculiar despedida que los pobladores dieron al empresario. 

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Con su ataúd sobre un autobús, seguido de una caravana de otras unidades de transportes ataviados de flores y coronas, el sepelio avanzaba lentamente.

Pobladores portaban arreglos florares al ritmo de la música de banda.

En las redes sociales vecinos expresaron su consternación y palabras de aliento a la familia.

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Las extorsiones se activan a medida que el país comienza a abrir su economía

Hay tres grupos dedicados a las extorsiones e identificados por las autoridades: el Barrio 18, la Mara Salvatrucha y los imitadores, este último es un grupo de delincuentes que no pertenecen a las gavillas pero simulan serlo, para infundir miedo en sus víctimas.

Entre julio y septiembre, se registró alza en las denuncias de extorsiones, que durante todo el año ya acumulan más de cuatro mil 475, pero son menos respecto del mismo período del 2019 —diferencia de 529 denuncias—.

Emma Flores, jefa de la Fiscalía contra Extorsiones, explicó que el 70% de esas denuncias proviene de llamadas extorsivas efectuadas por imitadores desde las prisiones.

El trabajo de la Fiscalía también ha permitido identificar que los sectores que más denuncian extorsiones son los comercios, que en septiembre acumularon casi el 60% de las quejas presentadas. Le siguen el transporte y los restaurantes.

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Requisas

David Boteo, jefe de la Unidad Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó que por la pandemia les ha sido difícil ejecutar requisas de forma constante en los centros carcelarios, pero la falta de esas acciones deja la puerta abierta a los extorsionistas.

Según Boteo, a los reos extorsionistas de Pavón, Fraijanes, y Cantel, Quetzaltenango, se le han encontrado celulares durante las revisiones, los cuales han ingresado a través de encomiendas, ya que las visitas están suspendidas.

“Lo que se quiere es que haya menos comunicación, y en el caso de las llamadas extorsivas de imitadores que no culminan en extorsión, porque no se les efectúa el pago, sí han ido en aumento. Pero en el caso de la extorsión de las pandillas que sí son reales, han disminuido. ¿Por qué? Porque hemos capturado a buenos objetivos, hemos incautado armas, drogas e indicios en su contra”, puntualizó Boteo.

Además, señaló que, con el restablecimiento de la economía, los pandilleros tomaron otras alternativas para tener ingresos económicos como el microtráfico y venta de drogas. “Están teniendo otras opciones, se están apropiando de todos los puntos de drogas que están en los barrios marginales”, agregó.

Boteo refirió que las personas en la provincia acceden a efectuar los pagos a los pandilleros, porque en la capital las víctimas tienen mayor conocimiento e información de su forma de operar y el área más afectada por estos grupos de imitadores es Quetzaltenango, Escuintla, Jalapa y Huehuetenango.

“La gente en el interior no está acostumbrada a este tipo de amenazas y por lo mismo acceden a pagar. No hay riesgos, pero las llamadas que reciben son muy amenazantes y por lo mismo no denuncian”, advirtió.

Carlos Morales, vocero del Sistema Penitenciario, informó que 79 requisas han realizado en las cárceles hasta septiembre, mientras que en el 2019 fueron 305 durante todo el año. Además, afirmó que han incautado teléfonos celulares y drogas, pero no precisó cuántos ni qué clase de narcóticos.

Prevención

El pasado 20 de agosto, las autoridades trasladaron a 39 miembros del Barrio 18, entre los cuales figuraban los integrantes de la Rueda y los cabecillas más importantes de la pandilla, al Preventivo para Hombres de la zona 18, pero una semana después fueron distribuidos en diferentes centros carcelarios, para reducir las extorsiones en el país.

Además, en marzo pasado, el Ministerio de Gobernación (Mingob) trasladó a más de 210 integrantes de la Mara Salvatrucha de Fraijanes 2 a Pavoncito.

Boteo explicó que el traslado de los pandilleros del Barrio 18 redujo el riesgo de los ataques armados contra pilotos, transportistas y comerciantes.

Mientras que en el caso de la Mara Salvatrucha, explicó que están distribuidos en dos cárceles: El Boquerón, Santa Rosa, en donde hay “sublíderes” –prisión de la cual se escaparon 14 miembros de esa pandilla, aunque las fugas fueron detectadas en el 2016, y se desconoce cuánto tiempo llevaban en las calles— y en Pavoncito.

En opinión de Évelyn Espinoza, socióloga especializada en criminología, era de esperarse que subieran las denuncias con la reapertura de la economía, y sugirió que la Fiscalía relance su campaña para motivar que las víctimas de extorsiones denuncien, pero de manera simultánea deben demostrar los resultados a la ciudadanía, haciendo públicos sus logros y no solo arrestar a los sospechosos, sino también llevarlos a juicio.

“Me parece que eso puede no solo aumentar la confianza en denunciar, sino también puede tener un efecto disuasorio en quienes se involucran en este tipo de actividades”, puntualizó Espinoza.
La PNC y la Fiscalía trabajan en planes para reducir las extorsiones, en conjunto con otras entidades, como bancos, para tener control sobre las cuentas donde se hacen los depósitos de las exacciones.

Así le contamos

Tres kilómetros de angustia durante asalto en Chimaltenango

De ese lugar, el piloto de la unidad condujo el bus al menos 11 kilómetros hasta llegar a la estación bomberil de El Tejar, Chimaltenango, para pedir auxilio. Del lugar, los bomberos trasladaron al hospital de Chimaltenango a Pedro Castro Chitop, 40 años, quien murió al ingresar a la emergencia.

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Además, Diego Mejía Umul, 65, Pedro López, 28, y Gabriel Santos Saloj López, 22, se encuentran en estado delicado. 

Según lo relatado por pasajeros, Pedro López estaba tirado en la carretera, pues se supone que se tiró del bus, pero aseguraron que no era usuario, por lo que las autoridades investigan de quién se trata. 

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Otro Caso

Los crímenes dentro de buses de transporte colectivo son recurrentes, como lo muestra el siguiente video. Momentos de pesadilla vivieron pasajeros de una unidad que se dirigía rumbo a Joyabaj, Quiché. Un sicario forcejó con la víctima, pero luego logró cometer el crimen. El caso ocurrió en El Tejar, Chimaltenango, en octubre del 2016.

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Rutas alternas

“Las cosas se pueden complicar si las autoridades no encuentran una solución de inmediato”, advirtió.
El tramo forma parte de los 140 kilómetros de la carretera que conduce de Cocales, en Suchitepéquez, a Tecún Umán, San Marcos, y que debía rehabilitar y ampliar de dos a cuatro carriles la constructora brasileña Odebrecht, señalada de corrupción junto a decenas de políticos en toda América Latina.

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Daños en iglesia y vivienda

Un deslizamiento de tierra dañó las paredes de una iglesia de San Pedro Cutzán, Chicacao, Suchitepéquez, y también se registraron inundaciones en Las Palmas, Coatepeque, Quetzaltenango.

Washington D.C., Maryland, Virginia, Pensilvania, Carolina del Norte y Tennessee están en estado de emergencia y la alcaldesa de la capital, Muriel Bowser, advirtió el viernes de que se trata de una tormenta “de vida o muerte”  que las autoridades están afrontando como un asunto “de seguridad nacional”.

La tormenta se afronta con especial expectación en Washington, una ciudad no acostumbrada a lidiar con la nieve y donde podría alcanzarse una acumulación que supere el récord alcanzado en enero de 1922, con 71 centímetros.

Se prevé que Nueva York reciba la fuerte tormenta desde mañana, sábado, a primera hora y su alcalde, Bill de Blasio, ha pedido a los ciudadanos que se queden en casa todo el fin de semana hasta que las autoridades puedan limpiar la nieve, que podría alcanzar los 30 centímetros.

En Filadelfia, que ha cancelado todos los vuelos de su aeropuerto para el sábado, la nieve podría llegar a los 50 centímetros.

En el conjunto del país se han cancelado tres mil 289 vuelos que debían salir hoy y tres mil 456 previstos para mañana, según el recuento de la web FlightAware.

“Estamos hablando de una nieve húmeda y pesada, y de vientos muy potentes que podrían hacer caer árboles y provocar cortes eléctricos a gran escala”, explicó hoy la alcaldesa de Washington.

Bowser pidió a los ciudadanos que se abastezcan de todo lo necesario para pasar al menos 72 horas sin salir de sus casas, una recomendación que la ciudad se tomó en serio, a juzgar por las largas filas y los estantes vacíos que pudieron verse en los supermercados desde el jueves.

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Transporte

El metro de la capital, que sirve también a los vecinos estados de Maryland y Virginia, cerrará hoy a las 23, hora local, hasta por lo menos el lunes, algo que no había ocurrido desde el huracán Sandy de octubre del 2012, que obligó a parar el servicio durante 36 horas.

Los directivos del metro tomaron esta medida, que ha disgustado a muchos ciudadanos, por temor a que un corte eléctrico de gran escala provocado por los fuertes vientos dejara a pasajeros atrapados en los túneles.

Los autobuses dejaron de funcionar antes, a las 15 horas de hoy, momento en el que las autoridades pidieron que todos los ciudadanos estuvieran ya recogidos en el lugar donde se vayan a quedar hasta que se termine la tormenta y se hayan habilitado las calles y carreteras.

El Gobierno federal cerró sus oficinas hoy al mediodía y también lo hizo el Capitolio, sede del Congreso, donde los legisladores tienen libre al menos hasta el martes.

En empresas y organismos de la ciudad se dio a los trabajadores la opción de trabajar desde casa.

Desde hoy al mediodía y durante el fin de semana también estarán cerrados los principales centros turísticos de la ciudad, la explanada del National Mall, los memoriales y el Zoológico, aunque los organizadores de una marcha nacional antiaborto mantuvieron sus planes de manifestarse por la tarde en el centro de Washington.

La tormenta también afecta a la campaña electoral. El precandidato republicano Chris Christie anunció hoy en Twitter que se iba de Nuevo Hampshire, donde pronto se celebrará una de las primarias clave, para ejercer su tarea de gobernador de Nueva Jersey durante esta situación de emergencia.

Los estados amenazados por la tormenta tienen más de un millón 997 mil 750 toneladas de sal preparadas para tratar sus carreteras y autopistas y Carolina del Norte ha movilizado a cien agentes de la Guardia Nacional.

En Nashville  (Tennessee) se vieron los primeros conductores atascados en las carreteras nevadas y la Policía local reportó 12 accidentes con heridos y más de 200 sin heridos.

Un avión de United Airlines derrapó al aterrizar en Chicago y la compañía lo atribuyó al mal tiempo, pero no hubo heridos.

En el área metropolitana de Atlanta  (Georgia) se pidió a los conductores que salgan de las vías antes de las 15 hora local.

Además, más de dos mil personas se han quedado sin electricidad en el condado de Davidson  (Tennessee) y centenares en Virginia.

Las autoridades esperan que este tipo de incidencias vayan en aumento a medida que avance una tormenta de la que, dicen, se hablará durante generaciones.