La aprobación tendrá lugar este viernes en el primer consejo de ministros tras el receso estival, precisó.
La historia de Josefa Hernández, de 63 años y enferma de diabetes, condenada por edificar sin autorización en un terreno heredado de sus padres pero protegido por hallarse en un paque rural en las islas Canarias, provocó una fuerte movilización social en los últimos días.
Unas cien mil personas habían firmado este martes una petición difundida en internet pidiendo el indulto de la mujer, condenada a 700 euros de multa y a derribar la vivienda en la que vive con una hija discapacitada, un hijo desempleado y tres de sus nietos.
“Mi madre ya pagó la multa y se compromete a tirar la casa que construyó, una vez consiga una vivienda para su familia”, asegura otra de sus hijas, Minerva Zerpa.
Los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, indignados que luchan contra el desalojo de familias sin recursos, organizaron manifestaciones de apoyo a Josefa en Canarias el lunes por la tarde, momento en que la anciana ingresaba en prisión por negarse a echar la casa abajo.
En un país sumido en la crisis desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, los españoles se muestran cada vez más indignados por la falta de ayudas a las personas desfavorecidas al tiempo que se rescata a la banca o se multiplican los escándalos de corrupción.
Los dos partidos emergentes -el izquierdista Podemos y el centrista Ciudadanos- que ganan terreno en España denunciando la austeridad y la corrupción, habían sumado sus voces a las peticiones de indulto.
