Estados Unidos recientemente presentó el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, cuyo principal lineamiento es evitar la emigración ilegal a la Unión Americana, a través de la implementación de proyectos productivos, el desarrollo del capital humano, la mejora en la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, y el fortalecimiento de las instituciones públicas.

Empero, parece oportuno hacer algunas acotaciones críticas sobre este recetario de crecimiento económico y de defensa hemisférica; y no de una alternativa de desarrollo sustentable para lograr la justicia social.

El documento no plantea un abordaje integral sobre el fenómeno migratorio. Es decir, no existe una visión desde la sociología del desarrollo sobre esta temática, los migrantes son comprendidos como una variable residual de la economía política, de las políticas públicas neoliberales, y de Estados indiferentes y frágiles.

El Plan es una versión reciclada y reivindicativa de la Alianza para el Progreso (ahora con un enfoque neoconservador), del Área de Libre Comercio de las Américas, del Plan Puebla Panamá, de la Iniciativa Mérida y del Proyecto Mesoamérica, donde tienen una influencia directa la Usaid y los organismos multilaterales de crédito (FMI, BID, BM, BCIE y BIRF), buscando afianzar la política exterior de EE. UU. en la región: a) seguridad y defensa; b) comercio e industria; y c) Ayuda Oficial al Desarrollo.

En este sentido, el Plan orgánicamente busca crear las condiciones ad infinitum para atraer la inversión extranjera directa y nacional en zonas económicas exclusivas (con privilegios fiscales y seguridad oficial) libres de aranceles a la importación/exportación (maquilas textiles, acuicultura, calzado, parques industriales y corredores tecnológicos), pero también con una agresiva agenda en la industria extractiva (petróleo, hidroeléctricas, minería a cielo abierto, infraestructura multimodal y gasoductos), donde las transnacionales de América del Norte y Europa son los agentes económicos a capitalizar, y donde, para variar, el componente ecológico/medioambiental no figura estratégicamente en el Plan.

En esencia, el Plan conlleva una nueva oleada de privatización de los pocos servicios públicos vigentes (carreteras, áreas protegidas, líneas férreas, frecuencias radioeléctricas, puertos, aeropuertos y ejidos comunales), aunado a la justificación de combatir el narcotráfico y terrorismo, pisoteando soberanías nacionales, pero, sobre todo, acrecentando las utilidades de la industria armamentista estadounidense.

Además, el Plan ya no solo pretende crear alianzas público-privadas o financiamiento de bancos privados internacionales, sino también crear partidas presupuestarias en los Estados miembros para financiar los “modelos de desarrollo” inclusivos, democráticos, éticos y humanos.

Finalmente, el Plan busca recolonizar una zona geoestratégica por la riqueza de recursos naturales, para contrarrestar políticamente los nuevos aires del Triángulo Sur de Centroamérica (evitar el nacionalismo sudamericano), por controlar el mercado de la droga y para rentabilizar el DR-Cafta.

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