“El caso está al fin, no va a haber juicio. Los dos lados hemos llegado a un acuerdo”, manifestó Jorge Ortega, uno de los defensores de Rubio, en una improvisada rueda de prensa tras la audiencia.
En el mismo sentido se pronunció Jay Levy, abogado del empresario Carlos Gutiérrez.
“El caso está resuelto. Las partes han llegado a un acuerdo”, expresó el representante legal de los demandantes.
El anuncio del acuerdo frente a la magistrada Abby Cynamon tuvo lugar después de un proceso judicial de tres años y medio, en el que ambas partes se habían mostrado determinadas a ir a un juicio por jurado.
Tras innumerables postergaciones, el inicio del juicio estaba previsto para el lunes, pero unos minutos antes de su inicio ambas partes se presentaron ante la jueza para decirle que daban por finalizado el proceso ya que habían sellado un pacto confidencial.
A la audiencia de menos de cinco minutos, realizada antes de la hora prevista para el inicio del juicio, no acudió Rubio. Sí, en cambio, estuvieron Gutiérrez, Levy; y los defensores de la cantante mexicana, Rey D’Orta y Ortega.
También acudieron varios testigos que preveían presentar los demandantes.
La demanda fue presentada en noviembre del 2010, cuando Gutiérrez, la corporación Cultural Viva la Música y el Fondo Mixto de Cultura de Bocaya denunciaron que en agosto de ese año Rubio incumplió un contrato firmado con antelación, que estipulaba su presentación en un concierto del Festival Internacional de Cultura de Bocaya.
En un principio los demandantes reclamaban una indemnización de 1 millón de dólares, pero después la redujeron a unos US$800 mil, según había indicado la defensa de Rubio antes del acuerdo.
Ninguna de las partes reveló si el acuerdo estipulaba una indemnización monetaria, ni cuál sería su monto. Ambos abogados dijeron a la AP que el acuerdo era confidencial.
Gutiérrez no respondió de inmediato mensajes telefónicos ni correos electrónicos de la AP la mañana del lunes.
Durante el proceso judicial iniciado en 2010, Rubio alegó que no pudo acudir al concierto por problemas con el transporte aéreo a Tunja, y no por falta de interés. Aseguró que los organizadores fallaron a su compromiso de ofrecerle el traslado en una avioneta privada y por eso ella tuvo que contratar la aeronave.
Los demandantes, por su parte, afirmaron que el contrato establecía que la artista tenía que viajar en avión desde Medellín a Bogotá, y desde allí recorrer unos 130 kilómetros en automóvil hacia el noroeste, hasta Tunja, donde no hay aeropuerto comercial.
Eunice Sigler, portavoz de los tribunales, explicó que las partes deberán presentar ahora un documento notificándole al tribunal por escrito que han llegado a un pacto. La corte cierra el caso una vez que revisa esos papeles.
Por lo general esos documentos se presentan la misma semana que se anuncia el acuerdo verbalmente, explicó Sigler.
Ortega, el abogado de Rubio, dijo que los documentos serán confidenciales.