El nuevo escenario nos plantea retos añadidos en la atención de estas personas. Por un lado, uno de sus principales recursos ya no genera confianza ante el riesgo de rebrotes u otras pandemias futuras. Por otro lado, es necesario seguir avanzando en la construcción de un modelo de cuidados que haga efectivos derechos reconocidos.

El actual sistema no garantiza una asistencia de calidad y a duras penas puede asumir los desafíos sanitarios y demográficos actuales ni futuros.

Una solución está en dirigir todos los esfuerzos hacia métodos más cercanos a los planteados de otros países, especialmente del norte de Europa. En estos territorios tienen experiencia acumulada en la atención a situaciones de dependencia, desde un enfoque público y de derechos.

Mientras, en el sur de Europa, todavía llevamos el peso de la tradición conservadora de hacer a la familia un espacio prioritario de cuidados, lo que se refleja en lo limitado de los servicios y prestaciones disponibles.

Una línea de trabajo e investigación relativamente reciente en nuestro país es centrar la atención en la persona y su entorno. Para ello, se tiene que reforzar la autonomía de la persona dependiente a través de una figura reconocida legalmente pero a la vez olvidada por las administraciones: el asistente personal.

En esta “nueva normalidad” y en la realidad posterior a la pandemia, podría jugar un papel importante en la construcción de la autonomía de las personas que necesitan cuidados.

Este modelo de asistencia lleva tiempo en el debate social y está reconocido como prestación económica dentro del Catálogo de Prestaciones de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, apenas se ha puesto en marcha y las experiencias de personas beneficiarias de esta prestación son contadas.

Las consecuencias directas son la pérdida de autonomía y el incumplimiento del derecho a una vida independiente de las personas mayores así como la no consideración de sus preferencias personales.

A 30 de abril de 2020 había en España 1 411 021 personas reconocidas como dependientes. 261 616 de ellas no reciben prestación. Del total de prestaciones concedidas, tan sólo el 0,56% son atendidas por un asistente personal.

Pero, ¿qué es un asistente personal?

Hay que entender esta figura en un sentido amplio del concepto de necesidades de la persona. Según Rodríguez-Picavea, A. y Romañach J. (2006) es “la persona que realiza o ayuda a realizar las tareas de la vida diaria a otra persona que por su discapacidad y/o situación de dependencia no puede realizarlas por sí mismo/a o le resulta muy difícil hacerlas, permitiendo así que pueda llevar una vida independiente”.

Actualmente, el servicio de ayuda a domicilio brinda a muchas personas los apoyos mínimos necesarios para mantenerse en su entorno. El asistente personal va más allá, busca atender necesidades pertenecientes al nivel de la autorrealización, reconocimiento o integración social.

Estas necesidades, cada vez son más importantes porque los perfiles de las personas mayores han cambiado mucho en los últimos tiempos. Quieren ser escuchados por la administración y que se garantice no sólo su derecho a seguir viviendo en su propia casa, sino su integración comunitaria.

A pesar de su importancia, solo contamos con experiencias puntuales en algunas comunidades autónomas. De hecho, en algunos casos, ha sido desarrollada solo para aquellas personas dependientes con edades comprendidas entre 18 y 64 años, un ejemplo más de discriminación por razón de edad.

La autonomía e integración de los mayores y discapacitados es un derecho subjetivo que no puede ser cercenado por la inactividad de las administraciones. Es ahora, catorce años después y quizá como respuesta a la pandemia del coronavirus, cuando algunas comunidades autónomas anuncian su puesta en marcha inminente.

Es el caso de la comunidad asturiana con la tramitación de la cartera de servicios y prestaciones económicascon el objetivo de fomentar la vida independiente.

Conseguir una vida independiente con ayuda

El asistente personal tiene que convertirse en una prestación relevante del nuevo modelo de cuidados en la post pandemia. Hará posible conjugar los derechos, deseos y necesidades de los dependientes con una atención centrada en la persona y más ajustada a los nuevos paradigmas socio sanitarios.

Es una figura que ya está regulada y que se adapta a la nueva situación, puesto que protege a un colectivo especialmente vulnerable a través de la distancia social y la atención domiciliaria. Además, más allá de los cuidados sanitarios, permite avanzar en el desarrollo de los derechos reconocidos a la ciudadanía en situación dependiente.

La labor de estos asistentes es muy amplia. Pueden ayudar en las tareas de atención, cuidado y del hogar, gestiones educativas, laborales, socioculturales y de envejecimiento activo garantizando el derecho a una vida independiente.

Reclamar el desarrollo de esta figura no es algo nuevo, pues hace tiempo que lo vienen reivindicando los colectivos de personas con diversidad funcional, que lo consideran fundamental para cumplir con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.

La novedad es el cambio en las circunstancias de atención a todas las personas que necesitan apoyo para su autonomía como consecuencia de la pandemia. El nuevo escenario lleva a debates que plantean respuestas innovadoras, de tramitación larga y resultado incierto. Sin embargo, no vendría mal revisar el uso que se está dando a algunos recursos que ya están incorporados al sistema de atención a la dependencia, pudiendo ser el asistente personal un buen ejemplo.

*Eva María Sánchez Díaz, Doctoranda de segundo curso del Programa de Doctorado de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. Línea de investigación: Análisis Socio Económico., Universidad de Oviedo and José Pablo Calleja Jiménez, Associate professor, Universidad de Oviedo

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