La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) denunció al jefe edil por el vertedero municipal a cielo abierto, en especial por el incendio que se inició desde diciembre del 2016 y que continuó hasta febrero del 2017. Además, por las plagas de moscas y contaminación que la basura genera a las comunidades cercanas.
“Este antejuicio es un seguimiento a una resolución de la PDH en la cual se establece que hay violación a los derechos humanos por un ambiente sano y seguro, de oficio primero nosotros fuimos a verificar el basurero y luego en seguimiento a la resolución, como las autoridades no hicieron nada, se incluyeron quejas de vecinos a quienes les afecta el humo y la proliferación de moscas”, señaló Celeste Burgos, oficial analista de la PDH en Quetzaltenango.
Personal del Ministerio Público, para reunir evidencias, entrevistó a recolectores de basura y vecinos del área sobre los problemas que causa el vertedero.
Un recolector señaló que controlar el incendio fue muy difícil por la extensión del basurero y por los desechos que contienen material inflamable. Vecinos señalan que genera demasiada contaminación.
En este caso, la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal nombró como juez pesquisidor a Óscar Alvarado Guevara, quien será el encargado de escuchar a las partes y recibir las pruebas para luego presentar su informe. La Sala decidirá si proceden los señalamientos contra el alcalde.
El MP también entrevistó a comunitarios del sector 2 de Chuicaracoj, quienes expresaron a las autoridades que el botadero genera demasiadas complicaciones a la comunidad, entre estas la contaminación, así mismo indicaron que a pesar de los problemas que genera la basura no hay una propuesta para solucionarlos, solo promesas de las autoridades.
