Actualmente, se estima que la contratación pública representa en promedio, del 10% al 15% del PIB de una economía. Por ende, es un ámbito que representa un aspecto cada vez más relevante del comercio internacional. El acuerdo original fue firmado en 1994 en Marrakech, junto al Acuerdo por el que se estableció la OMC.

En los últimos años, las Partes decidieron revisarlo y el nuevo acuerdo modificado fue adoptado en 2012. A la fecha, 45 Miembros se han adherido; otros 30 Miembros y 4 organizaciones internacionales participan en calidad de observadores en el Comité de Contratación Pública, destinado a supervisar la aplicación de este acuerdo.

En cuanto a su ámbito de aplicación, el ACP abarca la adquisición pública de bienes, servicios y servicios de construcción.

Cada Parte se compromete a brindar acceso a sus mercados de contratación pública en estos rubros, de conformidad con lo estipulado en sus listados de compromisos, así como en los umbrales definidos para este fin. Los tres principios fundamentales consagrados en el acuerdo son la no discriminación, la transparencia y la equidad procedimental.

En la práctica, la implementación del acuerdo ha generado importantes beneficios. Por un lado, sus disposiciones contribuyen a garantizar la apertura de los mercados de contratación pública vis-à-vis a los proveedores de todas las contrapartes. En consecuencia, conforme aumenta el número de países Miembros, se incrementa también el tamaño global del mercado. Se calcula que el ACP ofrece acceso a mercados de contratación pública por un valor anual que supera los 1,700 millones de dólares.

En este sentido, el acuerdo permite ampliar sustancialmente el acceso a proveedores de proyectos de infraestructura tales como la construcción de carreteras, sistemas ferroviarios, puertos y aeropuertos. Esto, a su vez, tiene un impacto directo en la vida diaria de las personas, que perciben mejoras palpables en servicios importantes como la salud, la educación, la defensa y la seguridad pública.

Por otro lado, el ACP contribuye al desarrollo y crecimiento económico, al velar porque las empresas nacionales puedan acceder a mercados extranjeros, en esquemas de mayor competencia y transparencia.

Esta estructura contribuye, por lo tanto, a que los Gobiernos se beneficien de una mejor relación calidad-precio, puedan optimizar el manejo del gasto público, fomenten la inversión extranjera directa y faciliten la transferencia de nuevas tecnologías del extranjero.

Vale la pena mencionar también que existen objetivos de política contrapuestos. En muchas ocasiones los gobiernos pueden utilizar la contratación pública para lograr otros objetivos de política nacional, como la promoción de determinados sectores económicos.

La concesión de trato preferencial a los bienes, servicios y proveedores nacionales discrimina a los proveedores extranjeros y actúa, por tanto, como un obstáculo al comercio en este sector.

En su reciente intervención, durante el Simposio del Acuerdo sobre Contratación Pública, Roberto Azevêdo, director general de la OMC, indicó: “A través de sus disposiciones, el propio Acuerdo promueve la transparencia y el buen gobierno”.

Resaltó también que el acuerdo “es compatible con las buenas prácticas en la contratación pública y sirve como un importante punto de referencia para las reformas de las políticas nacionales…. A su vez, esto puede tener efectos positivos para la eficiencia y también como un medio para atraer la inversión extranjera directa”.