Justicia

Comisionado denuncia campaña  contra Cicig

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, desmintió ayer los rumores sobre su posible salida de la entidad a causa de una enfermedad.

Por Urías Gamarro

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Cicig Iván Velásquez
El colombiano Iván Velásquez fue nombrado por la ONU como jefe de la  Cicig en septiembre del 2013. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca  PL)
El colombiano Iván Velásquez fue nombrado por la ONU como jefe de la  Cicig en septiembre del 2013. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca  PL)

Velásquez escribió ayer  en su cuenta de Twitter: “Las campañas de desinformación son una modalidad de guerra sicológica a la que acuden las estructuras criminales que se resisten a desaparecer”.

En otro tuit  escribió: “Seguimos comprometidos con los guatemaltecos, colaborando en su proceso de reconstrucción de una patria para todos”.

Durante el fin de semana, en redes sociales, circuló información  sobre la posible salida del colombiano de la Cicig a causa de un cáncer que lo obligaría a abandonar Guatemala.

Los rumores en las redes sociales aseguran que Velásquez abandonaría la institución   en medio de las acusaciones penales contra el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, así  como la dimisión de su personal y un fiscal del Ministerio Público (MP) que conocieron esas investigaciones.

Se mencionó  que el sustituto de Velásquez sería el  fiscal peruano Jorge Luis Cortez Pineda, quien investigó  al expresidente de ese país Alberto Fujimori y la red de corrupción que dirigió   Vladimiro Montesinos, político, militar y asesor presidencial de 1990 a,  2000





campañas frecuentes

El comisionado Velásquez ha sido  víctima de campañas de desprestigio desde que desempeñó varios cargos judiciales en Colombia, comentó Diego Álvarez, portavoz de la Cicig.

“Se anticipaba algo similar en Guatemala, y no es raro que las personas que están siendo perseguidas por la justicia  quieran menoscabar a  quienes los conducen  ante  la Ley”, afirmó.

Álvarez dijo que la ciudadanía  debe tener  confianza en que el Comisionado no padece ninguna enfermedad y que continuará con  el mandato.

Velásquez ha dicho en  entrevistas que su contrato con la Cicig es por dos años y que el plazo vence en septiembre del 2016, por lo que será entonces cuando él y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entidad que lo nombró,  decidan su futuro.

El vocero agregó que los  ataques pueden provenir de “las estructuras oscuras”  que quieren continuar con la corrupción.

En noviembre, Encuesta Libre, publicada por Prensa Libre, midió que el 66 por ciento de la población guatemalteca confía en la Cicig y el 95 por ciento cree que hace un buen trabajo.

Hoja de vida

Iván Velásquez nació en Medellín, Colombia. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Antioquia, Medellín.

Fue director del Colegio Antioqueño de Abogados.

Entre 1991 y 1994 ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia, donde inició investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil.

Fue electo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en el 2000. En el período de 2006 hasta agosto del 2012,  Velásquez coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, logrando que se condenaran a más de 50 congresistas.

También reveló la vinculación de más de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas con los llamados "narcopolíticos".

En septiembre de 2013 fue designado como Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por el período 2013-2015. El gobierno de Guatemala solicitó a Naciones Unidas la continuidad de la CICIG por otros 2 años: 2015-2017.

Casos de alto impacto

Entre los casos que ha tramitado la Cicig durante el año, destacan la condena a 90 años de prisión contra Byron Vargas Sosa por la muerte de dos mujeres en Zacapa. Las acciones del trámite de antejuicio contra la jueza Jisela Reinos así como el magistrado Érick Santiago de León.  

En una coordinación conjunta entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la CICIG, el 16 de abril  se capturó a Álvaro Omar Franco Chacón, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y a Carlos Enrique Muñoz Roldán, exjefe de esa institución, así como a otras 19 personas, entre altos funcionarios, empleados y particulares, caso conocido como “La Línea”.

En esta estructura está involucrado Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidencia de la República.

En ese mes se tramita el antejuicio contra la jueza Carlos Patricia Flores Polanco.

En mayo capturan a abogados que integran el “bufete de la impunidad” que daba asistencia legal a las personas involucradas por el caso “La Línea” y empieza la solicitud de antejuicio contra la jueza Marta Sierra de Stalling.

El 20 de mayo capturan a los miembros de la junta directiva del Instituto Guatemaltecos de Seguridad Social por el Caso IGSS-Pisa.

En junio empiezan las acciones legales contra varios diputados entre ellos Baudilio Hichos y Pedro Muadi.

También la Cicig apoya en capturas a personas involucradas por el asesinato de dos periodistas en Suchitepéquez.

En julio desarticulan una red que operaba en Puerto de San José que era dirigida por familiares del alcalde.

En agosto se promueven las acciones de antejuicio contra el expresidente Pérez Molina.

En ese mes sale el caso de “chico dólar”, en la cual se vincula al excandidato vicepresidencial Édgar Barquín del Partido Libertada Democrática Renovada.