El informe sobre Prácticas de Derechos Humanos para el 2015, del Departamento de Estado de EE. UU., reveló que la Fiscalía Especial para delitos contra los Funcionarios Judiciales reportó 171 denuncias de enero a septiembre del 2014. Esta cifra se incremento en un 15 por ciento —31 casos más— en el 2015, cuando se reportaron 202.

“Jueces, fiscales, demandantes y testigos continuaron denunciando amenazas, intimidación y vigilancia, sobre todo por parte de las organizaciones de narcotraficantes”, establece el documento de Derechos Humanos.

Coacción

Orlando López, fiscal de Derechos Humanos del MP, confirmó que el 80 por ciento de las denuncias que presentan los operadores de justicia son sobre amenazas y coacción —violencia física, psíquica o moral para obligar a una persona a decir o hacer algo contra su voluntad—.

López agregó que en menor cantidad se abren expedientes por robos, atentados y asesinatos.

El fiscal informó que las personas que más denuncian este tipo de hechos son policías, seguidos de jueces, abogados, fiscales y diputados.

“En el caso de los agentes, los procesos que se investigan son por amenazas hechas por particulares cuando están en servicio, y en menor cantidad, algunas de las investigaciones son crímenes contra policías”, aseveró López.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, aseguró que los agentes reciben diferentes tipos de amenazas. Estas se dan cuando los agentes custodian a un detenido, intervienen en conflictos y en los allanamientos.

“Aunque ahora existe una mejor cultura de denuncia, hay algunos agentes que se reservan el ataque verbal y no lo denuncian a las instancias correspondientes”, detalló Aguilar.

López agregó que en el caso de los abogados, algunas de las notificaciones son por amenazas de otros colegas. En cuanto a los jueces, además de denunciar intimidaciones, algunos informan robos. “Hace poco se tenía un proceso donde una jueza reportó un robo en su vivienda”, indicó.

Claman por ayuda

Francisco Rivas, ministro de Gobernación, confirmó que 48 jueces han recibido amenazas y que proceden de diferentes partes del país. Agregó que la mayoría son operadores en el área penal.

Ante la falta de apoyo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un grupo de magistrados de Escuintla solicitó apoyo al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

A esa petición, recibida en el Cang el 20 de mayo último, se sumaron seis jueces de Instancia y de Sentencia de Alto Riesgo.

Rafael Rojas, presidente del Organismo Judicial, informó no tener conocimiento de la notificación de los magistrados y que cuando reciben una denuncia, lo que procede es informar a la Unidad de Seguridad Institucional para que efectúe un análisis de riesgo. “Ya solicité un informe al Departamento para verificar la petición, pues es obligación de la Corte proteger a los jueces”, declaró.

Rojas afirmó que programará una reunión con la Asociación de Jueces y Magistrados, para buscar solución al problema.