Amenazas que ha recibido Juez Gálvez son amenazas contra la democracia en #Guatemala #LaLinea Lean mi declaración: pic.twitter.com/nPBAzlgXah
— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) May 11, 2016
PDH pedirá protección
Luego de reunirse con el juez Miguel Ángel Gálvez, este miércoles, el procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque mostró su rechazo hacia las amenazas, denunciadas por el jurista, y reclamó medidas para garantizar la “integridad” e “independencia judicial”.
Gálvez reconoció ayer que la semana pasada, cuando resolvía el caso de corrupción en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en el que están involucrados Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, recibió al menos un mensaje intimidatorio, cuya autoría rehusó precisar.
El juez sí señaló en declaraciones a periodistas que este mensaje no provino de “parte de los sindicados” ni “fue referido a ningún proceso en especial”.
Gálvez conoce el caso de corrupción en la portuaria TCQ, por el que decretó prisión preventiva para 10 personas, entre ellos Pérez Molina y Baldetti, ambos ya en la cárcel por el caso de defraudación aduanera La Línea, que también se dirime en el Juzgado de Mayor Riesgo B.
El juez cuenta desde hace años con un equipo de seguridad, ya que “en esto de la justicia uno nunca queda a bien con las partes”, una protección que será doblada para evitar intimidaciones que puedan afectar a la independencia de los juzgadores.
El presidente del Organismo Judicial (OJ), Rafael Rojas, anunció esta medida e insistió en que la adopción de “medidas extremas de seguridad” tiene como objetivo salvaguardar el desempeño de los jueces de mayor riesgo y la independencia del sistema judicial.
Según la Fiscalía, Pérez Molina y Baldetti recibieron un millonario soborno a cambio de otorgar la ampliación del puerto Quetzal a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), de la que Suárez era director y representante legal.
Los exgobernantes están acusados también de liderar la trama de corrupción aduanera La Línea, desarticulada el 16 de abril de 2015, por la que están acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y caso especial de defraudación aduanera, junto a otras treinta personas, entre funcionarios y particulares.
El juez Gálvez, que tiene bajo su cargo el proceso, debe celebrar una audiencia para decidir si envía a un juicio oral y público a los miembros de esa red.
La diligencia, aún sin fecha, se celebrará después de que una Sala de Apelaciones resuelva una serie de recursos pendientes.
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Solidaridad internacional con los jueces guatemaltecos amenazados x estructuras criminales que se resisten a desaparecer. #EstamosConElJuez
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2/2 Gestionamos ante @CIDH medidas cautelares para proteger su vida, integridad e #IndependenciaJudicial pic.twitter.com/DHNViY0ftj
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Más de 30 organizaciones nacionales e internacionales en apoyo a Miguel Ángel Gálvez. #EstamosConElJuez pic.twitter.com/JCBRHWETzw
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Apoyemos al Juez Miguel Angel Galvez. #EstamosConElJuez pic.twitter.com/UprpyTjn2A
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